Elvira Bahena Aguilar
Expediente 811/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 48 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 811/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 11/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Elvira Bahena Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 811/2018-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que el Encargado de la Dirección Jurídica del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, remitió diversas constancias, por el cual se ordenó formar el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, la resolución de veintiséis de febrero del dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ELVIRA BAHENA AGUILAR, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, fecha en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que da fe.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 811/2018-IV, promovido por ELVIRA BAHENA AGUILAR; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado ese mismo día a este Juzgado de Distrito, ELVIRA BAHENA AGUILAR, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y otras autoridades. SEGUNDO. Por acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, se previno a la quejosa a efecto de que precisara de forma precisa y correcta la denominación de las autoridades responsables y los actos que les reclama. TERCERO.- Por acuerdo de cinco de junio de dos mil dieciocho, se tuvo por subsanada la prevención, se admitió la demanda, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO.- Por acuerdo de once de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo por inexistente la autoridad que la quejosa denominó como "Cámara de Senadores de la Legislatura del Estado Libre y Soberano de México". QUINTO.- Por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, se dio vista a la quejosa a efecto de que manifestara si señala como autoridad responsable al Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, y si reclamaba el dictamen técnico jurídico de catorce de marzo de dos mil dieciocho. SEXTO.- Por acuerdo de seis de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la quejosa por desinteresada en la ampliación de la demanda de amparo. Se continuó con la substanciación del juicio iniciándose la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, que es el lugar donde se verificó el acto reclamado. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional son: De la Cámara de Diputados de la Legislatura del Estado de México, Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y Presidente de la República: 1.- El proceso legislativo, en el ámbito de su competencia, del artículo 104 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Directora General y Director de Administración, ambos, del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y Directora General de Control de Confianza de la Policía Federal: 2.- La determinación de inicio del procedimiento administrativo, en aplicación de la norma legal impugnada. TERCERO.- No es cierto el acto reclamado a la Legislatura del Estado de México, relativo al proceso legislativo del artículo 104 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado (122 y 123). Además, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil nueve, a través del cual se expidió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se advierte que dicho cuerpo normativo fue emitido por el Congreso de la Unión. Lo anterior, se encuentra confirmado como se detallará más adelante con los informes de las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión y Presidente de la República, quienes son las autoridades que participaron el proceso legislativo de la referida norma impugnada. De igual forma, no son ciertos los actos reclamados al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y Directora General de Control de Confianza de la Policía Federal, toda vez que al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les atribuyen (fojas 91 y 154), sin que la quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa. Asimismo, no es cierto el acto reclamado a la Directora General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, toda vez que de acuerdo a las constancias remitidas por dicha autoridad, específicamente la determinación de inicio del procedimiento administrativo de fecha veintinueve de febrero de dos mil diecisiete, dicho acuerdo fue emitido por el Director de Administración del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, sin participación de la referida Directora General. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee respecto de los actos reclamados a la Legislatura del Estado de México, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Directora General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, y Directora General de Control de Confianza de la Policía Federal. CUARTO.- Son ciertos los actos que se reclaman a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y Presidente de la República, consistentes en el proceso legislativo, en el ámbito de su competencia, del artículo 104 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, toda vez que así lo aceptaron al rendir el informe justificado (fojas 62, 59 a 60 y 98 a 108 respectivamente). Lo anterior está corroborado de acuerdo con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por los artículos 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica, se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". De igual forma, es cierto el acto reclamado al Director de Administración del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en virtud de que así lo manifestó al rendir el informe justificado (fojas 69 y 70), lo que se encuentra corroborado con las constancias que adjunto al mismo, de las que se desprende la existencia de la determinación de inicio del procedimiento administrativo de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, en aplicación de la norma legal impugnada. Se estima oportuno establecer que si bien la autoridad responsable no citó de manera expresa el artículo 104 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin embargo, dicha disposición, establece los requisitos para dar inicio al procedimiento administrativo de responsabilidad, como se advierte de su contenido: "Artículo 104.- El procedimiento ante las autoridades previstas en las leyes de la materia, iniciará por solicitud fundada y motivada del titular de la unidad encargada de los asuntos, dirigida al titular o presidente de la instancia correspondiente, remitiendo para tal efecto el expediente del presunto infractor. Los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse con estricto apego a las disposiciones legales aplicables y observará en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento." Por tanto, resulta evidente que en la determinación de inicio del procedimiento administrativo de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se aplicó la norma legal impugnada. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 30/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 200064, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Materia: Común, página 58 del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCION SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS. Constituye acto de aplicación de un precepto legal la resolución que de manera indudable se funda en él, por darse con exactitud sus supuestos normativos, aunque el mismo no se invoque expresamente, debiendo concluirse que el quejoso tiene interés jurídico para reclamar la resolución y la ley aplicada." QUINTO.- Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. De oficio se advierte que el presente juicio de amparo es improcedente ya que se actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo porque la demanda de amparo fue presentada fuera del plazo de quince días que señala el último precepto citado. A efecto de explicar la actualización de la referida causal de improcedencia, se estima necesario establecer que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que se deba analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si en relación con él no se actualiza una causa de improcedencia; de acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. El criterio mencionado se encuentra plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XII, Agosto de 2000, página 235 del rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Atendiendo al criterio jurisprudencial citado, se advierte que el juicio de amparo es improcedente respecto del acto de aplicación de la norma impugnada consistente en la determinación de inicio del procedimiento administrativo de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, toda vez que la demanda de amparo fue presentada fuera del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. De las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte lo siguiente: 1.- Mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/UALDH/ 1759/2017, de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, el Titular de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, remitió al Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, el oficio PF/SG/CSDP/DGCC/03863/2017, emitido por la Directora General de Control de Confianza de la Policía Federal y sus anexos, para hacerle del conocimiento que ELVIRA BAHENA AGUILAR, con puesto PRS "A" adscrita a ese Centro Federal, obtuvo resultado de "no aprobado" en sus evaluaciones de control de confianza, a efecto de que inicie el acta administrativa con sus debidas formalidades (fojas 9 anexo I). 2.- El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, el Director de Administración del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en acta administrativa, determinó dar inicio al procedimiento administrativo en contra de la aquí quejosa ELVIRA BAHENA AGUILAR, citándola para la instrumentación del procedimiento y le corrió traslado con las constancias remitidas por la Directora General de Control de Confianza de la Policía Federal, a efecto de que estuviera en posibilidad de exhibir y desahogar pruebas en su favor. 3.- Mediante oficio SEGOB/CNS/OPDRS/CGCF/ CEFEREPSI/DG/DA/369/2017, el Director de Administración citó a la aquí quejosa para que compareciera a las trece horas del ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en las instalaciones de esa Dirección para darle continuidad al acta administrativa que se instrumentó con motivo del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/UALDH/ 1759/2017, de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, derivado del oficio PF/SG/CSDP/DGCC/03863/2017, emitido por la Directora General de Control de Confianza de la Policía Federal, mediante el cual informó que obtuvo resultado de "no aprobado" en sus evaluaciones de control de confianza, asimismo, se le informó que podría hacer las manifestaciones que a su derecho conviniera y presentar las pruebas que estimara pertinentes, que podría revisar el expediente de lunes a viernes de las nueve a las diecisiete horas, en la oficina de recursos humanos y se le corrió traslado con copia del oficio PF/SG/CSDP/DGCC/03863/2017. Dicho oficio fue notificado a la quejosa el treinta de agosto de dos mil diecisiete (fojas 30 anexo I). 4.- El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Subdirector de Recursos Humanos en suplencia del Director de Administración del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, instrumentó un acta en la que hizo constar la comparecencia de ELVIRA BAHENA AGUILAR, quien declaró en relación a los hechos que se le atribuyen y ofreció pruebas documentales (fojas 23 y 24 anexo I). 5.- Mediante oficio SEGOB/CNS/OPDRS/CGCF/ CEFEREPSI/ DG/8444/2017, de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Director General del Centro de Rehabilitación Psicosocial, remitió las actas de veintinueve de agosto y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, con sus respectivos anexos, a la Directora de Área en la Dirección de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (fojas 3 anexo I). 6.- El catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Titular de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, emitió dictamen estableciendo que existen elementos suficientes para emitir la baja definitiva de ELVIRA BAHENA AGUILAR, y a su vez dejar sin efectos el nombramiento de trabajador de confianza por haber obtenido el resultado integral de "no aprobado" en las evaluaciones de permanencia, por lo que señaló que se deberá emitir de manera fundada y motivada la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo (fojas 43 a 47 anexo I). 7.- Mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/DGARH/ DRLIA/1105/2018, de doce de abril de dos mil dieciocho, la Directora de Área en la Dirección de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, remitió a la Directora General de Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, copia simple del dictamen de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos (fojas 42 anexo I). 8.- Por oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/ CEFEREPSI/DG/4453/2018, de treinta de abril de dos mil dieciocho, la Directora General de Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, determinó la baja definitiva de la quejosa (fojas 41 anexo I). Precisado lo anterior se advierte que del acto reclamado la quejosa tuvo conocimiento el treinta de agosto de dos mil diecisiete, fecha en que le fue notificado el oficio SEGOB/CNS/OPDRS/CGCF/ CEFEREPSI/DG/DA/369/2017, pues a través de dicho documento se enteró del inicio del procedimiento administrativo instaurado en su contra, ya que se le informó que con la finalidad de otorgarle garantía de audiencia se le citaba para las trece horas del ocho de septiembre de dos mil diecisiete, a efecto de que compareciera a la Dirección de Administración del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, a efecto de que se instrumentara el procedimiento administrativo en su contra y se le corrió traslado con las constancias emitidas por la Directora General de Control de Confianza de la Policía Federal, a efecto de que estuviera en posibilidad de exhibir y desahogar pruebas en su favor. Consecuentemente desde esa fecha estuvo en posibilidad de acudir al juicio de amparo indirecto ya que inició el cómputo del plazo para promoverlo. En ese orden de ideas, a la fecha de la presentación de la demanda, veintidós de mayo de dos mil dieciocho, transcurrió más de ocho meses, por ende resulta claro que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea a los quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que se actualice alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa no reclama una norma general autoaplicativa, ni un procedimiento de extradición, tampoco impugna una sentencia definitiva condenatoria que imponga pena de prisión, ni reclama contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, tampoco un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de la determinación de inicio del procedimiento administrativo de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, que se reclamó al Director de Administración del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. Sobreseimiento que se hace extensivo a la norma impugnada, artículo 104 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que reclama a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y Presidente de la República, dado que como se estableció al inicio del presente considerando cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley con motivo de su aplicación concreta, si el juicio de amparo resulta improcedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, también se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de la norma impugnada. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ELVIRA BAHENA AGUILAR, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, fecha en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que da fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, once de diciembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, informa el acuerdo de siete de diciembre del año en curso, dictado en los autos del recurso de queja 333/2018, declarando que el auto de nueve de octubre del año en curso, causó estado, ordenando el archivo del asunto; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Paulo Yair García Meza, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/5083/2018 de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, ante el Secretario Cliserio Vargas Suárez que autoriza y da fe.
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