Elvia Segura Jorge

Expediente 425/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
425/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
14/07/2017

Partes del expediente

  • Elvia Segura Jorge
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el veintidós de junio de dos mil diecisiete; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, lo procedente es emitir pronunciamiento respecto a la firmeza de la misma. Previo a declarar ejecutoriada la sentencia de mérito, es preciso atender a lo solicitado por el apoderado legal de la directa quejosa Elvia Segura Jorge, respecto de la aclaración de sentencia; en ese tenor, no ha lugar emitir pronunciamiento aclaratorio alguno, dado que la parte impetrante refiere que la sentencia emitida resulta incongruente dado que en el cuerpo de la misma se concede el amparo y protección y en el resolutivo solo se refiere a sobreseer el asunto; ello en razón de que erróneamente la parte quejosa considera incongruente la sentencia dictada en el presente juicio, pues de la simple lectura de la resolución se aprecia que en el considerando cuarto de la misma, se citaron como hechos notorios datos de un diverso juicio de amparo en específico del juicio 1111/2016, del índice de este juzgado séptimo, para lo cual de fojas once a la veintiuna de la sentencia que resuelve este juicio, se asentó transcripción del considerando sexto de la sentencia emitida en aquél juicio de amparo. En ese orden, la parte de la aludida sentencia y que el promovente refiere como incongruente se refiere a datos de un diverso juicio de amparo que fueron citados a fin de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia por la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo, de ahí que no sea procedente emitir aclaración respecto al contenido o sentido en que se emitió el fallo en este asunto. Por tanto, se declara que dicha resolución que sobreseyó el juicio, ha causado ejecutoria. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la citada ley archívese el mismo.

  2. Principal

    Visto el escrito signado por ....autorizado de la quejosa Elvia Segura Jorge, mediante el cual solicita se aclare la sentencia dictada en el presente juicio; dígase al promovente, que en términos del artículo 74, último párrafo de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria la sentencia, esta juzgadora estará en condiciones de determinar si existe error o defecto material en la misma.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y turnado ese mismo día a este Juzgado Séptimo, Elvia Segura Jorge, por conducto de su apoderado legal Fausto Tavira Solís, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, que a continuación se especifica: AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Chilpancingo, Guerrero. ACTO RECLAMADO "LA OMISIÓN DE CONCLUIR Y RESOLVER EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN ORDENADA EN EL LAUDO, como parte de la ejecución del laudo de fecha 18 de noviembre de 2015, violando en consecuencia el derecho del quejoso a recibir la impartición de Justicia Pronta y Expedita como lo mandata el artículo 17 Constitucional, incurriendo con ello en RETRASO e INACTIVIDAD PROCESAL, en mi agravio, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Acto que la impetrante del amparo estimó violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 123 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante proveído de veinte de abril de dos mil diecisiete, se ordenó registrar en el libro de gobierno como juicio de amparo indirecto 425/2017-III y se admitió a trámite la referida demanda; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; posteriormente, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince; lo anterior en virtud de que el acto que se reclama le es imputado a una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Es preciso destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando desde luego los anexos y la información allegada en esa etapa inicial. De ahí que, del análisis del presente sumario se aprecia que el acto del que se duele la impetrante del amparo es el siguiente: La dilación procesal, por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al omitir continuar con la prosecución del incidente de liquidación, fijar fecha y resolver el incidente de liquidación ordenado en el juicio laboral 435/2012. TERCERO. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad el acto reclamado existe, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir el acto combatido resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que el acto reclamado sea cierto y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de texto y rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." CUARTO. Una vez acreditada la existencia del acto reclamado, lo conducente es analizar si en el presente caso existe alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En el caso, respecto del acto de autoridad apuntado, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIX del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor, que a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior (.)