Elvira Catalina Cruz Medina

Expediente 283/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
283/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
19/11/2020

Partes del expediente

  • Elvira Catalina Cruz Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que la autoridad responsable se encuentre debidamente notificada o que le transcurra el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo; en razón de que la misma carece de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el citado numeral, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse por haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    .Córdoba, Veracruz, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que el escrito de demanda en el que aparece como promovente. fue remitido mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. sin firma electrónica de la promovente; sin embargo, al ubicarse los actos reclamados en uno de los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ante el riesgo para la vida de la peticionaria de amparo, por auto de siete de octubre de dos mil veinte, se requirió a la promovente la ratificación del mismo, ello dentro del término de tres días computado legalmente; apercibida que de no hacerlo, se entendería que no lo ratificaba y se resolvería lo que en derecho correspondiera. Transcurrido dicho plazo, la quejosa no desahogó el requerimiento en comento y por auto de veinte de octubre del año en curso, se tuvo por no ratificada la demanda en cuestión. Atento a lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por los artículos 107, fracción I, constitucional, en relación con los diversos 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo, y 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo. Es así pues el artículo 107, fracción I, constitucional dispone. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por su parte, los artículos 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo, 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente. Artículo 3. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6 El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De los preceptos mencionados se advierte que los titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, pueden ocurrir a través del juicio de amparo edefensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en razón de su situación especial frente al orden jurídico. Asimismo, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo es requisito indispensable que sea promovido por aquella persona, ya sea física o moral, que resienta en su esfera jurídica los efectos de un acto de autoridad; esto es, debe ser iniciado a través de la demanda que haga valer la persona que ha sido afectada por un acto de autoridad, de forma real y actual, quien podrá impugnar el acto reclamado por sí mismo, o bien, por medio de su apoderado o representante legal. De igual forma, las promociones pueden ser presentadas de forma electrónica, utilizando la firma electrónica, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la autógrafa. En ese sentido, es requisito de procedencia que en la demanda presentada vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. se indique el nombre de la persona en la que recae el carácter de quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, y 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo; asimismo, se deberá agregar la firma electrónica vigente de quien promueve, ya que éste es un requisito establecido en el artículo 45 del Acuerdo General. del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por el cual se obligan las personas, tal como se advierte de lo siguiente. Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el. Nombre de Usuario y Contraseña. que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. Dicho requisito de procedencia es susceptible de excepción, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 15 y 109 de la Ley de Amparo, que establecen. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Artículo 109 Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese. El acto reclamado; II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible. III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso. En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos. En este último caso no se requerirá de firma electrónica. Así, tratándose de los supuestos previstos en el artículo 15 de la ley de la materia, el juicio de amparo puede ser promovido por cualquier persona, y si la demanda se formula por medios electrónicos, no se requerirá para darle trámite la firma electrónica de su promovente; empero, una vez decretadas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado, éste debe ratificar la demanda de amparo para efecto de continuar la tramitación del juicio constitucional. Por tanto, si en el presente asunto la demanda de amparo se promovió sin firma electrónica vigente de la directa quejosa (evidencia criptográfica), y atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados se dio trámite a la misma, y posteriormente, se requirió la ratificación de la directa agraviada. quien no manifestó su voluntad de ratificarla; resulta evidente que quien se ostenta como quejosa no expresó su voluntad de instar la vía jurisdiccional, no obstante haber sido requerida para ello, pues el simple envío de la demanda vía electrónica, no incorpora la expresión de la voluntad de la peticionaria de amparo, lo que hace improcedente el juicio, dado que resultaría inconducente o improcedente el análisis de violaciones de garantías en abstracto, sin que exista la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional para tal fin. En esas condiciones, si la demanda de amparo carece de firma electrónica de la promovente, y ésta no manifestó su voluntad de ratificarla, resulta evidente que no hay instancia de parte agraviada, por lo que, como ya se señaló, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción I, constitucional, en relación con los diversos 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo por sus argumentos, la jurisprudencia número. emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I , de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes. DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. También apoya la presente determinación, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 259, tomo XI, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y tres, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de texto y rubro siguientes. DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR QUIEN LA FORMULA. Dado que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta a través de su firma y, si no saben firmar, lo hará otra persona a su ruego y en el documento se imprimirá su huella digital; ante la falta de firma o, como aconteció en la especie, que la firma que calza el escrito de demanda de amparo, no corresponde a simple vista a quien se ostenta como peticionario de garantías, en virtud de ser notoriamente distinta de las que aparecen en las diversas promociones que presentó el demandado ahora agraviado en el expediente del juicio natural y en el toca de apelación, se desconoce si es voluntad del peticionario ejercitar la acción constitucional, máxime que el inconforme omitió formular oportunamente ante la autoridad responsable un escrito, en el que expresará por qué firmó de modo diferente la demanda de amparo o, en su caso, indicará que hacía suyo su contenido; consecuentemente, tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, debe decirse que el proveído mediante el cual desechó el presidente de este órgano colegiado la demanda de amparo en cuestión se encuentra apegado a derecho, ya que de no haberlo estimado y resuelto así, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara oportunamente escritos para que después, en cualquier tiempo, fuera subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente el juicio de garantías. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia mencionada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo y, por ende, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, es decir, las doce horas del quince de diciembre de dos mil veinte. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia Número. sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, correspondiente al mes Marzo de dos mil tres, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del epígrafe siguiente. SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinte de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha fenecido el término de tres días concedido a la parte quejosa. por auto de siete de octubre de dos mil veinte, para que manifestará si ratificaba o no la demanda de amparo presentada vía electrónica; o, en su caso, lo hiciera por escrito con su firma autógrafa. Por tanto, dado que la quejosa no cumplió con dicho requerimiento, se hace efectivo al apercibimiento decretado en auto de siete de octubre de dos mil veinte, y se tiene por no ratificado el escrito inicial de demanda

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, siete de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y la certificación de cuenta, se advierte que la demanda de amparo aparentemente promovida por ************, recibida vía electrónica, no cuenta con evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica de la promovente; por lo que al ubicarse los actos reclamados en una de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ante el riesgo para la vida de la peticionaria de amparo, dicho ocurso debe ser ratificado por su promovente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, en términos del artículo 2° de este ordenamiento, se requiere a ***********, para que dentro del término de tres días, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo presentada vía electrónica; o, en su caso, lo haga por escrito, que contenga su firma autógrafa; apercibida que de no hacerlo, se entenderá que no la ratifica y se resolverá lo que en derecho corresponda. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por proveído de doce de agosto de dos mil veinte, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Director del Hospital General de Subzona Número 16, con sede en Omealca, Veracruz, en el que solo ofrece como prueba, la documental, consistente en el licencia otorgada a la peticionaria de amparo, que acompañó al informe relativo a la suspensión de plano. Sin embargo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se le requiere para que en el plazo de tres días computado legalmente, remita copias certificadas, completas, legibles y ordenadas del expediente clínico de la quejosa Elvira Catalina Cruz Medina. Apercibida que de no hacerlo dentro de la temporalidad concedida, o de no informar por escrito el impedimento legal que tengan para ello, se le impondrá una multa de mil Unidades de Medida de Actualización, conforme a su valor diario, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260, fracción II, de la citada Ley, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, Tomo V, correspondiente al mes de febrero de 1997, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las DOCE HORAS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, la cual se llevará a cabo por video conferencia. Por tanto, se requiere a la impetrante para que en el plazo de cinco días antes de la fecha para la audiencia constitucional, proporcione un correo electrónico en el que se le remitirá enlace correspondiente para llevarla a cabo; en el entendido de que de no hacerlo se realizará sin su comparecencia.

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