Elvia Montesinos José

Expediente 1123/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1123/2015
Año
2015
Actuaciones
17
Última actuación
22/10/2015

Partes del expediente

  • Elvia Montesinos José

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    mesa 6 b inc. 1123/2015- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintidós de octubre de dos mil quince. Vistos los autos y toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, SE ORDENA EL ARCHIVO DE ESTE INCIDENTE como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Comuníquese a las partes que, al haberse concedido la suspensión definitiva (fojas 40-43), el original de este expediente es susceptible de DEPURACIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. Así también, que durante los primeros tres años estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término (tres años), se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dictó la interlocutoria relativa (fojas 40-43), procédase a la DESTRUCCIÓN del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    mesa 6 b pral 1123/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a treinta de septiembre de dos mil quince. Vistos los autos, como se advierte de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, a fin de que se interpusiera recurso de revisión, en contra del auto de fecha siete de septiembre del año en curso (foja 46-48); en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a aquélla, conforme a su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicho acuerdo para todos los efectos legales consiguientes. En otro contexto, las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; sin embargo, el auto inicial y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; datos que se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley mencionada. Ahora bien, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores de este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    MESA 6 B INC. 1123/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil quince. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio número 2230, signado por la juez Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, por medio del cual informa a este Juzgado que la quejosa ELVIA MONTESINOS JOSÉ, compareció ante ese Juzgado, bajo los efectos de la suspensión provisional concedida en autos (fojas 4-7); para acreditar lo anterior, remite copia certificada de dicha comparecencia NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    (NOTIFICACIÓN POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EN VIRTUD DE NO SE PRESENTÓ EN ESTA ACTUARÍA, NI SUS AUTORIZADOS A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, A PESAR DE HABERLE DEJADO EL AVISO JUDICIAL RESPECTIVO, CON ANTERIORIDAD)mesa 6 b pral. 1123/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil quince. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio número 2301, signado por la juez Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, con el que remite copia certificada de la resolución de fecha veintiséis de agosto del año en curso, dictada en la causa penal número 29/2015, de su índice. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad judicial de referencia, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º; se advierte que en este asunto se actualiza, de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. . [.]". Esto acontece, porque si bien es cierto que con fecha dieiséis de julio del año dos mil quince, el juez Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, en la causa penal número 29/2015, libró orden de aprehensión, en contra de la quejosa ELVIA MONTESINOS JOSÉ, como probable responsable en la comisión del delito de LESIONES SIMPLES, cometido en agravio de ANASTACIA RAMÍREZ (fojas 17); también lo es que en dicho proceso penal, con fecha veintiséis de agosto del año en curso, decretó en contra de dicha quejosa, auto de formal prisión (fojas 34-45), por su probable responsabilidad en la comisión de ese ilícito; de ahí que con esta determinación ha operado un cambio en la situación jurídica de la procesada, aquí quejosa, en virtud de que las órdenes de aprehensión y/o detención y/o retención y/o localización y/o presentación reclamadas se sustituyó jurídica y procesalmente por el indicado auto de formal prisión; lo que hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a dichas órdenes y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada con el auto mencionado. En consecuencia, este juicio de amparo se torna legalmente improcedente, en términos de la fracción XVII del normativo 61 de la Ley de Amparo, lo que impone SOBRESEERLO FUERA DE AUDIENCIA, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". (Lo subrayado es propio de este Juzgado). Este fallo comprende el acto de ejecución que también se reclama al: 1) agente del Ministerio Público adscrito a dicho Juzgado, residentes en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, 2) la jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial de la Agencia Estatal de Investigaciones, por orden del coordinador General de esa Agencia y 3) jefe de grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones, encargado del grupo de Aprehensiones, residentes en la Experimental, San Antonio de la Cal, Centro, Oaxaca; por cuanto que no se combate por vicios propios, sino su alegada inconstitucionalidad se hizo depender de la orden de aprehensión reclamada. Tiene aplicación al efecto, la jurisprudencia VI2°. J/7, visible a foja 690, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo II Segunda Parte-2, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS, CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquellos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si estos no se combaten por vicios propios". En el entendido que el sobreseimiento decretado fuera de audiencia no causa ningún agravio a la parte quejosa, ni la priva de defensas, porque el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro IUS número 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, competa e imparcial." Por lo anterior, se deja insubsistente la audiencia constitucional señalada en este juicio (foja 24 vta.). En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Federal; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tiene el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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