Elvia Guadalupe Espinoza Beltrán

Expediente 1168/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1168/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
22/02/2023

Partes del expediente

  • Elvia Guadalupe Espinoza Beltrán
  • Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes impugnaran el proveído dictado el trece de enero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que hayan interpuesto recurso alguno contra la misma; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Ahora, al no existir diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente, como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, pues en su artículo 21, inciso a), prevé que son susceptibles de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo se sobreseyó fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados y no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de destrucción el presente expediente. Hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, manifiesta que no rinde el informe justificado solicitado por este órgano jurisdiccional, y al efecto, remite copia certificada del proveído de once de enero del año en curso, en el que certificada la existencia anterior y el extravío posterior del expediente ********************, de su índice, asimismo, señaló fecha para la audiencia incidental de reposición de autos. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Del estado de autos, concretamente del escrito inicial de demanda, se advierte que la aquí quejosa señaló como acto reclamado de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de dictar resolución o proveído en el que se contenga la condena de pago en contra de la demanda ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de los beneficiarios en el expediente laboral ********************, con motivo del convenio celebrado el veintiocho de abril de dos mil veintidós. Por su parte, la responsable fue omisa en rendir su informe justificado y únicamente manifestó que dicho expediente se encontraba extraviado y, que por proveído de once de los corrientes había iniciado el procedimiento incidental establecido para su debida reposición. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto, aun cuando subsiste el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que, si durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. En relación con lo anterior, se cita la jurisprudencia 10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria pronunciada al resolver el amparo en revisión 3044/98, sostuvo que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, agregó la citada Sala que, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Además, refirió ese Máximo Tribunal que, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesora. Lo expuesto, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Esas consideraciones se compilaron en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, publicada en la página 189, Tomo XXIV, diciembre de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Ahora, de los antecedentes del acto reclamado narrados por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, se observa que ******************** -quejosa- demandó el reconocimiento de derechos como beneficiaria del finado ********************, lo cual dio origen al juicio laboral ******************** del índice de la junta responsable y, posteriormente, el veintiocho de abril de dos mil veintidós, las partes celebraron convenio ante la responsable en relación con las prestaciones reclamadas, sin que a la fecha se haya dado cumplimiento total a dicho convenio; ello, pese a las diversas solicitudes de la quejosa al respecto. Aunado a lo anterior, de constancias se también se aprecia que la responsable por proveído de once de los corrientes certificó el extravió del juicio laboral en mención, ordenó la apertura del incidente de reposición de autos, señaló fecha para la celebración de la audiencia correspondiente y ordenó citar a las partes para su desahogo. En consecuencia, aun cuando de los antecedentes del acto reclamado narrados bajo protesta de decir verdad por la quejosa se pueda presumir la existencia del acto reclamado, consistente en la omisión de ejecutar en su totalidad el convenio firmado por las partes, lo cierto es que dicho expediente actualmente se encuentra extraviado; de ahí, que materialmente no se podría restituir a la solicitante del amparo en el derecho cuya vulneración reclaman, precisamente por la falta de las constancias correspondientes. De ahí que, aun cuando el acto reclamado resultara inconstitucional se tornaría jurídicamente imposible restituir al promovente del amparo en el goce del derecho que estima vulnerado, o bien ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesora, pues la responsable no cuenta con las constancias necesarias para proveer en relación con el cumplimiento del convenio celebrado entre las partes. Por tanto, ninguna razón jurídica tendría analizar la legalidad del acto reclamado y, por ende, si vulnera derechos, pues durante el proceso de derechos fundamentales el órgano jurisdiccional de origen extravió las constancias conducentes. Así, es inconcuso que aun cuando se presuma cierta la existencia de la omisión de la responsable de ordenar las actuaciones necesarias para el cumplimiento del convenio celebrado por las partes, no menos cierto es que a la fecha en que se resuelve las constancias que integran el juicio de origen fueron extraviadas por lo que existe una imposibilidad material para restituir a la quejosa en el derecho que le fue trastocado. Conforme a lo expuesto, es claro que el presente juicio de amparo indirecto, es improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo; por tanto, procede SOBRESEER LA DEMANDA DE AMPARO, respecto del citado acto reclamado, atento su manifiesta e indudable improcedencia. SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En virtud de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTO la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional fijada para Las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    En virtud de no haberse presentado la quejosa, a notificarse personalmente del auto de trece de enero de dos mil veintitrés, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la Sección de Actuaría, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo citatorio que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que fija en los estrados de las instalaciones del Juzgado y que se publicó en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, que en lo conducente dice: Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, manifiesta que no rinde el informe justificado solicitado por este órgano jurisdiccional, y al efecto, remite copia certificada del proveído de once de enero del año en curso, en el que certificada la existencia anterior y el extravío posterior del expediente ********************, de su índice, asimismo, señaló fecha para la audiencia incidental de reposición de autos. