Elvia Malu Borja Pineda
Expediente 939/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 939/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Elvia Malu Borja Pineda
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; once de octubre de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la audiencia constitucional en el presente asunto se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que en proveído de veintisiete de septiembre pasado, se tuvo por rendido el informe justificado del Secretario de Acuerdos y el Primer Secretario de Acuerdos, de la Primera Ponencia, quien funge como Magistrado por Ministerio de Ley, y Presidente de la Sala Regional del Pacífico y Auxiliar, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, y con su contenido se dio vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, acuerdo que se notificó por lista el veintiocho siguiente, y surtió efectos el veintinueve de septiembre del año en curso, lo que evidencia que aún no fenece el término de ocho días que señala el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de él. Por tanto, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 29/98-PL, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Tomo XI, Materia Común, Novena Época, página 5). Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos y el Primer Secretario de Acuerdos, de la Primera Ponencia, quien funge como Magistrado por Ministerio de Ley, y Presidente de la Sala Regional del Pacífico y Auxiliar, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinden informe justificado; con su contenido y documentales anexas, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en lo dispuesto en el arábigo 119 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se tienen como pruebas las documentales que exhiben, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.5o.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que textualmente se transcribe: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debedar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Agosto de 1995, Tomo II, página 594). Ahora bien, tomando en consideración lo voluminoso de las documentales exhibidas, fórmese por separado un tomo de pruebas relativo al juicio de amparo en que se actúa, el cual estará a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este juzgado cuando así lo soliciten. Por otra parte, de las constancias que integran el juicio natural, se advierte que el Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, figura como demandado; por tanto, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se le tiene como tercero interesado. Por tanto, emplácesele por oficio, tal y como lo establece el numeral 26, fracción II, inciso b), del ordenamiento legal en cita, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo y del auto admisorio. En el entendido que una vez que obren constancias de su debido emplazamiento se le tendrá por impuesto de los autos, para los efectos que señala el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese; y por oficio al Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Principal 356/2021-VI CUENTA. El trece de septiembre de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 11833. Conste. El Secretario Omar Tomás Velázquez López Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio firmado por el delegado del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, mediante el cual acusa recibo de oficio 16230/2023, por el que se le hizo del conocimiento el proveído de veintitrés de junio último, que tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en el amparo en revisión 507/2022, que resolvió reponer el procedimiento; de lo que este órgano de control constitucional, toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; a doce de septiembre de dos mil veintitrés. VISTO; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 471/2021, promovido por ****, en contra de actos del Congreso del Estado de Guerrero, y de otras autoridades; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el seis de abril de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, validado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, en esta demarcación, y turnado el diecinueve de abril siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito, Carlos Alberto Ozuna Romero, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y los actos que se transcriben a continuación: "[.] III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Director de Catastro del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. IV. ACTO RECLAMADO: La determinación (y aumento) de la base gravable efectuada respecto del inmueble identificado con la siguiente clave catastral, a través del ilegal (o inexistente) revalúo catastral: CUENTA CATASTRAL: 014-036-004-000." SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados y narración de antecedentes. La parte quejosa invocó como derechos transgredidos los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transcribió los antecedentes del acto reclamado que estimó conducentes. TERCERO. Tramitación del juicio. Mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, fue radicada la demanda de amparo bajo el número de expediente 471/2021; y este órgano jurisdiccional la admitió a trámite; 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO 2 solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; ordenó dar a la Fiscal Federal adscrita la intervención que legalmente le compete; y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; así, una vez integrados los autos, el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia de ley, en la que se dictó la sentencia respectiva con el siguiente resolutivo: "[.] ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Alberto Ozuna Romero, contra el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable y acto precisado en el considerando tercero de esta sentencia." Inconforme, la parte quejosa a través de su autorizado Benjamín Rodríguez Velázquez, interpuso recurso de revisión del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, quien en el amparo en revisión 169/2021, en sesión celebrada el nueve de marzo de dos mil veintitrés, revocó la sentencia sujeta a revisión y ordenó reponer el procedimiento. Por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional en estricto cumplimiento ordenó reponer el presente procedimiento, atendiendo los lineamientos precisados por dicho órgano colegiado, se otorgó vista a la parte quejosa para que en términos de lo dispuesto en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, manifestara el deseo de ampliar la demanda de amparo, fijándose nuevo día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Así, por ocurso recibido el tres de abril de dos mil veintitrés, la parte quejosa amplió su demanda de amparo, destacando nuevos actos reclamados y autoridades responsables, en los términos siguientes: "[.] III. AUTORIDAD RESPONSABLE: 1.- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 2.- C. Director de Catastro e Impuesto Predial del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. IV.- ACTOS RECLAMADOS 1.- Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama: 1.1.- La expedición y aprobación de la LEY NÚMERO 638 DE INGRESOS para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2021, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero de veinticinco de diciembre de dos mil veinte, Alcance VII, misma que entró en vigor el primero de enero de dos mil veintiuno, específicamente en su Capítulo Segundo 'Impuesto Sobre el Patrimonio', Sección Única 'Predial' en sus artículos 9 incisos c) en todos sus apartados (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 10 fracciones I y III, 11, 12, 13, 14 15 y noveno transitorio. Las 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 471/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 3 disposiciones citadas, en particular el 12 fracción III de este ordenamiento remite expresamente a la Ley de Catastro 266 reclamada. 1.2.- La expedición y aprobación del DECRETO NÚMERO 640, por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el veinticinco de diciembre de dos mil veinte, Alcance XII, mismo que entró en vigor el primero de enero de dos mil veintiuno, en su artículo único y todas y cada una de las tablas de valores catastrales (tabla de valores) unitarios de terrenos urbano para el ejercicio fiscal 2021, tabla de valores unitarios de terrenos urbanos para él. ejercicio fiscal 2021, tabla de valores de construcción vigente para el ejercicio fiscal 2021, descripción de las características de construcción según el uso y clase. 1.3.- La expedición y aprobación de la LEY NÚMERO 266 DE CATASTRO para los Municipios del Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, Alcance I, misma que entró en vigor el veintisiete del mismo mes y año, en sus artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 2.- Del DIRECTOR DE CATASTRO e Impuesto Predial del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, se reclaman: 1ro. La determinación (y aumento) de la BASE GRAVABLE efectuada respecto del INMUEBLE, a través de un ilegal (o inexistente) revaluó catastral: identificados con la siguiente CUENTA CATASTRAL: 014-036-004-0000, SUP. TERRENO: 934.60 M2., SUP. CONSTRUCCION: 480.39 M2, TIPO PREDIO: URBANO CONSTRUIDO, Calle: LT 4 MANZ 4 CALLE MONTE CASINO Y AV DEL TANQUE, No. Ext.: SN, Colonia: REAL DE ACAPULCO, ACAPULCO DE JUÁREZ. 2do.- La aplicación de: a).- la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco para el Ejercicio Fiscal 2021, (específicamente en su Capítulo Segundo 'Impuesto Sobre el Patrimonio', Sección Única 'Predial' en sus artículos 9 incisos c), en todos sus apartados (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 10 fracciones I y III, 11, 12, 13, 14 15 y octavo, noveno transitorio); b).- el Decreto 640 en que se contienen las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Ayuntamiento de Acapulco para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, en su artículo único y todas y cada una de las tablas de valores catastrales. c).- la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, en sus artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; y d).- el Reglamento de la Ley Catastral 266; Consistiendo la aplicación de todos los preceptos reclamados antes señalados, en el cobro del impuesto predial 2021, documentado en los CFDI-Factura con número de folio: 2100328931, que acredita la recepción del pago." Datos tomados del CFDI-Factura que puede ser consultada y verificada en el portal https://pagosmunicipioacapulco.mx/facturaVentanilla." En ese contexto, por acuerdo de cuatro de abril de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la ampliación de la demanda de amparo; solicitó a las autoridades 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO 4 responsables sus informes con justificación; ordenó dar a la Fiscal Federal adscrita la intervención que legalmente le compete; y se hizo del conocimiento el día y hora fijados para la celebración de la audiencia constitucional; así, una vez integrados los autos, tuvo verificativo la audiencia de ley, con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 36/2016, que reformó al diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, en virtud de que se reclaman normas de carácter general emitidas por el Congreso local cuyo primer acto de aplicación tuvo verificativo dentro del límite territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio1 . TERCERO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza de los actos reclamados, es necesario fijarlos claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda e incluso la totalidad de las constancias 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 471/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 5 existentes en el expediente, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló, acorde con la tesis jurisprudencial P.VI/2004, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 181810, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; de ahí que, de conformidad con el análisis contextual señalado, se obtiene que la parte quejosa reclama: I. I. Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2021, específicamente los artículos 9, inciso c) (apartados 1 al 8), 10, fracciones I y III, 11, 12, 13, 14, 15 y noveno transitorio. I. II. Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 29 a 39. I. III. Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021. II. I. La determinación y cobro del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno (2021), respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 014-036-004-0000. II. II La aplicación de la normativa reclamada contenida en la determinación de la base gravable y cobro del impuesto predial, en relación con el inmueble identificado con la cuenta catastral 014-036- 004-0000, y que originó la emisión de la factura con folio 2100328931; así como por vicios propios. CUARTO. Oportunidad en la demanda. La demanda es oportuna si se parte de que el promovente del amparo manifiesta que tuvo conocimiento del acto reclamado el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, data en que realizó el entero correspondiente que originó la emisión de la factura 2100328931. De ahí que, el plazo de quince días para la presentación del amparo quedó comprendido del veintidós de marzo al catorce de 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO 6 abril de dos mil veintiuno, sin considerar en dicho cómputo los días sábados y domingos al ser inhábiles en términos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, ni el treinta y uno de marzo, uno y dos de abril, que correspondieron a la denominada Semana "Santa" o "Mayor" en que no corrieron términos de ley. De manera que, la demanda de amparo se presentó oportunamente el seis de abril de dos mil veintiuno, esto es, dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. Inexistencia del acto de aplicación. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, de análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Registro digital: 212775, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.". En ese sentido, resulta inexistente el acto de aplicación que se atribuye a la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, tal y como lo argumenta al momento de rendir informe justificado en relación a la ampliación de la demanda de amparo. 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 471/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 7 Sobre el tópico debe atenderse que la aplicación de los preceptos legales reclamados deriva de la actuación de la parte quejosa frente al contenido normativo de aquéllos, con motivo del pago que efectuó por concepto de impuesto predial, y no porque la autoridad señalada como ejecutora, en ejercicio de sus facultades, hubiera hecho efectivo el cumplimiento del mandato contenido en los numerales controvertidos; es decir, aunque pudiera ser cierto que la responsable recibió el pago del impuesto predial; lo cierto es que la aplicación de los normativos se materializó con el entero de la contribución que de manera voluntaria y espontánea efectuó el contribuyente; de ahí que la parte quejosa se ubica en la hipótesis de autoliquidación. En relación con esa figura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/2007-SS, en sesión de veintisiete de junio de dos mil siete, determinó lo siguiente: La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad, por lo que el que en un juicio de amparo el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, sólo acredita la autoaplicación de la ley y no da lugar a tener por acreditada la existencia de los actos de determinación y cobro atribuidos a la autoridad ejecutora. Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. De la ejecutoria aludida derivó la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO 8 quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." En aplicación del criterio jurisprudencial, se arriba a la conclusión que no puede considerarse que la autoridad municipal señalada como responsable haya aplicado en perjuicio de la parte quejosa las normas reclamadas. o La parte quejosa acudió a este juicio de amparo con motivo del pago que, voluntariamente y en forma espontánea, efectuó del impuesto predial, en términos de la factura con folio 2100328931, respecto del inmueble identificado con cuenta catastral 014-036-004-0000. La mecánica para la determinación de las contribuciones locales se encuentra regulada, entre otros, por los artículos 28, 29, 30, 34 y 72 del Código Fiscal Municipal número 1522 , de los que se desprende que el sistema contributivo municipal se rige por el principio autodeterminativo, ya que la determinación o liquidación de los tributos se efectúa -ordinariamente- por el propio contribuyente. La ley fiscal parte de un diverso principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias, de manera excepcional, la ley dispone que ese cálculo podrá ser realizado por la autoridad hacendaria. 2 "Artículo 28. La Obligación Fiscal, nace cuando se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las Leyes Fiscales. Dicha obligación se determinará y liquidará conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento, pero le serán aplicables las normas sobre procedimientos que se expidan con posterioridad". "Artículo 29. El crédito fiscal es la obligación fiscal determinada en cantidad líquida o en especie que incluye los accesorios legales, que deberán pagarse en los términos que determinen las disposiciones fiscales". "Artículo 30. Pago o entero es el cumplimiento de una obligación fiscal determinada en cantidad líquida y deberá efectuarse, en los términos siguientes: I. Si es a las autoridades a las que corresponde hacer la liquidación, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya surtido efectos la notificación de la misma. II. A los sujetos pasivos o responsables solidarios les corresponde determinar en cantidad líquida la prestación fiscal, dentro de los diez días siguientes a la fecha de su causación en tratándose de personas físicas y quince días en el caso de las personas morales". "Artículo 34. Las autoridades fiscales rectificarán en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que no hubieren transcurrido cinco años desde que se practicó la determinación o liquidación, según sea el caso, cuya rectificación se pretenda". "Artículo 72. Los sujetos que tengan obligación de presentar declaraciones, manifestaciones y avisos, deberán hacerlo en las formas que al efecto apruebe la Tesorería Municipal y de proporcionar los datos e informes que en dichas formas se requieran. Las declaraciones, manifestaciones o avisos, se presentarán en la Tesorería Municipal respectiva y en todos los casos se devolverá al interesado una copia sellada". 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 471/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 9 ??????? ?????? ?? La autoliquidación es una forma de colaboración con la administración tributaria que no supone un acto administrativo, sino una simple declaración tributaria en la que el propio sujeto pasivo practica también la liquidación tributaria consecuente. La autoliquidación es una declaración liquidación practicada y presentada por el propio sujeto pasivo. En la práctica, a esta forma de enterar el tributo a cargo del contribuyente también se le denomina autodeterminación, que es el procedimiento mediante el cual el propio contribuyente determina los impuestos a su cargo y efectúa el entero respectivo. La autodeterminación contributiva se basa en el principio de buena fe, de acuerdo con el cual el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria cumple, espontáneamente y en tiempo, con sus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal. Resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 11/2012 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 160032, que es del texto siguiente: "OBLIGACIONES FISCALES. LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UN DERECHO, SINO UNA MODALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE. El citado precepto dispone que corresponde a los contribuyentes determinar las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Consecuentemente, en el causante recae la obligación de determinar, en cantidad líquida, las contribuciones a enterar, mediante operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las tasas tributarias establecidas en la ley. La autodeterminación de las contribuciones parte de un principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias. Ahora bien, la interpretación del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación pone de relieve que la referida autodeterminación no constituye un reflejo de algún principio constitucional, esto es, no se trata de un derecho a favor del contribuyente, sino de una modalidad relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cuya atención supervisa la autoridad fiscal, como lo acredita la existencia de las facultades de comprobación en materia tributaria." Como quedó precisado, la autoliquidación no obedece a una orden o requerimiento expreso de la autoridad encargada de recaudar los tributos, sino al cumplimiento voluntario y espontáneo de una obligación establecida en la ley. En consecuencia, al no ser atribuible a las autoridades municipales del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, el acto de aplicación que en forma genérica es atribuido, procede sobreseer 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO 10 en el presente juicio en lo relativo de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia visible en el Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 305, Registro digital: 1002350, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis VI.2o.A.4 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 903, Registro digital: 187728, del tenor siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." SEXTO. Existencia de actos reclamados. En contraposición a la conclusión alcanzada en el considerando que antecede, debe tenerse por ciertos los actos reclamados al Congreso del Estado de Guerrero, pues así lo reconoció al rendir informe justificado, y máxime que la existencia de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no necesita ser probada en autos, pues basta que estén publicados en el medio difusivo correspondiente, como en este caso es el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, para que la autoridad judicial esté 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 471/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 11 ??????? ?????? ?? obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad. Además, la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicada al acto de que se trate y tal publicidad determina que los tribunales a los que se encomienda la aplicación del derecho no puedan argüir desconocerlo, por la notoriedad de ese acontecimiento. En ese sentido, tiene aplicación las Jurisprudencia y Tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, con registros digitales: 1002815 y 233090, que disponen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." A su vez, no pasa inadvertido que la parte quejosa destaca como acto reclamado por vicios propios el procedimiento llevado a cabo para la determinación de la base gravable efectuada respecto del inmueble bajo el número de cuenta catastral 014-036-004- 0000; actuar este último que no obstante la negativa expresada al momento de rendir informe justificado, es dable tener por cierto a la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; habida cuenta que agrega de manera toral que se procedió a determinar el valor catastral del inmueble, sin que el incremento a la base gravable sea producto de un reevalúo catastral efectuado, sino a la aplicación de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción vigentes; de ahí que, deba tenerse por cierto el referido acto, puesto que la manifestación que vierte es suficiente para acreditar la certeza de esa conducta reclamada; y, máxime que el artículo 8 de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, dispone a la mencionada como autoridad en materia de catastro3 . 