Elvia Parrilla Santacruz

Expediente 428/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
428/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Elvia Parrilla Santacruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, ********************solicitó el amparo protección de la justicia federal en contra las autoridades Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, y otras, de las cuales reclamó los actos que al efecto precisó. En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 428/2023-VI-B, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados correspondientes y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto fracción VIII del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al reclamarse una legislación estatal, con motivo de un acto de aplicación, en el que se aduce tuvo lugar dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 146/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de 2003, página 324, de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE". SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que ésta exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, son los siguientes: Congreso y Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo. i. La aprobación, expedición, promulgación y orden de expedición de los artículos 53-A, 54, fracción II, inciso 1), 60 fracción II, inciso 3), 169 y Tercero Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal de 2023. Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad. ii. La aplicación de las normas reclamadas, mediante el cobro y recepción de pago de los derechos por concepto de inscripción de documentos, contenidos en los recibos con números de folio ********************y********************de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, a nombre de la parte quejosa. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio, y en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. En lo que respecta al acto de aplicación atribuido a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, debe destacarse que para los efectos de este juicio de amparo, no existen. Es así, pues los actos de ejecución que se le reclaman, no puede ser imputado a esa autoridad, ya que la parte quejosa acreditó haberse autoaplicado los preceptos legales que reclama. Consecuentemente, el cumplimiento de la norma no puede ser atribuido a esa autoridad. De esta forma, sin prueba en contrario, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto de esa autoridad responsable. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXVI, agosto de 2007, página 367, de rubro siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, pues así se advierte del contenido de sus respectivos informes justificados. La certeza de los actos que en el ámbito de su competencia se atribuyen a las autoridades antes señaladas, se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del decreto que contiene la norma reclamada, pues forman parte de un ordenamiento jurídico general, abstracto e impersonal; de modo que constituyen presupuesto y materia propia del conocimiento del juzgador. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 260, de rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". Máxime, que las normas impugnadas se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, de cuya divulgación se desprende su existencia; lo que constituye un hecho notorio, y como tal, no se encuentra sujeto a prueba, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo XV, febrero de 1995, página 205, de rubro siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte quejosa, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, así como el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados alegaron que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, ya que las pruebas ofrecidas por la parte quejosa no son idóneas para acreditar el acto de aplicación de la norma reclamada, al constituir formatos de pago y no comprobantes de liquidación en institución bancaria. Debe desestimarse la actualización de esa causal de improcedencia. En efecto, contrariamente a lo aducido por las autoridades responsables, la parte quejosa sí exhibió documentos idóneos para justificar el acto de aplicación, pues en el caso, ofreció como pruebas los recibos electrónicos con números de referencia ********************y********************de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, expedido por la Administración General de Recaudación, el cual cuenta con la clave de autorización estatal que garantiza la procedencia del mencionado recibo digital, como si se tratara de documentos con firmas autógrafas, según lo dispone el artículo 16 del Código Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Por tanto, los recibos de pago en cuestión tienen plena validez para acreditar el pago de las contribuciones reclamadas, y gozan de valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 43/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, mayo de 2000, página 112, de rubro siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS". Luego, al no advertirse otra causal de improcedencia, resulta procedente analizar los conceptos de violación que formula la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Decisión judicial. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa en su escrito de demanda. La parte quejosa sostiene, en esencia, que los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el año dos mil veintitrés, transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, previstos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal. Es así, debido a que los derechos por inscripción o registro de documentos que fueron motivo de los cobros reclamados se establecieron tomando en consideración al tipo de acto u operación que se contiene en el documento a inscribirse y al monto de la operación; y en el caso, para fijar el monto del derecho, debe tomarse en cuenta el costo que para el Estado representa la prestación del servicio independientemente del valor de la operación. En ese sentido, la tasa o cuota establecida no va en relación directa con el costo que representa para el Estado la prestación de ese servicio, ya que la cantidad a pagar depende del monto o valor de la operación que se contenga en el documento a inscribir; por lo que, el monto a pagar será distinto, atendiendo al valor de la operación, no obstante que para el Estado representa el mismo costo prestar el servicio de inscripción de los documentos cuando su valor sea de cierta cantidad, exceda de la anterior cantidad, o bien cuando se refiere a la cancelación de inscripciones en el registro o por inscripción de avisos preventivos por cada lote o inmueble, otorgando así un trato inequitativo y desproporcional. Asimismo, la parte quejosa argumenta que los preceptos impugnados al establecer que por los mismos servicios se cobren cantidades distintas, atendiendo tanto al valor de la operación como al contenido o denominación del documento a inscribir, se traduce en un trato desigual y desproporcional para sujetos que reciben el mismo servicio por parte del Estado, ya que contrariamente a ello, a la autoridad le genera el mismo esfuerzo y costo al inscribir un título o documento que contenga la transmisión de un inmueble que el cancelar la inscripción, aún y cuando no se conozca el importe de los derechos pagados para su inscripción. Así, en concepto de la parte quejosa, los artículos combatidos son inconstitucionales, porque otorgan un trato distinto para sujetos que se encuentran en la misma situación, pues no obstante que el hecho generador del derecho es el mismo para todos -la inscripción o cancelación de inscripción-, la ley otorga un trato desproporcional e inequitativo, ya que atienden al valor de la operación y a la denominación formal del concepto. En conclusión, la parte quejosa sostiene que si existen diferentes cantidades, cuotas o montos para el pago de los derechos registrales, pero es igual el procedimiento que debe realizar el Registro Público de la Propiedad en todos los casos, es evidente que las cantidades o cuotas no guardan relación con el servicio prestado, pues atienden a un elemento ajeno que es, en el caso particular, el monto o valor de la operación a inscribir, así como la denominación formal del concepto, inscripción o cancelación. Establecido lo anterior, corresponde ahora señalar que por razón de método, los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa se analizaran de manera conjunta, dada la simetría de su contenido, y en un orden distinto al que fueron planteados. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia VI.2o.C. J/304, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO". De inicio, debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". De la anterior trascripción, se colige que en materia tributaria las leyes y los actos realizados con apoyo en éstas, deben atender entre otros, a los principios de proporcionalidad y equidad, además de que toda contribución, debe cumplir con los requisitos de legalidad, que significa que debe estar prevista en la ley, ser equitativa y proporcional y destinarse a sufragar los gastos públicos; tratándose de derechos fiscales, éstos principios de proporcionalidad y equidad están regidos por un sistema distinto al de los impuestos, dada la naturaleza de este tipo de contribuciones. La contribución en análisis es un derecho, definido en el artículo 3º del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, como las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Entonces, los derechos por servicios, son una especie del género de las contribuciones, que tiene su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como actividad de la administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la administración y el usuario, que justifica el pago del tributo. Así, la causa generadora de los derechos es la prestación de un servicio, característica que los distingue de las demás contribuciones, y para que cumplan con los principios de equidad y proporcionalidad establecidos el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciban igual servicio, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el estado tenga la ejecución del servicio. Por su parte, los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal 2023, establecen lo siguiente: "Artículo 54. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos a la propiedad, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (.) II. Se pagará una cuota de $23,089.00 (VEINTITRÉS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: 1). Por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado. (.) Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción y al Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza deban registrarse, se incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición para su consulta de los asientos registrales digitalizados, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y todo aquello que se requiere para una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan.". "Artículo 60. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos al comercio, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (.) II. Se pagará una cuota de $23,089.00 (VEINTITRÉS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: (.) 3). La inscripción (sic) actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración. (.) Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción deban registrarse, incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición de los asientos registrales digitales, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y en lo general todo aquello que genere una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan.". De los preceptos legales transcritos, se observa que establecen una cuota fija de $23,089.00 (veintitrés mil ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), por la inscripción ante el Registro Público de los documentos que ahí se señalan, tales como la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por medio de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado; así como la inscripción de actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración. Asimismo, se advierte que esa tarifa incluye los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición para su consulta de los asientos registrales digitalizados, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y todo aquello que se requiere para una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. Ahora bien, contrariamente a lo aducido por la parte quejosa, los citados artículos en modo alguno establecen distintas tarifas ni hacen distinción entre los actos jurídicos que son materia de inscripción, pues como se puede advertir de su contenido, éstos establecen la misma tarifa tanto para inscripción de documentos en los que se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado, así como aquéllos en los que conste la celebración de contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración. Dicho de otro modo, los preceptos legales en análisis no introducen un elemento ajeno para la cuantificación del pago del derecho -como es el valor de lo que ha de inscribirse-, toda vez que el legislador local estableció expresamente una cuota fija para el cobro por derechos del servicio de inscripción de documentos relativos a la propiedad y créditos de cualquier clase, a razón de $23,089.00 (veintitrés mil ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional); por tanto, al fijar el legislador una cantidad para todos los casos en los cuales se solicite la inscripción o cancelación de inscripción se cubrirá la misma cuota establecida independientemente del monto de la operación. Además, tampoco existe un mecanismo que tome en consideración el monto de la operación del acto jurídico o documento a inscribir, para cuantificar el derecho por la inscripción, esto es, no se prevé algún elemento extraño para la fijación del costo, sino que, según esa norma, es igual para todos los que reciben el mismo servicio. Por tanto, si la tarifa que se le cobró a la parte quejosa como derecho por el servicio de inscripción de documentos, no atiende a un elemento ajeno para la cuantificación del citado pago, como es el valor de lo que ha de inscribirse, es inconcuso que los preceptos impugnados no adolecen del vicio de inconstitucionalidad aducido, y por ende, no trasgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del mismo modo, tampoco asiste razón a la parte quejosa, cuando refiere que el costo por el servicio de inscripción de documentos ante el Registro Público de la Propiedad es desproporcional y desmedido, en cuanto a que la actualización de la tarifa no aconteció de acuerdo al índice inflacionario, lo que originó que ésta sea excesiva. Al respecto, la parte quejosa omitió aportar medios de prueba a fin de acreditar que el monto por el servicio de inscripción de documentos, previsto en los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda de Coahuila de Zaragoza, es superior al costo que tiene en el mercado, pues únicamente exhibió como probanzas las documentales consistentes en los recibos con números de folio ********************y********************de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, a nombre de la parte quejosa, los cuales si bien tienen valor probatorio al contener el sello digital que acredita su autenticidad, en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no son idóneas para configurar un parámetro que permita determinar si, efectivamente, existe o no un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio. Efectivamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 343/2013, sustentó el criterio que cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde a la parte quejosa aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo. Explicó que ello era así, porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador de amparo haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Ello no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la parte quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen; circunstancias que no acontecieron en el caso particular, dado que la parte quejosa omitió presentar prueba alguna que acredite tal alegato. Apoya lo expuesto, la tesis 2a. CX/2013 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 2, enero de 2014, tomo II, página 1589, que señala lo siguiente: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen". Así, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, por lo que hace a los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza. OCTAVO. Análisis de los artículos 53-A, 53-B, 53-C, 53-D, 53-E, 166 al 169 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. La parte quejosa reclama los artículos 53-A, 53-B, 53-C, 53-D, 53-E, 166 al 169 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con motivo de su aplicación en los recibos de pago con números de folio ********************y********************de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, por conceptos de "fomento a la educación y seguridad", "impuesto adicional" y "fomento para el deporte en el estado". Sobre esas contribuciones adicionales existe jurisprudencia temática emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que es inconstitucional la legislación cuando se establece un impuesto adicional a cargo de las personas físicas o morales que realicen pagos por concepto de impuestos y derechos; por lo que, sólo respecto a esos artículos procede la suplencia de la queja, en términos de la fracción I del artículo 79 de la Ley de Amparo, aun ante la ausencia de conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 126/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 2, página 1288, de rubro siguiente: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA". Así, los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en los impuestos adicionales establecidos en los artículos 53-A, 53-B, 53-C, 53-D, 53-E, 166 al 169 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, contravienen el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos 53-A, 53-B, 53-C, 53-D, 53-E, 