Elvia Segura Jorge
Expediente 1593/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1593/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Elvia Segura Jorge
- Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, siendo las nueve horas con cincuenta y un minutos del tres de marzo de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo 1593/2022-IV, promovido por Elvia Segura Jorge, a través de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez estando en audiencia pública el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido del licenciado Salvador Amador Pacheco, Secretario Proyectista que autoriza y da fe, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia personal de las partes. A CONTINUACIÓN, EL SECRETARIO PROYECTISTA HACE RELACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE: Escrito inicial de demanda y acuerdo en que se ordenó admitir a trámite; constancia de notificación a las autoridades responsables y de emplazamiento al tercero interesado; informes justificados rendidos por las autoridades responsables y autos en que se tuvieron recibido. ACTO SEGUIDO, EL JUEZ ACUERDA: Téngase hecha la anterior relación de constancias de autos, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: El Secretario Proyectista da cuenta con las documentales que adjuntó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda; así como con las constancias que anexó la responsable Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a su informe justificado. EL JUEZ ACUERDA: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de convicción antes referidos, mismos que se desahogan por su propia y especial naturaleza jurídica y que serán tomados en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente; asimismo, se tiene perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas con posterioridad; en consecuencia se cierra la presente etapa. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS: En términos de lo que establece el primer párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo, el Secretario Proyectista da cuenta con los expuestos por el tercero interesado mediante escrito recibido en este órgano de control constitucional el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós; asimismo, hace constar que las demás partes no hicieron uso de este derecho. EL JUEZ ACUERDA: Ténganse expuestos los alegatos de cuenta, tómense en consideración al resolver el presente juicio de amparo; y, toda vez que las demás partes no hicieron uso de ese derecho; en consecuencia, debe tenerse por precluido, por lo que, no habiendo más que agregar, se cierra la presente etapa. Al no haber diligencia pendiente de desahogo, el Juez, da por concluida la audiencia constitucional, y se procede a dictar la sentencia correspondiente. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 1593/2022-IV, promovido por Elvia Segura Jorge, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado vía electrónica, a través de Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado el veintidós del mismo mes y año a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, Elvia Segura Jorge, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, que a continuación se especifica: AUTORIDADES RESPONSABLES: Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. ACTO RECLAMADO: ".A la primara responsable, se reclama: LA OMISIÓN DE ACORDAR SOBRE LA AMPLIACIÓN DE EMBARGO Y LA OMISIÓN A REALIZAR UNA EJECUCIÓN DEL LAUDO DE MANERA INTEGRAL Y EFECTIVA, SIN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A la segunda responsable se reclama: LA NEGATIVA INJUSTIFICADA DE CUMPLIR EL LAUDO, EN LOS TÉRMINOS EN QUE LE FUE REQUERIDA POR LA PRIMERA RESPONSABLE, en clara vinculación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Actos que la parte quejosa considera violatorios de sus derechos contemplados en los artículos 1º, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó registrar la demanda en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 1593/2022-IV, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y se ordenó emplazar al tercero interesado Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero; se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51,/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince; lo anterior en virtud de que los actos que se reclaman le son imputados a las autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Es preciso destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada en esa etapa inicial. En ese sentido, del integral estudio al escrito de demanda de amparo y constancias que integran el presente juicio, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: Del Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Chilpancingo, la omisión de proveer el escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, por la parte actora, aquí quejosa, por el cual solicitó la ampliación de embargo y, derivado de ello, la omisión de realizar una ejecución del laudo de manera integral y efectiva, sin privilegiar la solución del conflicto. Del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, la negativa injustificada de dar cumplimiento al laudo en los términos de que fue requerido. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad el acto reclamado existe, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir el acto combatido resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que el acto reclamado sea cierto y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de texto y rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." El Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado, pues refirió que mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, se acordó el escrito signado por Jesús Montalván Ramírez, apoderado legal de la parte actora, y el cual fue presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en donde se decretó la ampliación del embargo. Sin embargo, ante las manifestaciones antes apuntadas, evidencian la certeza del acto reclamado, toda vez que la parte quejosa, se duele de la falta de respuesta a un escrito diverso al que fue proveído, es decir, al que fue presentado, ante la responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en data de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, y no el diverso presentado el diecinueve de octubre de dos mil veintidós; es decir, al momento de la presentación de la demanda -dieciocho de noviembre de dos mil veintidós- la autoridad responsable no había acordado la primera petición que le fue formulada, sino que fue, hasta la segunda petición reiterada. