Elvira Cruz Osorio
Expediente 295/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 295/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Elvira Cruz Osorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
PRAL.295/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, que sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Elvira Cruz Orosio, pues transcurrió del nueve al veintidós de junio del año en curso, sin que hubiere interpuesto ese medio de impugnación. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Sin que se realice pronunciamiento respecto al plazo de las responsables y agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, toda vez que se dictó sentencia de sobreseimiento, sin que exista auto alguno por el que se hubiere concedido la suspensión de oficio y de plano, por lo que este expediente es DESTRUIBLE; así, será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral.295/2022.mesa-1 Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo número 295/2022; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio, remitido en la misma fecha, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Elvira Cruz Orosio, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra: a. La omisión y negativa de dictar dentro de los plazos que dicta la Ley Federal de Trabajo, el auto de radicación para emplazar al demandado y se señale fecha para la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución. b. La omisión de dictar las medidas necesarias para dar celebridad al proceso en el expediente laboral 894/2020. c. La omisión de desahogar las pruebas que sean ofrecidas y dictar el laudo. d. La omisión de desahogar la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resoluciones. e. La inobservancia de la Junta responsable para sustanciar el juicio en los plazos y términos a que se refiere el artículo 17 constitucional, relativo a la garantía de impartición de justicia pronta e imparcial. Reclamadas a la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo en el libro de gobierno. Por auto de fecha once de marzo de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 295/2022 y se admitió a trámite, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se citó a las partes para la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral, y el acto reclamado se atribuye a una autoridad con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por la parte quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, son: a. La omisión y negativa de dictar dentro de los plazos que dicta la Ley Federal de Trabajo, el auto de radicación para emplazar al demandado y se señale fecha para la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución. b. La omisión de dictar las medidas necesarias para dar celebridad al proceso en el expediente laboral 894/2020. c. La omisión de desahogar las pruebas que sean ofrecidas y dictar el laudo. d. La omisión de desahogar la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resoluciones. Reclamadas a la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Y respecto del acto relativo a: e. La inobservancia de la Junta responsable para sustanciar el juicio en los plazos y términos a que se refiere el artículo 17 constitucional, relativo a la garantía de impartición de justicia pronta e imparcial. Este órgano jurisdiccional estima que esa calificación no constituye un verdadero acto reclamado, sino que forma parte de los derechos fundamentales que estimó vulnerados y conceptos de violación relativos; motivo por el que, ante la obligación que tiene este órgano jurisdiccional de resolver la verdadera cuestión planteada, tal argumento se abordará, de ser procedente el juicio, como parte de los conceptos de violación y no como acto destacado. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia de datos de localización y rubro siguientes: "Octava Época Registro: 223603 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Enero de 1991 Materia(s): Común Tesis: I. 3o. A. J/26 Página: 69 Genealogía: Gaceta número 37, Enero de 1991, página 88. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 555, página 369. ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION". Tercero. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable, Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a través de la presidenta, al rendir su respectivo informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado. Al respecto, señaló que a la fecha en que la quejosa presentó la demanda de amparo motivo de este juicio, no había emitido auto de inicio respecto de la demanda laboral que promovió la actora, por la carga laboral, así como por la contingencia sanitaria por el virus sars-covid 19, encontrándose trabajando únicamente personal de confianza, pero que el dieciocho de marzo de dos mil veintidós dictó el auto de inicio y señaló las doce horas con treinta minutos del trece de abril siguiente para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, ordenándose al actuario de su adscripción notificara y emplazara a la parte demandada. Asimismo, refirió la parte quejosa que eran ciertos los demás actos, pero que ello derivaba de que recientemente dictó el auto inicial en el juicio laboral 894/2020 (4). Y como justificación de su informe se tiene la copia de la constancia deducida del juicio laboral de que se trata. Cuarto. Causa de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por lo que su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto del acto relativo a: a. La omisión y negativa de dictar dentro de los plazos que dicta la Ley Federal de Trabajo, el auto de radicación para emplazar al demandado y se señale fecha para la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto reclamado; disposición legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - -- - . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental que se estimó vulnerado, retornando las cosas al estado que guardaban, como si la violación nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo; atento a la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, en copia certificada, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documentos públicos, expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se advierte que: El dieciocho de marzo de dos mil veintidós la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado dictó auto de inicio y ordenó formar el juicio laboral 894/2020 (4), así también, tuvo a la actora aquí quejosa, demandando en la vía especial laboral al Instituto de Educación Pública de Oaxaca, y señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución; ordenando el emplazamiento de la demandada. Ahora, si la quejosa reclamó la omisión y negativa de dictar dentro de los plazos que dicta la Ley Federal de Trabajo, el auto de radicación para emplazar al demandado y se señale fecha para la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución y, en el caso, la Junta responsable dictó el auto de inicio, radicó la demanda de amparo, señaló fecha y hora para la referida audiencia; con ello cesaron los efectos de la omisión que se atribuye a la autoridad responsable, extinguiéndose la violación al derecho fundamental que pudo haberse cometido con la abstención reclamada y las cosas volvieron al estado que tenían antes de esa vulneración, porque ya hubo pronunciamiento sobre la petición de iniciar el juicio laboral. En consecuencia, conforme con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo, por cuanto a dicho acto. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Quinto. Causa de improcedencia. Por cuanto a los actos siguientes: b. La omisión de dictar las medidas necesarias para dar celebridad al proceso en el expediente laboral 894/2020. c. La omisión de desahogar las pruebas que sean ofrecidas y dictar el laudo. d. La omisión de desahogar la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resoluciones. Reclamadas a la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los numerales 1, fracción I, 5, fracción I, y 6°, del referido ordenamiento, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". Conforme a esos preceptos legales, para la procedencia de la acción constitucional se requiere, como condición previa, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye la legitimación exigida por la Carta Magna y la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es por ello que el ejercicio de la acción restitutoria de derechos fundamentales está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley, que lo legitima a instar la acción constitucional. Falta de interés legítimo y jurídico. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, como requisitos para promover el juicio de amparo indirecto, se pronunció en el sentido de que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. Así, el gobernado en el juicio de amparo debe demostrar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Los elementos constitutivos del interés jurídico a demostrar son: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Y para probar el interés legítimo, deberá justificarse que: a) Existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) Que el gobernado pertenezca a esa colectividad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para reclamar una vulneración a un derecho, requiere de la existencia de cierta afectación en la esfera jurídica de la persona, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no como una simple posibilidad. Y que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ello, protegidos. Ahora, tratándose de la impugnación de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales, se requiere acreditar, necesariamente, que la materia reclamada produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso porque, por una parte, el juicio de amparo es improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, por otra, aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo, no basta con tener un interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar, objetivamente, alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, pues si no es cierta, real y actual, el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del amparo. En el caso, la parte quejosa presentó la demanda de amparo que dio origen a este juicio 295/2022, el diez de marzo de dos mil veintidós. El dieciocho de marzo de este año la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado dictó auto de inicio y ordenó formar el juicio laboral 894/2020 (4), tuvo a la actora aquí quejosa, demandando en la vía especial laboral al Instituto de Educación Pública de Oaxaca, y señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, ordenando el emplazamiento de la demandada. Entonces, atendiendo a la etapa inicial en que se encuentra ese juicio laboral, se trata de actos futuros de realización incierta los actos relativos a: b. La omisión de dictar las medidas necesarias para dar celeridad al proceso en el expediente laboral 894/2020. c. La omisión de desahogar las pruebas que sean ofrecidas y dictar el laudo. d. La omisión de desahogar la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resoluciones. Por tanto, no producen una afectación real y actual a la esfera jurídica de la promovente del amparo, conforme al artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo. Ante ello, conforme con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo. Es aplicable la tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2008134 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: IX.1o.17 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, página 835 Tipo: Aislada OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados". Y se invoca también, por tratar sobre el tema, la tesis que dice: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2005150 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732 Tipo: Aislada CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Nota: La presente tesis abandona el criterio sostenido en la diversa 2a./J. 45/2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Elvira Cruz Orosio, contra: a. La omisión y negativa de dictar dentro de los plazos que dicta la Ley Federal de Trabajo, el auto de radicación para emplazar al demandado y se señale fecha para la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución. b. La omisión de dictar las medidas necesarias para dar celebridad al proceso en el expediente laboral 894/2020. c. La omisión de desahogar las pruebas que sean ofrecidas y dictar el laudo. d. La omisión de desahogar la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resoluciones. Reclamadas a la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. En términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en que las labores del órgano jurisdiccional lo permitieron. Conste.