166 al 169 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza disponen lo siguiente: "CAPITULO SEPTIMO DEL IMPUESTO ADICIONAL PARA EL FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO OBJETO Artículo 53-A. Es objeto de esta contribución la realización de pagos por concepto de impuestos, derechos y cualquier otra contribución que se cause conforme a la presente ley y demás disposiciones fiscales del Estado, así como los accesorios que se paguen. SUJETO Artículo 53-B. Son sujetos de este impuesto, las personas físicas, morales o unidades económicas que realicen pagos por concepto de impuestos, derechos y cualquier otra contribución que se cause conforme a la presente ley y demás disposiciones fiscales del Estado, con excepción de los señalados en el artículo anterior. BASE Artículo 53-C. La base de este impuesto, es el importe de los pagos que se realicen por concepto de impuestos, derechos y demás contribuciones incluyendo sus accesorios, excepto los pagos de las contribuciones que se exceptúan en el artículo 53-F de esta ley. TASA Artículo 53-D. La tasa correspondiente a este impuesto adicional para el fomento a la educación y de la seguridad pública, será el 22.5% sobre el monto de los pagos por concepto de los impuestos, derechos y cualquier otra contribución y los accesorios de éstos, que se paguen con excepción de los señalados. PAGO Artículo 53-E. El pago de esta contribución deberá efectuarse en las autoridades fiscales, Instituciones de Crédito o establecimientos autorizados, en el mismo recibo con que se realicen los pagos objeto de esta contribución. "CAPITULO SEGUNDO PARA EL FOMENTO AL DEPORTE EN EL ESTADO Artículo 166. Es objeto de esta contribución la realización de pagos por concepto de impuestos, derechos y cualquier otra contribución que se cause conforme a la presente ley y demás disposiciones fiscales del Estado, así como los accesorios que se paguen. No se considerarán incluidos en el objeto de ésta contribución los pagos correspondientes al Impuesto Sobre Nóminas, al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, al Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos relativos a eventos teatrales y de circo, al Impuesto Sobre Hospedaje, al Impuesto Sobre Ingresos por Premios Derivados de Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con Apuestas y Concursos, al Impuesto Adicional Sobre los Derechos que se causen por los Servicios de Registro Público, los Derechos que se causen por los Servicios que presta la Secretaría de Educación Pública, y los que se causen por los Servicios prestados por las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, relativas al Derecho de Acceso a la Información Pública. En todo caso, los ingresos que se generen por esta contribución, se destinarán exclusivamente a infraestructura deportiva. SUJETO Artículo 167. Son sujetos de esta contribución, las personas físicas, morales o unidades económicas que realicen pagos por concepto de impuestos, derechos y cualquier otra contribución que se cause conforme a la presente ley y demás disposiciones fiscales del Estado, con excepción de los señalados en el artículo anterior. BASE "Articulo 168. La base de esta contribución, es el importe de los pagos que se realicen por concepto de impuestos, derechos y demás contribuciones incluyendo sus accesorios, excepto los pagos de las contribuciones que se exceptúan en el artículo 166 de esta ley. TASA Artículo 169. La cuota correspondiente a esta contribución para el fomento al deporte, será de $10.00 (DIEZ PESOS 00/100 M.N.), sobre el monto de uno de los pagos por concepto de los impuestos, derechos y cualquier otra contribución y los accesorios de éstos, que se paguen con excepción de los señalados. PAGO Artículo 170. El pago de esta contribución deberá efectuarse en línea a través del portal de pagos electrónicos que para tal efecto lleva la Administración Fiscal General; en las Instituciones de Crédito o establecimientos autorizados, o bien, a través de trasferencias electrónicas de fondos reguladas por el Banco de México; previa impresión del estado de cuenta obtenido en el mismo portal y siempre y cuando la opción de pago elegida se encuentre debidamente referenciada, con la clave que para tal efecto se plasme en el estado de cuenta obtenido de la plataforma electrónica antes aludida, en el mismo recibo con que se realicen los pagos objeto de esta contribución". "Artículo Tercero. Con el propósito de sufragar los gastos que origina al Estado el mejoramiento y modernización de las áreas que tengan a su cargo la prestación de los servicios relacionados con el Registro Público, se causará un impuesto adicional del 10% sobre los derechos que se causen por los servicios que presta el Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza, establecidos en esta ley. El pago de este impuesto deberá efectuarse en las oficinas recaudadoras de rentas de la Secretaría de Finanzas, instituciones de crédito o establecimientos autorizados, en el mismo recibo con que se realicen los pagos objeto de este impuesto". De lo anterior, se advierte que esos impuestos tienen por objeto gravar el cumplimiento de otras obligaciones fiscales, pues la base sobre la cual se calcula su monto se conforma con el importe de los pagos de otras contribuciones estatales, al que debe aplicarse la tasa indicada, lo que revela que no fue diseñado para gravar en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza, que estuviera previamente sujeta imposición a través de un impuesto primario, sino que fue estructurado para gravar globalmente todos los pagos que se hagan de otras contribuciones. La parte quejosa acreditó la aplicación de los impuestos, con los recibos con números de folios ********************y********************de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, por conceptos de "fomento a la educación y seguridad", "impuesto adicional" y "fomento para el deporte en el estado", expedidos a nombre de la parte quejosa. En ese sentido, el impuesto para el fomento a la educación y seguridad, el impuesto