Elvia Hurtado Cerna

Expediente 1258/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1258/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Elvia Hurtado Cerna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por .........., apoderado jurídico de la quejosa ............., por el que ofrece la prueba de informe de autoridad, consistente en el informe que deberá solicitarse al Delegado del Instituto Nacional de Migración, a fin de que manifieste lo siguiente: "las entradas y salidas al país de mi representada **********"; dígasele que con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, no ha lugar a acordar favorablemente su solicitud, pues está en aptitud de solicitarlos de manera directa, y no justifica que haya realizado la petición a que se refiere el artículo 121 de la Ley de Amparo, puesto que sólo en caso de negativa, este órgano jurisdiccional puede intervenir para que se le otorgue en aras de respetar el espíritu del precepto legal en cita. Apoya lo anterior, la tesis número IV.1o.C.33 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 2683, Tomo XXVI, Julio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 171951, que a la letra dice: "PRUEBA "DOCUMENTAL VÍA INFORME" EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO PUEDE SOLICITARLA CON LA SIMPLE MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE, SI CORRESPONDE A ÉSTE LA OBLIGACIÓN DE GESTIONAR Y REQUERIRLA DIRECTAMENTE A LA AUTORIDAD, Y SÓLO EN CASO DE NEGATIVA INTERVENIR PARA QUE SE LE EXPIDA. El artículo 152, párrafo primero, de la Ley de Amparo dispone que los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad las copias o documentos que las partes del juicio de garantías les soliciten para ofrecerlos como prueba en la audiencia constitucional y en caso de negativa serán requeridos por el Juez de Distrito. En esa tesitura, si en el juicio de garantías una de las partes ofrece como prueba la "documental vía informe" de determinada autoridad, al margen de su denominación, dicha probanza constituye una prueba documental al tener como objetivo obtener información, pues de qué otra manera tendría que rendirse por la autoridad a quien se le solicita para hacer constar su existencia o inexistencia y, en su caso, otorgar la copia que avale su contenido. Consecuentemente, el Juez de Distrito no puede solicitar a la autoridad el informe pretendido con la simple manifestación del oferente, ya que al juzgador no le corresponde procurar las pruebas de las partes, sino que a éstas les incumbe la obligación de gestionar y requerir directamente ante la autoridad la información respectiva y sólo en caso de negativa el juzgador de amparo puede intervenir para que se le otorgue en aras de respetar el espíritu del citado precepto." Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por *********, apoderado jurídico de la quejosa ********, atento a su contenido con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando manifestaciones en vía de alegatos y en los términos que indica; sin perjuicio de hacer relación de los mismos al momento de la audiencia constitucional. Por otro lado, la parte quejosa oferta como medio probatorio, la información que mediante oficio remita el Instituto Nacional de Migración, Delegación Michoacán, respecto de los incisos a) y b) descritos en el ocurso de cuenta; por tanto, en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo en vigor; dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad con lo solicitado, toda vez que no acredita con las constancias conducentes que haya solicitado dicha documental; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Tiene apoyo a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia número 2a./J. 79/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1198, Libro 57, Agosto de 2018 Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017572, cuyo contenido es el siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA SOLICITUD DE COPIAS O DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, LE SON APLICABLES LAS REGLAS DEL DIVERSO 119, TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA SU OFRECIMIENTO. De la interpretación de los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, se advierten las reglas de los párrafos tercero y cuarto del numeral citado en primer término, que indican que las pruebas que ameritan un desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, y que este plazo no podrá ampliarse con motivo de su diferimiento, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos novedosos; de ahí que, son aplicables a la petición formulada a la autoridad jurisdiccional de requerir la expedición de copias o documentos que obren en poder de un servidor público al que se hubieren solicitado previamente, contenida en el numeral 121 aludido, pues en este caso, el desahogo de la prueba documental requiere preparación, ya que el juzgador deberá emplear los medios que tenga a su alcance para que se exhiban tales probanzas y se incorporen materialmente al juicio de amparo. Ello, porque considerar que cuando la audiencia no tiene lugar en la fecha inicialmente fijada, las partes cuentan con una nueva oportunidad para ofrecer documentales que no tienen a su disposición, contravendría los principios de economía procesal, concentración y expeditez del procedimiento, que delinean el carácter sumario del juicio de amparo indirecto. Por tanto, la solicitud de las partes al Juez de Distrito en términos del artículo 121 mencionado, para que requiera a algún servidor público una prueba documental que, pese a haberla solicitado no han obtenido, debe realizarse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional primigenia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia." Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por ********************, ******************** y ******************** apoderados de la tercera interesada ********************, carácter que se les reconoce en términos del poder notarial en copia certificada que adjuntan a su escrito de cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Amparo. Atento a su contenido, con apoyo en el artículo 5°, fracción III de la Ley de Amparo, se le tiene apersonándose dentro del juicio en que se actúa, en su carácter tercera interesada a ********************; asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones personales, en la calle ******************** número ********************, colonia ********************, de ******************** y autorizando para tal efecto a ********************y********************, por haberlos señalado únicamente en esos términos. De igual forma, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen formulados los alegatos en los términos que indica; sin perjuicio de hacer relación de los mismos al momento de la audiencia constitucional. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza las documentales que anexa su escrito de cuenta, así como la instrumental pública de actuaciones, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Asimismo, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado, así como de las constancias que remitió la autoridad responsable la Juez y Actuaria adscritas al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en ********************, del cual se proveyó en auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, y esté en condiciones de controvertirlas e impugnarlas si a su derecho interesa; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere, para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. En apoyo de lo anterior, es de invocar la jurisprudencia número 698, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 781, Tomo II. Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.". Y la tesis consultable en la página 594, Tomo II, Agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo, dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuanta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertidas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado.". Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito enviado electrónicamente por *******; con apoyo en el artículo 5º fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, se le tiene apersonándose dentro del juicio en que se actúa en su carácter de apoderado de la persona moral tercera interesada ************, carácter que de conformidad con el artículo 11 de Ley en cita se le reconoce con el poder notarial que acompaña, así como de las constancias que acompaña relativas al juicio Oral Mercantil *********** de origen, de la estadística del Juzgado Décimo Primero en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. Por otro lado, téngasele autorizando a **************, quienes gozarán de las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, se encontró registrado de las cédulas profesionales ********************, ********************, ******************** y ********************, que acreditan a las referidas personas como autorizadas para ejercer la licenciatura en derecho; además, únicamente para oír y recibir notificaciones a ******************** y ******************** Por otra parte, es procedente darle acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, con los nombres de usuarios "*********" y "******", los cuales se encuentran registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación); en virtud de que cumplen con los requisitos que para tal efecto establece el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, hágase del conocimiento del ocursante, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este juzgado federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, como lo solicita, se autoriza que las notificaciones que deban realizarse de manera personal a la tercera interesada ***********, les sean practicadas en la vía electrónica por conducto de los referidos usuarios; en tales condiciones, en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 71/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2247, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2020082, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica". Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las documentales que acompaña a su ocurso de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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