3 Artículo 8.- Son Autoridades en materia de catastro: I. El Presidente Municipal. II. El Tesorero Municipal. III. El Director de Catastro Municipal. 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO 12 Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Registro digital: 211004, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." SÉPTIMO. Causales de improcedencia infundadas. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada y establecidas las anteriores consideraciones, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto por el del artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 814 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Registro digital: 394770, que enseguida se inserta: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al rendir informe justificado sostiene la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, precepto que dispone: "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Del tal precepto se constata que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 471/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 13 ??????? ?????? ?? artículo 5º de la citada Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Contrario a lo aducido por dicha autoridad, la quejosa sí acredita el interés jurídico para controvertir la constitucionalidad del Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, con motivo de su aplicación a través del pago del impuesto predial que efectuó respecto del inmueble con cuenta catastral 014-036-004-0000; lo que demostró con la factura con folio 2100328931, a su nombre. Por tanto, basta la emisión de la factura que acredita el pago a nombre de la parte quejosa, para asumir que no se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que el impuesto predial se calcula tomando como base el valor catastral de los inmuebles, los cuales se determina calculando los valores unitarios del suelo (valor del suelo de la región en la cual está ubicada la propiedad) y la construcción (valor de la construcción) y multiplicando éstos por la superficie de la edificación (rango); es decir, técnicamente hablando, este impuesto se calcula tomando como base el valor catastral de los inmuebles y, a su vez, éste se determina al calcular los rangos de valores (tablas) que marcan el monto del impuesto predial de acuerdo con el rango de valor catastral en que se encuentra una vivienda. De ahí que, contrario a lo aducido por la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, la parte quejosa sí acredita el interés para controvertir el Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, así como la determinación de la base gravable con motivo del primer acto de aplicación. Sin que para tal efecto sea indispensable verificar la titularidad de la propiedad; pues como se dijo, del documento adjunto a la demanda, se aprecia que la factura de pago del impuesto con folio 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO 14 2100328931, que constituye el primer acto de aplicación de las normas, están a nombre del quejoso. Lo antepuesto encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2a./J. 141/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Registro digital: 2002151, del tenor siguiente: "IMPUESTO PREDIAL. EL RECIBO O CERTIFICADO DE PAGO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS LEYES QUE LO ESTABLECEN. El interés jurídico que le asiste a la parte quejosa para reclamar en el juicio de amparo las leyes que establecen o modifican el impuesto predial en aspectos generales, con motivo de un acto de aplicación, puede acreditarse con el recibo o certificado de pago del tributo a su nombre, correspondiente al ejercicio de vigencia de la ley, pues de tal prueba deriva que es contribuyente de aquél, en relación con el predio a que el recibo se refiere y que realizó el pago de la contribución, sin que deba exigirse la aportación de mayores elementos de prueba; salvo en los casos en que se impugnen, en lo particular, normas que regulen determinados supuestos que requieran de la demostración, con mayores pruebas, de que el particular se encuentra comprendido en ellos." Asimismo, deben desestimarse las manifestaciones de la responsable tendentes a controvertir la falta de afectación patrimonial de la parte quejosa con las normas reclamadas, pues involucran indefectiblemente un estudio de la materia de fondo. Resulta aplicable por analogía, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 135/2001, visible en el Registro digital: 187973, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." De ahí que, resulte infundada la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. De igual manera, tenemos que la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, sostiene que el quejoso debió agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, previo acudir a la instancia constitucional, en acatamiento al principio de 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 471/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 15 definitividad que rige el juicio de amparo; afirmación que resulta infundada, partiendo del hecho de que conforme a la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, la parte quejosa no está obligada en agotar tal vía, ya que en sus motivos de inconformidad alega la inconstitucionalidad de una norma general. La indicada porción normativa a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. (.)." Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis P. III/93 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 205581, que dice: "RECURSOS. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LEYES, NO ES NECESARIO AGOTARLOS, AUN CUANDO CONFORME A LAS MISMAS LEYES SE SUSPENDAN LOS EFECTOS DE DICHOS ACTOS MEDIANTE SU INTERPOSICION. De conformidad con lo establecido en el artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, tratándose de leyes es optativo para el quejoso hacer valer el recurso ordinario o bien promover el juicio de garantías, en virtud de que existe la excepción al principio de definitividad que consagra nuestro juicio de garantías. Lo anterior es así aun cuando conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso, pues la condición señalada en la fracción XV del artículo 73, en el sentido de que debe agotarse el recurso siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, es para la regla general contenida en dicha fracción, pero no para la excepción que expresamente señala la misma Ley de Amparo en el tercer párrafo de la fracción XII." Asimismo, por analogía, la tesis 1a. CCXLV/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro: 2012970, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE SI CON POSTERIORIDAD A SU PROMOCIÓN SE INTERPONE UN RECURSO ORDINARIO CONTRA EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA RECLAMADA. Conforme al artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, una norma general se entiende consentida tácitamente si no se promueve juicio de amparo en su contra en el momento de 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO 16 iniciación de su vigencia o con motivo del primer acto de aplicación; sin embargo, cuando contra éste proceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado interponerlo o impugnar la norma general vía juicio de amparo indirecto. Ahora bien, si el gobernado opta por el recurso o medio de defensa legal, opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, quedando obligado a recorrer, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios, tendentes a revocar, modificar o nulificar el acto lesivo a sus intereses; es decir, en todo caso, debe presentar la demanda cuando el acto de aplicación sea definitivo, pues conforme a dicho principio es inadmisible la posibilidad de que coexistan el juicio constitucional y el medio de defensa ordinario. Derivado de ello, si el interesado promueve el juicio de amparo antes de interponer cualquier recurso ordinario, debe estimarse que escogió el primer supuesto; sin embargo, si posteriormente interpone el medio de defensa ordinario, esta circunstancia conlleva la improcedencia del juicio constitucional, pues en virtud de la secuela procesal que se origine a partir del recurso ordinario, puede obtener una resolución favorable que deje sin efectos el acto de aplicación recurrido. En ese sentido, dicho acto se encuentra sub júdice y sólo será definitivo, para efectos de su impugnación constitucional, hasta que se emita la última resolución recaída al medio ordinario o a su impugnación, contra la que proceda el juicio de amparo directo, en su caso, en el que podrá hacer valer todas las violaciones constitucionales que atribuya al acto de aplicación y a la ley, pues ésta no se entenderá consentida, ni siquiera tácitamente." De ahí que, resulte infundada la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que invoca la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero OCTAVO. Causales de improcedencia fundadas. Como lo anunció al momento de rendir informe justificado la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, aunque por diversas circunstancias y motivos, se demuestra la causal de improcedencia prevista en el artículo 108, fracción VIII, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados relacionados con la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 29 a 39. Los preceptos legales mencionados, disponen: "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito, o por los medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 471/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 17 (.) VIII. Los conceptos de violación (.). Los artículos en mención refieren que la demanda de amparo debe contener, entre otros, el concepto o conceptos de violación, y este requisito debe estimarse como una de las precisiones esenciales del juicio de amparo, en virtud de que es en el concepto de violación en el que la parte promovente, mediante los hechos, argumentos y razonamientos, establece las violaciones de derechos fundamentales que le causan los actos reclamados. En consecuencia, la ausencia o falta de tales conceptos, hace legalmente imposible que el Juez del conocimiento conceda o niegue el amparo que se le solicita, toda vez que no está en posibilidad de analizar y resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes o actos que se reclaman porque se cometan o no violaciones de derechos fundamentales, pues no basta que la parte quejosa en la parte relativa de la demanda señale determinados preceptos constitucionales que estime infringidos, si no expresa en qué consiste la infracción que imperativamente debe quedar razonada en el concepto correspondiente, para que se satisfaga el requisito exigido por la citada fracción VIII del artículo 108, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 232306, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACION EN EL AMPARO ANTE JUZGADOS DE DISTRITO. El artículo 116 de la Ley de Amparo, en su fracción V, establece que la demanda de amparo contendrá, entre otros, el concepto o conceptos de violación. De aquí que no basta señalar como violados los preceptos constitucionales si no se expresa por qué se violan dichos preceptos. Este requisito debe estimarse como uno de aquellos que son esenciales del juicio de garantías, en virtud de que es el concepto de violación en el que el promovente, mediante hechos, argumentos y razonamientos, establece las violaciones de garantías que le causan los actos reclamados. En consecuencia, la ausencia o falta de tales conceptos hace legalmente imposible que el Juez del conocimiento conceda o niegue el amparo que se solicita." En el caso, respecto de los actos reclamados relacionados con la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 29 a 39; no obstante que la parte quejosa los destaca como reclamados, del análisis íntegro de la demanda no se advierte reclamo tendente a controvertir su constitucionalidad. 