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NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO CITATORIO.- Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo número 295/2022; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio, remitido en la misma fecha, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Elvira Cruz Orosio, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra: a. La omisión y negativa de dictar dentro de los plazos que dicta la Ley Federal de Trabajo, el auto de radicación para emplazar al demandado y se señale fecha para la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución. b. La omisión de dictar las medidas necesarias para dar celebridad al proceso en el expediente laboral 894/2020. c. La omisión de desahogar las pruebas que sean ofrecidas y dictar el laudo. d. La omisión de desahogar la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resoluciones. e. La inobservancia de la Junta responsable para sustanciar el juicio en los plazos y términos a que se refiere el artículo 17 constitucional, relativo a la garantía de impartición de justicia pronta e imparcial. Reclamadas a la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo en el libro de gobierno. Por auto de fecha once de marzo de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 295/2022 y se admitió a trámite, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se citó a las partes para la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral, y el acto reclamado se atribuye a una autoridad con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por la parte quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, son: a. La omisión y negativa de dictar dentro de los plazos que dicta la Ley Federal de Trabajo, el auto de radicación para emplazar al demandado y se señale fecha para la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución. b. La omisión de dictar las medidas necesarias para dar celebridad al proceso en el expediente laboral 894/2020. c. La omisión de desahogar las pruebas que sean ofrecidas y dictar el laudo. d. La omisión de desahogar la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resoluciones. Reclamadas a la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Y respecto del acto relativo a: e. La inobservancia de la Junta responsable para sustanciar el juicio en los plazos y términos a que se refiere el artículo 17 constitucional, relativo a la garantía de impartición de justicia pronta e imparcial. Este órgano jurisdiccional estima que esa calificación no constituye un verdadero acto reclamado, sino que forma parte de los derechos fundamentales que estimó vulnerados y conceptos de violación relativos; motivo por el que, ante la obligación que tiene este órgano jurisdiccional de resolver la verdadera cuestión planteada, tal argumento se abordará, de ser procedente el juicio, como parte de los conceptos de violación y no como acto destacado. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia de datos de localización y rubro siguientes: "Octava Época Registro: 223603 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Enero de 1991 Materia(s): Común Tesis: I. 3o. A. J/26 Página: 69 Genealogía: Gaceta número 37, Enero de 1991, página 88. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 555, página 369. ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION". Tercero. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable, Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a través de la presidenta, al rendir su respectivo informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado. Al respecto, señaló que a la fecha en que la quejosa presentó la demanda de amparo motivo de este juicio, no había emitido auto de inicio respecto de la demanda laboral que promovió la actora, por la carga laboral, así como por la contingencia sanitaria por el virus sars-covid 19, encontrándose trabajando únicamente personal de confianza, pero que el dieciocho de marzo de dos mil veintidós dictó el auto de inicio y señaló las doce horas con treinta minutos del trece de abril siguiente para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, ordenándose al actuario de su adscripción notificara y emplazara a la parte demandada. Asimismo, refirió la parte quejosa que eran ciertos los demás actos, pero que ello derivaba de que recientemente dictó el auto inicial en el juicio laboral 894/2020 (4). Y como justificación de su informe se tiene la copia de la constancia deducida del juicio laboral de que se trata. Cuarto. Causa de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por lo que su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto del acto relativo a: a. La omisión y negativa de dictar dentro de los plazos que dicta la Ley Federal de Trabajo, el auto de radicación para emplazar al demandado y se señale fecha para la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto reclamado; disposición legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - -- - . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental que se estimó vulnerado, retornando las cosas al estado que guardaban, como si la violación nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo; atento a la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, en copia certificada, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documentos públicos, expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se advierte que: El dieciocho de marzo de dos mil veintidós la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado dictó auto de inicio y ordenó formar el juicio laboral 894/2020 (4), así también, tuvo a la actora aquí quejosa, demandando en la vía especial laboral al Instituto de Educación Pública de Oaxaca, y señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución; ordenando el emplazamiento de la demandada. Ahora, si la quejosa reclamó la omisión y negativa de dictar dentro de los plazos que dicta la Ley Federal de Trabajo, el auto de radicación para emplazar al demandado y se señale fecha para la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución y, en el caso, la Junta responsable dictó el auto de inicio, radicó la demanda de amparo, señaló fecha y hora para la referida audiencia; con ello cesaron los efectos de la omisión que se atribuye a la autoridad responsable, extinguiéndose la violación al derecho fundamental que pudo haberse cometido con la abstención reclamada y las cosas volvieron al estado que tenían antes de esa vulneración, porque ya hubo pronunciamiento sobre la petición de iniciar el juicio laboral. En consecuencia, conforme con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo, por cuanto a dicho acto. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Quinto. Causa de improcedencia. Por cuanto a los actos siguientes: b. La omisión de dictar las medidas necesarias para dar celebridad al proceso en el expediente laboral 894/2020. c. La omisión de desahogar las pruebas que sean ofrecidas y dictar el laudo. d. La omisión de desahogar la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resoluciones. Reclamadas a la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los numerales 1, fracción I, 5, fracción I, y 6°, del referido ordenamiento, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". Conforme a esos preceptos legales, para la procedencia de la acción constitucional se requiere, como condición previa, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye la legitimación exigida por la Carta Magna y la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es por ello que el ejercicio de la acción restitutoria de derechos fundamentales está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley, que lo legitima a instar la acción constitucional. Falta de interés legítimo y jurídico. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, como requisitos para promover el juicio de amparo indirecto, se pronunció en el sentido de que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. Así, el gobernado en el juicio de amparo debe demostrar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Los elementos constitutivos del interés jurídico a demostrar son: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Y para probar el interés legítimo, deberá justificarse que: a) Existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) Que el gobernado pertenezca a esa colectividad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para reclamar una vulneración a un derecho, requiere de la existencia de cierta afectación en la esfera jurídica de la persona, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no como una simple posibilidad. Y que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ello, protegidos. Ahora, tratándose de la impugnación de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales, se requiere acreditar, necesariamente, que la materia reclamada produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso porque, por una parte, el juicio de amparo es improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, por otra, aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo, no basta con tener un interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar, objetivamente, alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, pues si no es cierta, real y actual, el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del amparo. En el caso, la parte quejosa presentó la demanda de amparo que dio origen a este juicio 295/2022, el diez de marzo de dos mil veintidós. El dieciocho de marzo de este año la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado dictó auto de inicio y ordenó formar el juicio laboral 894/2020 (4), tuvo a la actora aquí quejosa, demandando en la vía especial laboral al Instituto de Educación Pública de Oaxaca, y señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, ordenando el emplazamiento de la demandada. Entonces, atendiendo a la etapa inicial en que se encuentra ese juicio laboral, se trata de actos futuros de realización incierta los actos relativos a: b. La omisión de dictar las medidas necesarias para dar celeridad al proceso en el expediente laboral 894/2020. c. La omisión de desahogar las pruebas que sean ofrecidas y dictar el laudo. d. La omisión de desahogar la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resoluciones. Por tanto, no producen una afectación real y actual a la esfera jurídica de la promovente del amparo, conforme al artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo. Ante ello, conforme con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo. Es aplicable la tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2008134 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: IX.1o.17 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, página 835 Tipo: Aislada OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados". Y se invoca también, por tratar sobre el tema, la tesis que dice: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2005150 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732 Tipo: Aislada CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Nota: La presente tesis abandona el criterio sostenido en la diversa 2a./J. 45/2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Elvira Cruz Orosio, contra: a. La omisión y negativa de dictar dentro de los plazos que dicta la Ley Federal de Trabajo, el auto de radicación para emplazar al demandado y se señale fecha para la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución. b. La omisión de dictar las medidas necesarias para dar celebridad al proceso en el expediente laboral 894/2020. c. La omisión de desahogar las pruebas que sean ofrecidas y dictar el laudo. d. La omisión de desahogar la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resoluciones. Reclamadas a la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. En términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en que las labores del órgano jurisdiccional lo permitieron. Conste.
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PRAL.295/2022.MESA-1 Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con once minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Beatriz Bernardita Martínez Martínez secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional en este juicio de amparo 295/2022, como se ordenó en acuerdo de veintiocho de abril del año en curso, sin que las partes solicitaran asistir. Apertura de audiencia. Abierta la audiencia, la secretaria: a) Hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Elvira Cruz Orosio, por propio derecho y demás constancias que integran este juicio de amparo. b) Hace constar que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en el momento procesal, determínese lo conducente. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la responsable, Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a través de la presidenta, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ofreció como prueba la documental consistente en copia certificada del acuerdo de dieciocho de marzo del año en curso, dictado en el expediente laboral 894/2020 (4). Enseguida, se acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por admitida la prueba documental de que se trata, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio; por lo que se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no los expresaron, se cierra esta etapa y se procede a dictar la sentencia respectiva. JUEZ PONCIANO VELASCO VELASCO. TITULAR DEL JUZGADO DECIMO DTTO EDO OAX. BEATRIZ B. MARTINEZ MARTINEZ. SECRETARIA DE JUZGADO. Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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