Elvia Treviño Cruz

Expediente 42/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
42/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
07/02/2017

Partes del expediente

  • Elvia Treviño Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, sin que la promovente interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de veinte de enero de dos mil diecisiete, en el que se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que tal acuerdo CAUSÓ ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. Por último, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA V NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    MESA V SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE VEINTE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE: Visto lo de cuenta, agréguese a estos autos el escrito signado por Elia Treviño Cruz, en el que desahoga el requerimiento que se le hizo en acuerdo de diecisiete de enero del año en curso y aclara la demanda en cuanto a la fecha exacta del auto que constituye el acto reclamado, la relación que guarda lo asentado en la parte final del antecedente número seis y la autoridad ante la cual se tramita el expediente ****; al respecto se provee: DESECHAMIENTO. Analizada la demanda de amparo y anexos, se advierte que el acto reclamado al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, consiste en el auto de trece de enero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio sumario civil sobre alimentos definitivos ****, incoado por la quejosa Elia Treviño Cruz, contra *****, en el que se ordenó girar oficio al representante legal de Petróleos Mexicanos para la reducción de la pensión alimenticia decretada en la sentencia dictada por dicho juez. Ahora, este juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, que literalmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XVIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas...". (.) La causa de improcedencia se actualiza cuando se reclaman resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aún cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Y, en el presente caso, el acto reclamado consistente en el auto de fecha trece de enero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio sumario civil sobre alimentos definitivos ****, incoado por la quejosa Elia Treviño Cruz, contra ****, en el que se ordenó girar oficio a la paraestatal Petróleos Mexicanos para la reducción de la pensión alimenticia decretada en la sentencia dictada por el juez natural, no constituye acto definitivo para los efectos del amparo, en atención a que previamente a su interposición, la promovente, como parte actora en el juicio natural del que derivan los actos que reclama, debió haber agotado el recurso de revocación que establece el artículo 914 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, mediante el cual pudo ser revocado el acto impugnado, pues el indicado numeral literalmente dispone lo siguiente: (.) "ARTICULO 914. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por quien los dictó o por el funcionario que se sustituya en el conocimiento del negocio. También procede la interposición del recurso en segunda instancia contra esas resoluciones, cuando son dictadas en el toca respectivo". Respecto del recurso de revocación, los artículos 914, 915, 916, 917 y 918 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas, destacan los siguientes aspectos: ? Procede contra los autos que no son apelables y los decretos, ya sea en primera instancia, bien en la alzada cuando aquéllas son dictadas en el toca respectivo. ? Conocerá de ellos el funcionario que los dictó o que se sustituya en el conocimiento del negocio. ? Dicho medio de impugnación se puede interponer en el acto de la notificación o a más tardar al día siguiente de haber quedado notificado el recurrente, conteniendo en ambos casos la expresión de los hechos y fundamentos legales procedentes. ? En dicho medio ordinario de defensa, no se concederá dilación probatoria alguna para substanciar la revocación, tomándose en cuenta los documentos al pedirla. ? En los juicios que se tramitan oralmente, la revocación se decide tan luego como sea promovida. ? A excepción del anterior caso, se dará vista a las otras partes por el término de tres días, para que en igual lapso se resuelva sin más trámite. ? La resolución que se dicte no admite recurso. En el caso, este Juzgado de Distrito estima que el auto de trece de enero de dos mil diecisiete, se clasifica en la categoría de los autos con base en el orden legal y en su sentido gramatical, por las razones que a continuación se exponen. El artículo 105 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, dispone que las resoluciones judiciales se clasifican en: I. Decretos, que son simples determinaciones de trámite. II. Autos, si de ellos pueden derivarse cargas o efectos sobre derechos procesales, así como si resuelve un incidente, alguna cuestión previa o punto procesal que implique contradicción entre las partes. III. Sentencias, si deciden el fondo del negocio, e igualmente las dictadas