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO 18 Lo anterior es así, ya que, de los conceptos de violación se aprecia plenamente la intención de controvertir lo siguiente: * La modificación de la base gravable del predio con cuenta catastral 014-036-004-0000, al considerar que debió ser precedida de un procedimiento en el que se respetara su derecho fundamental de audiencia, manifestación que es suficiente para tenerlo como un concepto de violación. * El Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, por contravenir los principios tributarios previstos en la fracción IV, del artículo 31 Constitucional. * Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2021, específicamente los artículos 9, inciso c) (apartados 1 al 8), 10, fracciones I y III, 11, 12, 13, 14, 15 y noveno transitorio, carece de la mecánica para calcular la base gravable, en contravención al principio de legalidad tributaria, contemplado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De manera que, al no haber materia de Litis respecto de los actos reclamados relacionados con la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 29 a 39; esta juzgadora no está en posibilidad de analizar y resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes que, en apariencia se reclaman, pues no basta que la parte quejosa los señale como actos reclamados, si no expresa en qué consiste la infracción que se reprocha. Resta destacar que toda ley tiene la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar, por lo que no basta su simple reclamo a través de la acción de amparo para que sean consideradas contrarias al marco constitucional, salvo excepciones en que impera la suplencia en la deficiencia de la queja a grado tal, que aun ante la ausencia de conceptos de violación, el juzgado debe abordar el estudio de constitucionalidad, sin embargo, dicha excepción a la regla general no cobra vida en el presente asunto, pues se 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 471/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 19 reclaman leyes relativas a impuestos; por tanto, la presunción de que goza la ley debe ser destruida por el gobernado a través de los conceptos de violación, correspondiéndole la carga de la prueba; de ahí que el sobreseimiento decretado en relación a los artículos antes precisados, atiende a que sería incorrecto negar el amparo por esa falta, si precisamente por su ausencia no es posible analizar si son disonantes con la Constitución General de la República. Sobre el tema de la presunción de constitucionalidad que inviste a las leyes, resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 121/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 143 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, relativa a la Novena Época, cuyo tenor es: "LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, según se trate, basta con expresar la causa de pedir; sin embargo, ello no significa que los quejosos o recurrentes puedan limitarse a realizar afirmaciones sin sustento, pues a ellos corresponde exponer las razones por las cuales estiman inconstitucionales los actos reclamados. Por tanto, en virtud de que toda ley goza de la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, corresponde a quienes la impugnan, la carga de la prueba, pues sólo así es posible analizar si la ley reclamada contraviene o no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De ahí que, ante la falta de disenso, lo procedente es decretar el sobreseimiento por falta de conceptos de violación, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Esta potestad federal advierte que no existe diversa causal hecha valer por las partes ni la configuración de alguna de manera oficiosa, por tanto, se procede a examinar el asunto a la luz del concepto de violación vertido por la parte quejosa. NOVENO. Análisis de los conceptos de violación. Resulta oportuno destacar que, por cuestión de técnica jurídica, la materia de este sumario sólo se acota al análisis de constitucionalidad a la luz de los conceptos de violación planteados contra los actos reclamados siguientes: La expedición, aprobación y promulgación de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO 20 de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2021, específicamente los artículos 9, inciso c) (apartados 1 al 8), 10, fracciones I y III, 11, 12, 13, 14, 15 y noveno transitorio. La expedición, aprobación y promulgación del Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021. Por lo que, sólo en caso de resultar infundados los planteamientos de inconstitucionalidad de tal normativa reclamada, se procederá al estudio de los conceptos de violación propuestos contra la determinación y cobro del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno (2021), respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 014-036-004-0000. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, Registro digital: 191311, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 471/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 21 en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." No es necesario trascribir los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa en su escrito de demanda, ya que no se requiere para el desarrollo y dictado de la presente resolución. Sobre el particular, es aplicable la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante, para mayor claridad del asunto, se sintetizarán a lo largo de esta sentencia; asimismo, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, el estudio de los referidos conceptos violación se realizará en un orden diverso al propuesto por la parte quejosa. A) CONCEPTO DE VIOLACIÓN RELACIONADOS CON LA LEY NÚMERO 638 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, ESPECÍFICAMENTE LOS ARTÍCULOS 9, INCISO C) (ASÍ COMO APARTADOS 1 AL 8), 11, 12, FRACCIÓN III, 13, 14, 15 Y NOVENO TRANSITORIO. En el tercer concepto de violación de la ampliación de la demanda la parte quejosa argumenta que las autoridades legislativas al emitir la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO 22 Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2021, específicamente los artículos 9, inciso c) (apartados 1 al 8), 10, fracciones I y III, 11, 12, 13, 14, 15 y noveno transitorio, así como el Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, omitieron la mecánica para calcular la base gravable, contraviniendo con ello el principio de legalidad tributaria contemplado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que tal normativa se limita en señalar que: ". se pagará el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado." Tal planteamiento resulta infundado porque contrario a lo que expone la parte quejosa, las normas reclamadas no transgreden el principio de legalidad tributaria, ya que sí contempla la mecánica o procedimiento en que se debe basar la autoridad administrativa para determinar el valor unitario del suelo y la construcción de los inmuebles que servirá de base para calcular el valor catastral correspondiente. Para demostrarlo, primeramente debe decirse que la garantía de legalidad tributaria, consagrada en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste, medularmente, en que los elementos esenciales de una contribución estén establecidos en un acto formal y materialmente legislativo; es decir, que provenga del órgano que tenga atribuida la función de crear leyes (aspecto formal) y en que los elementos esenciales de aquéllas, tales como el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, también se encuentren consignados en la ley (aspecto material). Tal consideración se desprende de la jurisprudencia 289, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Volumen 91-96, Primera Parte, Séptima Época, página 172, registro: 232796, que dice: "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos "contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes", no 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 471/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 23 sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, esté establecido por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida." Luego, atendiendo a la finalidad y al derecho a la seguridad jurídica que se tutela en el artículo 31, fracción IV, Constitucional, a través del principio de legalidad tributaria, el acatamiento de este tiene lugar cuando se establecen en un acto material y formalmente legislativo todos aquellos elementos que sirven de base para realizar el cálculo de una contribución, fijándolos con la precisión necesaria que, por un lado, impida el comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades que directa o indirectamente participen en su recaudación y que, por otro, generen al gobernado certidumbre sobre qué hecho o circunstancia se encuentra gravado, cómo se calculará la base del tributo, qué tasa o tarifa debe aplicarse, cómo, cuándo y dónde se realizará el entero respectivo y en fin, todo aquello que le permita conocer qué cargas tributarias le corresponden en virtud de la situación jurídica en que se encuentra o pretenda ubicarse. Así, el respeto a la garantía de legalidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, exige que la carga impositiva esté prevista en una ley, para evitar que quede al margen de la arbitrariedad de las autoridades exactoras la fijación del tributo, quienes sólo deberán aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas antes de cada caso concreto, para evitar el cobro de impuestos imprevisibles y a título particular, y para que el particular pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador, y no otro órgano, quien precise los elementos del tributo. Es aplicable el criterio del Pleno del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96, Primera Parte, Séptima Época, página 173, registro: 232797, de rubro y texto siguientes: 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO 24 "IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCION FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el período que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan solo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles." Cabe destacar que en materia de legalidad tributaria la reserva de la ley es relativa dado que las contribuciones no necesariamente deben estar reguladas en su totalidad por una ley formal y materialmente legislativa, sino que es suficiente que los elementos esenciales de la contribución se describan en ella, para que puedan ser desarrollados en otros ordenamientos de menor jerarquía, siempre que estas normas observen irrestrictamente los lineamientos planteados en la ley primaria. Lo anterior, al tenor de la jurisprudencia P./J. 106/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, véase en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Novena Época, página 5, registro: 174070, que dice: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 471/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 25 DEBEN TENER LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. El principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el legislador, y no las autoridades administrativas, quien establezca los elementos constitutivos de las contribuciones, con un grado de claridad y concreción razonable, a fin de que los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben atender sus obligaciones tributarias, máxime que su cumplimiento defectuoso tiende a generar actos de molestia y, en su caso, a la emisión de sanciones que afectan su esfera jurídica. Por ende, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de la definición de alguno de los componentes del tributo, ha declarado violatorios del principio de legalidad tributaria aquellos conceptos confusos o indeterminables para definir los elementos de los impuestos; de ahí que el legislador no pueda prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ellos se dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que generen la configuración de los tributos y que se produzca el deber de pagar impuestos imprevisibles, o bien que se origine el cobro de impuestos a título particular o que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que debe contribuir al gasto público." Ahora bien, la circunstancia de que la determinación o el cálculo preciso de alguno de los elementos que repercuten en el monto al que ascenderá una contribución corresponda realizarlo a una autoridad administrativa, por sí sólo, no conlleva una transgresión al principio de legalidad tributaria, pues para que esto acontezca resulta necesario que en las disposiciones formal y materialmente legislativas, que prevean el procedimiento que aquella debe seguir, no se acote su actuar a los límites ciertos que, atendiendo a la naturaleza del fenómeno a valorar, impidan su actuación caprichosa y la correlativa incertidumbre para el gobernado. En esa medida, para determinar si una norma jurídica se apega al principio de legalidad tributaria, es relevante precisar qué elemento de la contribución se regula a través de ella y posteriormente, cuál es el fenómeno que la autoridad administrativa debe cuantificar ciñéndose a esa regulación, lo que permitirá concluir si esta se apega a las finalidades que sigue ese principio de justicia tributaria. Ahora bien, de la intelección de los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021, puede advertirse en primer término, que el legislador desarrolló los elementos sustantivos del tributo en comento, pues definió y desarrolló quiénes son los sujetos obligados a su pago (artículo 11), así como el objeto del impuesto predial (artículo 10), su base y tasa (artículo 9), así como el periodo de pago (artículos 13 y 14). 