." Causa de improcedencia que se sostiene, por lo siguiente: De la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, la omisión de concluir y resolver el incidente de liquidación ordenada en el laudo, dictado en el juicio laboral 435/2012. Por otra parte, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se observa que ante este propio Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, se radicó el diverso expediente de amparo 1111/2016, cuya demanda fue presentada por Elvia Segura Jorge, por conducto de su apoderado legal, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, dentro del expediente laboral D.O. 435/2012, en específico se dolió de lo siguiente: ". la negativa a resolver el incidente de liquidación ordenada en el laudo." En mérito de lo anterior, en este acto trae a la vista el mencionado expediente de amparo, del que se advierte que en él obra la sentencia dictada en esta data, en la cual, le fue concedido a la parte quejosa, el amparo y protección de la justicia federal; juicio que es susceptible de invocarse como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, en la jurisprudencia 12, visible en la página 295, enero de 1997, del tomo V, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia número VI.1o.P.J/25, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1199, marzo de 2002, del tomo XV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Ahora bien, de la lectura de la sentencia de esta misma fecha, dictada por este Juzgado en el señalado juicio de amparo 1111/2016, de la que se ordena glosar copia simple, se advierte que la quejosa Elvia Segura Jorge, por conducto de su apoderado legal Fausto Tavira Solís, promovió ese juicio de amparo, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en la que reclamó entre otras cosas la negativa de resolver el incidente de liquidación ordenada en el laudo dictado en el juicio natural 435/2012. Por lo que, una vez integrado el citado expediente y celebrada la audiencia constitucional, se dictó la sentencia correspondiente, de cuyo análisis se advierte que se resolvió de la siguiente manera: ". SEXTO. Estudio en cuanto al fondo. La parte quejosa se duele de la inactividad procesal en que incurre la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al no dictar la resolución interlocutoria del incidente de liquidación ordenado en el laudo de fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, dentro del juicio laboral 435/2012, transgrediendo con ello la garantía de expedita y eficaz administración de justicia, consagrada en el párrafo segundo del artículo 17 Constitucional. El motivo de inconformidad resulta fundado, en mérito de lo siguiente: Del examen de las constancias allegadas por la autoridad responsable a este juicio constitucional, concretamente, de la resolución interlocutoria de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, pronunciada en el incidente de nulidad de notificaciones (fojas 72 a 76 de autos); escritos de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis y diecisiete de abril de dos mil diecisiete, signados por el apoderado legal de la parte actora y esta última; respectivamente, en los que solicitan se señale hora y fecha para que tenga verificativo la audiencia incidental de liquidación (fojas 79 y 92 de autos); así como los acuerdos de veintiséis de abril y diecisiete de mayo, ambos del año en curso (fojas 93 y 96 de autos); se constató, que la Junta responsable señaló como hora y fecha para llevar a cabo la audiencia incidental de liquidación, las trece horas con treinta minutos del veinticuatro de mayo del presente año. Documentales las cuales merecen pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de ésta última. Sin que a la fecha exista alguna constancia que acredite que se haya llevado a cabo en principio la audiencia incidental de liquidación y como consecuencia inmediata la determinación correspondiente, máxime que la pretensión fundamental del solicitante de amparo, precisamente es que la autoridad responsable resuelva el incidente de liquidación que fue ordenado desde el momento que se resolvió el expediente laboral, esto es, al haberse dictado el laudo correspondiente, vulnerando con su actuar lo establecido en el segundo párrafo del precepto 17 Constitucional, que establece: "Artículo 17 (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Ahora bien, del análisis del citado precepto constitucional se advierte lo siguiente: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. En efecto, el precepto en análisis pertenece a la especie de las garantías de seguridad jurídica, que en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Tiene aplicación la jurisprudencia 2ª 192/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 209, Tomo XXXVI, Octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro y tenor: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". De lo anterior se deduce que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Esta garantía se ve pormenorizada en los términos que establece la ley aplicable al caso para cada acto procesal en concreto. En este contexto conviene destacar lo que al respecto señalan los artículos 761, 762, 763 y 843 de la Ley Federal del Trabajo, que disponen: "Artículo 761. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley. Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas. Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes. Artículo 843. En los laudos, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución. Sólo por excepción podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación." (Lo subrayado es propio). Lo sostenido en párrafos precedentes, permite establecer que la Junta responsable inmediatamente después de celebrada la audiencia que tuvo verificativo el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, tuvo que haber resuelto de plano el incidente de liquidación, ello en atención, a que desde la resolución interlocutoria del incidente de nulidad de notificaciones, se advierte que la parte demandada, ya se encontraba impulsando el procedimiento para llevar a cabo la audiencia incidental de liquidación, pues de la parte que interesa se desprende lo siguiente: ".ello en virtud de que el apoderado legal de la parte demandada antes mencionada, realizó promoción de fecha veintidós de abril del año en curso, siendo recibida por esta autoridad en esa misma fecha, según sello de recibido que obra agregado a los autos del expediente en que se actúa a foja 682, en el cual vierte manifestaciones relativas al incidente de liquidación ordenado mediante el auto de fecha treinta y uno de marzo del presente año.además no debe de pasar inadvertido el hecho de que la propia demandada en el mismo ocurso de fecha veintidós de abril de este año, ofrece pruebas en su favor para cuantificar las prestaciones a que fue condenada la propia demandada tal como reza en el tercer párrafo del escrito que se describe." (Foja 74 vuelta de autos). Además, de los escritos presentados por el apoderado legal de la impetrante y de la quejosa, se advierte la insistencia de llevar a cabo la audiencia referida, misma que fue señalada por la responsable para las trece horas con treinta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, sin que a la fecha en que se resuelve el presente juicio, se tenga conocimiento de que efectivamente se haya celebrado y por consiguiente, resuelto el incidente de liquidación reclamado, reiterándose que precisamente lo que motivó el presente cuaderno de amparo, fue la omisión de la responsable en resolver tal incidente, ordenado en el laudo de fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince. En consecuencia, sí al día de hoy, ha transcurrido más de cinco meses, sin que la Junta laboral responsable haya celebrado la audiencia incidental de liquidación ni dictado la resolución interlocutoria de liquidación dentro del expediente laboral 435/2012, omisión que, evidentemente se traduce en una violación de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que engloba el precepto 17 Constitucional, en perjuicio de la impetrante de garantías, al inobservar la responsable lo que al respecto establecen los artículos 763 y 843 de la Ley Federal del Trabajo; lo que indudablemente afecta los intereses de la quejosa, pues la responsable no ha respetado los plazos y términos que establece la ley de la materia, para que de manera pronta y expedita, administre justicia a la impetrante de garantías de referencia. Apoya a los razonamientos expresados en parágrafos que anteceden, la Jurisprudencia P./J. 113/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Novena Época, página cinco, con registro digital 188804, del rubro y texto siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". Por lo tanto, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la justicia federal solicitado por la parte quejosa. SÉPTIMO. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe precisarse que en virtud de lo relatado en el considerando que antecede, procede conceder la protección federal solicitada, contra el acto reclamado a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad capital, para el efecto de que la autoridad responsable actué de la forma siguiente: En caso de haber efectuado la audiencia señalada para el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, resuelva de plano el incidente de liquidación que le fue plantado, y que se encuentra ordenado en el laudo de dieciocho de noviembre de dos mil quince. En caso contrario, esto es, si no fue posible llevar a cabo la audiencia referida en la hora y fecha indicada, atendiendo al artículo 763 último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, deberá señalar nueva fecha para su desahogo, que no exceda de un término prudente (diez días) para oír a las partes y posteriormente resolver de plano el incidente de liquidación. Notifique a las partes la determinación correspondiente. ." De lo anterior se obtiene que el acto que se le reclama a la junta responsable, consistente en la omisión y/o negativa de resolver el incidente de liquidación ordenada en el laudo dictado en el juicio natural 435/2012, no puede ser analizado de nueva cuenta en este juicio de amparo, pues se insiste, ya fue examinado en el diverso juicio de amparo 1111/2016, de la estadística de este propio Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. Además, la causa de improcedencia que se sostiene en este juicio de amparo, tiene como finalidad evitar que se tramiten tantos juicios como lo estime necesario la parte quejosa, contra el mismo acto reclamado, pues esto podría dar lugar a sentencias contradictorias. Esto es así, debido a que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, y de acuerdo a esta naturaleza, sería ilógico otorgar al quejoso la oportunidad de tramitar tantos juicios como oportunidades de nulificar el acto se estimen necesarias. Por lo que, si la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto ya ha sido resuelta, negando, concediendo o incluso sobreseyendo en el juicio, la controversia