Elvia Tarapues Canacuan y Otros.
Expediente 974/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 974/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/12/2021
Partes del expediente
- Elvia Tarapues Canacuan y Otros.
Actuaciones
- Principal
Incorpórese al expediente el oficio proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del diverso de nueve de diciembre pasado, por el cual no se aceptó la competencia planteada; asimismo, de dicho comunicado, no se desprende que el citado Órgano Jurisdiccional haya insistido en la competencia planteada; en consecuencia, toda vez que en el presente cuaderno no obran documentos importantes, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido. Por otra parte, respecto al destino de este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de SEIS MESES.
- Principal
Agréguese el oficio signado por la Jueza Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite la vía electrónica la demanda de amparo promovida por ***, misma que fue registrada con el número **, del índice estadístico de ese Órgano Jurisdiccional; lo anterior, ya que por acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintiuno, se declaró legalmente incompetente por razón de materia para conocer del referido juicio; en consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo **. El Juzgado declinante, de manera preliminar, precisó que los actos reclamados son: El Aseguramiento, alojamiento y/o detención La orden o acta de rechazo aéreo dictada en contra de las quejosas. Cualquier orden de deportación, expulsión o retorno. Cualquier orden de deportación, expulsión o retorno. Cualquier orden de incomunicación. La falta de asistencia legal y la negativa a nombrar representante legal, cualquier acto tendiente a impedir el acceso de la quejosa a territorio nacional. Sentado lo anterior, puntualizó que las quejosas fueron retenidas por autoridades migratorias del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, por lo que solicitan representación legal y que dichas autoridades las han tenido incomunicadas y privadas de su libertad en el área conocida como "la Burbuja" en el aeropuerto" y señaló que de conformidad con el artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal deberán conocer entre otros actos, de aquéllos que provengan de cualquier autoridad que afecte la libertad personal del agraviado y que en su caso implique hasta su expulsión del territorio nacional o deportación a su país de origen; lo que a su apreciación acontece. Es decir, señaló que la competencia para conocer la mencionada demanda,, al reclamarse el aseguramiento, alojamiento, detención, deportación, expulsión e incomunicación, se actualizaba en favor de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en razón de que la naturaleza de tales actos debe fijarse en concordancia con la esencia de las consecuencias que pueden producir, como es en el caso, la privación de la libertad de la parte quejosa por su carácter migratorio, con el propósito de que sean deportadas del país. Criterio del juzgado declinante que este Órgano de Control Constitucional no comparte, por las razones siguientes: De una lectura integral y sistemática de la demanda de amparo, se desprende que de manera destacada y preponderante, que protesta de decir verdad, se señaló que las directas quejosas son ser solicitantes de la condición de refugiadas; asimismo que fueron detenidas y/o alojadas al haber "ingresado de manera irregular al país; lo que constituye una infracción de tipo administrativa"; asimismo señalaron " mi posición es legitima al ser un solicitante de la condición de refugiado y encontrarse suspendido el procedimiento migratorio que origina el alojamiento en la estación migratoria". [Lo subrayado es propio]. Sentado lo anterior, contrario a lo señalado por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, no puede tomarse de manera aislada, como parámetro para fincar la competencia, la circunstancia de que las quejosas reclaman el aseguramiento, alojamiento, detención, deportación, expulsión de los recintos establecidos por el Instituto Nacional de Migración. Pues como ya se indicó, de la lectura integral de la demanda de amparo, tales actos no se encuentran verificando, tan esa sí que las quejosas refieren que aseguramiento, alojamiento y detención, derivan de una infracción de tipo administrativa; al haber ingresado de manera irregular al país; y encontrarse suspendido el procedimiento migratorio que origina el alojamiento en la estación migratoria, (todo ello de naturaleza administrativa). [Lo subrayado no es de origen]. Además, de que entre otros, los actos reclamados por la parte quejosa, se encuentran: la falta de asistencia legal y la negativa a nombrar representante legal, en términos del artículo 52 de la Ley de Migración; mismos que también son de naturaleza administrativa. En este contexto, este Órgano de Control Constitucional, no acepta la competencia planteada por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Lo anterior, toda vez que el numeral 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa son competentes para tramitar los juicios de amparo que se promuevan contra las controversias que se generen por la aplicación de leyes federales, cuando se deba resolver acerca de la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento substanciado por autoridades administrativas. Además, es de señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio para dirimir conflictos competenciales por razón de la materia; estableciendo que en aquéllos que se susciten entre distintos órganos jurisdiccionales en virtud de su especialización, debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados. Por todo lo anterior, para establecer la competencia por