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO 26 Por su parte, los artículos 6, 34 y 35 de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, disponen el procedimiento para obtener el "valor catastral", apoyándose en todo momento de las Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción. "Artículo 6.- El valor catastral de los predios será el obtenido por los procesos establecidos en esta Ley y su Reglamento, el cual servirá de base para la determinación y aplicación del impuesto predial." "Artículo 34.- Para determinar el valor catastral de cada predio, se aplicarán los valores unitarios para el suelo y para los diferentes tipos de construcción que al efecto elabore la Dirección de Catastro Municipal, que previamente serán aprobados y autorizados por el H. Congreso del Estado. Los Ayuntamientos municipales que remitan su iniciativa de Decreto de tablas de valores unitarios de suelo y construcción al H. Congreso del Estado, para su aprobación, previamente deberán ser revisadas y validadas por la Coordinación General de Catastro dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que verifique el cumplimiento de los criterios y lineamientos técnicos y normativos establecidos en la presente Ley y su Reglamento. En caso de que la Coordinación General de Catastro emita observaciones sobre la propuesta de tablas de valores unitarios de suelo y construcción, las hará del conocimiento al Ayuntamiento que corresponda y del H. Congreso del Estado, para que éste último valore la conveniencia de incluir dichas observaciones en el Decreto correspondiente." "Artículo 35.- Una vez formuladas las tablas de valores unitarios de suelo y construcción y validadas por la Coordinación General de Catastro, se someterán a acuerdo del Cabildo, para que se envíen en calidad de proyecto, por conducto del Presidente Municipal al H. Congreso del Estado para su análisis, discusión y aprobación correspondiente. Dichas tablas de valores unitarios deberán presentarse para su aprobación, en la fecha que señale la Ley Orgánica del Municipio Libre Vigente." Así, razonablemente permite afirmar y sostenerse que la base del impuesto predial es el valor catastral de los inmuebles, y que su importe se obtiene conforme a las disposiciones de la propia Ley de Catastro Municipal y su Reglamento. En el caso, contrariamente a lo argumentado por el quejoso, la mecánica para calcular la base gravable, se encuentra establecida en las disposiciones de la propia Ley de Catastro Municipal y su Reglamento, al estatuir que ". el valor catastral de cada predio, se aplicarán los valores unitarios para el suelo y para los diferentes tipos de construcción."; luego, bajo tal conjetura basta solo aplicar a los metros cuadrados de suelo y construcción del inmueble los valores unitarios correspondientes para obtener la base 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 471/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 27 gravable del impuesto a la que se aplicará el pagó del 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado; y, de ahí que, como se anticipó, resulta infundado el concepto de violación que se analiza. B) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELACIONADOS CON EL DECRETO NÚMERO 640 POR EL QUE SE APRUEBAN LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE USO DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN QUE SERVIRÁN DE BASE AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021. La parte quejosa en el escrito de ampliación de demanda de amparo, en los conceptos de violación primero y segundo esgrime de manera toral que el Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, por cuanto hace a la "TABLA DE VALORES DE CONSTRUCCIÓN", transgrede los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributarias, previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al sostener: * Que la "TABLA DE VALORES DE CONSTRUCCIÓN", contienen en una primera fila la clasificación de dieciocho categorías: 1) "VIVIENDA UNIFAMILIAR", 2) "DEPARTAMENTO CONDOMINIO", 3) "OFICINAS", 4) "HOTELES-MOTELES", 5) "COMERCIOS O PRESTACIÓN DE ALGÚN TIPO DE SERVICIO", 6) "ESCUELAS", 7) "RESTAURANTES", 8) "NAVES IND/BODEGAS", 9) "HOSPITALES", 10) "ESTACIONAMIENTO", 11) "TECHUMBRES", 12) "TERRAZAS", 13) "ALBERCA", 14) "JARDINES", 15) "ELEVADORES", 16) "PAVIMENTOS Y BANQUETAS", 17) "MUROS DE CONTENCION", y 18) "CENTROS SOCIALES, SALON DE EVENTOS, ESTADOS, FOROS Y ESPECTÁCULOS"; sin embargo, alude que uno de los elementos de la contribución, como es la base gravable, pueda determinarse discrecionalmente por la autoridad administrativa, vulnerando con ello el principio de legalidad tributaria, puesto que si bien los valores se asignan a cada tipo de construcción dependiendo 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO 28 su categoría, no se toman en consideración como factor de valuación la edad de las construcciones, su antigüedad y su vida útil. Para resolver tales planteamientos, resulta necesario precisar que el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, establece que es obligación de los mexicanos, contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado el contenido y alcance del principio de legalidad tributaria, entre otras, en las jurisprudencias, cuyos rubros establecen: "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY" e "IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." De acuerdo con las consideraciones plasmadas en esos criterios, el respeto a la garantía de legalidad tributaria exige que la carga impositiva esté prevista en una ley, por las siguientes razones: - Para evitar que quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, en la fijación del tributo, quienes sólo deberán aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas antes de cada caso concreto. - Para evitar el cobro de impuestos imprevisibles. - Para evitar el cobro de impuestos a título particular. - Para que el particular pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien precise los elementos del tributo. Una vez precisado lo anterior, conviene recordar que el impuesto predial es una contribución cuyo objeto grava la riqueza manifestada por la posesión o la propiedad del suelo, así como de las construcciones adheridas a él, por lo que dicha contribución encuadra en la clasificación de los denominados "impuestos reales". La estructura normativa que regula la integración de sus elementos no se encuentra exclusivamente en la legislación ordinaria, sino que además tiene fundamento en el artículo 115 constitucional; siendo que su fracción IV, establece la integración y libre administración de la hacienda de los municipios, la cual se conforma entre otros ingresos, de las percepciones obtenidas por las contribuciones que los Estados impongan a la propiedad inmobiliaria, entre las cuales destaca el impuesto predial. Asimismo, el referido precepto dispone que los ayuntamientos en el ámbito de su competencia propondrán a las 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 471/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 29 legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Cabe señalar que las tablas de valores unitarios a las que hace referencia el precepto mencionado revisten una importancia fundamental en la integración de los elementos que conforman el impuesto predial ya que impactan la base gravable de la contribución, por lo que las normas que contengan dichas tablas deben respetar las garantías constitucionales de justicia tributaria previstas en el artículo 31, fracción IV, constitucional. En ese contexto, tenemos que los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021, a la letra señalan: "[.] ARTÍCULO 9. Este impuesto se causará y se pagará de conformidad con el objeto, sujeto, bases, tasas o tarifas, época de pago, de la siguiente manera. a) En predios urbanos y suburbanos baldíos; se pagará el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado. b) En predios rústicos baldíos; se pagará el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado. c) En predios urbanos y sub-urbanos edificados; se pagará el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado. d) En predios rústicos edificados; se pagará el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado. e) En los predios ejidales y comunales que hayan sido sujetos al cambio de régimen social; se pagará el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral de las construcciones. f) Los predios y construcciones ubicados en las zonas urbanas y sub urbanas, rústicos, incorporados al padrón catastral mediante programas sociales de regularización de la tenencia de la tierra, creados por los gobiernos: Federal, Estatal y Municipal; se pagará el 3.9 al millar anual sobre el 50 por ciento del valor catastral determinado, únicamente en el ejercicio fiscal en que queden regularizados a excepción de aquellos que estén al corriente del pago del impuesto. g) Los predios edificados propiedad de personas con discapacidad, padres y madres solteras, personas mayores de 60 años, así como de pensionados y jubilados de nacionalidad mexicana, destinados exclusivamente a su casa habitación, hasta por el valor catastral de 20,142 veces la unidad de medida y actualización, considerando que se aplica de forma gradual y no al 50 por ciento en su totalidad si se encuentra ubicado en zonas residenciales la casa habitación de la cual pagarán predial; pagarán impuesto predial con base a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, dando un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, conforme a los lineamientos siguientes: 1.En los casos en que el inmueble sea dedicado totalmente a casa habitación, liquidarán el Impuesto Predial sobre el 50 por ciento del valor catastral determinado; excepto si la conversión aplicada da como resultado una cantidad a liquidar menor a la estipulada en la fracción II de este mismo artículo. 2. En los casos en que el inmueble esté parcialmente destinado a casa habitación, se liquidará el Impuesto Predial sobre el 50 por ciento del valor catastral determinado para la parte exclusivamente dedicada a casa 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO 30 habitación. El impuesto correspondiente a las áreas no dedicadas a casa habitación, se pagará aplicando la tasa que le corresponde sobre el 100 por ciento del valor catastral determinado. 3. El beneficio a que se refiere el presente inciso; se concederá únicamente para pagos anticipados de todo el año. Este beneficio no es aplicable para años anteriores al vigente. 