Elvia Yazmín Pérez Medina

Expediente 1080/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1080/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Elvia Yazmín Pérez Medina
  • Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, catorce de noviembre de dos mil veintidós. I. Estado de autos. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa en acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a analizar si está fue acatada en sus términos por las autoridades responsables. Efectos de la concesión del amparo. Consta en autos que el veinte de septiembre de dos mil veintidós, se dictó la resolución constitucional que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en lo que interesa, dicha concesión fue para efecto de que las autoridades responsables dentro del ámbito de sus atribuciones realizaran lo siguiente: ".realicen, en el ámbito de sus atribuciones, las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral 2875/2021JE1." III. Causa ejecutoria y se ordena requerir a las responsables por el cumplimiento al fallo constitucional. Por auto de siete de octubre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a las autoridades responsables por el cumplimiento al fallo constitucional. IV. Actuaciones exhibidas por la responsable. Mediante oficio de diecinueve de octubre siguiente, se tuvo por recibido en este órgano jurisdiccional oficio suscrito por la presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, en el que remitió copia certificada de las diligencias practicadas por el actuario responsable de las cuales se advierte el emplazamiento de la parte demandada, en el controvertido de origen 2875/2021JE1, con lo cual se colige que las autoridades responsables realizaron las gestiones necesarias para cumplimentar los parámetros de los efectos para los que se emitió la sentencia concesoria. V. Vista cumplimiento. Con el oficio y documentales en mención, en el acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este juzgador se pronunciaría al respecto con base en los elementos existentes y los datos aportados por las autoridades responsables; determinación que le fue notificada a la parte quejosa el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, sin haber realizado manifestación al respecto. VI. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. De lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin exceso ni defecto; dado que las responsables lograron el llamamiento a juicio de la parte demandada en el juicio de origen, lo cual se verifica con el actuar del fedatario responsable. VII. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes. VIII. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido; en el entendido que el expediente es depurable una vez transcurridos tres años. IX. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a la representación social. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo presentados por la autoridad responsable, a través de los cuales informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo este Órgano Jurisdiccional se pronunciara sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente y datos aportados por las autoridades. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

  3. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con veintiocho minutos del veinte de septiembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, ante la presencia judicial del licenciado Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes ni representante legítimo de ellas. Abierta la audiencia, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de radicación, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes; asimismo, con el oficio y anexos registrados con el folio 14801. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado, rendido por la presidenta de la Junta Especial número Uno, de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. De igual manera, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales, sin perjuicio de hacer relación de ellas durante la presente audiencia. Por otra parte, revisado el estado procesal de autos, se advierte que en el auto de radicación, este órgano jurisdiccional determinó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existía tercero interesado, al no actualizarse alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. Finalmente, se hace constar que no le transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe rendido por la autoridad responsable; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica. No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con la documental que remitió la Junta responsable anexo a su informe justificado. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su naturaleza la aludida probanza. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1080/2022 L-III; y, Resultando Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al día siguiente hábil, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional; Elvia Yazmín Pérez Médina, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y al actuario notificador adscrito. Mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la demanda de amparo y ordenó su registro bajo el número 1080/2022 L-III, se dio a la representación social de la adscripción la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: Considerandos I. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados los siguientes: La omisión de realizar los actos o diligencias necesarias a fin de lograr el llamamiento a juicio de la parte demandada en el controvertido 2875/2021 JE1. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de este, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que, finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que el o los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. III. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora y su actuario notificador, ya que dicha certeza se corrobora de las constancias que remitieron en apoyo a su informe justificado; así como, de las manifestaciones realizadas, de las que se desprende la existencia del acto impugnado IV. Causas de improcedencias Previo al estudio de fondo es pertinente aclarar que el análisis de las causas de improcedencia es cuestión preferente y de orden público como se establece en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, las partes no hicieron valer causa de improcedencia y este juzgador no advierte de oficio se actualice alguna, por lo que procede el estudio de fondo de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclama. V. Conceptos de violación. Lo constituyen todos aquellos argumentos que aparecen en el escrito de demanda y no sólo en el capítulo respectivo, por medio de los cuales se expresan los agravios o lesiones que causa el acto reclamado o acto recurrido, así como los motivos que lo originaron; es decir, lo que jurisprudencialmente el máximo tribunal de la Nación ha definido como "causa de pedir"; los cuales resulta innecesario realizar su transcripción ya que la ley que rige el juicio de amparo no obliga al juzgador a realizarlos; sin que tal circunstancia se traduzca en una violación a los principios de congruencia y exhaustividad, que rigen las sentencias de amparo, cuenta habida que dichos principios se satisfacen al realizar un estudio completo y exhaustivo de la controversia que se plantea por las partes. Es de puntual aplicación la tesis jurisprudencial 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." VI. Estudio