Elvia Rivera Becerra
Expediente 52/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/02/2019
Partes del expediente
- Elvia Rivera Becerra
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por el delegado de las autoridades señaladas como responsables denominadas Tesorero Municipal y Jefe de Catastro Municipal, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de cumplir con la sentencia de amparo; en consecuencia, con fundamento en el arábigo 193 de la Ley de la materia, agréguese a sus autos el oficio y anexos de cuenta y téngase por hechas las manifestaciones que refieren las citadas autoridades responsables, en vías de cumplimiento a la sentencia emitida en autos. Ahora bien, toda vez que es necesario que las responsables den total cumplimiento al fallo protector, deberán realizar lo siguiente: 1.- Acreditar que se efectuó la desincorporación de la esfera jurídica de la parte quejosa de los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley de Ingresos del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y por ende, que dejó sin efecto los actos de ejecución relativos a la determinación del impuesto predial en que se aplicaron los citados preceptos legales. En razón de lo anterior, conforme a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las responsables en mención, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, de cabal cumplimiento al fallo protector; es decir, acrediten que dentro de sus archivos activos que se pueden consultar vía internet no existe un adeudo de impuesto predial correspondiente a la cuenta R000172, con clave catastral C58-B3-6801, como lo indicó el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en la ejecutoria de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del recurso de inconformidad 140/2017; luego en atención a las manifestaciones que realizan, se les aclara que si bien la información de internet no es la misma que se encuentra plasmada en sus archivos, deberá eliminar el adeudo del sitio de internet existente o bien realizar dentro del mismo una aclaración. Apercibidas las autoridades responsables, que de no dar cumplimiento sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá a cada una de ellas una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del "Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo", mismo que entró en vigor el catorce de abril de dos mil dieciséis. Se les hace del conocimiento a las responsables, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada.
- Principal
Tepic, Nayarit, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su delegada Karla Marvelly Gudiño Dena (fojas 127 y 128), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de nueve de enero de la presente anualidad (foja 129), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "**." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el nueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 72 a la 90), se determinó conceder a la quejosa Carlos Leonardo Camberos Murillo, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "**", junto con los diversos conceptos de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público número dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, del protocolo a cargo del Notario Público Número Veintiocho, el licenciado Marco Antonio Carrillo Rincón, con residencia en Xalisco, Nayarit (fojas 39 a 49), que se pagó el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A). Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinal 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y B). Devolver la cantidad de $13,803.12 (trece mil ochocientos tres pesos 12/100 moneda nacional), restándole la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el cobro de cuota fija mínima; asimismo, el referido monto debía ser actualizado. Luego, a través del oficio DJC/17/2019 de siete de enero de la presente anualidad, presentado en la oficialía de partes de este juzgado, el ocho de enero siguiente (fojas 127 y 128), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada Karla Marvelly Gudiño Dena, informó que el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, realizó una transferencia bancaria a favor de la parte quejosa valiosa por la cantidad de $13,730.35 (trece mil setecientos treinta pesos 35/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que la citada autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el cobro de cuota fija mínima. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de $** (trece mil quinientos veintitrés pesos 12/100 moneda nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho y el veintiséis de diciembre del año pasado, se realizó la transferencia a favor de la parte quejosa, por la cual la autoridad responsable citada pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio de dos mil dieciocho a noviembre de ese año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de julio del año pasado entre el índice para el mes de noviembre de esa anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil dieciocho fue de 99.909; y para el mes de noviembre de la presente anualidad fue de 102.303. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: ** En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $** (trece mil ochocientos cuarenta y siete pesos 15/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $** (trescientos veinticuatro pesos 03/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, la responsable devolvió al quejoso la cantidad $13,730.35 (trece mil setecientos treinta pesos 35/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su actualización y, por otra, manifestó que se abstendría de aplicarle los normativos tildados de inconstitucionales en la sentencia emitida en autos. Sin que pase inadvertido, que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $** (trece mil ochocientos cuarenta y siete pesos 15/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $** (trece mil setecientos treinta pesos 35/100 moneda nacional), es decir, faltó devolverle la cantidad de $116.08 (ciento dieciséis pesos con 08/100 moneda nacional); máxime que la parte quejosa no realizó manifestación alguna sobre el faltante que tenía que devolver la autoridad con motivo de la vista otorgada por auto de nueve de enero de dos mil diecinueve; por ende, respecto del numerario faltante de $116.08 (ciento dieciséis pesos con 08/100 moneda nacional);, dígasele a la parte quejosa que quedan a salvo sus derechos para que los haga valer a través del recurso de inconformidad en contra de la presente determinación conforme lo dispuesto al artículo 201 de la Ley de Amparo. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución de cinco de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 56 a 67); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya lugar a requerir a la autoridad responsable por el cumplimiento al fallo protector, en virtud de que por proveído de catorce de noviembre del año pasado (foja 74), se tuvo al Presidente de la Junta Especial Número Uno dependiente de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informando la forma en que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 196 de la Ley de la materia, con el oficio y anexo recibidos en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el doce de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 71 a 73), dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se emitan con posterioridad. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito presentado vía electrónica por Janette Chávez Ochoa, autorizada en términos amplios de la parte quejosa y evidencia criptográfica que se aprecia al reverso, a través del cual solicita se requiera a la responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, por el cumplimiento al fallo protector, ello, porque éstas manifestaron que a partir del dos de enero de este año estarían en condiciones de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguense el libelo de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. En ese tenor, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Tesorero aludido, a fin de que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, comunique el acatamiento dado a la sentencia concesoria de amparo, esto es, acompañe documento oficial idóneo con el cual acredite que fue nulificado el adeudo por concepto del cobro del impuesto predial, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, respecto de la cuenta predial R005164; ello, sin aplicar a la parte quejosa el monto de menor cuantía de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para dicho Municipio, tal como se precisó en la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que deberá realizarlo en los términos que le fueron solicitados mediante oficio 56100/2018 de diecinueve de diciembre del año pasado (foja 229). Apercibido que de no hacerlo con causa justificada, continua subsistente el apercibimiento decretado en proveído de diecinueve de diciembre del año antedicho (fojas 226 a 228). NOTIFÍQUESE.
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