4. El beneficio a que se refiere el presente inciso; se concederá siempre y cuando el inmueble sea de su propiedad y así aparezca debidamente registrado en la base de datos de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial. 5. Si el valor catastral de la parte del inmueble dedicada a casa habitación excediera las 20,142 veces la unidad de medida y actualización vigente; por el excedente, se pagará sobre el 100 por ciento del valor catastral determinado. 6. El beneficio a que se refiere el presente inciso, se concederá para una sola vivienda cuya ubicación corresponderá con el domicilio manifestado en la tarjeta emitida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en la credencial de elector o el que sea manifestado en las constancias de padres y madres solteros, o de personas con capacidades diferentes emitidas por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 7. Para los pensionados o jubilados, además de presentar el documento que los acredite como tal, deberán demostrar su credencial de elector vigente y que el domicilio manifestado en ella coincida con el del inmueble donde se pretenda aplicar el descuento; para efecto de corroborar este dato. 8. Será obligatoria la acreditación de los beneficiarios del presente inciso, su supervivencia de forma anual ante las oficinas de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del municipio de Acapulco. Para aplicar dicho descuento del 50 por ciento del pago predial, las personas mencionadas en el artículo 9 inciso g) de la presente ley, deberán presentar: a) Copia del recibo de energía eléctrica vigente. b) En ningún caso el impuesto a pagar será menor a la cantidad de 3 unidades de medida y actualización vigente, por lo que todas las bases gravables cuya conversión resulte 3 U.M.A., serán actualizadas automáticamente, para registrar su equivalencia resultante en el padrón de contribuyentes catastrales durante el presente ejercicio fiscal que corre, en congruencia y de conformidad artículo 9 inciso a) de la presente ley." "Artículo 10.- Es objeto de este Impuesto: I. La propiedad de predios urbanos y suburbanos baldíos. II. La propiedad de predios rústicos baldíos. III. La propiedad de predios urbanos y sub-urbanos edificados. IV. La propiedad de predios rústicos edificados. V. Los predios Ejidales y comunales sobre el valor catastral de las construcciones, que hayan sido sujetos al cambio d régimen social. VI. Los predios y construcciones ubicados en las zonas urbanas y sub urbana, rústicas, incorporados al padrón catastral mediante programas sociales de regularización de la tenencia de la tierra, creados por los gobiernos: Federal, Estatal y Municipal. VII. Los predios edificados propiedad de discapacitados, padres y madres solteras, personas mayores de 60 años, así como de pensionados y jubilados de nacionalidad mexicana, destinados exclusivamente a su casa habitación." "Artículo 11.- Son Sujetos de este Impuesto, las personas físicas y morales, que ostenten la propiedad o posesión legal y material de los predios urbanos y suburbanos baldíos; rústicos baldíos; urbanos y suburbanos edificados; rústicos edificados; construcciones ubicadas en predios ejidales y comunales, así como la propiedad en condominios y del régimen de tiempo compartido y multipropiedad." "ARTÍCULO 12. Para los efectos de esta Ley se entiende por: I. OBJETO. La propiedad de predios urbanos y suburbanos y las construcciones adheridas a ellas; así como la propiedad en condominios y del régimen de tiempo compartido y multipropiedad. II. SUJETO. Los propietarios o poseedores de predios urbanos y suburbanos baldíos; rústicos baldíos; urbanos y suburbanos edificados; rústicos edificados; construcciones ubicadas en predios ejidales y 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 471/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 31 comunales, así como la propiedad en condominios y del régimen de tiempo compartido y multipropiedad. III. BASE. Es el valor catastral del predio y de las construcciones, apartamentos o local en condómino, los del régimen de tiempo compartido y multipropiedad; conforme a las disposiciones establecidas en la Ley número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero. IV. TASA. Porcentaje que habrá de aplicarse a una base a fin de determinar una cantidad a pagar. V. TARIFA O CUOTA. Cantidad liquida a pagar. VI. PERIODO DE PAGO. Lapso en el cual el particular tiene la obligación de hacer el pago, contando con un plazo determinado para acudir a hacer sus enteros al erario." "Artículo 13.- Los contribuyentes de este Impuesto deberán pagar, ante las oficinas recaudadoras municipales y medios autorizados legalmente, por bimestres adelantado dentro de los primeros quince días de los meses de: enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año; cuyas bases de tributación sean superiores a 1,000 veces la unidad de medida y actualización vigente." "Artículo 14.- Los contribuyentes cuyos predios tengan asignado un valor catastrado o no catastrado hasta 1,000 veces la unidad de medida y actualización vigente; pagarán el impuesto anual en una sola exhibición durante los dos primeros meses de cada año. El hecho de ser aceptado el pago anual anticipado no impide el cobro de diferencias que proceda hacerse por cambio en las bases de tributación." "Artículo 15.- Para el presente ejercicio fiscal los pagos derivados de la presente sección deberán ser amparados mediante un CFDI o REP según sea el caso, mismos que deberán contener de forma clara y precisa el número de metros cuadrados de superficie o terreno de construcción que se tienen manifestados ante las autoridades fiscales, por lo que dichos comprobantes sólo amparan la superficie expresados en ellos. Para el caso de que derivado de las facultades de comprobación resultare una diferencia en las superficies reales deberá hacerse el cobro correspondiente sin perjuicio de la sanciones que en su caso corresponda, con excepción de que se acredite que dicha diferencia no corresponde a una declaratoria del contribuyente." Por su parte, los artículos 6, 34 y 35 de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, disponen el procedimiento para obtener el "valor catastral", apoyándose en todo momento de las Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción, preceptos legales que disponen: "[.] Artículo 6.- El valor catastral de los predios será el obtenido por los procesos establecidos en esta Ley y su Reglamento, el cual servirá de base para la determinación y aplicación del impuesto predial. Artículo 34.- Para determinar el valor catastral de cada predio, se aplicarán los valores unitarios para el suelo y para los diferentes tipos de construcción que al efecto elabore la Dirección de Catastro Municipal, que previamente serán aprobados y autorizados por el H. Congreso del Estado. [..] Artículo 35.- Una vez formuladas las tablas de valores unitarios de suelo y construcción y validadas por la Coordinación General de Catastro, se someterán a acuerdo del Cabildo, para que se envíen en calidad de proyecto, por conducto del Presidente Municipal al H. Congreso del Estado para su análisis, discusión y aprobación correspondiente. Dichas tablas de valores unitarios deberán presentarse para su aprobación, en la fecha que señale la Ley Orgánica del Municipio Libre Vigente." De lo anterior, se advierte claramente la estrecha vinculación que existe entre las tablas de valores catastrales unitarios y la base del impuesto predial consistente en el valor 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO 32 catastral de los inmuebles, ya que este último se obtiene mediante la aplicación de los valores unitarios vigentes en la fecha de causación, contenidos en las tablas referidas, de ahí que estas últimas, al formar parte integrante de la base gravable, deban respetar los principios constitucionales que rigen a las contribuciones. Resulta importante destacar que el impuesto referido, al tratarse de una contribución que grava la riqueza manifestada por la posesión o la propiedad del suelo, así como de las construcciones adheridas a él, refleja en su base gravable una cuantificación numérica, que es expresión de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, y que se aprecia atendiendo a las características de los bienes inmuebles de que se trate, lo que se concreta por medio del establecimiento de las referidas tablas de valores catastrales unitarios. Sobre esas premisas, resulta indispensable reproducir la "TABLA DE VALORES DE CONSTRUCCIÓN" que se analiza: Del análisis de la "TABLA DE VALORES DE CONSTRUCCIÓN" se advierte, tal y como lo expone la parte quejosa, que en la primera fila se clasifican los tipos de construcción en dieciocho categorías: 1) "VIVIENDA UNIFAMILIAR", 2) "DEPARTAMENTO CONDOMINIO", 3) "OFICINAS", 4) "HOTELES MOTELES", 5) "COMERCIOS O PRESTACIÓN DE ALGÚN TIPO DE SERVICIO", 6) "ESCUELAS", 7) "RESTAURANTES", 8) "NAVES IND/BODEGAS", 9) "HOSPITALES", 10) "ESTACIONAMIENTO", 11) 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 471/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 33 "TECHUMBRES", 12) "TERRAZAS", 13) "ALBERCA", 14) "JARDINES", 15) "ELEVADORES", 16) "PAVIMENTOS Y BANQUETAS", 17) "MUROS DE CONTENCION", y 18) "CENTROS SOCIALES, SALON DE EVENTOS, ESTADOS, FOROS Y ESPECTÁCULOS". Para después en una segunda fila clasificar por categorías las construcciones en: 1) "A PRECARIA", 2) "B POPULAR", 3) "C ECONÓMICA", 4) "D INTERÉS SOCIAL", 5) "E MEDIO", 6) "F SEMIFLUJO", 7) "G LUJO", 8) "H PLUS", y 9) "I PREMIER". Y por último, en las subsecuentes filas señalar el Valor Unitario en UMA's por metro cuadrado que le corresponde al bien respectivo. En esas condiciones, siguiendo el orden referido es innegable que debe conocerse primero qué tipo de construcción está adherida al predio; segundo, determinar la subclasificación según sus características; para así estar en condiciones de conocer el Valor Unitario en UMA's por metro cuadrado que le corresponde al bien inmueble. Expuesto todo lo anterior, se colige: Que si bien en la "TABLA DE VALORES DE CONSTRUCCIÓN" anteriormente insertada, no se define qué debe entenderse por cada una de las categorías de las construcciones, a saber: 1) "A PRECARIA", 2) "B POPULAR", 3) "C ECONÓMICA", 4) "D INTERÉS SOCIAL", 5) "E MEDIO", 6) "F SEMIFLUJO", 7) "G LUJO", 8) "H PLUS", y 9) "I PREMIER", debe precisarse que tal situación se aclara en el resto de las tablas insertas en el apartado "IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN EL USO Y LA CLASE"; sin embargo, nada se establece por lo que respecta a los tipos de construcción que es clasifican en dieciocho categorías: 1) "VIVIENDA UNIFAMILIAR", 2) "DEPARTAMENTO CONDOMINIO", 3) "OFICINAS", 4) "HOTELES-MOTELES", 5) "COMERCIOS O PRESTACIÓN DE ALGÚN TIPO DE SERVICIO", 6) "ESCUELAS", 7) "RESTAURANTES", 8) "NAVES IND/BODEGAS", 9) "HOSPITALES", 10) "ESTACIONAMIENTO", 11) "TECHUMBRES", 12) "TERRAZAS", 13) "ALBERCA", 14) "JARDINES", 15) "ELEVADORES", 16) "PAVIMENTOS Y BANQUETAS", 17) "MUROS DE CONTENCION", y 18) "CENTROS SOCIALES, SALON DE EVENTOS, ESTADOS, FOROS Y ESPECTÁCULOS". 