Elvia Montes Trejo

Expediente 530/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
530/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
20/06/2018

Partes del expediente

  • Elvia Montes Trejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto en que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de DESTRUCCIÓN de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como constancia, el escrito de cuenta, signado por la quejosa; atento a su contenido, hágase saber a dicha parte procesal que se autoriza a *********, únicamente en términos del artículo 24 de la ley de amparo; lo anterior, toda vez que no acreditó contar con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación que antecede.....IV

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA, EL CITATORIO DE 30/05/2018, QUE CONTIENE EL AUTO DE 29/05/2018, QUE EN LO CONDECENTE DICE: Agréguese a los presentes autos, para que obre como constancia, el informe justificado de cuenta, rendido por el Director Local Querétaro de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autoridad señalada como responsable, mediante el cual remite diversas documentales, de las cuales se advierte que mediante resolución número ****, de fecha nueve de mayo del año en curso, se resolvió la solicitud de prórroga del título de concesión *******, presentada por la quejosa ante dicha autoridad responsable el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, resolución que fue notificada por conducto de la madre de la quejosa el veintidós del mes y año que transcurren. Documentales públicas a las que se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por autoridad competente en ejercicio de sus funciones. Ahora, es necesario puntualizar que el acto reclamado se hizo consistir precisamente, en la omisión por parte de la Dirección Local Querétaro de la Comisión Nacional del Agua, en dar respuesta a la solicitud de Prórroga del Título de Concesión *********, ingresada el día veintiuno de abril de dos mil dieciséis, con el folio número ****. En esa virtud, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto al acto del que se duele la justiciable, consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable, en dar respuesta a la solicitud de Prórroga del Título de Concesión *********; de tal forma que esta juzgadora estima que se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. En el caso que nos ocupa, la quejosa argumenta que existe omisión por parte de la autoridad responsable, consistente en dar respuesta a la solicitud de Prórroga del Título de Concesión ******, ingresada el día veintiuno de abril de dos mil dieciséis, con el folio número ******* Bajo esa tesitura, de las constancias remitidas por el Director Local Querétaro de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se advierte que mediante resolución número ******, de fecha nueve de mayo del año en curso, se resolvió la solicitud de prórroga del título de concesión *********, presentada por la quejosa ante dicha autoridad responsable el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, resolución que fue notificada por conducto de la madre de la impetrante del amparo el veintidós del mes y año que transcurren, documentales a las que se les confirió valor probatorio en líneas anteriores. De ahí que ello permita concluir que en el caso ya no existe la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable; puesto que mediante resolución número *********, de fecha nueve de mayo del año en curso, se resolvió la solicitud de prórroga del título de concesión **********, acto reclamado del que se dolía la quejosa en su demanda de amparo. Por tanto, han cesado los efectos del acto reclamado, pues se dejó sin efectos la omisión en que incurrió la responsable, de pronunciarse respecto a la solicitud de prórroga del aludido título de concesión, por lo que, en esa medida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De tal guisa, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 63 fracción V de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, incluso sin esperar la celebración de la audiencia constitucional. Lo anterior, atendiendo a que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En atención a lo resuelto, se hace innecesario realizar el estudio de los conceptos de violación, hechos valer por el peticionario del amparo, ya que al haberse actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad de la materia de reclamo. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia V.2o. J/15, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, registro 220705, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro MESA IV

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos, para que obre como constancia, el informe justificado de cuenta, rendido por el Director Local Querétaro de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autoridad señalada como responsable, mediante el cual remite diversas documentales, de las cuales se advierte que mediante resolución número ****, de fecha nueve de mayo del año en curso, se resolvió la solicitud de prórroga del título de concesión *******, presentada por la quejosa ante dicha autoridad responsable el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, resolución que fue notificada por conducto de la madre de la quejosa el veintidós del mes y año que transcurren. Documentales públicas a las que se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por autoridad competente en ejercicio de sus funciones. Ahora, es necesario puntualizar que el acto reclamado se hizo consistir precisamente, en la omisión por parte de la Dirección Local Querétaro de la Comisión Nacional del Agua, en dar respuesta a la solicitud de Prórroga del Título de Concesión *********, ingresada el día veintiuno de abril de dos mil dieciséis, con el folio número ****. En esa virtud, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto al acto del que se duele la justiciable, consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable, en dar respuesta a la solicitud de Prórroga del Título de Concesión *********; de tal forma que esta juzgadora estima que se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. En el caso que nos ocupa, la quejosa argumenta que existe omisión por parte de la autoridad responsable, consistente en dar respuesta a la solicitud de Prórroga del Título de Concesión ******, ingresada el día veintiuno de abril de dos mil dieciséis, con el folio número ******* Bajo esa tesitura, de las constancias remitidas por el Director Local Querétaro de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se advierte que mediante resolución número ******, de fecha nueve de mayo del año en curso, se resolvió la solicitud de prórroga del título de concesión *********, presentada por la quejosa ante dicha autoridad responsable el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, resolución que fue notificada por conducto de la madre de la impetrante del amparo el veintidós del mes y año que transcurren, documentales a las que se les confirió valor probatorio en líneas anteriores. De ahí que ello permita concluir que en el caso ya no existe la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable; puesto que mediante resolución número *********, de fecha nueve de mayo del año en curso, se resolvió la solicitud de prórroga del título de concesión **********, acto reclamado del que se dolía la quejosa en su demanda de amparo. Por tanto, han cesado los efectos del acto reclamado, pues se dejó sin efectos la omisión en que incurrió la responsable, de pronunciarse respecto a la solicitud de prórroga del aludido título de concesión, por lo que, en esa medida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De tal guisa, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 63 fracción V de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, incluso sin esperar la celebración de la audiencia constitucional. Lo anterior, atendiendo a que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En atención a lo resuelto, se hace innecesario realizar el estudio de los conceptos de violación, hechos valer por el peticionario del amparo, ya que al haberse actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad de la materia de reclamo. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia V.2o. J/15, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, registro 220705, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

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