Elvia Valencia Espinosa

Expediente 904/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
904/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
19/07/2022

Partes del expediente

  • Elvia Valencia Espinosa
  • Director General del Instituto de Salud del Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; diecinueve de julio de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal de los autos, la certificación secretarial que antecede y tomando en consideración que las partes no interpusieron recurso de revisión dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintiocho de junio del año en curso (fojas 45 a 53), por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; en consecuencia, se declara que dicha determinación ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.

  2. Principal

    aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el apoderado legal del Secretario de Salud del Estado de México, a través del cual informa que el dieciocho de junio del año en curso, se aplicó la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, contra el virus SARS-coV2, a la persona menor de edad de iniciales D.G.V., y remite copia validada de la carta de consentimiento respectiva para acreditar tal situación. Asimismo, la citada autoridad, hace del conocimiento de este Juzgado que, a través del Instituto de Salud del Estado de México, el quince de julio de dos mil veintidós, se aplicara a la persona menor de iniciales D.G.V., la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-coV2, en la Junta de Caminos del Estado de México, con domicilio en el "Hospital para el Niño", ubicado en Paseo Cristóbal Colón s/n, colonia Isidro Fabela Primera Sección, Toluca, Estado de México, entre las avenidas Tollocan y Las Torres, en un horario de nueve a quince horas, para lo cual deberá presentarse con uno de sus progenitores y/o representante legal, acompañándose de los siguientes documentos en original y dos copias de: a) Identificación oficial del acompañante (INE); y, b) Copia del comprobante de vacunación de la primera dosis recibida. Hecho del cual este juzgado queda debidamente enterado. Atento a lo anterior, requiérase a la promovente Elvia Valencia Espinosa, para que en la fecha, horario y lugar antes indicados y, cumpliendo con los requisitos que la autoridad mencionada solicita, presente a su menor de iniciales D.G.V., para que se le aplique la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-coV2. Asimismo, deberá informar a este Juzgado, en un término de veinticuatro horas posteriores a la fecha señalada para la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el virus SARS-coV2 para la prevención del COVID-19, si se llevó acabo la inoculación, se apercibe a la parte quejosa que, de ser omisa a lo anterior o de no manifestar la imposibilidad que le asista para ello, se entenderá que se llevó a cabo dicha aplicación. De igual forma, requiérase al Secretario de Salud del Estado de México, para que una vez cumplida la fecha y horario señalados para la aplicación de la vacuna a favor de la persona menor involucrada, informe de manera inmediata si ha llevado a cabo la inoculación; apercibido que en caso de no cumplir con la encomienda descrita, de no informar a este Juzgado los motivos por los que no se haya llevado a cabo, o bien, que se realizó satisfactoriamente, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  3. Principal

