Elvin Eliú Vázquez Argueta
Expediente 1305/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1305/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Elvin Eliú Vázquez Argueta
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, promovida por Elvin Eliú Vázquez Argueta; sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. Consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por los quejosos FRANCISCO DAYET ALEJANDRO, IGNACIO JAVIER SANTO y HUMBERTO MADRIGAL MAGAÑA, mediante el cual hacen diversas manifestaciones en relación al incumplimiento al fallo protector por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, así como la autoridades vinculadas relativas al Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco; de lo que se toma conocimiento y en atención a sus manifestaciones dígasele que deberán estarse a lo acordado en proveído de ocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que se requirió al actual Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento, para que en el plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación del citado auto, acredite haber puesto a disposición del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, los títulos de crédito relativos al pago de laudo de los restantes quejosos ALONSO HERRERA ÁVALOS y otros, e indicándole que de no contar con los recursos suficientes, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 109 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, deberá incluir en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal del año siguiente, esto es, del ejercicio dos mil veintidós. Transcurrido dicho plazo y recibida las constancias correspondientes se acordará lo conducente Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito de demanda se tiene a Francisco Méndez Gutiérrez, solicitando a favor de Elvin Eliú Vásquez Argueta, el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 1°, 14 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1305/2021-5. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, toda vez que de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama la ilegal privación de la libertad, la orden de deportación y la incomunicación, dado que no ha iniciado el procedimiento administrativo correspondiente para permanecer en este país; por tanto, por tanto, con fundamento en los artículos 15, 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano a Elvin Eliú Vásquez Argueta, para el efecto cese la incomunicación que sufre, además de que: a) Las autoridades responsables se abstengan de ejecutar alguna orden de deportación; b) La quejosa quede en el lugar donde se encuentre a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal y para el debido cumplimiento de esta suspensión; Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 80/2007, formulada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia(s): Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, es aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1515, Tomo LII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Quinta Época, de rubro y texto siguiente: DEPORTACIÓN, DETENCIÓN PARA LA. La detención como medio para llevar a cabo la deportación, sólo puede tener lugar, cuando esta última ha sido decretada." La medida cautelar concedida no surtirá efectos y por consiguiente no impedirá la detención de la promovente, si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante, pues de ser así no se colmaría el requisito de que no se vulnere el interés social exigido en el artículo 107 de la Carta Magna, toda vez que la sociedad y el Estado se encuentra interesado en que se salvaguarde la vida y la integridad de la persona que se encuentra en este país. Y es que en ese sentido, la providencia decretada atiende al contexto de hechos que aluden ordenarse sin justificación legal por las autoridades responsables acorde con lo que se narran en la demanda de amparo; sin embargo, no pasa desapercibido que la Ley de Migración y su norma reglamentaria, estatuyen diversos procedimientos que atendiendo al debido proceso pueden derivar en la deportación, expulsión, repatriación y/o retorno asistido a su país de origen. Por tanto, la medida suspensiva no surte efectos en caso de que los actos reclamados deriven de algún acto y/o procedimiento legalmente establecido que pudiera tener como consecuencia alguna de aquellos debatidos en el presente juicio de amparo, pues de obstaculizar esa actuación se contravendría el orden público e interés social, acorde por identidad jurídica sustancial con lo sostenido en la jurisprudencia PC.I P J/28 P (10), emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 658, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, Administrativa, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: ACTA DE RECHAZO POR LA QUE LA AUTORIDAD MIGRATORIA DECRETA LA INADMISIBILIDAD A TERRITORIO NACIONAL DE UNA PERSONA EXTRANJERA. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. El acta de rechazo aludida constituye un acto administrativo derivado de un procedimiento de control migratorio que acontece en los lugares de tránsito internacional de personas, respecto del cual, no procede conceder la suspensión de oficio y de plano, al no estar comprendido en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 15 y 126 de la Ley de Amparo, y, además, porque no pone en riesgo la vida, la integridad física, ni la libertad de la persona, en tanto que el extranjero es libre de regresar a su lugar de procedencia tan pronto como las condiciones fácticas lo permitan, sin más limitación que la de ingresar al territorio nacional; además, porque constituye un acto autónomo e independiente que encuentra sustento en el artículo 11 constitucional, que lo hace distinto de la deportación o expulsión, y bien puede atenderse a través de la suspensión ordinaria en el incidente correspondiente y conforme a la normativa aplicable." Asimismo y toda vez que de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa se duele de la probable privación de la libertad, que se traduce en una posible restricción de su libertad de tránsito, debe precisarse que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá el efecto, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder Ia suspensión contra el posible aseguramiento de la parte quejosa por las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Ello porque, si bien el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instituye que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes; sin embargo, tales libertades no son absolutas, pues no tiene el alcance de que los quejosos puedan transitar por todo el territorio nacional, ya que para ello es necesario que previamente cumplan los requisitos que establece la normatividad en materia migratoria. Pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetos a límites y subordinados a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. En ese sentido, si la detención de la parte quejosa obedece a que no se encuentra legalmente en el país, ya que refiere, ser extranjera, de nacionalidad Hondureña, las autoridades responsables deberán presentar a la parte quejosa ante la autoridad migratoria en la estación correspondiente a fin de que regularicen su situación migratoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 134, con relación a los numerales 99 y 106 de la Ley de Migración. Ahora, para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión de plano decretada, comuníquese a las autoridades responsables residentes en esta ciudad la medida cautelar concedida para su debido acatamiento; esto es, para que en su caso, cese la incomunicación de la que está siendo objeto la quejosa, y suspenda la orden de deportación reclamada, cumplimiento que deberá informar en el plazo de veinticuatro horas por oficio a este Juzgado de Distrito, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión. III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Asimismo, le deberá hacer saber que tiene el derecho de ser asistida por la autoridad consular de su país en caso de que así lo solicite. COMISIÓN DE ACTUARIO PARA RATIFICACIÓN DE DEMANDA Y FE DE ESTADO FÍSICO Ahora bien, toda vez que la quejosa Elvin Eliú Vásquez Argueta, se encuentra a disposición de la autoridad migratoria en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad, se comisiona al actuario de este órgano jurisdiccional, a fin de que se constituya en dichas instalaciones o en cualquier centro migratorio, con sede en esta ciudad, con el objeto de notificar la directo quejosa el contenido íntegro del presente proveído; asimismo, a fin de que de fe de la integridad física de ésta y del lugar en que se encuentra. De igual manera, deberá requerirla para que en el mismo acto de la notificación o bien dentro del término de tres días manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida en su favor por Francisco Méndez Gutiérrez. Lo anterior, bajo apercibimiento que conforme a lo dispuesto por el cardinal 15 de la Ley de Amparo, de no hacer lo indicado dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda. En la inteligencia que dichas diligencias deberán efectuarse en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar la integridad y salud de quienes intervengan en ellas. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizados a César Eduardo Culebro Valencia y Maricela Cervantes Castillo, en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, la parte promovente solicita se le autorice la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, mediante el portal en línea con el nombre de usuario: "mg_fran". Por lo anterior, se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto, de conformidad con lo establecido en el ordinal 36 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. Por otro lado, instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Asimismo, se les exhorta para que propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente.
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