Elvira Ibañez Flores
Expediente 729/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 729/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/05/2017
Partes del expediente
- Elvira Ibañez Flores
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, nueve de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, que mediante proveído de uno de junio de dos mil dieciséis; el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del trabajo, informó que aceptó la competencia declinada, asunto que radicó con el número de amparo directo 550/2016. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, pues se trata de un cuadernillo de antecedentes relativo a una incompetencia; carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; uno de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, intégrese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, mediante el cual informa que es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovido por la aquí quejosa, de igual manera se advierte que le correspondió el número de amparo directo DT 550/2016, y de igual manera solicita que se notifique a la parte quejosa el proveído de treinta de mayo de dos mil dieciséis dictado en el juicio de amparo directo de su índice; asimismo, se remita la constancia de notificación realizada. Atento lo anterior, este juzgado federal toma conocimiento de lo antes citado, y se ordena notificar personalmente a la parte quejosa el presente proveído, así como el acuerdo de presidencia de treinta de mayo de dos mil dieciséis dictado dentro del juicio de amparo directo DT 550/2016, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito; por tanto una vez notificada la impétrate de garantías remítase copia certificada de la constancia que acredite dicha notificasion. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por medio del cual, devuelve diligenciado el exhorto 166/2016 del índice de este órgano jurisdiccional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y acúsese de recibo de estilo.
- Principal
Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías, en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. En primer lugar, se precisa: 1. Que el treinta de noviembre de dos mil quince, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a César Hilario Mera Zambrano. (fojas 83 a 99). 2. Resolución que causó ejecutoria el diecinueve de enero de dos mil dieciséis; motivo por el cual se requirió el cumplimiento del fallo protector a la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, actuación en la cual se decretaron los apercibimientos estatuidos en los numerales 192 y 267 de la Ley de Amparo. Así, el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO (10ª Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 12, Noviembre de 2014, Materia Común). I. Alcances del estudio. La materia de la presente determinación, conforme a lo previsto por los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, todos de la Ley de Amparo, consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y/o de los argumentos hechos valer por el impetrante; de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución; todo ello de manera fundada y motivada. Los preceptos antes citados disponen: "Artículo 196. ... La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos." "Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión de amparo son: [.] deje insubsistente la resolución impugnada en amparo y reponga el procedimiento -dejando insubsistente todo lo actuado- para que fije de nuevo el plazo constitucional y resuelva sobre la situación jurídica del indiciado, debiendo previamente ordenar la realización de los exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul, y la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos de tortura denunciados por el quejoso, con el objeto de que tengan repercusión dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse el auto de término, esto es, con el fin de determinar si debe no darse valor probatorio a los datos de prueba que puedan ser producto o efecto de la citada tortura, dentro de los cuales se encuentran el testimonio de los aprehensores, constituido por el parte informativo y su correspondiente ratificación. Todo lo anterior, conforme a lo que resulte temporal y materialmente posible dentro del plazo constitucional, por lo que queda en libertad de jurisdicción para que de acuerdo a las pruebas obtenidas, en su momento dicte la resolución correspondiente. Asimismo, deberá dar vista al Ministerio Público para el efecto de que inicie en forma autónoma la investigación relativa y realice todas las diligencias que considere necesarias para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los servidores públicos en relación con los actos de tortura -en su vertiente delictiva-. [.] (sic) En ese tenor, la autoridad responsable, mediante oficio número 631, de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, comunicó que por auto de esa misma data, se acordó que por diverso auto de dos de diciembre de dos mil quince, se ordenó dar vista al Procurador General de Justicia del Estado de México, a fin de que instruya el inicio de una investigación dadas las manifestaciones vertidas por el aquí quejoso César Hilario Mera Zambrano en su declaración judicial de veinticuatro de julio de dos mil quince. Asimismo, ordenó girar oficio al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con los anexos respectivos, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones y como Órgano Público Autónomo, inicie un expediente derivado de las manifestaciones de César Hilario Mera Zambrano, por posibles actos de tortura cometidos en su agravio, por los policías aprehensores. Igualmente, remitió oficio a la Dirección de Peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a fin de que de manera inmediata, designara dos peritos, uno en materia de medicina, y otro, en materia de psicología, para que examinaran a César Hilario Mera Zambrano, conforme al Protocolo de Estambul. Por otra parte, ordenó la reposición del procedimiento, dejando insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintinueve de julio de dos mil quince, así como todo lo actuado, para que se fijara de nuevo el plazo constitucional y se resolviera sobre la situación jurídica de César Hilario Mera Zambrano, para lo cual instruyó al Administrador de su adscripción a efecto de que generara audiencia para resolver sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y se señalaron las doce horas del veintinueve de enero de dos mil dieciséis para su verificativo. Mediante diverso oficio 888 de tres de febrero de la anualidad, la autoridad responsable informó que en esa propia data decretó auto de vinculación a proceso contra el quejoso César Hilario Mera Zambrano, por el hecho delictuoso de robo con violencia modificativa agravante de haberse cometido con violencia en agravio de COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS S.A.P.I. DE C.V., representada por José Luis Pineda Alzada, previsto y sancionado por los artículo 287, 289 fracción V y 290 fracción I, en relación con los artículo 6, 7, 8 fracciones I y II, y 11 fracción I, inciso d) del Código Penal vigente en la entidad. El veintitrés de abril de dos mil dieciséis, comparecieron ante la