    IDel estado procesal de autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa, dentro del término concedido mediante proveído de trece de junio de dos mil veintidós, no realizó manifestación alguna respecto de sí se llevó a cabo la aplicación de la primera dosis de la vacuna en favor de la persona menor quejosa de iniciales D.G.V.; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y se entiende que la dosis referida ya fue aplicada a dicha persona menor. Por otra parte, del acta de nacimiento que la promovente adjuntó a la demanda de amparo, se advierte que la persona menor de edad de iniciales de iniciales D.G.V., a la fecha tiene la edad de diez años, cinco meses. Improcedencia del juicio de amparo. En atención a lo anterior, esta Juzgadora advierte que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por los razonamientos jurídicos que a continuación se exponen: Precepto que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 3044/98, determinó que para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia debe tenerse presente que la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo. Y dijo que entre las causales de improcedencia del juicio de amparo que impiden la materialización de sus efectos se encuentra la prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de contenido idéntico a la que se estudia), en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo.1 Así, el juicio de amparo es improcedente cuando el mundo fáctico que rodea al acto reclamado se ha modificado de manera que es imposible que éste surta efectos que deban repararse. Dentro de la clasificación de los actos reclamados en un juicio de amparo, por el tipo de conducta que despliega la autoridad, se encuentra la de actos positivos y actos negativos. Los primeros implican una conducta de hacer, mientras que los segundos constituyen una conducta cuya esencia se caracteriza por la omisión o abstención de la autoridad; de tal suerte que mientras los primeros representan un despliegue de actos que se materializan en el mundo fáctico, los 1 segundos son precisamente la antítesis de los anteriores, la evidencia de la abstención de la autoridad. Precisión del acto reclamado. En el caso de estudio y de una revisión integral de la demanda se advierte que la promovente reclama en esencia:  La negativa de aplicar la vacuna contra la enfermedad SARS-COV2 en favor de la persona menor de iniciales D.G.V. (diez años, cinco meses de edad). Ahora bien, en un primer momento debe decirse que es del dominio público que, el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad Covid-19 deben calificarse como una pandemia, y realizó un llamamiento a los países para que adoptaran medidas urgentes y agresivas. Esta enfermedad es motivo de preocupación mundial y ha sido declarada una emergencia de salud pública de importancia internacional.2 Además, se ha propagado rápidamente y tiene consecuencias directas para la salud, pero también sociales y económicas.3 Con motivo de esta enfermedad, la Organización Panamericana de la Salud ha declarado como prioridades salvar vidas, proteger a los trabajadores de salud y aplanar la curva epidemiológica para extender en el tiempo la propagación de la enfermedad, a fin de evitar que se sobrecarguen los servicios de salud y se pierdan vidas por falta de los cuidados que se necesitan.4 Esto significa que existe una preocupación internacional por la propagación de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (covid-19), de tal manera que se han establecido diversas medidas de prevención y control de la epidemia, de donde se destaca la creación de las vacunas por parte de diversos laboratorios de reconocimiento internacional, tendentes a controlar dicha pandemia mundial. Parte de las medidas de control para enfrentar la COVID-19, se encuentra la aplicación de una vacuna efectiva contra esta enfermedad y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad; sin embargo, la creación, aprobación, adquisición y aplicación de la vacuna no ha sido un tema en absoluto sencillo a nivel mundial, pues cada uno de esos rubros ha representado de manera individual retos y complejidades a los cuales los diferentes gobiernos se han tenido que enfrentar hasta la fecha, entre ellos, México. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destaca la importancia de la cooperación internacional para lograr la inmunización contra el COVID-19 del diez por ciento (10%) de la población de cada país para septiembre de dos mil veintiuno, como propuso la ONU desde que se autorizaron las inmunizaciones, el organismo mundial en conjunto con su agencia sanitaria especializada presentó una Estrategia Global de Vacunación, cuya meta es alcanzar al cuarenta por ciento (40%) de las poblaciones nacionales para fin de año y al setenta por ciento (70%) para junio de dos mil veintidós. Es así que, de acuerdo a la información visible en el portal oficial de internet Inició la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Estados Unidos (france24.com), información que representa un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invocado con antelación, según la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.) de título y subtítulo: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." Se destaca que, desde la segunda quincena de diciembre de dos mil veinte, en los Estados Unidos de América comenzaron las labores de vacunación contra el Covid-19, para tres millones de ciudadanos en su primera dosis. Entre tanto, Canadá adelantó la recepción de un lote del antídoto que espera empezar a aplicar por las mismas fechas, esto es, Estados Unidos fue el primer país en esta parte del mundo, junto a Canadá, en recibir lotes de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech. Mientras tanto, en México, como en diversos países de tercer mundo, su aplicación es un tema sumamente complejo, en la medida en que ello depende de distintos factores como su aprobación clínica, la existencia de distintas vacunas seguras y eficaces capaces de responder a la demanda nacional, así como el mecanismo de adquisición implementado. Concretamente, a partir