Elvira Gallardo Rojas

Expediente 1389/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1389/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • Elvira Gallardo Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese únicamente para que obre en autos el escrito presentado por ****, toda vez que en proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito presentado por ***, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en acuerdo de cuatro de noviembre del año en curso. Por otra parte, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez Tercero de lo Mercantil en la capital del Estado, se advierte que es notoriamente improcedente, por las siguientes consideraciones: El artículo 112 de la Ley de Amparo dispone: "Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite " Por su parte el numeral 113 de la propia legislación establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" De la lectura integral de la demanda de derechos fundamentales, se advierte que lo que se reclama es la interlocutoria de veinte de octubre de dos mil veintiuno, en la que no se admitió el recurso de revocación, interpuesto en contra del auto de cinco de octubre, que a su vez no admitió la prueba testimonial, confesional y documental, ofrecidas por la aquí quejosa y, en su calidad de demanda en el juicio de origen; respecto de lo cual el juicio de amparo es improcedente por actualizarse la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último en sentido contrario. Además, en los antecedentes del acto reclamado la promovente adujo bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "1.- En Fecha del veintiséis de mayo del año de dos mil veintiuno, fue admitida la demanda de los CC. ***, ejercitando acción cambiaria directa en contra de la quejosa, en expediente 621/2021, en el Juzgado Tercero de lo Mercantil, en la capital del Estado de Durango. 2.- En fecha trece de septiembre del presente año de dos mil veintiuno, la quejosa presenta la contestación de la demanda de origen en oficialía de partes común del tribunal superior del Estado de Durango, oponiendo en ese escrito, las excepciones pertinentes y ofreciendo los medios de prueba de su intención. 3.- En fecha del cinco de octubre del presente año de dos mil veintiuno, la responsable acuerda escrito de vista presentado por la parte actora en el expediente de origen 621/2021, admitiendo las pruebas que ofrece con respecto a las excepciones que la quejosa presento con respecto a la demanda de origen, siendo estas la confesional a cargo de la quejosa, la documental consistente en el documento base de su acción, la instrumental de actuaciones, la presuncional, todas ellas mencionando que cumplen con el numeral 1401 del Código de comercio. 4.- En fecha del cinco de octubre del presente año de dos mil veintiuno, la responsable acuerda que NO SE ADMITE LA PRUEBA CONFESIONAL, LA PRUEBA DOCUMENTAL, LA PRUEBA TESTIMONIAL, ofrecidas por la quejosa, sin embargo, positivamente admite LA PRUEBA PERICIAL EN GRAFOSCOPÍA para los efecto indicados por ambas partes en los términos de los escritos que se mencionan en esos autos, teniéndose a la parte actora y demandada desde ese momento nombrando a los licenciados *** como peritos nombrados y otorgándose el término legal para su formal protesta. 5.- Derivado de la no admisión de los medios de prueba ofrecidos por la quejosa en ese expediente, y en razón de la cuantía del asunto, interpone RECURSO DE REVOCACIÓN ante la Responsable, por medio de la oficialía de partes común del Tribunal Superior del Estado de Durango en fecha del once de octubre del presente año de dos mil veintiuno, escrito de petición de revocación y expresando los agravios de su intención. 6.- En fecha del Veinte de Octubre del presente año de dos mil veintiuno, la responsable decreta mediante interlocutoria basándose en una nueva revisión y análisis del escrito de contestación a la demanda presentada por la suscrita quejosa, en el cual comparece en el término legal a promover recurso de revocación en contra del auto de fecha CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, en lo relativo al ofrecimiento de las pruebas confesional, la documental y la prueba pericial a cargo de la licenciada Graciela Calderón López, admita a la parte demandada (¿) Perito que por cierto no es el ofrecido por la quejosa sino por la parte actora en ese expediente, decreta, que no ha lugar a la admisión del recurso de revocación por ser notoriamente improcedente, sin precisar porque y en que, fundándose en lo previsto por el artículo 57 del Código federal de procedimientos civiles, supletorio del de comercio. 7.- En fecha del Veinte de octubre del año de dos mil veintiuno, la responsable acuerda y decreta mediante escrito presentado por la parte actora, y en la que solicita RECURSO DE REVOCACIÓN en contra del auto de cinco de octubre del año de dos mil veintiuno en el cual se admitió la prueba pericial grafoscopica ofrecida por la quejosa, y decreta interlocutoria ordenando un NO HA LUGAR A TENER POR ADMITIDA LA PRUEBA PERICIAL EN GRAFOSCOPÍA que ofrece la demandada, en razón de que el ofrecimiento no cumple con los requisitos previstos por el inciso I del artículo 1253, en relación con el 1198 ambos del código de comercio dado que NO EXPRESA CLARAMENTE EL HECHO O HECHOS QUE TRATA DE DEMOSTRAR CON LA MISMA." situación que es errónea, ya que la quejosa si lo manifestó en el escrito de contestación respectivo, y en los agravios que interpuso" (Transcripción literal) En tal virtud, analizado el acto controvertido, se estima que carece de la característica material y formal de imposible reparación y, por ello, no procede su estudio conforme al texto actual de la Ley de Amparo. Así, los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a sentido contrario, señalan. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; " De la interpretación conjunta de la parte relativa de los numerales transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan una ejecución que sea de imposible reparación, es decir, que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el acto que por esta vía se reclama no genera una violación directa a los derechos fundamentales de la promovente, reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad, entre otros. Asimismo, los efectos adversos que, en su caso, podrían producirse con el acto combatido son sólo formales (no materiales), ya que pueden desaparecer al obtener una resolución definitiva favorable, sin que por el momento se esté en posibilidad de saber si habrá o no de trascender a la inconforme, por lo que en caso de que esta violación procesal trascienda a su resultado y le resulte desfavorable, podrá reclamarla por la vía de amparo directo al promoverse en contra de la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto por los numerales 170, 171 y 172, fracciones III y XII, de la Ley de Amparo, toda vez que hasta ese momento se puede determinar si se vulneraron las defensas de la promovente, trascendiendo la violación al resultado del fallo, ya que de lo contrario, si obtiene un fallo favorable a sus intereses, finalmente no habría violación alguna en su perjuicio. Lo anterior, en virtud de que conforme a lo ya apuntado, en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se encuentra señalado de manera precisa qué es lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, señalando de manera clara que corresponde a aquellos actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los Tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; y que para ser calificados como irreparables se precisa que la afectación sea de gravedad tal que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; precisándose, además, que la afectación incida sobre derechos o bienes jurídicos que no provengan exclusivamente de leyes adjetivas, sino que impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; característica que, evidentemente no se actualiza en el acto reclamado. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia P./J. 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 7, Junio de 2014, página 39, del rubro y texto siguientes: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado con toda razón a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios" Como se ve en la jurisprudencia transcrita, el Pleno del Máximo Tribunal estableció de manera clara que conforme al texto de la actual Ley de Amparo y tratándose de actos en juicio que sean de imposible reparación, el juicio de amparo biinstancial sólo procederá cuando se afecten materialmente derechos sustantivos; sin que sea ya aplicable la directriz anteriormente sustentada relativa a que eran combatibles en amparo directo "los actos procesales que afectaban de modo predominante o superior", habida cuenta que conforme a lo preceptuado por la ley de la materia en vigor, cuando se reclamen actos de imposible reparación en la vía indirecta, para que éste pueda prosperar, es menester que la afectación que cause el acto reclamado incida en forma material en un derecho sustantivo. Tiene aplicación al caso, por identidad de razón, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, página cuatrocientos treinta y ocho, del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE LAS, EN JUICIO LABORAL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE. El desechamiento de una prueba a la parte demandada en un juicio laboral, no es un acto de imposible reparación, que haga procedente el amparo indirecto conforme a los artículos 107 de la Constitución Federal y 114 fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que debe reclamarse en amparo directo conforme a la fracción III del artículo 159 de dicha ley, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento cuando no se reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido el quejoso, las que deben reclamarse en amparo directo que se promueve contra el laudo que ponga fin al juicio, ya que aquél, puede ser favorable al quejoso, en cuyo caso no le causaría perjuicio alguno" Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio constitucional a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el principio de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio del actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito en esta ciudad, testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión civil 106/2021 y autos originales del juicio de amparo número 1094/2019, promovido por *** contra actos del Juez Cuarto de lo Civil con residencia en esta ciudad. Acúsese recibo; háganse las anotaciones correspondientes. En tal virtud, comuníquese tal ejecutoria a la responsable en lo conducente, mediante la cual se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Durango, en el juicio de amparo indirecto 1094/2019.- SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra los actos que reclama a la autoridad señalada como responsable descritos en el resultando primero y para los efectos precisados ene l considerando décimo segundo de esta ejecutoria. TERCERO. Es infundado el recurso de revisión adhesiva interpuesto por ***, por las razones asentadas en el considerando décimo tercero de esta resolución" En atención a lo anterior, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, de cumplimiento a la sentencia protectora de garantías e informe a este Juzgado dicho cumplimiento, la cual se concedió para los efectos siguientes: ". I. Modifique el auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario civil 143/2019 de su índice, para lo cual deberá reiterar la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes. II. Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, con plenitud de jurisdicción dicte las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de los datos personales y confidenciales del demandado ***, que contuvieran los informes rendidos por *****, Administrador Desconcentrado de Recaudación de Durango "1", dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro S.C.T., Durango, ofrecidas por el Actor." Asimismo, remita copia certificada de los acuerdos o determinaciones que dicte al respecto. Se apercibe a la referida autoridad responsable que de incumplir con su respectiva prevención, sin causa justificada, se le impondrá una multa que oscilará entre cien y mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida de Actualización). Asimismo, se le apercibe, de que se remitirá el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193, 238 y 258, de la Ley de Amparo. Además, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime la responsabilidad a la autoridad responsable, pero se tomará en consideración como atenuante en la sanción penal que en su caso se le imponga; aunado a ello, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las responsabilidades antes citadas. Lo anterior tiene sustento en los artículos 194, 195, 197 y 198, de la ley de la materia. Notifíquese.

  4. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.

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