Elvia Segura Jorge

Expediente 542/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
542/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Elvia Segura Jorge

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, catorce de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo ha quedado firme. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se dictó un proveído que sin decidirlo en lo principal, concluyó el presente juicio. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Elvia Segura Jorge, por propio derecho, quien promueve contra actos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 542/2022 y fórmese expediente. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esta etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que Elvia Segura Jorge, por propio derecho, reclama la orden verbal de traslado de su centro de trabajo. Sentado lo anterior, a criterio de este órgano de control constitucional, se surte la causa de improcedencia a que se refiere el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1 fracción I y 5 fracción II, de la Ley de la materia, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" De la interpretación sistemática de los dispositivos transcritos, se desprende que la ley de amparo modificó el concepto tradicional de autoridad responsable, dado que se aleja de la naturaleza formal del emisor del acto, para atender a su unilateralidad, a fin de incluir a los particulares como autoridades responsables cuando éstos dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dicha situación jurídica y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, entendida ésta como aquella que es impersonal y abstracta, pero además, que deriven de una disposición jurídica de orden público y que, por ello, constituyan una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. Por tanto, si el ente a quien la parte quejosa atribuye violación a sus derechos no le reviste tal carácter, el juicio de amparo deviene improcedente. En el caso concreto, la quejosa reclama la orden verbal de traslado de su centro de trabajo y la ejecución de la misma. Así, de lo expuesto bajo protesta de decir verdad por la quejosa en su demanda de amparo, se advierte que la peticionaria es trabajadora de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y que actualmente ocupa el cargo de Jefe de Departamento de Articulación de Programas, adscrita física y laboralmente a la Delegación Federal del Trabajo en el Estado de Guerrero, hoy Oficina de Representación Federal del Trabajo en Guerrero Zona Centro. Lo que revela la existencia de una relación laboral entre la aquí quejosa y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En efecto, de la confrontación que se realiza de las manifestaciones de la peticionaria, no se evidencia que la orden verbal de traslado de su centro de trabajo, se deba a una orden unilateral de dicha dependencia de privarlo del ejercicio de su función pública, sino por el contrario, se colige que existe un conflicto de naturaleza laboral. De lo anterior, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1 fracción I y 5 fracciones II, de la Ley de Amparo, dado la orden verbal de traslado de su centro de trabajo, no constituye un acto de autoridad para efectos de amparo, ya que se trata de un acto que deviene de una relación meramente laboral. Toda vez que de los mencionados preceptos se advierte que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y que es autoridad, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De ahí que, el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. Por lo cual, a contrario sensu, cuando se reclame un acto atribuido a una que no es considerada como tal para efectos del juicio constitucional, éste es improcedente. Ello es así, porque si bien el juicio de amparo constituye un medio de control de la constitucionalidad de los actos del poder público, que se inicia y prosigue siempre a instancia de los gobernados con el propósito de verificar su apego a la Constitución Federal; también lo es, que a través de dicho proceso constitucional, se pueden reclamar actos u omisiones que provengan de autoridad. Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máxima intérprete de la ley, a través de diversos criterios, ha definido lo que debe entenderse por autoridad para los efectos del juicio constitucional, estableciendo sus características o notas distintivas. En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, que se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, con número de registro 161133, fijó las notas distintivas de las autoridades para efectos del amparo. Dicho criterio es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Respecto a la primera nota distintiva que refiere la citada jurisprudencia, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Lo anterior permite establecer que, en el caso, el acto que la quejosa hace consistir en la orden verbal de traslado de su centro de trabajo, no es un acto de autoridad para los efectos del amparo, pues se insiste entre éste y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, existe una relación laboral, en tanto le presta sus servicios como trabajadora. Luego, el acto reclamado en este asunto, no puede ser motivo de estudio en el juicio de amparo, atento a que proviene de una relación obrero-patronal que los vincula, regida por ordenamientos propios de esa materia, siendo claro que en ese supuesto la posición de la quejosa frente a la autoridad mencionada, no es la de un gobernado, por derivarse del desempeño de las labores que presta. De ahí que, este órgano jurisdiccional considera que el acto impugnado no se emitió por una autoridad para los efectos del amparo, por lo que es indudable se actualiza la causa de improcedencia a que refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos normativos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso 113 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de amparo, por considerar que no constituye un acto de autoridad el acto reclamado para los efectos del amparo. No es obstáculo a las consideraciones anteriores, la jurisprudencia 2ª./J.54/2012 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, página 929, con número de registro 2001071, de rubro y texto siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos. Esto, dado que sí se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; es decir, en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, que no quepa duda alguna de que se actualiza la misma. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como su domicilio procesal el que indica en el escrito que se provee; y, como su autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ***, toda vez que no cuenta con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado José Francisco Herrera García, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho, por licencia concedida al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Elvia Segura Jorge, por propio derecho, quien promueve contra actos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 542/2022 y fórmese expediente. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esta etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que Elvia Segura Jorge, por propio derecho, reclama la orden verbal de traslado de su centro de trabajo. Sentado lo anterior, a criterio de este órgano de control constitucional, se surte la causa de improcedencia a que se refiere el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1 fracción I y 5 fracción II, de la Ley de la materia, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" De la interpretación sistemática de los dispositivos transcritos, se desprende que la ley de amparo modificó el concepto tradicional de autoridad responsable, dado que se aleja de la naturaleza formal del emisor del acto, para atender a su unilateralidad, a fin de incluir a los particulares como autoridades responsables cuando éstos dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dicha situación jurídica y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, entendida ésta como aquella que es impersonal y abstracta, pero además, que deriven de una disposición jurídica de orden público y que, por ello, constituyan una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. Por tanto, si el ente a quien la parte quejosa atribuye violación a sus derechos no le reviste tal carácter, el juicio de amparo deviene improcedente. En el caso concreto, la quejosa reclama la orden verbal de traslado de su centro de trabajo y la ejecución de la misma. Así, de lo expuesto bajo protesta de decir verdad por la quejosa en su demanda de amparo, se advierte que la peticionaria es trabajadora de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y que actualmente ocupa el cargo de Jefe de Departamento de Articulación de Programas, adscrita física y laboralmente a la Delegación Federal del Trabajo en el Estado de Guerrero, hoy Oficina de Representación Federal del Trabajo en Guerrero Zona Centro. Lo que revela la existencia de una relación laboral entre la aquí quejosa y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En efecto, de la confrontación que se realiza de las manifestaciones de la peticionaria, no se evidencia que la orden verbal de traslado de su centro de trabajo, se deba a una orden unilateral de dicha dependencia de privarlo del ejercicio de su función pública, sino por el contrario, se colige que existe un conflicto de naturaleza laboral. De lo anterior, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1 fracción I y 5 fracciones II, de la Ley de Amparo, dado la orden verbal de traslado de su centro de trabajo, no constituye un acto de autoridad para efectos de amparo, ya que se trata de un acto que deviene de una relación meramente laboral. Toda vez que de los mencionados preceptos se advierte que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y que es autoridad, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De ahí que, el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. Por lo cual, a contrario sensu, cuando se reclame un acto atribuido a una que no es considerada como tal para efectos del juicio constitucional, éste es improcedente. Ello es así, porque si bien el juicio de amparo constituye un medio de control de la constitucionalidad de los actos del poder público, que se inicia y prosigue siempre a instancia de los gobernados con el propósito de verificar su apego a la Constitución Federal; también lo es, que a través de dicho proceso constitucional, se pueden reclamar actos u omisiones que provengan de autoridad. Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máxima intérprete de la ley, a través de diversos criterios, ha definido lo que debe entenderse por autoridad para los efectos del juicio constitucional, estableciendo sus características o notas distintivas. En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, que se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, con número de registro 161133, fijó las notas distintivas de las autoridades para efectos del amparo. Dicho criterio es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Respecto a la primera nota distintiva que refiere la citada jurisprudencia, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Lo anterior permite establecer que, en el caso, el acto que la quejosa hace consistir en la orden verbal de traslado de su centro de trabajo, no es un acto de autoridad para los efectos del amparo, pues se insiste entre éste y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, existe una relación laboral, en tanto le presta sus servicios como trabajadora. Luego, el acto reclamado en este asunto, no puede ser motivo de estudio en el juicio de amparo, atento a que proviene de una relación obrero-patronal que los vincula, regida por ordenamientos propios de esa materia, siendo claro que en ese supuesto la posición de la quejosa frente a la autoridad mencionada, no es la de un gobernado, por derivarse del desempeño de las labores que presta. De ahí que, este órgano jurisdiccional considera que el acto impugnado no se emitió por una autoridad para los efectos del amparo, por lo que es indudable se actualiza la causa de improcedencia a que refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos normativos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso 113 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de amparo, por considerar que no constituye un acto de autoridad el acto reclamado para los efectos del amparo. No es obstáculo a las consideraciones anteriores, la jurisprudencia 2ª./J.54/2012 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, página 929, con número de registro 2001071, de rubro y texto siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos. Esto, dado que sí se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; es decir, en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, que no quepa duda alguna de que se actualiza la misma. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como su domicilio procesal el que indica en el escrito que se provee; y, como su autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ***, toda vez que no cuenta con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado José Francisco Herrera García, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho, por licencia concedida al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

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