Elvia García Carmona
Expediente 159/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 159/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Elvia García Carmona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Agréguese a los autos, el oficio de cuenta suscrito por la presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, por medio del cual acusa recibo de los oficios 4694 y 4695, en los cuales se le comunicó que se declaró sin materia la ejecución del fallo protector y el archivo de este asunto.
- Principal
Visto el estado de autos, se desprende que transcurrió el plazo otorgado a las partes para que desahogaran la vista que se les dio el treinta de abril de dos mil veintiuno, sin que hicieran manifestación alguna, por tanto este tribunal provee lo siguiente: En ese tenor, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector es susceptible de ser cumplido, es decir, si aún existe la materia para lograr el cumplimiento del fallo protector. Al respecto resulta pertinente destacar que el artículo 214 de la Ley de Amparo, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada; caso éste último que se refiere a cuando la sentencia carece de efectos restitutorios y debe estimarse concluido el asunto sin que hayan operado actos de ejecución. Así se ha interpretado tal precepto normativo por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la página cien, del Semanario Judicial de la Federación, sexta época, primer parte, volumen IV, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO CARENTES DE EFECTOS RESTITUTORIOS." Cabe precisar que una de las causas por las que puede desaparecer la materia para la ejecución de una sentencia de amparo es la prevista en la fracción XVII del dispositivo 61, de la Ley de Amparo que prevé la improcedencia del juicio constitucional por cambio de situación jurídica, cuestión que ha sido aplicada por extensión e identidad de razón en los juicios de amparo en los que, concedida la protección federal, resulta imposible su ejecución, por existir diferente situación jurídica a la que prevalecía al momento de la concesión del amparo. Resultan aplicables las tesis de la Suprema Corte identificadas con el distintivo XXXII/90, visible en la página ciento setenta y cuatro, y la LXXXVIII/90, impresa en la página ciento setenta y cinco, ambas del Semanario Judicial de la Federación, tomo V, primera parte, octava época, cuyo rubro y texto enseguida se cita: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE SI CAMBIÓ LA SITUACIÓN JURÍDICA CORRESPONDIENTE Y EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y DE HECHO DE CUMPLIRLA." "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA SI CAMBIÓ LA SITUACIÓN JURÍDICA Y EXISTE IMPOSIBILIDAD LEGAL DE CUMPLIRLA." Ahora bien, la fracción XVII, del numeral 61, de la Ley Reglamentaria, en vigor, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese orden de ideas, cabe señalar que *****, acudió a esta instancia constitucional, donde reclamó lo siguiente: "La omisión de llamar a juicio a la quejosa, como tercero al juicio laboral *****, y todas sus consecuencias jurídicas, incluido el laudo emitido en ese procedimiento y la falta de notificación del mismo" Luego, en sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Elvia García Carmona, para efecto que el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, hiciera lo siguiente: "1. Deje insubsistente el laudo de trece de marzo de dos mil diecinueve, y todas sus consecuencias legales. 2. Ordene reponer el procedimiento a fin de que se llame como tercero interesado a *****, en la inteligencia de que la reposición será para incorporar a la litis a dicha tercera, para lo cual, deberá requerirse a la actora a fin de que manifieste si desea ampliar la demanda en contra de *-**** indicando las prestaciones que de manera concreta le reclame en su calidad de demandada; de no ampliarse la demanda, de todas formas correrle traslado a la referida tercera interesada con el escrito inicial de demanda en los términos en que fue formulado, a fin de lograr una debida integración de la relación jurídico-procesal, en el entendido de que el procedimiento en cuanto a la actora y demandada Secretaría de Educación de Guanajuato deberá subsistir en sus términos." En auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se declaró que causó estado la sentencia dictada en autos, y se requirió el cumplimiento del fallo protector. Por oficios 2169 y 2994, la presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, remitió copia certificada de la comparecencia de Virginia Vega Parada -aquí tercera interesada- de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, en la cual se tuvo por desistida de la acción y del procedimiento intentado del juicio laboral ****. Así las cosas, es evidente que no existe materia para la ejecución, pues la parte actora del juicio laboral de donde derivó el acto reclamado, desistió de la acción y del procedimiento. Por lo que es evidente, que sobrevino un cambio de situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado; lo que se traduce, en que no exista materia sobre la cual pueda ejecutarse el fallo protector. Ello, pues si el acto reclamado consistió en la falta de llamamiento al juicio laboral de origen, y si en el caso, existen constancias donde se aprecia que la parte actora de ese juicio laboral desistió del mismo, es evidente, que se actualiza un cambio de situación jurídica, que ocasiona la falta de materia del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.4o.T.17 