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO 34 Siendo que -en lo que interesa- tratándose de las categorías de 1) "VIVIENDA UNIFAMILIAR", y 2) "DEPARTAMENTO CONDOMINIO", éstas no son claras aún y cuando en la tabla relativa a la descripción de las características, se establezca "VIVIENDA" (En Régimen de Propiedad Individual o Condominio), puesto que permite un margen de arbitrariedad a favor de la autoridad administrativa en lo relativo a la determinación de un elemento que incide en la base gravable del impuesto predial, lo que resulta violatorio del principio de legalidad tributaria, y que impacta en gran medida atendiendo los inmuebles que defiende la parte quejosa, al tratarse de un predio catalogado como "URBANO CONSTRUIDO". A efecto de demostrar lo anterior, se estima pertinente tomar en consideración los datos de los inmuebles que se defiende, únicamente de manera ejemplificativa y que se encuentran insertos en las facturas folios 2100328931, a saber: "CUENTA CATASTRAL: 014-036-004-0000, SUP. TERRENO: 434.60 M2., SUP. CONSTRUCCION: 480.39 M2, TIPO PREDIO: URBANO CONSTRUIDO, Calle: LT 4 MANZ 4 CALLE MONTE CASINO Y AV DEL TANQUE, No. Ext.: SN, Colonia: REAL DE ACAPULCO, ACAPULCO DE JUÁREZ, BASE GRAVABLE: $3,316,558.72" Acorde a los datos y características del inmueble de que se trata, se advierte la dificultad para clasificar la construcción en cada una de las categorías previstas, pues los parámetros que debe observar la autoridad administrativa para efecto de clasificar determinado bien por lo que hace al tipo de construcción, no están establecidos en la norma, lo que genera incertidumbre e inseguridad jurídica al contribuyente, pues no se establecen en la ley los factores necesarios para determinar a qué categoría corresponde la edificación de que se trate, provocando que uno de los elementos de la contribución pueda ser elegido discrecionalmente por la autoridad administrativa, como se puede observar, del siguiente inserto de la tabla que nos ocupa: En efecto, los criterios para clasificar la construcción adherida a un predio no están definidos en la norma, lo que implica que 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 471/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 35 el contribuyente del impuesto predial no pueda saber en qué tipo de construcción se ubican sus inmuebles; esto es, si corresponden a inmuebles tipo: VIVIENDA UNIFAMILIAR, o bien, DEPARTAMENTO CONDOMINIO, aun y cuando en la tabla correspondiente a la descripción de las características, se inserte: "VIVIENDA (En Régimen de Propiedad Individual o Condominio). Circunstancia que se agrava aún más ante la inexistencia de parámetros para clasificar a las construcciones atendiendo a su estado de conservación, sin que éstos últimos (parámetros), de igual forma, se hubieran establecido, provocando que uno de los elementos de la contribución pueda ser elegido discrecionalmente por la autoridad administrativa. Así, es de colegirse que se desconocen los criterios que toma en cuenta la autoridad administrativa para efecto de clasificar determinado bien en su categoría, lo que genera incertidumbre e inseguridad jurídica al gobernado, provocando que uno de los elementos de la contribución pueda ser elegido discrecionalmente por la referida autoridad administrativa. En este sentido, tomando en consideración que la garantía de legalidad tributaria exige que todos los elementos de la contribución se encuentren establecidos en una ley en sentido formal y material y, por otra parte, tal como se analizó en párrafos anteriores, los valores unitarios por metro cuadrado de construcción constituyen un elemento que incide en la base gravable del impuesto en comento, por ser uno de los factores que se integran al cálculo del valor catastral, resulta lógico concluir que los criterios conforme a los cuales resulta aplicable uno u otro monto, también deben estar contenidos en la ley. Sirven de apoyo a lo anterior, por identidad de razones, las jurisprudencias 2a./J.65/2011, 2a./J.25/2007 y 2a./J.17/2012, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros establecen: "IMPUESTO PREDIAL. LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS MUNICIPIOS DE CORREGIDORA, QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010 Y EL MARQUÉS, QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, CONTENIDAS EN LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 17 DE DICIEMBRE DE 2009 Y EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008, RESPECTIVAMENTE, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO 36 LEGALIDAD TRIBUTARIA.", "PREDIAL. LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DEL SUELO, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ESPECIALES, CONTENIDAS EN LOS DECRETOS NÚMEROS 292 Y 184, PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2002 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004, RESPECTIVAMENTE, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA." y "PREDIAL. LAS TABLAS DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS, BASE DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2010 Y 2011, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA." Cabe destacar que la Segunda Sala ha sostenido que la facultad otorgada a la autoridad administrativa para obtener un valor que incida en la base del impuesto, no implica una violación a la garantía de legalidad tributaria, siempre que se trate de un valor obtenido por un órgano técnico con base en los datos observados a lo largo del tiempo y mediante un análisis comparativo. No obstante lo anterior, en el caso no debe perderse de vista que como se señaló anteriormente, la facultad para establecer los valores catastrales unitarios se encuentra regulada en el artículo 115 constitucional y deriva de una coordinación entre los Ayuntamientos y las legislaturas estatales, aunado a que del análisis de las tablas de valores catastrales unitarios de mérito se observa que dichos valores fueron fijados por el legislador; sin embargo, los criterios para su aplicación, a efecto de determinar la calidad que corresponde a determinado inmueble, no fueron definidos. De lo hasta aquí expuesto, los conceptos de violación analizados son fundados toda vez que el Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, por cuanto hace a la "TABLA DE VALORES DE CONSTRUCCIÓN", transgrede el principio de legalidad tributaria, inmersa en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 471/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 37 En ese contexto, se hace innecesario el estudio de los diversos conceptos de violación al resultar fundado el concepto de violación analizado, el cual es suficiente para otorgar el Amparo y Protección de la Justicia Federal como se ha establecido. En el entendido de que esta juzgadora no inadvierte que el quejoso argumenta en el escrito inicial de demanda, que la responsable llevó a cabo una determinación e incremento de la base gravable, sin respetar las formalidades del procedimiento que para tal efecto prevé la Ley de Catastro, en transgresión a su derecho de audiencia; y, que con ello tal análisis traiga consigo un mayor beneficio a la conclusión alcanzada de inconstitucionalidad del Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021. Sin embargo, debe precisarse que Ley Catastral establece que una vez que el Congreso apruebe las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, la Dirección de Catastro, procederá a la valuación y revaluación, individual o masiva de los predios4 . La propia Ley Catastral prevé que, tanto en la valuación o revaluación, individual o masiva, la responsable tiene la obligación de hacer de conocimiento del particular la determinación que resulte, pues al efecto, prevén: "Artículo 79.- La Dirección de Catastro, notificará de forma personal a los propietarios, poseedores o a los representantes legales toda clase de citatorios, acuerdos, resoluciones, avalúos y cualesquiera otras operaciones catastrales relacionadas con el inmueble, en el domicilio señalado por escrito para oír y recibir notificaciones, o en el predio objeto de la operación en el caso de que no haya manifestado domicilio para oír o recibir notificaciones." "Artículo 80.- En el caso de que se lleve a cabo la valuación o revaluación masiva de bienes inmuebles, la notificación de los nuevos valores catastrales unitarios se hará mediante Edictos, que se publicarán por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Municipio, así como en la Gaceta Municipal correspondiente." No obstante, debe indicarse que, si bien los procedimientos de valuación o revaluación, individual o masiva, deben hacerse del conocimiento del gobernado, ello obedece a la necesidad de que el contribuyente conozca los elementos a partir de los cuales deberá cumplir con la obligación impositiva, pero no vinculan a la 4 Artículo 38.- Aprobadas las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, la Dirección de Catastro, procederá a la valuación y revaluación individual o masiva de los predios. 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO 38 responsable a llamar al procedimiento al gobernado5 , como lo pretende el quejoso. Lo que se afirma, en virtud de que, el impuesto predial es autodeterminable, es decir, parte de la buena fe del contribuyente, quien de manera voluntaria cumplirá con la obligación impositiva, y sólo ante el incumplimiento, la autoridad procederá a su determinación. Puesto de otra manera, la vinculación a la responsable de hacer de conocimiento de los contribuyentes la valuación o revaluación que derive de la aplicación de las tablas de valores unitarios sólo tiene como objeto que los sujetos obligados conozcan los términos a partir de los cuales deberán cumplir con su obligación contributiva y estén en aptitud de sujetarse a ella. Ahora, como método de simplificación administrativa, el Reglamento de Ley Catastral, prevé la emisión de un formato oficial con el importe a pagar por concepto de impuesto predial, y si el contribuyente no tiene objeción con los datos considerados y el importe obtenido, podrán proceder al pago para dar cumplimiento a la obligación impositiva. Al respecto, el reglamento en comento prevé: "ARTÍCULO 38.- Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, las autoridades municipales proporcionarán en formato oficial la notificación de determinación del valor catastral y la liquidación que comprenda el monto de impuesto predial a pagar. Este formato podrá enviarse a los contribuyentes por correo certificado apegándose a las formalidades legales establecidas en el Código Fiscal Municipal o, en su caso, de manera personal al presentarse en las oficinas del catastro municipal. "ARTÍCULO 39.- En caso de que el contribuyente no tenga objeción al contenido de los datos del formato oficial de notificación de determinación del valor catastral, procederá a realizar el pago de sus obligaciones en los términos y plazos establecidos en la Ley de Hacienda Municipal y Ley de Ingresos de los Municipios vigentes." 5 Artículo 43.- El proceso de valuación catastral masiva deberá comprender: I. La elaboración, revisión y aprobación de tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables; II. La valuación o revaluación de los predios, así como la modificación de los valores en el Catastro y su notificación, la cual deberá contemplar las actividades siguientes: a) Definir las bases y criterios técnicos para su aplicación; b) Actualizar los archivos del Catastro referente a la tabla de valores para el suelo; c) Actualizar el archivo del Catastro referente a las tablas de valores de las construcciones; d) Realizar las pruebas de aplicación de nuevos valores unitarios para suelo y construcciones; e) Ratificar procesos o corregir errores antes de que entre en vigor la nueva base fiscal; f) Actualizar el padrón catastral con la información de las tablas de valores; g) Actualizar la base de datos fiscal o predial con los nuevos valores; y h) Notificar los nuevos valores catastrales que habrán de regir en el período que corresponda; III. La emisión de avalúos de cada uno de los predios inscritos en el padrón catastral. Artículo 44.- Para la valuación y revaluación catastral de cada terreno deberá multiplicarse el valor unitario de suelo aplicable, de la zona catastral donde se ubique, por la superficie total del terreno. Para la valuación y revaluación catastral de cada construcción deberá multiplicarse el valor unitario de la construcción aplicable, a cada tipo y clase de edificación por el área total construida. 