del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en que se adoptaron las medidas mínimas sanitarias para proteger a la población mexicana del COVID- 19, hasta la fecha han ocurrido una serie de eventos que han potencializado el aludido virus, hasta denominarlo como la Tercera Ola de contagio COVID, sin que se tuviera noticia de cuándo se 'aplanaría', esto es, de junio a agosto de dos mil veintiuno, el incremento semanal de casos en menores de edad de esta capital ha aumentado, pues las variantes "Delta", "Omicron" y la falta de vacunación son dos factores de riesgo. Por otra parte, mediante publicación realizada en la página de internet de tres de mazo de dos mil veintidós, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, emitió la sección que contiene en listado de las vacunas que han obtenido autorización para uso de emergencia, de las que se advierten las siguientes: Del anterior cuadro, se observa que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó para uso de emergencia de la vacuna Pfizer- BioNTech a niños de cinco años, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los cinco años de edad, no obstante, hace del conocimiento al País que la vacunación de ese grupo etario, tiene una dosis y una composición diferente al bilógico aprobado para mayores de doce años. En este sentido, del acta de nacimiento que el promovente adjuntó a la demanda de amparo, se observa que la persona menor de edad de iniciales D.G.V. (diez años, cinco meses de edad), se encuentra dentro del rango de edad a que hace referencia la sección que contiene en listado de las vacunas que han obtenido autorización para uso de emergencia, en su caso Pfizer-BioNTech. Corolario a lo anterior debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca del derecho a la protección de la salud tutelado por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que el derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo, es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. En esa tesitura, el derecho a la salud es un derecho inclusivo, que no sólo abarca la atención de salud oportuna u apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso a los servicios de salud que debe proporcionar el Estado. De tal manera que, tomando en cuenta que la aplicación de la vacuna que contrarreste la intensidad del virus SARSCoV2 (COVID-19), es para la persona menor de edad de iniciales D.G.V. en atención a los puntos 9 y 10, capitulo III, de las Reglas de Actuaciones Generales contenidas en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se debe tener en cuenta que el artículo 4º Constitucional, en lo conducente, establece: ".En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." En armonía con lo anterior, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno) dispone, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 24. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: [.] b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; [.] En concordancia con lo anterior, el artículo 50, fracción IX, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dispone lo siguiente: "Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: [.] IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica; Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer Acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes. [.]." Los anteriores normativos son contundentes en privilegiar, por mandato Constitucional, el principio de interés superior del menor en materia de salud, el cual es eje rector en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Acorde con dicho principio, el Gobierno Federal y Estatal están obligados a proteger y salvaguardar primordialmente los derechos de salud de los menores y más en un estado de emergencia sanitaria, como el que se presenta en la actualidad con el virus SARSCoV2 (COVID-19) y aún más en esta Ola de contagio COVID, pues las variantes "Delta", "Omicron" y la falta de vacunación son factores de riesgo, que exponen a la población infantil de nuestro país, lo cual debe ser una prioridad en los planes de política pública contenidos en cualquier ordenamiento legal. En esa circunstancia, si bien, la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México", versión 9.0, de veinticinco de enero de dos mil veintidós, publicada en la página de internet oficial www.coronavirus.gob.mx, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación de las vacunas contra la COVID-19, se advierte -en lo que aquí interesa- que el apartado "PRIORIZACIÓN DE POBLACIÓN A VACUNAR" contempla un apartado relativo a "Personas menores de edad", en el que establece que las personas menores de edad no constituyen un grupo prioritario para la aplicación de la vacuna, lo cierto es que la política pública que implica una decisión que ha asumido el Estado Mexicano, en lo relativo a la vacunación de la población para prevenir y atemperar los efectos de la enfermedad COVID-19, a partir del diseño y ejecución de una estrategia conformada por reglas determinadas, pasos a seguir, así como parámetros y temporalidades que observar, a fin de tutelar el cuidado y preservación de su población frente a la situación de emergencia que se vive a nivel mundial con motivo de la epidemia en comento. Además es conveniente precisar que en términos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna, como lo es el derecho a la salud contenido en el invocado artículo 4º de la Ley Fundamental, lo que implica que la política pública en materia de salud contenida en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México", debe proteger de igual manera a los menores de edad, al encontrarse en igual riesgo que un adulto, de contraer el virus de COVID-19. En tal virtud, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la declaración realizada el catorce de junio del año en curso, por el Subsecretario de Salud, , en el sentido de que a partir del dieciséis de junio del dos mil veintidós, se abriría el registro para vacunar a niñas, niños de cinco años en adelante, con o sin comorbilidades, en todo el País a través del sitio en internet mivacuna.salud.gob.mx. Lo anterior se ha anunciado por distintos medios de comunicación, entre