Elvia Pérez Hernández
Expediente 1576/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1576/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Elvia Pérez Hernández
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***, representada por Carlos Armando López Valderrama, para todos los efectos legales correspondientes. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Además, en términos del artículo 21, inciso d) del citado Acuerdo General, se establece que este expediente es susceptible de destrucción. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de demanda signado por Carlos Armando López Valderrama, en representación de la quejosa Elvia Pérez Hernández, personalidad que acredita en términos del instrumento cinco mil seiscientos noventa y dos, de treinta de junio de dos mil catorce, del protocolo del Notario Público Número Dieciséis del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo; con el que solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del agente del Ministerio Público, Titular de la Mesa VI de la Dirección de Averiguaciones Previas, adscrito a la Dirección General del Sistema Mixto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1576/2021-I, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de cuenta, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Así, del estudio integral de la demanda se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (.)." De acuerdo con la disposición referida, antes de acudir al juicio de amparo contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, los solicitantes de la protección constitucional deben agotar previamente algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre que conforme con las mismas leyes se suspenda el efecto de dicho acto de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el promovente, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para otorgar la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo sea considerado, o no, susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. En el caso, el acto reclamado se hace consistir en: El auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en la averiguación previa 12/DAV/414/2014, en el que el agente del Ministerio Público Titular de la Mesa VI de la Dirección de Averiguaciones Previas, adscrito a la Dirección General del Sistema Mixto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, determinó el no ejercicio de la acción penal y el archivo definitivo de la averiguación previa por extinción de la acción penal por prescripción legal respecto del delito de violencia familiar, en agravio de la quejosa y en contra de Lucas Adrián, Elvia Albertina, Gustavo Eduardo y José Alfredo, todos de apellidos del Arenal Pérez, del Arenal. En este sentido, se precisa que en contra de dicho acto procede un recurso o medio de defensa ordinario por virtud del cual se puede modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad, que debió agotarse antes de presentar la demanda de amparo. En principio, debe destacarse que al acto que por esta vía se reclama, se aplicaron las reglas del sistema penal mixto anterior a las reformas de la Constitución General el dieciocho de junio de dos mil ocho, esto es, conforme al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo. Sin embargo, atento al sentido en que se emitirá la presente determinación, el análisis del asunto se realizará conforme al sistema de justicia penal acusatorio instaurado a partir de las reformas constitucionales de dieciocho de junio de dos mil ocho, como en su oportunidad se precisará. Con el propósito de justificar lo que se expondrá, es oportuno destacar lo resuelto en la contradicción de tesis 103/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de donde se desprenden dos premisas fundamentales que interpretan el régimen transitorio de las reformas a la Constitución General de la República, acaecidas el dieciocho de junio de dos mil ocho, en torno con los momentos en que pueden impugnarse en amparo indirecto las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, derivados de los artículos segundo y tercero transitorios del citado decreto, a saber: a) Cuando alguna legislatura no hubiera establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente y emitido la declaratoria en la que se señalara expresamente que dicho sistema había sido incorporado en los ordenamientos, o bien, que no se había emitido esta última en donde ya existieran ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, y al existir una vacatio legis que no podía exceder de ocho años que se dispuso para ello, el fundamento para reclamar a través del juicio de amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal, se encontraba en el artículo 21, párrafo cuarto, de la propia Constitución, antes de ser reformado, pues esas circunstancias hacían que siguiera surtiendo plenos efectos. b) En el supuesto de que se hubieran cumplido las condiciones para que entraran en vigor las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido deberían impugnar las determinaciones mencionadas ante el juez facultado para tal efecto dentro del sistema acusatorio que se hubiese instaurado, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente, que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trataba, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en contra de la resolución que se emitiera al respecto, procedería el juicio de Amparo de conformidad con el actual artículo 20, apartado C, fracción VII, constitucional, vigente desde que se colmaron las referidas condiciones. En el particular, se surte la segunda de las hipótesis, al tenor de la jurisprudencia 