K (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto son: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE SI EN EL JUICIO ORIGINAL EL ACTOR DESISTIÓ DE LA ACCIÓN PRINCIPAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DECLARAR SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y NO ENVIAR LOS AUTOS DEL JUICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. En la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO.", el Máximo Tribunal determinó que cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, y si no se interpone el recurso de inconformidad, debe aplicar, por analogía, el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura -puntualizó el Pleno- que una determinación de esa naturaleza sea revisada de oficio por el superior jerárquico del a quo que, en el caso, lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, cuando en el juicio original el actor desistió de la acción principal, no debe seguirse el trámite aludido, porque el desistimiento, invariablemente, produce la pérdida de los derechos subjetivos correspondientes y, como consecuencia lógica y legal, no puede alegarse la existencia de la violación de derechos fundamentales que dio vida al juicio de amparo; en otras palabras, no puede existir un agraviado si no existe el derecho subjetivo respecto del que se alega la violación. En consecuencia, el Juez no debe enviar el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito, pues no podría revisarse el cumplimiento de la sentencia de amparo ante la renuncia expresa y personal de derechos subjetivos, ya que ese pronunciamiento pierde todo sentido y eficacia y, en su caso, el juzgador debe declarar sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo". Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se considera que no existe materia para la ejecución del fallo protector. Anotaciones correspondientes Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Valoración del expediente y archivo Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales. En cumplimiento a los artículos 18, fracción I, inciso b) y 21, inciso c) el presente expediente es susceptible de depuración, y el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se concedió la protección constitucional, y se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, debiendo conservarse: la demanda; las resoluciones recurridas y sentencia que puso fin y en los incidentes las resoluciones de su otorgamiento o violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, incisos a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el cuaderno de mención.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, que establece: "Visto el estado de autos, se desprende que transcurrió el plazo otorgado a las partes para que desahogaran la vista que se les dio el treinta de abril de dos mil veintiuno, sin que hicieran manifestación alguna, por tanto este tribunal provee lo siguiente: En ese tenor, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector es susceptible de ser cumplido, es decir, si aún existe la materia para lograr el cumplimiento del fallo protector. Al respecto resulta pertinente destacar que el artículo 214 de la Ley de Amparo, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada; caso éste último que se refiere a cuando la sentencia carece de efectos restitutorios y debe estimarse concluido el asunto sin que hayan operado actos de ejecución. Así se ha interpretado tal precepto normativo por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la página cien, del Semanario Judicial de la Federación, sexta época, primer parte, volumen IV, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO CARENTES DE EFECTOS RESTITUTORIOS." Cabe precisar que una de las causas por las que puede desaparecer la materia para la ejecución de una sentencia de amparo es la prevista en la fracción XVII del dispositivo 61, de la Ley de Amparo que prevé la improcedencia del juicio constitucional por cambio de situación jurídica, cuestión que ha sido aplicada por extensión e identidad de razón en los juicios de amparo en los que, concedida la protección federal, resulta imposible su ejecución, por existir diferente situación jurídica a la que prevalecía al momento de la concesión del amparo. Resultan aplicables las tesis de la Suprema Corte identificadas con el distintivo XXXII/90, visible en la página ciento setenta y cuatro, y la LXXXVIII/90, impresa en la página ciento setenta y cinco, ambas del Semanario Judicial de la Federación, tomo V, primera parte, octava época, cuyo rubro y texto enseguida se cita: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE SI CAMBIÓ LA SITUACIÓN JURÍDICA CORRESPONDIENTE Y EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y DE HECHO DE CUMPLIRLA." "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA SI CAMBIÓ LA SITUACIÓN JURÍDICA Y EXISTE IMPOSIBILIDAD LEGAL DE CUMPLIRLA." Ahora bien, la fracción XVII, del numeral 61, de la Ley Reglamentaria, en vigor, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese orden de ideas, cabe señalar que *****, acudió a esta instancia constitucional, donde reclamó lo siguiente: "La omisión de llamar a juicio a la quejosa, como tercero al juicio laboral *****, y todas sus consecuencias jurídicas, incluido el laudo emitido en ese procedimiento y la falta de notificación del mismo" Luego, en sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Elvia García Carmona, para efecto que el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, hiciera lo siguiente: "1. Deje insubsistente el laudo de trece de marzo de dos mil diecinueve, y todas sus consecuencias legales. 