razón de materia de un juez de Distrito, debe atenderse a la cualidad de la acción, lo que, regularmente, se puede determinar mediante el análisis de los actos reclamados, hechos narrados, pruebas aportadas y preceptos legales en que se apoye la demanda. Para ello, debe tomarse en consideración que una actuación es materialmente administrativa cuando proviene de cualquier órgano del Estado, en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas o por cualquier entidad paraestatal; caracterizándose por su concreción, individualidad y particularidad. Así, resulta evidente que, respecto de los citados actos reclamados, a la luz de las propias manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad, el conocimiento de la demanda de amparo promovida por**, está reservado para un Juez de Distrito en Materia Administrativa. Lo expuesto, en virtud de que todos los actos tendentes a la vigilancia del ingreso, tránsito, estancia o salida de personas extranjeras en este país, como en el caso el acto reclamado, son de naturaleza meramente administrativa, pues tales aspectos son inherentes al control que ejerce la Secretaría de Gobernación, a través de su personal y de las dependencias que la auxilian en la realización de sus funciones, como lo establecen los artículos 1, 3, fracción XVI y 4 de la Ley de Migración, que son del tenor siguiente: "Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales." "Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: (.) XXVI. Secretaría: a la Secretaría de Gobernación; (.)." "Artículo 4. La aplicación de esta Ley corresponde a la Secretaría, para lo cual podrá auxiliarse y coordinarse con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones estén vinculadas con la materia migratoria." Entre las autoridades auxiliares de dicha secretaría, se encuentra el Instituto Nacional de Migración, que ejerce sus funciones con base en lo dispuesto en los ordinales 19 y 20, fracciones II, III, IV y VI, in fine. "Artículo 19. El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría. "Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: (.) II. Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación; III. En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros; IV. Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de extranjeros, en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y en su Reglamento; (.) VI. Llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros; (.)." Cobra aplicación la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE CONOCER A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL RECURSO DE REVISIÓN DERIVADO DE UN JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS EMITIDOS POR AUTORIDADES MIGRATORIAS, REFERIDOS A LA SITUACIÓN DE RESIDENCIA DE UN EXTRANJERO EN EL TERRITORIO NACIONAL. Si en un juicio de amparo se reclaman diversos actos emitidos por autoridades migratorias dependientes de la Secretaría de Gobernación, los cuales contienen medidas inherentes a la situación de residencia en el país de un extranjero, como lo es la negativa a prorrogar su autorización para permanecer en el territorio nacional, así como para modificar las restricciones que se le impusieron cuando entró a éste, con el apercibimiento, indicación o invitación de abandonar el país dentro de un cierto plazo, corresponde a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa conocer del recurso de revisión derivado de dicho juicio de garantías, en virtud de que tal determinación sólo constituye un apercibimiento administrativo que está a cargo del quejoso, que no tiene naturaleza penal sino administrativa, en tanto que no implica la privación de la libertad del quejoso (orden de detención), para ser regresado en contra de su voluntad a su país de origen (deportación); máxime si de las constancias que obran en autos se advierte que no fue ordenada la detención del quejoso para su deportación." (Tesis 1a. CXCIII/2005. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época, materia administrativa, página 714). En este sentido, atento a la naturaleza de la litis constitucional planteada, debe ponderarse en su integridad el líbelo, pues de acuerdo a las disposiciones constitucionales y de la Ley de Amparo, constituye la base del juicio de amparo como una verdadera unidad, y si bien no existe disposición legal que imponga al Juez como obligación estudiar conjuntamente los diversos actos reclamados, así debe hacerlo, so pena de dividir la continencia de la causa en perjuicio de la parte quejosa y de su seguridad jurídica, y contravenir los principios básicos de la acción constitucional. Por tanto, tomando en consideración que, en obvio de mayores repeticiones, de la narrativa de la demanda de amparo se desprende que los actos reclamados derivan de una infracción de tipo administrativa; al haber ingresado de manera irregular al país; y encontrarse suspendido el procedimiento migratorio que origina el alojamiento en la estación migratoria, es dable sostener que le corresponde al Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad, conocer del juicio de amparo promovido por *** Bajo esa óptica, en virtud de que este órgano de control constitucional no acepta la competencia declinada por los motivos expuestos, previa copia que se deje en autos, se ordena devolver las constancias relativas al juicio de amparo **, al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México para que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo, emita pronunciamiento respecto a la competencia que determinó declinar para el conocimiento del asunto, y en términos del numeral 48 del ordenamiento citado, manifieste si insiste o no en declinar el conocimiento del citado expediente.
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