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 471/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 39 Así, en caso de disconformidad, los sujetos obligados podrán optar por autodeterminarse6 , solicitar un proceso de valuación o revaluación catastral7 , o interponer los diversos recursos (aclaración, revocación, inconformidad, entre otros), que, tratándose del caso de modificación de la base gravable, será el de inconformidad ante el Director de Catastro del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero8 . En esa medida, queda demostrado, por una parte, que por la naturaleza autodeterminable del impuesto predial, no rige garantía de audiencia, pues no hay un procedimiento en que el quejoso deba ser oído, ya que es él quien de forma voluntaria cumple con su obligación; y por otra, que en caso de que los contribuyentes no estén de acuerdo con los datos considerados por la autoridad como propuesta para el cumplimiento de su obligación tributaria, tendrán a su alcance diversos procedimientos en los que, de estimarlo necesario, podrán ejercer su garantía de audiencia para corregir o modificar los términos en que habrán de tributar. Precisando que, en materia impositiva, la garantía de audiencia no es previa, pues se insiste, parte de la buena fe del contribuyente quien de manera voluntaria cumple con su obligación contributiva. Apoya lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación9 , del siguiente tenor: "AUDIENCIA, GARANTIA DE, EN MATERIA IMPOSITIVA. NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA. Teniendo un gravamen el carácter de impuesto, por definición de la ley, no es necesario cumplir 6 Reglamento de la Ley de Catastro. ARTÍCULO 40.- Con fundamento en el artículo 56 de la Ley, los contribuyentes inconformes con la valuación catastral directa practicada en el formato oficial a que se refiere el artículo 25 del presente Reglamento, antes de interponer el recurso de revocación, podrán mostrar su inconformidad por medio del ejercicio de la opción de autodeterminación del valor catastral, asentando los datos que solicite la Autoridad Catastral en el formato oficial, el cual será proporcionado gratuitamente. 7 Ley número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero "ARTÍCULO 16.- Los procesos catastrales podrán iniciarse: I. A petición de los propietarios, poseedores o personas que tengan un derecho real sobre los Predios o por cualquier persona con interés legítimo en cumplimiento a una obligación registral". "ARTÍCULO 42.- La Dirección de Catastro llevará a cabo la valuación y revaluación catastral de los predios atendiendo a lo siguiente: (.) III. Se podrán generar los avalúos catastrales por predio, a petición de parte o de oficio, que servirán de base para el cálculo del impuesto predial." 8 Ley número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero Artículo 84.- El recurso de inconformidad procederá por: (.) IV. Cualquier otro error u omisión que modifique la valuación del predio, y que el contribuyente considere le afecta a sus intereses." 9 Registro digital: 233084; Instancia: Pleno; Séptima Época; Materias(s): Constitucional, Administrativa; Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 66, Primera Parte, página 77. 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO 40 con la garantía de previa audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria y la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijación del gravamen, una vez que ha sido determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia, consagrado por el artículo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que, de acuerdo con su espíritu, es bastante que los afectados sean oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos." Además, contrario a lo que expresa el quejoso, la determinación relativa se materializó en un documento físico ya que, se insiste, como parte de una simplificación administrativa, la autoridad determinó el importe por concepto de impuesto predial a su cargo mediante la emisión de la factura correspondiente, en la que se advierten los elementos que se tomaron en consideración para tal efecto, a saber, la cuenta catastral, superficie de terrero, superficie de construcción, tipo de predio, dirección y base gravable. Ahora, si posterior al pago, el quejoso advirtió una discrepancia entre la base gravable del ejercicio fiscal anterior y la base gravable considerada para este ejercicio, y asumió que dicha modificación provenía de un procedimiento administrativo al que no fue llamada, debe indicarse que, por una parte, como se precisó en párrafos precedentes, ni la Ley Catastral ni su reglamento, vinculan a la responsable a llamar al gobernado a un eventual procedimiento; y por otra, que durante la sustanciación del presente sumario se indicó al quejoso que la modificación de la base gravable del inmueble que defiende no deriva de un procedimiento administrativo, sino de la aplicación de las tablas de valores unitarios aprobadas por el Congreso Estatal. Asimismo, aun asumiendo que la responsable no hubiese dado cumplimiento a su obligación de dar a conocer al quejoso la revaluación derivada de la aplicación de las tablas de valores unitarios aprobadas por el Congreso, como se vio, ese hecho no trasciende sobre la garantía de audiencia del quejoso, pues su conocimiento sólo tiene por objeto que conozcan los elementos a partir de los cuales deberán cumplir con su obligación contributiva; elementos que, además, ya conoció con motivo de la emisión de propuesta para pago que le sirvió de sustento para la emisión de la factura que allegó a este sumario. 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 471/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 41 Máxime que, como se dijo, tratándose de impuesto predial, al ser una contribución autodeterminable, el contribuyente siempre tiene a su alcance los procedimientos administrativos para acudir ante la autoridad administrativa a instar una modificación de los términos en que habrá de cumplir con la obligación. De ahí que no se acredite la trasgresión al derecho de audiencia aducido por el quejoso. Sin que sea óbice a lo anterior, las manifestaciones que en vía de alegatos expuso la parte quejosa; dado que es de explorado derecho que los alegatos no forman parte de la litis constitucional en el juicio de amparo. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia número P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, Número 80, Agosto de 1994, página catorce. Efectos del amparo. En términos del numeral 74, fracción V, en relación con el precepto 77, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien la protección federal se concede en contra de la autoridad responsable Congreso del Estado de Guerrero, debe decirse que el cumplimiento del presente juicio recaerá, por lo pronto, en la autoridad que recaudó el impuesto, pues respecto de la autoridad que participó en el proceso de creación de la norma, no es de exigirse cumplimiento especial alguno, ya que la concesión otorgada no tiene los alcances de ordenar a aquellas la formulación de una norma precisa para la parte quejosa, pues dicha facultad es propia de la misma autoridad y no del Poder Judicial de la Federación. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO 42 casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." En consecuencia, se concede el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad recaudadora DIRECTORA DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, en cumplimiento a la presente sentencia, realice lo siguiente: I. Respecto al predio con clave catastral 014-036-004- 0000, determine nuevamente la base gravable y los montos del impuesto predial correspondientes al ejercicio dos mil veintiuno, para lo cual deberá aplicar los montos de menor cuantía, en el caso: * Respecto del estado de clasificación de las construcciones, el relativo a "PRECARIA" y valor UMA'S "9.48", que corresponde efectivamente al de menor cuantía conforme a la "TABLA DE VALORES DE CONSTRUCCIÓN". II. En la inteligencia, que una vez que dicha autoridad exactora realice lo propio, y de resultar una diferencia a favor de la parte quejosa con motivo de ese nuevo cálculo, efectúe su devolución. Ello es así, puesto que no se ha declarado la inconstitucionalidad del pago del impuesto predial por vicios en alguno de los elementos del tributo, sino únicamente se determinó que la violación constitucional se genera por la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, es decir, la 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 471/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 43 incertidumbre en una de las variantes de los elementos del tributo, con lo cual se considera que la inconstitucionalidad de referencia no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros, lo que de sí no puede traer la exención, sino únicamente ubicarlos en la carga impositiva básica del impuesto de referencia, de ahí que en tratándose de vicios insertos en las tablas de valores unitarios relativas al impuesto predial, la concesión del amparo únicamente puede traducirse en ubicar a la parte quejosa en la cuantía mínima impositiva, más no liberarla en su pago. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 94/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN. RESULTAN VIOLATORIAS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, CUANDO NO ESTABLECEN EL CRITERIO PARA CLASIFICAR LOS TIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ATENDIENDO A SU CALIDAD DE LUJO, SUPERIOR, MEDIA O ECONÓMICA PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES. Conforme al antepenúltimo párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, las cuales revisten una importancia fundamental en la integración de los elementos que conforman el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, ya que impactan la base gravable de la contribución, por lo que las normas que contengan dichas tablas deben respetar los principios de justicia tributaria contenidos en el numeral 31, fracción IV, constitucional. En ese sentido, si en las propias tablas de valores unitarios de suelo y construcción, se establece como elemento a considerar en la fijación de la base gravable del impuesto relativo la clasificación del inmueble en atención a su calidad de construcción como de lujo, superior, media, económica y austera, definiendo lo que debe entenderse sólo por la última de ellas, es claro que se permite un margen de arbitrariedad a favor de la autoridad administrativa en lo que respecta a la determinación de un elemento que incide en la base gravable del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, lo que viola el principio de legalidad tributaria. Cabe precisar que la inconstitucionalidad mencionada no implica que los contribuyentes dejen de pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, sino que atendiendo a que la violación constitucional se genera por virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, el efecto de la declaratoria referida consiste en que se aplique el monto de menor cuantía." No está de más añadir, que si bien, los efectos antes ordenados no se dirigen a la autoridad legislativa responsable, lo que implica que no se le conmine a ninguna acción tendente a acatar la presente resolución; lo cierto es que ello obedece a la técnica que rige 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1d GUSTAVO VEGA ASCENCIO 44 en el juicio de amparo contra normas, en cuyos efectos no puede incorporarse una declaración de inconstitucionalidad de la ley reclamada o bien, una imposición a la autoridad legislativa para que la modifique, sino sólo constreñir a la autoridad que intervino en la aplicación del precepto, que en la especie lo fue la autoridad hacendaria, para que libere dicha disposición que resultó inconstitucional, de la esfera jurídica de la parte quejosa, tal y como se precisó en los párrafos que anteceden. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, respecto de los actos y por los motivos expuestos en los considerandos quinto y octavo que rigen este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ****, en contra del Decreto Número 640 por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, por las razones expuestas y para los efectos señalados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta hoy doce de septiembre de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución, quien actúa asistido por Gustavo Vega Ascencio, Secretario que autoriza. Doy fe
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