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por su parte, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en representación del Secretario de Finanzas y Administración, negó el acto que se le atribuye, cuyo pronunciamiento se reserva para resolver lo procedente en el considerando siguiente. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Ahora, respecto del acto reclamado Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y que ha quedado precisado en el segundo considerando de esta sentencia; este órgano jurisdiccional, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, lo cual obliga a sobreseer en el juicio, dispositivo que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, opera la causa de sobreseimiento citada, toda vez que, para que así suceda, se requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. Numeral descrito, que establece la hipótesis de que cuando los efectos del acto que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, entonces el juicio de amparo es improcedente. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad jurídica sustancial, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden, la parte quejosa en esencia se duele que el Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ha sido omiso en acordar no solo su simple escrito de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, sino mas bien, su petición contenida en aquel, que consiste en la ampliación del embargo, y señalar fecha y hora para llevar a cabo, la solicitada ampliación, dentro del expediente laboral de origen 242/2008. Ahora bien, de las constancias enviadas por la autoridad responsable y que fueron anexadas a su informe justificado, a la que se ha concedido valor probatorio se aprecia que el Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintidós, la citada responsable proveyó lo conducente, a la petición de ampliación del embargo, y respecto a la diligencia para su desahogo, que fue solicitada, nuevamente mediante el escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veintidós. En esas condiciones, debe decirse que, si bien el proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, hace referencia a un escrito diverso al que fue exhibido al presente juicio de garantías, no se deber perder de vista que, el contenido de su petición, es igual al que se proveyó en el acuerdo en cita, pues ambos escritos petitorios, constan de lo mismo, tan es así que, este órgano jurisdiccional, podría advertir que el segundo escrito -diecinueve de octubre de dos mil veintidós- (foja 62) es una reiteración de lo solicitado en el primero escrito presentado -veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve- (foja 10). En consecuencia, se considera que, han cesado los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, pues la autoridad responsable, dictó pronunciamiento de lo categóricamente a lo solicitado, es decir, respecto a la ampliación del embargo solicitado, y lo inherente a la diligencia para su ejecución. De ahí que se considere que, en dada práctico llevaría conceder el amparo y protección de la justicia federal, a la parte que quejosa, para que el Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, provea respecto al escrito que le fue presentado el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, pues su petición formulada en dicho libelo, quedó atendida cuando volvió a formular su petición en el diverso escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Por lo anterior, resulta evidente que la autoridad responsable le restituyó al gobernado en el goce del derecho fundamental violado, lo que conlleva a la conclusión de que en el presente caso se surte de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto reclamado de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado a la parte quejosa la protección constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido su esfera jurídica, la autoridad responsable emitió pronunciamiento respecto a su petición de ampliación del embargo en el juicio laboral 242/2008; por tanto, resulta ocioso el estudio del acto reclamado de referencia pues ya no está surtiendo efectos. Cobra aplicación al presente caso el criterio de jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentado por la Segunda Sala, visible en la página doscientos diez, tomo VII, correspondiente a febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del aludido Semanario, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por otro lado, resulta fundada la causa de improcedencia que hizo valer la autoridad responsable Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, consistente en que no le asiste la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo en razón de la igualdad procesal que impera entre las autoridades y la parte quejosa en el contencioso de origen, se explica: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, estatuye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, es decir, para la aplicación de la citada fracción, debe estar vinculada con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Luego, la fracción I del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como para los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el numeral 1º fracción I de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección. Además, el dispositivo 5°, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone que para los efectos de dicha legislación, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos humanos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, por lo que, a contrario sensu, el juicio de amparo es improcedente si los actos reclamados no revisten esas características. En diverso orden, el juicio de amparo constituye un medio de control extraordinario, que se inicia mediante la acción de una persona física, jurídico