autoridad responsable, los peritos en materia de psicología Antonieta Castañeda Álvarez; en materia de medicina, Eduardo Sánchez Lazo, y en materia de fotografía Oscar Arriaga Estrada, del Departamento de Peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, para realizar la aceptación y protesta del cargo conferido. Luego, la autoridad responsable mediante oficios 5010/2010 y 5084, de cinco y nueve de mayo del año en curso, por una parte informó, que se señalaron las quince horas del nueve de mayo de dos mil dieciséis para resolver sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; asimismo, remitió el Dictamen Médico Psicológico Especializado para los casos de Tortura o Maltrato practicado al aquí quejoso César Hilario Mera Zambrano, y por otra, adujo que durante el desarrollo de la precitada diligencia, se puso a la vista de las partes el dictamen de mérito, haciendo del conocimiento las conclusiones asentadas en el mismo de las que se desprende que el prenombrado quejoso no presenta datos de tortura. Por último, remitió el informe rendido por el perito en materia de fotografía forense Oscar Arriaga Estrada, al que anexó diez impresiones fotográficas del quejoso. Constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en vigencia. Establecido lo anterior, al hacer análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable vinculada con la concesión de amparo cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, pues, como se indicó, dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintinueve de julio de dos mil quince (acto reclamado), ordenó la reposición del procedimiento, por tanto, fijó nuevamente el plazo constitucional para resolver la situación jurídica del indiciado aquí quejoso, lo que aconteció el tres de febrero de dos mil dieciséis, en que le dictó auto de vinculación a proceso por el hecho delictuoso señalado en líneas precedentes. Además, ordenó la realización de exámenes psicológicos y médicos conforme al Protocolo de Estambul, para el esclarecimiento de los hechos de tortura denunciados por el quejoso, pericial que fue rendida el veintitrés de abril de la anualidad. Igualmente, dio vista al Procurador General de Justicia y al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ambos del Estado de México, para que en el ámbito de sus competencias iniciaran los expedientes correspondientes, tomado en consideración las manifestaciones vertidas por el quejoso César Hilario Mera Zambrano, en su declaración de veinticuatro de julio de dos mil quince, en relación a la ejecución de actos de posible tortura en su contra. Luego, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por el Órgano de Control Constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo, con lo cual cumplió con la ejecutoria de amparo de que se trata. No pasa desapercibido que el quejoso César Hilario Mera Zambrano, mediante escritos presentados ante este Juzgado el dieciocho de febrero y quince abril de dos mil dieciséis, esencialmente adujo que la autoridad responsable no dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en razón de que se le dictó nuevamente auto de vinculación a proceso, sin tomar en cuenta los dictámenes médicos emitidos por los peritos Jorge Arreola Villareal y Oscar Guillermo Arriaga González, de once y doce de diciembre de dos mil catorce, respectivamente, en los que consta que sufrió lesiones en su persona, en relación con las declaraciones que obran en la carpeta de investigación. Además, que la responsable no cumplió con la ejecutoria de amparo en el plazo fijado en la misma, puesto que se limitó a dar evasivas respecto de las gestiones para llevar a cabo la pericial ordenada en la propia ejecutoria, relativa a los exámenes psicológicos y médicos, conforme al Protocolo de Estambul. Sin embargo, se estima que tales manifestaciones por parte del quejoso César Hilario Mera Zambrano, no conducen a variar el sentido en el que aquí se determina, lo anterior, en virtud de que no debe soslayarse que en la sentencia en la que se concedió la protección constitucional se otorgó a la autoridad responsable libertad de jurisdicción para dictar la resolución correspondiente, es decir, no quedó compelida a dictar en un sentido específico. No se soslaya que dentro de los lineamientos de la concesión del amparo se estableció la práctica de los exámenes respectivos conforme al Protocolo de Estambul, con el objeto de que tuvieran repercusión al momento del dictado de la determinación, esto es, para establecer si debía o no otorgarse valor probatorio a los datos de prueba que pudieran haber sido obtenidos como consecuencia de una posible tortura, verbigracia, los testimonios de los elementos captores; empero, de las actuaciones remitidas por la responsable, ya reseñadas en párrafos precedentes, se advierte que el dictado del auto de vinculación a proceso acaeció el tres de febrero de la anualidad, en tanto, el dictamen en comento se desahogó hasta el veintitrés de abril de dos mil dieciséis, por lo que la autoridad responsable no estuvo en posibilidad de analizarlo al momento del dictado del auto, circunstancia que no incumple con la protección otorgada por este Órgano, puesto que en la propia ejecutoria de amparo se estableció que los lineamientos debían acatarse conforme a lo que resultara temporal y materialmente posible dentro del plazo constitucional, el cual feneció desde el tres de febrero pasado, por lo que la responsable resolvió con las pruebas obtenidas hasta ese momento. Lo anterior, toda vez que tampoco se estima que la autoridad responsable de manera injustificada haya retrasado o prolongado el término para el desahogo de tales probanzas, puesto que desde el dos de diciembre de dos mil quince (fecha en la que aún no causaba ejecutoria la resolución constitucional), giró oficio la Dirección de Peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, así como posteriormente al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Estado de México, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Procuraduría General de la República, a través de la Delegación el Estado de México y Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, instituciones que no contaban con peritos en las materias solicitadas, o bien, las que contaban con ellos, no tenían disponibilidad, de conformidad con las razones que le fueron expresadas a la autoridad responsable; siendo hasta el veintiuno de abril del presente año que la Dirección de Peritos del Poder Judicial del Estado de México, designó expertos en las materias solicitadas, quienes aceptaron el cargo y emitieron su dictamen el veintitrés del mismo mes y año. Consecuentemente, es dable afirmar que la autoridad responsable tomó las medidas necesarias para desahogar durante el indicado plazo constitucional las pruebas ordenadas por este Juzgado; sin embargo, existió imposibilidad material y temporal para desahogarlas en dicho periodo. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, de dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. En ese sentido, transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, y en su caso, las concernientes a la violación de ésta. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.
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