del asunto. Es fundado el primero y único concepto de violación esgrimido por la parte quejosa respecto del acto reclamado. El peticionario de amparo asevera que el actuar de las responsables transgrede en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la omisión de emplazar a la parte demandada dentro del expediente 2875/2021 JE1. Ahora, el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados de derecho de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla los principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará al derecho de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta la obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, los artículos 685, 686, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, establecen, entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los plazos que en él se señalan; que los presidentes de las juntas y los auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. Asimismo, se advierte que una vez radicada la demanda laboral, la junta debe señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley dentro de los quince días siguientes, por lo que el emplazamiento de las partes deberá llevarse a cabo, cuando menos con diez días de anticipación a la fecha señalada para tal efecto. Por tanto, la autoridad responsable por conducto de su actuario notificador adscrito deberá realizar el emplazamiento de las partes, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a que se dicte el auto de radicación, pues de lo contrario, no mediará el plazo de diez días que asiste a las partes para tener conocimiento pleno de la demanda, previo a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Ahora, en el caso, de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias aportadas por las responsables, se desprende que: Ante la junta responsable se tramitó el juicio laboral con número de expediente 2875/2021 JE1, en donde figura como demandada la empresa Cadena Comercial OXXO, sociedad anónima de capital variable, la cual no ha sido emplazada. Lo anterior, pone de manifiesto que el proceder de la responsable, va en contra de los principios rectores del proceso laboral, en virtud de que en la radicación de la demanda y diferimientos subsecuentes, se encomendó el emplazamiento de la parte demandada, sin que se advierta que se hayan hecho oportunamente las gestiones para tal efecto. Habida cuenta que, desde la fecha en que el solicitante presentó la demanda laboral -veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno-, a la del dictado de la presente resolución, no se ha logrado el llamamiento a juicio de la parte demandada. En consecuencia, se concluye que se violenta el derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia previsto en el numeral 17 constitucional, por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. Finalmente, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva; sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. VII. Decisión En esas condiciones, a fin de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley de Amparo, se otorga la protección constitucional para el efecto de que: Las responsables realicen, en el ámbito de sus atribuciones, las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral 2875/2021 JE1. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Elvia Yazmín Pérez Médina, contra el acto que reclama de las autoridades responsables precisadas en los considerandos II y III; por los motivos y para los efectos expuestos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de agosto de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo. 2. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 14, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Elvia Yazmín Pérez Medina, en contra del acto reclamado a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las once horas con veintiocho minutos del veinte de septiembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente -previa solicitud del código QR, el cual puede ser generado a través del sistema de Agenda OJ disponible en el Portal de Servicios en Línea-. 4. Informes. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades señaladas como responsables rindan sus informes justificados, lo que deberán hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dichos informes copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que hagan llegar sus informes o cualquier comunicación dirigida al órgano. 5. Apercibimiento a las autoridades responsables. Apercíbaseles que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, se presumirá cierto el acto que se les reclama, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Además, en términos del numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 6. Requerimiento a las autoridades. Requiéraseles a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir sus informes con justificación, comuniquen si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto combatido, así lo hagan saber a este juzgado. En el entendido que no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, ello de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 del referido cuerpo de leyes. 7. Prevención a las autoridades. En caso de que las autoridades se nieguen a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 8. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 9. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. 10. Emplazamiento. Dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, no existe tercero interesado. 11. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las responsables para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. Se hace la acotación, en este punto que, la parte quejosa señaló para cuestiones no procesales el correo electrónico jaramilloflorencio2hotmail.com. 12. Incidente de suspensión. Sin tramitarse por separado y duplicado el incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado por la parte quejosa. 13. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 14. Autorizados. En el caso que la parte quejosa sea el patrón, se tienen por autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En la inteligencia que, dado el evento que la parte quejosa recaiga en el trabajador, se autoriza para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, con las facultades conferidas en el párrafo primero del precepto en cita. 15. Pruebas. Se hace la precisión de que la parte quejosa no exhibe medios de convicción. 16. Presentación de documentos o valor. En el supuesto de que el órgano requiera por la exhibición físicamente de un documento o valor, las partes podrán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. 17. Comunicación a las responsables de las resoluciones se le notificarán por oficio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10ª), se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales, y las restante se les notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 18. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 19. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 20. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 21. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 22. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. Notifíquese; y, personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por oficio a las responsables y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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