ellos en la página oficial del Ejecutivo del País: donde se observa lo siguiente: Lo cual se corrobora ya que al ingresar en la página oficial de la Secretaría de Salud, al sitio siguiente: Lo anterior demuestra que efectivamente es posible realizar el registro de personas del grupo etario de cinco a once años de edad que deseen vacunarse, desde el dieciséis de junio de dos mil veintidós, por lo que, el día de hoy, ya se encuentra activo un registro para ese grupo de personas menores de edad y posteriormente se irán abriendo las unidades de vacunación en todo el País para que reciban sus dosis. Sobre esa tesitura, si se toma en consideración que la persona menor de edad de iniciales D.G.V., a la fecha tiene la edad de diez años, cinco meses, como ha quedado precisado con anterioridad; es evidente que ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido para el acceso a la vacuna contra Covid-19; lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a las personas menores de cinco a once años de edad, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlo de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo proteger la vida y supervivencia del directo quejoso menor de edad. Por lo que, la parte quejosa deberá realizar los pasos que se establecen en dicha página, a fin de realizar el trámite correspondiente; de igual forma, deberá de estar informada de los comunicados que emitan las autoridades locales de la entidad y municipalidad, así como, de aquellos que emita el Instituto de Seguridad del Estado de México (ISEM) para las fechas y módulos de aplicación de la vacuna BioNtech Pfizer, contra el virus SARS-CoV-2 para la Covid-19, en el municipio que radique, para que le sea aplicada la dosis del biológico que requiere. Con dicho anuncio, se cambia la estrategia de vacunación del Gobierno Federal, pues tal eventualidad permite establecer que, si bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado una conducta negativa (por omisión), y que hasta este momento se infiere, solo se ha aplicado la primera dosis a la persona menor de edad quejosa; lo cierto es que ya se han programado, por parte del Gobierno Federal y la Secretaría de Salud, la aplicación de vacunas en personas menores de edad de cinco años en adelante, lo que implica incluir en la política nacional de vacunación a las niñas y niños de cinco años en adelante, con o sin comorbilidades, en todo el país; sector de la población a la que pertenece la persona menor de edad peticionaria del amparo, lo cual se acredita en términos del acta de nacimiento a su nombre. Por ende, se estima que si bien la omisión reclamada existe, ya han cambiado las circunstancias fácticas imperantes, porque ya se ha incluido a las niñas y niños de cinco años en adelante en el esquema vacunación. Lo que en la especie aconteció al hacerse público desde el dieciséis de junio del año en curso, la apertura del pre-registro para vacunar a los infantes de cinco años en adelante, con o sin comorbilidades, en todo el país a través del sitio en internet mivacuna.salud.gob.mx., lo que se puede corroborar en la página citada. Además, se estima que en este caso también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 del mismo ordenamiento. Tales preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (REFORMADA, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014) VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; (REFORMADA, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y (ADICIONADA, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014) IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. (ADICIONADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014) Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida." De los preceptos transcritos se advierte la procedencia del juicio de amparo indirecto, que es limitada. Por ende, es evidente, que el juicio de amparo indirecto, no es la vía para reclamar omisiones atribuidas a las autoridades que pueden subsanarse a través de otros medios de defensa. Con lo anterior, la persona menor de edad cuenta con una instancia (administrativa) a la que debe acudir previamente a la tramitación del amparo; y, en caso de que ante tal autoridad se niegue su registro a partir de la fecha indicada o se decida no aplicarle la vacuna por una causa subjetiva, estará en aptitud de acudir al amparo. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXII y XXIII, en relación con 107 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, En se deja sin efecto legal alguno la hora y día fijados para la audiencia constitucional; estos es, las diez horas del veintinueve de junio de dos mil veintidós, así como todas las medidas y determinaciones decretadas con motivo de su tramitación. Subsistencia de la obligación de aplicar la vacuna. Con independencia de la anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que mediante interlocutoria de siete de junio del año en curso, se concedió la suspensión definitiva en favor de la persona menor de edad de iniciales D.G.V. a fin de que le aplique la vacuna contra la enfermedad SARS-COV2; y, para el caso de que por cualquier circunstancia no se haya logrado la aplicación de la segunda dosis del mencionado fármaco, la autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de México, se encuentra obligada a continuar con el cumplimiento de la misma.

  4. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se encuentra transcurriendo el término de ley, para que las partes se impongan del contenido de las constancias remitidas por el apoderado de la Delegación Regional Estado del México del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), toda vez que se pusieron a su vista el siete de los cursantes (foja 276).****************************************Diferimiento. Por tanto, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior y no violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de amparo, la audiencia constitucional señalada para celebrarse en este día se difiere y en su lugar se fijan las doce horas del treinta de junio de dos mil veintidós, para su verificativo

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