Elvira Cervantes Pérez

Expediente 1532/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1532/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
10/12/2015

Partes del expediente

  • Elvira Cervantes Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA VI A Vistos los autos y el cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veintitrés de noviembre de dos mil quince (fojas 60 a 62), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Finalmente, tomando en consideración que en autos obra agregado el escrito de cinco de marzo del año en curso, con sello recibo de misma fecha por la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, exhibida por la parte quejosa con su escrito de demanda (foja 4); requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca personalmente o por conducto de sus autorizados, en días y horas hábiles a este juzgado con identificación oficial, para que reciba tal documento; previa copia certificada, y razón de entrega correspondiente que se dejen en autos. Apercíbase a la parte quejosa, que de no cumplir lo anterior, sin diverso acuerdo, el documento en cuestión será destruido junto con el expediente; ello, en términos del punto vigésimo, fracción II del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    MESA VI A Agréguese a los autos, el oficio de la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, téngase por recibida en relación al diverso 3788, de diecisiete de noviembre del año en curso, la copia certificada de las constancias que en el mismo le fueron solicitadas; lo anterior, para que obren como corresponda. Ahora bien, en la especie, del análisis integral de la demanda de amparo se conoce que la quejosa Elvira Cervantes Pérez, esencialmente reclamó la negativa de dar contestación a su ocurso de cinco de marzo de dos mil quince. Por su parte, la autoridad responsable, Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, convino parcialmente en la existencia del acto reclamado; no obstante ello, toda vez que agrega que, mediante oficio OP/DG/3844/2015 de su índice, de veinte de octubre de dos mil quince, acordó la solicitud de la peticionaria del amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dicha negativa se desvirtúa, y se tiene como cierto. Por lo anterior, es evidente que a la fecha en que se instó el juicio constitucional (15 de octubre de 2015), si bien existía la omisión de que se duele la parte quejosa, durante el curso de este juicio, el veinte de octubre de dos mil quince, la autoridad responsable, dio contestación a su libelo de cinco de marzo del año en curso. De las copias certificadas que remite el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, con su informe justificado, mismas que revisten el carácter de documentos públicos con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, se conoce que el veinte de octubre de dos mil quince, emitió el oficio OP/DG/3844/2015 de su índice, con lo que dio contestación a la petición de la impetrante de amparo -cuya falta de emisión constituye aquí el acto reclamado-; así también, que dicho oficio fue debidamente notificado a la parte quejosa. Lo anterior pone de manifiesto que, en el caso, sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En este tenor, se determina que, en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que la autoridad responsable, Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, emitió el acuerdo correspondiente mediante oficio OP/DG/3844/2015 de su índice, de veinte de octubre de dos mil quince, mismo que se notificó personalmente a la parte quejosa, acto del cual se dolía la parte impetrante en este asunto; por lo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESASIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sin que obste a lo anterior, el hecho de que por auto de diecisiete de noviembre del año en curso, se hubiere otorgado a la quejosa el plazo de tres días a fin de que manifestara si ampliaba su demanda de amparo, respecto de la respuesta obtenida por parte de la autoridad responsable; ya que como se aprecia de las constancias remitidas por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, se advierte que la aquí quejosa promovió diverso juicio de amparo, en relación a la contestación dada por el Director General de la Oficina de Pensiones, mediante el multicitado oficio 3844/2015. Por su parte, de las constancias remitidas tal y como se aprecia del inciso e) de su escrito constitucional, el cual refiere en la parte que interesa: ".e).- Del Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca:- - - La emisión del oficio No. OP/DG/3844/2015, de fecha 20 de octubre de 2015, notificado en forma personal el día 22 siguiente:." En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio (foja 10); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA VI A Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio del Director General de la Oficina de Pensiones, por el que en cumplimiento al diverso 3565, de este Juzgado, remite copia certificada del oficio OP/DG/3844/2015, por lo que téngase como prueba de la citada autoridad responsable, dicha constancia, misma que se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Ahora, toda vez que de las documentales que en copia certificada exhibe la autoridad responsable, se conoce la existencia de un nuevo acto vinculado al reclamado, ya que por oficio OP/DG/3844/2015, se dio respuesta a la petición formulada por la aquí quejosa Elvira Cervantes Pérez, por escrito presentado el cinco de marzo del año en curso; en consecuencia, dada la trascendencia de su contenido, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, según su numeral 2º, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, manifieste si amplía su demanda de amparo respecto del referido oficio emitido por la autoridad responsable, debiendo cumplir para ello con los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo; apercibido que de no hacerlo, este juicio se resolverá únicamente por la autoridad y acto expresamente reclamado en su demanda de amparo. Al efecto es aplicable la jurisprudencia 136/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y sinopsis: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. Por otra parte, toda vez que es un hecho notorio para este órgano constitucional, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y del mismo, se advierte que respecto del acto generado con la respuesta otorgada a la quejosa por oficio OP/DG/3844/2015, que en este auto se le da vista, promovió diverso juicio de amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, el cual quedó radicado con el número 1658/2015; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, a efecto de emitir la resolución que en derecho proceda, solicítese al titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, que de no existir inconveniente alguno, tenga a bien remitir a) copia certificada de la boleta de turno; b) de la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 1658/2015, de su índice; c) del auto de inicio; d) informes justificados rendidos por las autoridades responsables; e) de la sentencia que en el mismo se haya dictado y, f) del auto que hubiere declarado ejecutoriada la resolución correspondiente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    MESA VI A Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad; con el cual se ordena dar vista a las partes para su debido conocimiento. Por otra parte, toda vez que dicha autoridad responsable, manifiesta que por oficio OP/DG/3844/2015 de veinte de octubre de este año, hizo del conocimiento de la quejosa los fundamentos legales y los motivos por los que se le realiza el descuento del 9% a su pensión por concepto de fondo de pensiones; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, siguiente a su legal notificación, remita a este órgano de control constitucional copia certificada del oficio OP/DG/3844/2015 de veinte de octubre de este año, así como la notificación de tal respuesta a la aquí quejosa, apercibida que de no hacerlo se hará acreedora a una multa de cincuenta días de salario mínimo vigente, en términos de los preceptos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo.

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