Elvia Garcia Lopez
Expediente 826/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 826/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Elvia Garcia Lopez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, particularmente la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran el auto en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho proveído; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18, fracción I, del Acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, determinación que causó estado el día de la fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá efectuarse una vez que transcurran más de tres años, sin que en el caso obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con artículo 15 del mencionado Acuerdo. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por las autoridades responsables, con un anexo que se acompaña; como lo solicitan, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, téngase como su delega a la persona que indican. Ahora bien, visto el estado de los autos particularmente del informe justificado y del anexo que se acompaña al mismo, al que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la suscrita advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de la Materia, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el numeral 62 de la aludida legislación. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Lo anterior, encuentra justificación en lo siguiente: La quejosa Elvia García Lopez, reclama de la Junta Especial Numero 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y de otra autoridad, los actos que hizo consistir en: ".a) La abierta y notoria dilación y/o la paralización total del procedimiento laboral número 748/2018; b) La omisión de desahogar el procedimiento laboral en los términos que contempla la Ley Federal del Trabajo; c) La omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de las pruebas confesionales e inspección ocular ofrecidas en el juicio laboral 748/2018, en los términos y/o plazos fijados en la Ley Federal del Trabajo; d) La omisión de acordar la promoción presentada en fecha 10 de julio del año 2020, agregada en autos del expediente laboral 748/2018. e) La omisión del PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL No. 34 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, de cuidar bajo su más estricta responsabilidad, que el juicio 748/2018, que ante él se tramita no quede inactivo; f) La omisión del PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL No. 34 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, de proveer lo que conforme a la Ley corresponda en autos del juicio laboral 748/2018 hasta dictar laudo.". De las constancias que remitieron las autoridades señaladas como responsables anexas a su informe justificado, las que tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme lo autoriza su artículo 2°, se evidencia lo siguiente: El Presidente de la Junta Especial número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante acuerdo dictado en el expediente laboral 748/2018 el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, señaló fecha y hora para que tenga verificativo la continuación del procedimiento dentro del término establecido en la Ley Federal del Trabajo y acordó lo peticionado mediante escrito presentado el diez de julio de dos mil veinte. Destacándose que la quejosa presentó su demanda de amparo el seis de noviembre de dos mil veinte. Con lo anterior, se evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues existe comprobado el impulso procesal de la responsable, para lograr el desahogo de las pruebas de referencia, así como que ya fue acordada la promoción presentada en fecha diez de julio del año 2020, en autos del expediente laboral 748/2018, por lo que contrario a lo manifestado por la quejosa en su demanda de amparo, no se evidencia la dilación en el procedimiento que argumenta. En ese sentido, es incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la dilación y omisión de que se duele la quejosa, han desaparecido. En efecto, conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en el caso, consistente en la inactividad e impulso procesal de que se duele la promovente del amparo para el desahogo de las pruebas confesionales e inspección ocular de referencia; lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causa de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ahora bien, como ya se analizó, de las constancias que remitieron las autoridades responsables, a su correspondiente informe de ley, a las cuales se les otorgó valor probatorio pleno, se advierte que la dilación y omisión reclamadas fueron subsanadas. De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que las autoridades responsables demostraron realizar las gestiones correspondientes a fin de desahogar las pruebas confesionales e inspección ocular en comento y acordar la promoción presentada en fecha diez de julio del año 2020, en autos del expediente laboral 748/2018. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por las autoridades responsables, con un anexo que se acompaña; como lo solicitan, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, téngase como su delega a la persona que indican. Ahora bien, visto el estado de los autos particularmente del informe justificado y del anexo que se acompaña al mismo, al que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la suscrita advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de la Materia, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el numeral 62 de la aludida legislación. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Lo anterior, encuentra justificación en lo siguiente: La quejosa Elvia García Lopez, reclama de la Junta Especial Numero 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y de otra autoridad, los actos que hizo consistir en: ".a) La abierta y notoria dilación y/o la paralización total del procedimiento laboral número 748/2018; b) La omisión de desahogar el procedimiento laboral en los términos que contempla la Ley Federal del Trabajo; c) La omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de las pruebas confesionales e inspección ocular ofrecidas en el juicio laboral 748/2018, en los términos y/o plazos fijados en la Ley Federal del Trabajo; d) La omisión de acordar la promoción presentada en fecha 10 de julio del año 2020, agregada en autos del expediente laboral 748/2018. e) La omisión del PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL No. 34 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, de cuidar bajo su más estricta responsabilidad, que el juicio 748/2018, que ante él se tramita no quede inactivo; f) La omisión del PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL No. 34 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, de proveer lo que conforme a la Ley corresponda en autos del juicio laboral 748/2018 hasta dictar laudo.". De las constancias que remitieron las autoridades señaladas como responsables anexas a su informe justificado, las que tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme lo autoriza su artículo 2°, se evidencia lo siguiente: El Presidente de la Junta Especial número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante acuerdo dictado en el expediente laboral 748/2018 el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, señaló fecha y hora para que tenga verificativo la continuación del procedimiento dentro del término establecido en la Ley Federal del Trabajo y acordó lo peticionado mediante escrito presentado el diez de julio de dos mil veinte. Destacándose que la quejosa presentó su demanda de amparo el seis de noviembre de dos mil veinte. Con lo anterior, se evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues existe comprobado el impulso procesal de la responsable, para lograr el desahogo de las pruebas de referencia, así como que ya fue acordada la promoción presentada en fecha diez de julio del año 2020, en autos del expediente laboral 748/2018, por lo que contrario a lo manifestado por la quejosa en su demanda de amparo, no se evidencia la dilación en el procedimiento que argumenta. En ese sentido, es incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la dilación y omisión de que se duele la quejosa, han desaparecido. En efecto, conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en el caso, consistente en la inactividad e impulso procesal de que se duele la promovente del amparo para el desahogo de las pruebas confesionales e inspección ocular de referencia; lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causa de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ahora bien, como ya se analizó, de las constancias que remitieron las autoridades responsables, a su correspondiente informe de ley, a las cuales se les otorgó valor probatorio pleno, se advierte que la dilación y omisión reclamadas fueron subsanadas. De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que las autoridades responsables demostraron realizar las gestiones correspondientes a fin de desahogar las pruebas confesionales e inspección ocular en comento y acordar la promoción presentada en fecha diez de julio del año 2020, en autos del expediente laboral 748/2018. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por Elvia García Lopez, contra actos de la Junta Especial número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y de otra autoridad, con cuatro copias y dos anexos que se acompañan; con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 826/2020-I. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita. Requiérase a las responsables para que en caso de que sea cierto el acto que se les atribuye, al rendir el respectivo informe justificado, se remitan las constancias a que alude el artículo 117, párrafo cuarto, de la ley de la materia, enviando el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva del expediente de que se trate, a fin de analizar su constitucionalidad; con el apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley en consulta. Indíquese a las autoridades responsables que preferentemente deberán remitir el informe de ley y las constancias solicitadas en el párrafo anterior, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal) del servidor público que lo suscriba, o en su defecto al correo electrónico oficial de este juzgado, que es: 8jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, a quien, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta para que su actuación se dé desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. Sin que sea el caso de tener como tercero interesado al Instituto Mexicano del Seguro Social; en virtud de que no se encuentra dentro de los supuestos que establece la fracción III, del artículo 5°, de la Ley de Amparo, dada la naturaleza de la omisión reclamada. En la inteligencia de que, tomando en consideración la contingencia ocasionada por la pandemia de COVID-19 y el esquema de trabajo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, las partes únicamente podrán comparecer a formular alegatos por escrito, salvo en los supuestos expresamente previstos en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues en estos casos preferentemente se procurará que se formulen por escrito y en la hipótesis de que el deseo de las partes sea hacerlo de manera verbal, entonces, previo a la celebración de la aludida audiencia, así lo deberán informar por escrito a fin de que este juzgado se encuentre en aptitud de acordar lo respectivo para que aquélla se suscite mediante videoconferencia en términos del numeral 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64, de la ley de referencia, de lo contrario se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente de conformidad con el numeral 251 de la citada legislación. También hágaseles saber que este juzgado podrá brindar atención e información a los justiciables a través del correo institucional que quedó precisado en párrafos anteriores o en el teléfono 4448389300 (extensión 1611) o en el celular 4442380496. Asimismo, se hace de su conocimiento que la devolución de los documentos originales que aquí se ofrezcan, será hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. De conformidad con el artículo 119 de la ley en cita, se tienen como pruebas documentales de la parte quejosa las que acompaña a su escrito de demanda, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación de las mismas en la audiencia constitucional. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y toda vez que el presente asunto es en materia laboral y la quejosa es parte trabajadora en el juicio de origen, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la legislación mencionada, a las personas que indica. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En otro orden, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, lo que incluye a la(s) autoridad(es) responsable(s), para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese.
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