1a./J. 118/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias Común, Constitucional, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 17, de rubro: "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008)." Acorde con la jurisprudencia en comento, la parte quejosa, en su calidad de víctima, debió impugnar resolución que reclama ante el juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, al margen de que la averiguación previa se hubiera iniciado bajo el sistema tradicional o mixto, en razón de que en el nuevo esquema procesal es dicho órgano jurisdiccional quien debe conocer de esa impugnación para controlar su legalidad, con el fin de que la resolución que se emita al respecto, entonces pueda ser reclamada mediante el juicio de amparo conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello al haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales acontecidas el dieciocho de junio de dos mil ocho, puesto que, congruente con los antecedentes relatados en párrafos precedentes y con apoyo en los transitorios segundo y tercero del decreto de reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, se concluye que, cuando se emitió el acto combatido y fue reclamado por la quejosa, ya se encontraba incorporado a nivel estatal el sistema acusatorio oral, de conformidad con el Decreto número cuatrocientos veintinueve emitido por el Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial el dieciocho de mayo de dos mil quince; con lo cual quedaron cumplidas las condicionantes para que en la especie operara el citado decreto de reformas, no así la normatividad adjetiva de corte tradicional. Bajo este contexto, es dable extraer el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso precepto 16, párrafo décimo cuarto, de la norma superior en cita, los cuales indican: "Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, "concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. (.)." Lo anterior, en relación con el numeral 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el diverso 10, fracción V, de la Ley General de Víctimas, que disponen: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;" "Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a "obtener una reparación integral por los daños sufridos. (.) V. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño; (.)." Los preceptos transcritos revelan que el juez de control tiene competencia constitucional y legal para ejercer las atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de inicio a juicio, teniendo control sobre cualquier medida adicional que implique afectación de derechos fundamentales en la fase de investigación, entre ellas, el control sobre las resoluciones de no ejercicio de la acción penal que emita el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, al prever el derecho de las víctimas u ofendidos de acudir ante la autoridad judicial para impugnar ese tipo de determinaciones, lo cual se da en la etapa de investigación, donde justamente dicho órgano jurisdiccional controla la etapa de referencia como garante de la investigación. Así, el juez de control es el contrapeso natural para el conductor de la investigación como es el Ministerio Público, sin importar si la resolución fue emitida por el Fiscal General, dado que la institución del Ministerio Público está regida por los principios de unidad e indivisibilidad. Así, el hecho de que la resolución fuera emitida por el superior jerárquico del órgano investigador, no impide hablar de principios a ser observados durante el ejercicio de la función del fiscal y el respeto a los derechos constitucionales durante el desarrollo de la investigación penal, o bien, de la necesidad de órganos de control y vigilancia de la actuación investigadora como es el caso de ese juez. Es por ello que ante las resoluciones de no ejercicio de la acción penal que dicte el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación en el nuevo sistema de justicia, es necesario acudir ante la autoridad competente, en el caso, el juez de control, quien en su calidad de garante de la tutela judicial efectiva, velará por la regularidad del proceso, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe de la representación social. En atención a lo anterior, la parte quejosa con el carácter de víctima en la indagatoria de origen, tiene a su alcance la prerrogativa constitucional y legal ya apuntada, de impugnar ante el juez de control competente, el control de las resoluciones sobre el no ejercicio de la acción penal, ya que dicha impugnación es el medio legal idóneo y específico para lograr su pretensión de que se consigne la averiguación previa; de ahí que la víctima u ofendido debe acudir primeramente ante el juez de control, pues acorde con su naturaleza es la autoridad facultada de salvaguardar desde la etapa de investigación, las garantías y derechos previstos a favor de la víctima u ofendido. En el entendido que, si bien el artículo Transitorio Cuarto del Decreto de Reforma y Adición publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, ya citado, establece que: ".Cuarto. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto.". Lo cierto es que la averiguación previa de la que emanó el acto reclamado reviste un matiz de índole administrativa, por lo que no forma parte del procedimiento penal, si se tiene en cuenta que, el Agente del Ministerio Público, encargado de integrarla, actúa en dicha fase como autoridad, sin realizar funciones jurisdiccionales, pues no imparte justicia, esto es, no dirime una controversia. Situación jurídica que se ve fortalecida con lo establecido en el Artículo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales reformado a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que textualmente dispone: ".ARTÍCULO TERCERO. El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogados para efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos. En consecuencia el presente Código será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.". De lo que se desprende que el código nacional de referencia será aplicable para todos aquellos procedimientos penales que se hayan iniciado a partir de su entrada en vigor, al margen de que los hechos hubieran sucedido con anterioridad al inicio de la vigencia del mismo; lo que significa que, si el acto reclamado del Ministerio Público en la averiguación previa, se suscitó en el año dos mil veintiuno, esto es, cuando ya se encontraba incorporado en el Estado de Hidalgo, el sistema acusatorio oral, pues ello ocurrió a partir del dieciocho de mayo de dos mil quince, por lo que la accionante debió impugnarlo ante el juez de control previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Concretamente, en el caso el quejoso debió agotar el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como mecanismo para controvertir las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, en la etapa de investigación. "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Dicho numeral fue interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 233/2017, esencialmente de la siguiente manera: "De la lectura del artículo transcrito, se desprende que en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de Control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el Juez de control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Ahora bien, de la interpretación sistemática de los preceptos antes citados, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de control quien revise la legalidad de las mismas. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el Juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. No se soslaya que el citado artículo 258, establece como plazo para la impugnación ante el Juez de Control, el de diez días posteriores a que sea notificada la determinación controvertida." De tales consideraciones se emitió la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia(s): Común, Penal, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, con registro digital 2017640, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO." En las relatadas circunstancias, se advierte que el Máximo Tribunal del País dotó de un amplio espectro para su aplicación al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que al margen de cualquier consideración, debe decirse que, de la interpretación dicho numeral, se concluye que el control del acto reclamado por el ahora quejoso, es impugnable a través del referido medio de defensa, cuyo agotamiento debe exigirse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. No se opone a lo anterior lo establecido por la fracción VII del artículo 107 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; (.)" Pues aunque en dicha porción normativa se prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los casos ahí indicados, lo cierto es que la hipótesis que se analiza se encuentra condicionada a los términos que estatuye el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a su vez dispone: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se "regirá por los principios de publicidad, contradicción "concentración, continuidad e inmediación. (.). C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Bajo este panorama, es evidente que en la especie, antes de acudir al amparo indirecto, la quejosa debió agotar el citado medio de impugnación a fin de dar cumplimiento al principio de definitividad de conformidad con la fracción XX del artículo 61 de la ley en la materia. Asimismo, tampoco es obstáculo para arribar a esta determinación, el que el recurso innominado previsto en el artículo 258 del código citado, no prevé la suspensión del acto reclamado en los términos descritos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues esa circunstancia obedece a la fase procesal en que se emite el no ejercicio de la acción penal, cuya vigilancia recae en el juez de control, a quien está encomendado vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en esa etapa, a fin de preservar el respeto a los derechos humanos y brindar una solución rápida a ese tipo de decisiones, con lo que se garantiza que el juicio de amparo conserve su naturaleza: erigirse como un medio extraordinario que debe agotarse sólo en casos excepcionales. En conclusión, cuando se está frente a una resolución dictada por el Ministerio Público donde se decrete el no ejercicio de la acción penal, debe agotarse previamente al juicio de amparo, el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no actualizándose así, la excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61 citado. Sirve de apoyo la tesis PC.I.P. J/68 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, Materia(s): Común, Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 7 Libro 75, Febrero de 2020, Tomo II, página 1433, con registro digital 2021659, de rubro: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DETERMINA DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, EL RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el escrito de demanda y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas autorizadas en el escrito de demanda, por contar con registro de su cédula profesional en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.
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