adicional para la modernización del Registro Público de la Propiedad y el fomento para el deporte en el estado, establecidos en los artículos 53-A, 53-B, 53-C, 53-D, 53-E, 166 al 169 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, resultan contrarios a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, en tanto que no participan de la misma naturaleza jurídica del tributo primigenio sobre el que se calcula su monto, ya que al ser su objeto la cantidad que se llegue a pagar por otra contribución, se desnaturaliza la esencia misma del impuesto y sus finalidades. Ello es así, en tanto que la base sobre la cual se calcula el monto de los mencionados impuestos, se conforman con el importe del pago de otras contribuciones estatales, a los cuales debe aplicarse determinada tasa. Por tanto, es inconcuso que la expresión económica elegida por el legislador tributario local para estructurar el hecho imponible, de manera alguna refleja la capacidad contributiva de los causantes como elemento indispensable del tributo, pues atiende al monto realizado con motivo del pago de una contribución diversa (derechos inscripción de documentos); de ahí que, la circunstancia que esta erogación sea considerada como hecho imponible, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, pues no toma en cuenta la capacidad económica del contribuyente, ya que no grava sus ingresos, utilidades ni rendimientos, en tanto que tiene por objeto gravar los pagos por conceptos de impuestos, derechos y cualquier contribución establecida en la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza. Así, si las contribuciones contenidas en los artículos en comento, tienen como base el importe de los pagos que se realicen por concepto de impuestos, derechos y demás contribuciones; entonces, es inconcuso que los tributos que contienen las normas reclamadas al establecer esa mecánica de cobro resultan contrarias a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, al no ser lógico ni jurídico que el elemento objetivo del hecho generador del crédito fiscal sea el monto a pagar por concepto de otra contribución, ya que ello no evidencia la capacidad contributiva del sujeto obligado, y por el contrario, denota injusticia al permitir la sobreposición perpetua de impuestos que a todas luces resulta inconstitucional. Por consiguiente, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que el Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, realice lo siguiente: a) Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 53-A, 53-B, 53-C, 53-D, 53-E, 166 al 169 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, y no lo aplique en lo futuro. b) Deje sin efecto los actos de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, contenidas en los recibos con números de folio ********************y********************de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, a nombre de la parte quejosa, y se devuelvan las cantidades enteradas por concepto de "fomento a la educación y seguridad", "impuesto adicional" y "fomento para el deporte en el estado". En el entendido que las cantidades deberán devolverse debidamente actualizadas, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 13/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, febrero de 2008, de rubro siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL)". Cabe aclarar que con independencia de que en este juicio se sobreseyó respecto de la autoridad denominada Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, esta determinación obliga a todas las autoridades involucradas en su observancia, entre ellas a la autoridad antes citada; y por tanto, a realizar los trámites necesarios para darle cabal cumplimiento. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 57/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, mayo de 2007, página 144, de rubro siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, por las consideraciones expuestas en el considerando séptimo de este fallo. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las diez horas del veinticinco de julio de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión de la licenciada Maribel Villanueva Salas, Secretaria que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación de la agente del Ministerio Público del Federación adscrita, asimismo, con el pedimento ministerial presentado por el representante social, mediante el cual ofrece la prueba instrumental de actuaciones y la prueba presuncional en su doble aspecto. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a sus antecedentes, el oficio signado por la Directora Registradora de la Oficina Torreón del Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado en proveído de quince de junio del año en curso, remitiendo las constancias que le fueron solicitadas. Vista. En tales condiciones, dese vista a la parte quejosa a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga y dese cuenta con las mismas al momento de celebrar la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas que refiere, sin perjuicio de tomarlas en cuenta al momento de resolver en definitiva el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinte de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte específicamente que en proveído veinte de enero del año en curso, se fijaron las diez horas del veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, y en el caso particular esa fecha y hora se encuentra señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional de un diverso juicio de amparo. Acuerdo. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el juicio en que se actúa, sin que ello implique que este juzgado revoque sus propias determinaciones, sino solo subsanar las irregularidades advertidas. Señala audiencia constitucional. Por tanto, se ordena hacer del conocimiento de las partes que en el presente asunto se señalan las diez horas del veinticinco de julio de dos mil veintitrés, a fin que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese.

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