Elvira Carlos Corro y Otros.

Expediente 1800/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 15 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1800/2016
Año
2016
Actuaciones
1
Última actuación
15/12/2016

Partes del expediente

  • Elvira Carlos Corro y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    # pral 1800/2016 mesa 5 B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de diciembre de dos mil dieciséis. Con la demanda de amparo presentada, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el trece del actual y que fue recibida en este órgano judicial, el catorce siguiente, promovida por ELVIRA CARLOS CORRO y ANTONIO CARLOS CORRO, contra actos del juez Octavo de Distrito en el Estado, con sede en este municipio; fórmese expediente impreso y electrónico con el número 1800/2016 y regístrese su ingreso en el libro correspondiente. Ahora bien, al respecto debe indicarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Este precepto autoriza a este juzgado federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. La parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente (foja 4): ".LA NEGATIVA DE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, PESE A QUE LOS SUSCRITOS PROBARON TENER INTERES JUSRIDICO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEL JUICIO DE AMPARO 1906/2016, MESA IV,-A QUE DE NO CONCEDERSE A LA BREVEDAD POSIBLE NOS CAUSARA UN DAÑO DE IMPPOSIBLE REPARACION, ADEMAS QUE CON SU ACUERDO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE ACTUAL, EL JUEZ 8° DE DISTRITO ASUME LA CAPACIDAD DE RESOLVER UN ASUNTO CIVIL O FAMILIAR QUE NO ESTA DEMANDADO ANTE SU JUZGADO, SINO SOLO UNA DEMANDA DE AMPARO CONTRA ACTOS DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO 20 DE NOVIEMBRE DE ESTA CIUDAD Y OTROS." Así, una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)" Del numeral antes trascrito, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en contra de resoluciones pronunciadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Ahora bien, en el presente caso, se reitera que la parte quejosa señaló como acto reclamado, la negativa de conceder la suspensión provisional, dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto número 1906/2016, del índice estadístico del Juzgado Octavo de Distrito en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. En ese sentido, se considera que el acto aquí reclamado, por su naturaleza, constituye un acto producido (o dictado) dentro de un juicio de amparo, pues fue emitido dentro de un incidente de suspensión. Por ende, es claro que al tratarse de un acto que deriva el ejercicio de la función de control constitucional que ejerce el Juzgado Octavo de Distrito, con sede en este municipio, es claro que en su contra es improcedente el juicio de amparo, en términos del numeral 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, y sólo es combatible a través de los medios de defensa que prevé la ley de la materia. Es aplicable por analogía, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y ocho, materia común, tomo IV, octubre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE DERIVEN DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Del contenido de los artículos 103 y 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 53 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se infiere que a los Jueces de Distrito en Materia Civil se les han atribuido dos funciones; una de control constitucional y otra contenciosa jurisdiccional. La primera coloca al juzgador en una relación política con los demás poderes federales o locales, en la que se erige como protector y conservador del régimen constitucional frente a los actos de éstos, que sean transgresores de las garantías individuales de los gobernados; en cambio, la segunda, o sea, la función jurisdiccional propiamente dicha, se despliega mediante el conocimiento y resolución de los asuntos contenciosos que se le planteen dentro del ámbito de su competencia, sin que tenga como objeto primordial la salvaguarda del orden constitucional. Ahora bien, por disposición expresa del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos que deriven del ejercicio de la función de control constitucional que ejerza el Juez de Distrito; evento en el cual, sólo podrán ser impugnados a través de los medios de defensa que prevé la ley de la materia. De tal suerte que la competencia que el artículo 42 de este último ordenamiento atribuye a un Juez de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, en que se reclamen actos de otro de similar categoría, obviamente presupone que éstos se suscitaron a virtud del ejercicio de la función meramente judicial, o sea, dentro de un procedimiento o controversia de carácter federal, no en el juicio de garantías; de ahí que sólo en esa clase de asuntos es factible que el Juez de Distrito pudiese incurrir en alguna transgresión de las garantías individuales y, por ende, únicamente en relación a ellos será procedente el amparo." Asimismo, sirve de apoyo en lo que enuncia, por analogía, la tesis número II.2o.C.48 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Octubre de 1999, página 1235, de rubro y contenido siguientes: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito." De igual forma, ilustra lo anterior, por analogía, la tesis I.4o.A.44 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, Septiembre de 1992, página 285, del contenido siguiente: | "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACION DE LA FRACCION II, DEL ARTICULO 73, DE LA LEY DE LA MATERIA. Las resoluciones dictadas por los órganos de control constitucional, juzgados de Distrito y tribunales colegiados, pueden ser de nueva cuenta revisados en los casos en que la ley lo permite y de acuerdo con los recursos en ella previstos, pero ni la decisión de fondo o cualquier otro tipo de proveído contenido en la sentencia de amparo, puede ser impugnado a través de un nuevo juicio constitucional. Tal principio descansa en la ley y en la lógica; la fracción II, del artículo 73 de la Ley de Amparo, hace improcedente el juicio constitucional "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas". El precepto transcrito no distingue, entre la decisión que respecto al fondo se pronuncie y que resuelve el planteamiento constitucional y los diversos proveídos que pueden estar contenidos en una ejecutoria; contra de estas resoluciones como en las primeras, no es dable promover demanda de amparo, ya que no compete a un órgano de control constitucional analizar los actos de otro órgano de la misma naturaleza, cuando se actúa en ejercicio de esa facultad. La improcedencia prevista por la fracción II, del artículo antes citado, también se explica por la necesidad de proteger la estabilidad y seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo, las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstas, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería inevitable." De ese modo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto proveniente de un juicio de amparo indirecto, por lo que se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo invocada se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos. Con apoyo en el artículo 13 de la Ley de Amparo, que dice: ".Artículo 13. Cuando la demanda se promueva por dos o más quejosos con un interés común, deberán designar entre ellos un representante, en su defecto, lo hará el órgano jurisdiccional en su primer auto sin perjuicio de que la parte respectiva lo substituya por otro. Los terceros interesados podrán también nombrar representante común. ..." Se le tiene designado como representante común de la parte quejosa a ELVIRA CARLOS CORRO. Por otra parte, tomando en consideración que la quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este juzgado, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la nueva Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en este asunto, hágansele mediante lista de acuerdos; apoya lo anterior, con fundamento en el artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo, la tesis XXII.1o. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Y, por autorizados para tal efecto a las personas que indica. En otro aspecto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que este acuerdo estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tiene el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo proveyó y firma el licenciado Pedro Guerrero Trejo, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Martha Lourdes Lescas Caballero, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. MLLC- PRC

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