colectiva e incluso oficial, por sí o en representación de persona diversa, contra leyes o actos de autoridad, ante la posible transgresión de sus derechos fundamentales, estatuidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Tratados Internacionales, suscritos y ratificados por el Estado mexicano, del cual, por razón de competencia, conoce un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, que tiene como objeto la calificación de la constitucionalidad de tales actos o leyes, con la finalidad de la restitución al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales, en atención a los artículos 103 y 107 de la Norma Suprema, así como los principios rectores del procedimiento del amparo, establecidos en la propia ley de la materia. Bien, una autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias, de imperio y coercitivas, que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ciertamente, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que tiene la calidad de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; además, estatuye que los particulares tendrán ese carácter cuando realicen actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así las cosas, en el presente asunto no se está en el supuesto de actos de autoridades o particulares que tenga calidad de autoridad, previsto en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, ya que el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, dentro del procedimiento laboral, así como en la etapa de ejecución, actúa en un plano de igualdad. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 31/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II Materia(s): Común, página 966, que a la letra dice: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona". Así como la diversa I.4o.(I Región) J/1 (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia(s): Laboral, página 1511, del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO BUROCRÁTICO. LA OMISIÓN DE CUMPLIR UN LAUDO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DERIVADO DE UN JUICIO LABORAL EN EL QUE COMPARECIÓ COMO PATRÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. La autoridad que en el juicio laboral en el que figuró como parte, en todo momento actúa en una relación jurídica de coordinación con el actor, esto es, en un plano de igualdad y bilateralidad, incluso durante la etapa de ejecución, pues cuando el Estado, en su calidad de patrón, se niega a acatar el laudo condenatorio dictado en el juicio correspondiente, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado confiere al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 133/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 227, de rubro: "LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN.", por lo que dicha omisión no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo". También robustece lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 133/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, Materia(s): Constitucional, Laboral, página 227, que a la letra dice: "LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fija la garantía a la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatoria dicha garantía. A partir de lo anterior, el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, a cuyo efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. A su vez, conforme al artículo 151 de la ley citada, la primera actuación del procedimiento de ejecución consiste en dictar acuerdo ordenando ésta a través de la presencia de un actuario, en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en el artículo 148, el cual sólo prevé la imposición de multa hasta por $1,000.00. Por otra parte, las fracciones III y IV del artículo 43 del indicado ordenamiento, imponen la obligación a los titulares de reinstalar a los trabajadores y ordenar el pago de los salarios caídos o cubrir la indemnización por separación injustificada y pagar las prestaciones correspondientes cuando fueron condenados por laudo ejecutoriado, mientras que el artículo 147 prevé que el mencionado Tribunal podrá solicitar el auxilio de las autoridades civiles y militares para hacer cumplir sus resoluciones. En consecuencia, si bien la imposición de una multa es la única medida de apremio expresamente establecida por la Ley Burocrática, no puede desconocerse que el referido artículo 150 ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual la ley pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza, por lo que el análisis integral de todas estas disposiciones permite considerar que el indicado Tribunal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y no solamente con la multa". En ese orden, se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la legislación de la materia, dado que no reviste la calidad de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo la omisión atribuida al citado órgano administrativo consistente en cumplir el laudo, en el expediente 242/2008, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Por las razones anotadas, al resultar operante la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 62, 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, SE IMPONE SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. De esta suerte, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el impetrante de amparo respecto de los actos en comento, tal como lo establece la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, en la publicación a que se refieren los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. La anterior circunstancia se hizo del conocimiento de las partes mediante auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, como se constata de la foja 16 de actuaciones. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61 fracción XXI, 63 fracción V, y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por Elvia Segura Jorge, a través de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez respecto de los actos especificados en el considerando primero de esta resolución, atribuidos al Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, y al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, por los motivos expuestos en el considerando CUARTO de esta sentencia. SEGUNDO. Queda hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y que solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial Notifíquese a todas las partes, por lista en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, por tratarse de una sentencia dictada en audiencia constitucional, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", y anótese en el libro de registro. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido del licenciado Salvador Amador Pacheco, Secretario Proyectista que autoriza y da fe, quien queda facultado para firmar los oficios correspondientes; asimismo, certifica que esta resolución se autorizó vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante. Doy Fe