por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia o salas de éste resolviendo la cuestión principal planteada ante él o ellos, aun cuando la misma, en primera instancia, haya tenido el carácter de auto. Por cuanto se refiere al sentido gramatical, el Diccionario de la Lengua Española define el término "auto" de la siguiente manera: "Auto (de acto.) m. Der. Forma de resolución judicial, fundada, que decide cuestiones secundarias, previas o incidentales, para las que no se requiere sentencia" Por tanto, es inconcuso que tomando en consideración los elementos anteriores, resulta jurídicamente válido afirmar que la determinación pronunciada por el Juez responsable el trece de enero de dos mil diecisiete, constituye un auto del que derivan cargas o efectos en los derechos de la aquí quejosa, y, consecuentemente, de acuerdo con el artículo 914 del Código adjetivo Civil del Estado de Tamaulipas, puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin exclusión alguna. De manera que, el auto recurrido no se trata de una sentencia o un incidente los cuales son combatibles a través del recurso de apelación, para que se surtiera la hipótesis de procedencia del juicio de garantías, previamente era menester agotar el recurso de revocación en comento, pues se trata de medio ordinario de impugnación establecido en la legislación procesal civil en comento. Así las cosas, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, por sus características y cualidades no puede ser utilizado por los gobernados de manera caprichosa o aleatoria con el fin de combatir los actos emanados de diversas autoridades; pues, si el ordenamiento legal que regula y donde se hace emanar el acto reclamado, contempla recursos o medios de defensa por los cuales éstos, pueden ser modificados, revocados o nulificados, es obligación del agraviado agotar dichos recursos o medios, para estar en la posibilidad de promover el juicio de garantías, más aun cuando la parte quejosa resulta ser parte dentro del procedimiento natural, calidad que se actualiza en el asunto que nos ocupa... En el caso, este Juzgado estima que se actualiza la causal de improcedencia invocada tomando en consideración que el auto de trece de enero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio dictado en el juicio sumario civil sobre alimentos definitivos ***, incoado por la quejosa Elia Treviño Cruz, contra ****, en el que se ordenó girar oficio para la reducción de la pensión alimenticia decretada en la sentencia dictada por dicho juez, no constituye acto definitivo para los efectos del amparo, toda vez que previamente a su interposición, atento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, la promovente, en su carácter de parte procesal dentro del juicio natural del que deriva el acto combatido, debió haber agotado el recurso de revocación, para obtener, en su caso, la reparación de las violaciones que alega en esta vía, medio de defensa previsto en el artículo 914 del Código Adjetivo Civil del Estado, por lo que al no haberlo hecho la acción constitucional que endereza en el presente juicio de garantías, resulta improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tal virtud, si la promovente estimó ilegal el auto de trece de enero de dos mil diecisiete, ésta se encontraba obligada a agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías mediante el recurso de revocación, a través del cual pudo obtener su invalidación, ya que no se le pude equiparar a una tercera extraña al procedimiento de origen al ser parte demandada y por ende, con tal carácter se integró a la litis. Sólo resta decir que el acto que reclama la promovente, no se ubica dentro del capítulo de excepciones que prevé la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues: ? No son actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. ? No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, ni resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. ? No se trata de persona extraña al procedimiento. Además que la ley que rige el acto que reclama, establece el medio de defensa y recurso ordinario para combatirlos, teniendo así, la posibilidad de obtener la reparación de las violaciones que aduce a través del recurso de revocación el cual debió agotar previamente a solicitar la protección constitucional, atento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, y al no haberlo hecho así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia que se analiza. Sin que en el caso en particular se esté en la excepción que prevé la jurisprudencia 1ª./J. 77/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, tomo 2, Materia Constitucional, Décima Época, de registro 2004677, del rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.", porque en la especie se trata de una acreedora alimentaria que no es menor de edad, porque no lo manifiesta así en la demanda de amparo. En las relacionadas condiciones, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    MESA V NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

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