2. Ordene reponer el procedimiento a fin de que se llame como tercero interesado a *****, en la inteligencia de que la reposición será para incorporar a la litis a dicha tercera, para lo cual, deberá requerirse a la actora a fin de que manifieste si desea ampliar la demanda en contra de *-**** indicando las prestaciones que de manera concreta le reclame en su calidad de demandada; de no ampliarse la demanda, de todas formas correrle traslado a la referida tercera interesada con el escrito inicial de demanda en los términos en que fue formulado, a fin de lograr una debida integración de la relación jurídico-procesal, en el entendido de que el procedimiento en cuanto a la actora y demandada Secretaría de Educación de Guanajuato deberá subsistir en sus términos." En auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se declaró que causó estado la sentencia dictada en autos, y se requirió el cumplimiento del fallo protector. Por oficios 2169 y 2994, la presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, remitió copia certificada de la comparecencia de Virginia Vega Parada -aquí tercera interesada- de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, en la cual se tuvo por desistida de la acción y del procedimiento intentado del juicio laboral ****. Así las cosas, es evidente que no existe materia para la ejecución, pues la parte actora del juicio laboral de donde derivó el acto reclamado, desistió de la acción y del procedimiento. Por lo que es evidente, que sobrevino un cambio de situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado; lo que se traduce, en que no exista materia sobre la cual pueda ejecutarse el fallo protector. Ello, pues si el acto reclamado consistió en la falta de llamamiento al juicio laboral de origen, y si en el caso, existen constancias donde se aprecia que la parte actora de ese juicio laboral desistió del mismo, es evidente, que se actualiza un cambio de situación jurídica, que ocasiona la falta de materia del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.4o.T.17 K (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto son: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE SI EN EL JUICIO ORIGINAL EL ACTOR DESISTIÓ DE LA ACCIÓN PRINCIPAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DECLARAR SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y NO ENVIAR LOS AUTOS DEL JUICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. En la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO.", el Máximo Tribunal determinó que cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, y si no se interpone el recurso de inconformidad, debe aplicar, por analogía, el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura -puntualizó el Pleno- que una determinación de esa naturaleza sea revisada de oficio por el superior jerárquico del a quo que, en el caso, lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, cuando en el juicio original el actor desistió de la acción principal, no debe seguirse el trámite aludido, porque el desistimiento, invariablemente, produce la pérdida de los derechos subjetivos correspondientes y, como consecuencia lógica y legal, no puede alegarse la existencia de la violación de derechos fundamentales que dio vida al juicio de amparo; en otras palabras, no puede existir un agraviado si no existe el derecho subjetivo respecto del que se alega la violación. En consecuencia, el Juez no debe enviar el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito, pues no podría revisarse el cumplimiento de la sentencia de amparo ante la renuncia expresa y personal de derechos subjetivos, ya que ese pronunciamiento pierde todo sentido y eficacia y, en su caso, el juzgador debe declarar sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo". Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se considera que no existe materia para la ejecución del fallo protector. Anotaciones correspondientes Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Valoración del expediente y archivo Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales. En cumplimiento a los artículos 18, fracción I, inciso b) y 21, inciso c) el presente expediente es susceptible de depuración, y el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se concedió la protección constitucional, y se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, debiendo conservarse: la demanda; las resoluciones recurridas y sentencia que puso fin y en los incidentes las resoluciones de su otorgamiento o violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, incisos a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el cuaderno de mención."
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, en el cual, informa la imposibilidad jurídica para cumplir con el fallo protector, dado que la parte actora desistió de la acción y procedimiento de origen del cual derivó este amparo, lo que se acordó favorablemente el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, en los autos del juicio laboral *****. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexos, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se les practique, manifiesten lo que a su interés convenga. Una vez transcurrido dicho plazo, este juzgado federal dictará la resolución que a derecho corresponda.
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