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Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en representación del Secretario de Finanzas esta entidad federativa, con residencia en esta ciudad; con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, ténganse rendido su informe justificado; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ténganse designados como delegados a los profesionistas que al efecto señala, en términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis publicada en la página 398, tomo III, segunda parte 1, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo título dice: "INFORME JUSTIFICADO. DEBE DARSE VISTA A LAS PARTES CON SU CONTENIDO, A FIN DE QUE PREPAREN LAS PRUEBAS QUE LO DESVIRTÚEN". Para dar margen a que las partes tengan conocimiento del contenido del informe con justificación que rindió la autoridad responsable de referencia, con la anticipación de ocho días a que se refiere el numeral 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día se difiere, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Por otra parte, se ordena la notificación del presente proveído a la autoridad responsable y tercero interesado por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un trámite de menor trascendencia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, Décima Época, con registro digital 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."
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Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el escrito y anexo que acompaña, signado por ******************** en su carácter de ********************personalidad que acredita al tenor de la copia certificada que acompaña. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene apersonándose al presente juicio; asimismo, señalando domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado en el oficial ********************, en términos del artículo 26, fracción II, de la ley en cita. Asimismo, se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************quienes cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Juzgados y Tribunales Federales, y únicamente para oír y recibir todo tipo de citas y notificaciones, así como para el uso de cámaras fotográficas, celulares, scanner, lectores laser portátiles o cualquier otro medio electrónico útiles para copias acuerdos, resoluciones o constancias, a ******************** por no reunir el anterior requisito y así solicitarlo expresamente. Del mismo modo, con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, ténganse formuladas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en los artículos 77, 79 y 93, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se autoriza a los usuarios ********************corresponden a ********************, el seguimiento del presente juicio vía electrónica, que incluye, la consulta y presentación de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, así como para recibir notificaciones a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. En atención a ello, se instruye a la oficial judicial encargada del "Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0)", a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tales efectos. Además, se instruye al actuario de la adscripción realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas" En ese mismo tenor, se le tiene señalando el correo electrónico ********************, así como los números telefónicos ********************, únicamente para contacto no procesal, lo que se hace del conocimiento del fedatario adscrito a este juzgado al que le corresponda conocer del presente asunto. Lo anterior, toda vez que en líneas precedentes se le tuvo designado para oír y recibir notificaciones el domicilio procesal a que hizo referencia, así como a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Además, porque si bien, con antelación resultaba procedente notificar a las partes mediante dichos medios electrónicos (correo electrónico y teléfono), también lo es que, ello, acontecía debido a que nos encontrábamos inmersos en la pandemia por Covid-19, razón por la que se emitieron diversos acuerdos generales, a efecto de salvaguardar la salud tanto de los justiciables como de los funcionarios de los diversos órganos jurisdiccionales; sin embargo, una vez controlada dicha pandemia, los mismos fueron abrogados mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, en los que, además, se derogaron diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo sistema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Así también, cabe aclarar que por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley, ante ello, dicho quejoso deberá dar aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional para que se tomen las medidas correspondientes.
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SE ADMITE LA DEMANDA DE GARANTIAS SIN INCIDENTE DE SUSPENSION... PIDANSE INFORMES JUSTIFICADOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES... SE FIJAN LAS NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SE APERCIBE AL QUEJOSO QUE SI LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NO EXISTEN CON LA DENOMINACION QUE INDICA, SE TENDRAN POR INEXISTENTES... SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE LA SENTENCIA QUE SE DICTE ES PUBLICA, QUE LES ASISTE EL DERECHO DE OPONERSE A LA PUBLICACION DE SUS DATOS.
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