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Del estado de autos, concretamente del escrito inicial de demanda, se advierte que la aquí quejosa señaló como acto reclamado de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de dictar resolución o proveído en el que se contenga la condena de pago en contra de la demanda ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de los beneficiarios en el expediente laboral ********************, con motivo del convenio celebrado el veintiocho de abril de dos mil veintidós. Por su parte, la responsable fue omisa en rendir su informe justificado y únicamente manifestó que dicho expediente se encontraba extraviado y, que por proveído de once de los corrientes había iniciado el procedimiento incidental establecido para su debida reposición. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto, aun cuando subsiste el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que, si durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. En relación con lo anterior, se cita la jurisprudencia 10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria pronunciada al resolver el amparo en revisión 3044/98, sostuvo que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, agregó la citada Sala que, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Además, refirió ese Máximo Tribunal que, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesora. Lo expuesto, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Esas consideraciones se compilaron en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, publicada en la página 189, Tomo XXIV, diciembre de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Ahora, de los antecedentes del acto reclamado narrados por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, se observa que ******************** -quejosa- demandó el reconocimiento de derechos como beneficiaria del finado ********************, lo cual dio origen al juicio laboral ******************** del índice de la junta responsable y, posteriormente, el veintiocho de abril de dos mil veintidós, las partes celebraron convenio ante la responsable en relación con las prestaciones reclamadas, sin que a la fecha se haya dado cumplimiento total a dicho convenio; ello, pese a las diversas solicitudes de la quejosa al respecto. Aunado a lo anterior, de constancias se también se aprecia que la responsable por proveído de once de los corrientes certificó el extravió del juicio laboral en mención, ordenó la apertura del incidente de reposición de autos, señaló fecha para la celebración de la audiencia correspondiente y ordenó citar a las partes para su desahogo. En consecuencia, aun cuando de los antecedentes del acto reclamado narrados bajo protesta de decir verdad por la quejosa se pueda presumir la existencia del acto reclamado, consistente en la omisión de ejecutar en su totalidad el convenio firmado por las partes, lo cierto es que dicho expediente actualmente se encuentra extraviado; de ahí, que materialmente no se podría restituir a la solicitante del amparo en el derecho cuya vulneración reclaman, precisamente por la falta de las constancias correspondientes. De ahí que, aun cuando el acto reclamado resultara inconstitucional se tornaría jurídicamente imposible restituir al promovente del amparo en el goce del derecho que estima vulnerado, o bien ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesora, pues la responsable no cuenta con las constancias necesarias para proveer en relación con el cumplimiento del convenio celebrado entre las partes. Por tanto, ninguna razón jurídica tendría analizar la legalidad del acto reclamado y, por ende, si vulnera derechos, pues durante el proceso de derechos fundamentales el órgano jurisdiccional de origen extravió las constancias conducentes. Así, es inconcuso que aun cuando se presuma cierta la existencia de la omisión de la responsable de ordenar las actuaciones necesarias para el cumplimiento del convenio celebrado por las partes, no menos cierto es que a la fecha en que se resuelve las constancias que integran el juicio de origen fueron extraviadas por lo que existe una imposibilidad material para restituir a la quejosa en el derecho que le fue trastocado. Conforme a lo expuesto, es claro que el presente juicio de amparo indirecto, es improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo; por tanto, procede SOBRESEER LA DEMANDA DE AMPARO, respecto del citado acto reclamado, atento su manifiesta e indudable improcedencia. SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En virtud de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTO la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional fijada para Las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que de las constancias que obran en el cuaderno de varios 2022, se desprende que el período vacacional de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, comprende del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. En atención a lo anterior, es evidente que transcurre el término de QUINCE DÍAS, otorgado a la autoridad en proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, para que remita a este órgano jurisdiccional las constancias relativas al acto reclamado, debido a que se notificó trece de diciembre de dos mil veintidós. Por tanto, y toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que el periodo vacacional de dicha autoridad comprende del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, es evidente que se encuentra transcurriendo el término de QUINCE DÍAS, otorgado para esos efectos. Consecuentemente, no se está en condiciones de celebrarse la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se difiere la misma señalándose las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo.

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