no debe plantearse nuevamente, pues ello abriría la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias y permitiría la proliferación superflua de juicios de amparo, además de que cabría el supuesto de que la cosa juzgada fuera obsoleta, ocasionando con ello inseguridad jurídica en los gobernados, pues se violentaría la firmeza que en toda resolución debe existir, en razón de la cosa juzgada. Por consiguiente, resulta improcedente analizar nuevamente la constitucionalidad del acto reclamado a la junta responsable en el presente asunto, pues ha quedado evidenciado éste ya fue analizado en un diverso juicio de amparo, promovido por la misma quejosa en contra de la misma autoridad responsable y por el propio acto reclamado; situación que pone de manifiesto la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, en concordancia con lo establecido en la diversa fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues se insiste, la finalidad de esta causa de sobreseimiento, es evitar, precisamente, que se puedan pronunciar sentencias contradictorias y la promoción de nuevos juicios de amparo enderezados con idéntica finalidad. La presente determinación tiene sustento, por identidad de razón jurídica, en la tesis número: I.6o.C.45 K, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo IX, abril de 1999, en la página 551, consultable en la Red Jurídica Nacional con número de registro 194174, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LA MATERIA. Una recta interpretación del artículo 73, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales al expresar los vocablos: "materia de una ejecutoria", debe entenderse que la ley se refiere a las sentencias lato sensu, que emiten los órganos jurisdiccionales de amparo, sin importar el sentido de las mismas, pues de la lectura de dicho precepto, no se infiere que el legislador hubiese hecho distinción alguna, por lo que tiene aplicación el aforismo jurídico que establece que cuando el legislador no distingue, el juzgador no puede distinguir." Por todo lo anteriormente expuesto, es patente que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, en concordancia con lo establecido en la diversa fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en relación a los actos que se le reclaman a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del diverso 63 de la legislación en cita. De esta suerte, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la impetrante de amparo tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 239006 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. Orden de publicación. En otro orden, atento a que la inclusión del nombre y datos personales de las partes, en la publicación a que se refieren los artículos 1, 3, 4, 9 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. La anterior circunstancia se hizo del conocimiento de las partes mediante auto de veinte de abril de dos mil diecisiete, mismo que fue notificado por lista de acuerdos el veintiuno siguiente, como se constata de la foja dieciséis vuelta de actuaciones. Por tanto, se tiene a la parte quejosa implícitamente conforme con que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de la sentencia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 Constitucionales, y a lo establecido en los numerales 61, fracciones X y XI, 63, fracción V, 74, y 77, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Elvia Segura Jorge por su propio derecho, contra el acto y autoridad señalados en el resultando primero y por las razones precisadas en el punto considerativo cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Se tiene a la parte quejosa de mérito implícitamente conforme con que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de la presente determinación, en términos del último considerando. Notifíquese en términos de ley; dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE y anótese en el libro de registro.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que aún está transcurriendo el término de la vista que se dio a las partes en proveído de veintitrés de mayo del año en curso, con el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad. A fin de dar margen a que la partes tengan conocimiento del contenido del informe con justificación que rindió la autoridad responsable, con la anticipación de ocho días a que se refiere el numeral 117, párrafo segundo de la Ley de amparo, la celebración de la audiencia señalada para este día se difiere, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. Por otra parte, visto el escrito presentado por el apoderado legal de la parte tercero interesada, Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, Organismo Público Descentralizado, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5º, de la Ley de Amparo, téngase por apersonándose al presente juicio, por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Juárez número 4, Colonia Centro de esta ciudad capital. Asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase al promovente por formulando alegatos, sin perjuicio de ser relacionados en la audiencia constitucional. Finalmente, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución de las documentales que refiere y que exhibió en su ocurso de cuenta, previa razón de su recibo correspondiente, dejando en su lugar copias de las mismas.

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