Elvia Francisca Berrospe Galván
Expediente 1507/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1507/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Elvia Francisca Berrospe Galván
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo presentados por la presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Prueba. Se le tiene por ofrecida la prueba documental que envía la autoridad oficiante, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, del contenido de la constancia probatoria remitida por la autoridad junto con su informe justificado de cuenta, a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de sobreseimiento contemplada en la fracción IV del numeral 63, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y" En la especie, el acto reclamado a la Junta responsable, consiste en la omisión de dictar el laudo, dentro del juicio 1637/2021JE1. En el caso a estudio, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte la actualización de la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, ya que mediante proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, procedió a cerrar el periodo de alegatos y dio vista a las partes para que manifestaran lo que corresponda respecto a las pruebas pendientes de desahogar, y en su oportunidad procedería a declarar cerrada la instrucción, sin que a la fecha se hubiere realizado tal actuación, y con ello, dejar el asunto en estado de dictar el laudo. Se asevera lo antes expuesto, en el sentido de que el acto reclamado por la parte quejosa es inexistente, toda vez que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -diez de noviembre del año en curso-, no existía constancia en el juicio laboral 1637/2021JE1, de que se encontraba en condiciones para el dictado del laudo respectivo. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 122, Tomo XV, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, registro 209220, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, por analogía, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, a saber, las once horas con diecisiete minutos del nueve de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. (SE SOBRESEE POR AUTO)
- Incidental
Audiencia y resolución incidental En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con veinte minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien actúa y da fe, celebran la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia. El secretario hace una relación de todas y cada una de las actuaciones que obran en los presentes autos y da cuenta con copia del escrito inicial de demanda y las constancias de notificación de las autoridades responsables; a lo que el juez acuerda: téngase por hecha la certificación secretarial. Abierto el periodo probatorio, en sus capítulos de ofrecimiento y admisión de pruebas. El secretario hace constar que las partes no ofrecieron medios de convicción. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho a las partes para ofrecer pruebas. Hecho lo anterior, se cierra dicho periodo. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos. El secretario certifica que ninguna de las partes los expresó. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para formularlos. Cerrado el período de alegatos, se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************; y I. Antecedentes A petición de la quejosa ********************, por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión; se solicitó a las responsables informe previo, se resolvió sobre la suspensión provisional y se fijó fecha y hora para la audiencia incidental, la cual, se desarrolló conforme al acta que antecede; y, II. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión conforme a lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. III. Precisión de los actos reclamados En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS Para todas las autoridades responsables: LA OMISION Y DILACION POR PARTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE: a) La omisión y dilación consistente en NO dictar el laudo dentro del expediente laboral número ******************** JE1, a pesar de haber transcurrido los términos que para ese efecto señala el artículo 885 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. b) Así mismo se reclama todas y cada una de las omisiones o dilaciones subsecuentes que se generen durante la tramitación del presente juicio." Asimismo, solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto que no se dicten órdenes que perturben directa o indirectamente sus derechos. IV. Certeza de los actos reclamados De conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, así como la presidenta de dicha Junta, toda vez que no rindieron sus informes previos, a pesar de encontrarse debidamente notificadas. V. Procedencia de la medida cautelar En principio, es necesario traer a colación el precepto constitucional en el que se establece la figura de la suspensión de los actos reclamados en materia de amparo. Lo anterior se sustenta en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Federal, que dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:[.] Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;" En la citada porción normativa se establece que para concederse la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa y conservar viva la materia del juicio, si con ello no se lesiona el interés social y el orden público, lo cual podrá resolver el juez de Distrito a sensibilidad, ante la realidad del acto reclamado. En segundo término, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece los requisitos para la procedencia de la medida suspensional: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció ciertos requisitos para la procedencia de ésta figura en la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA.". Señaló que el análisis de la concesión de la medida cautelar, debe realizarse conforme al orden lógico siguiente: Expresamente la solicite el quejoso, Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita, Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión, No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo; y, Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. De lo anterior, se dilucida que es improcedente conceder al quejoso la suspensión definitiva, toda vez que los actos reclamados resultan de carácter omisivo, y estos no producen ningún efecto positivo, y no trae como consecuencia actos de índole prohibitivos que coarte o limiten derechos legítimamente tutelados del quejoso. Por tanto, si los actos reclamados son de carácter esencialmente omisivos, no son susceptibles de paralización, ya que a través de la medida cautelar no puede permitirse que la autoridad haga algo que no ha realizado. Dicho de otra forma, la suspensión de los actos reclamados no tienen el alcance de forzar a la autoridad que actúe, ya que determinar lo contrario, sería completamente erróneo, pues además de que tal situación sería opuesta a la esencia de la suspensión (detener, paralizar; no impulsar, no imponer una actuación), reconocerse ese alcance equivaldría a darle efectos restitutorios, de los que carece, por ser estos propios de la sentencia de fondo. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis I.6o.T.3 K (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de Primer Circuito, visible a página 1912, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, con registro 2004810, que expresa: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 124, 131, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se VIII. Resuelve Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************, contra los actos y las autoridades precisada en el considerando III y IV de esta resolución, por los motivos expuestos apartado V. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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