Elvia Fabián Esteva

Expediente 1290/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1290/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
19/12/2022

Partes del expediente

  • Elvia Fabián Esteva

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte ha transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual, se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia; por tanto, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el informe justificado que nombre de la Junta Especial Numero Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de Oaxaca, rinde la Presidenta por Ministerio de Ley, niega el acto reclamado y acompaña las constancias que lo justifican, las que se tienen como prueba de su parte de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, y se tienen por desahogadas en este acto por su propia naturaleza. Ahora bien, del contenido de las citadas constancias, con eficacia probatoria plena, en virtud de ser copias certificadas, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en el artículo 2º, se conoce que en el juicio laboral J.32/0174/2014, del que deriva el acto reclamado, se declaró cerrada la instrucción el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós (foja 25). De ahí que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintisiete de octubre de dos mil veintidós), la denegación de justicia de que se duele la parte quejosa por parte de la autoridad responsable Junta Especial Numero Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en la omisión de dictar laudo en ese juicio de laboral, era inexistente. Por ende, no existía transgresión a su derecho fundamental establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de impartición de justicia pronta y expedita por no dictar laudo alegado por la quejosa, pues tal circunstancia se encuentra justificada legalmente, al no haberse cerrado la instrucción en el juicio conforme al artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, al ser inexistente la transgresión alegada, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de la misma, por no existir materia de estudio que originó el juicio de amparo y con ello la afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, según el caso. Apoya a lo anterior, la tesis IV.3o.72K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Materias(s): Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII, Enero de 1994, página 254, Registro digital: 213793, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." En las condiciones y fundamento anotados lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que no existía el acto que señaló como reclamado. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia, como acontece en el caso. Además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, la cual establece literalmente lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Ante ello, se deja sin efectos audiencia constitucional programada para las diez horas con veinte minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós (foja 19). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. De la certificación que antecede se advierte que el proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó parcialmente la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Así también de la diversa la certificación de cuenta, se conoce que se encuentra transcurriendo el término de quince días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que la autoridad responsable rinda su informe justificado; la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de noviembre de dos mil veintidós. Por recibida la demanda de amparo promovida por ELVIA FABIÁN ESTEVA, contra actos de los Miembros de la Junta Especial Numero Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado y Auxiliar dictaminador adscrito a la Secretaría Auxiliar de Compilación, Codificación y Dictaminación de esa Junta, consistente en: ".a)- La omisión de dictar, laudo en el juicio laboral 174/2014. b) La falta de administración de justicia en los términos y plazos que especifica la ley." Fórmese el expediente impreso y electrónico respectivo con el número 1290/2022. Desechamiento parcial de la demanda Ahora bien, en cuanto al acto que reclama del Auxiliar dictaminador adscrito a la Secretaría Auxiliar de Compilación, Codificación y Dictaminación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Oaxaca, la demanda de amparo debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia. Lo anterior, toda vez que dicho Auxiliar Dictaminador no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo, por no dispone de fuerza pública. Es así, ya que conforme a los artículos 885 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, a él corresponde únicamente formular por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, el cual será sometido a consideración de cada uno de los integrantes del Junta; y de ser aprobado por éstos sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta; en caso contrario, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. Por tanto, respecto de dicha autoridad se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II de la Ley de Amparo, aplicado el último precepto en sentido contrario; por consiguiente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de cuenta, por lo que se refiere únicamente al mencionado Auxiliar Dictaminador, por ser notoria e indudable su improcedencia. Admisión parcial de la demanda Con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo únicamente respecto de los actos reclamados a los Miembros de la Junta Especial Numero Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, sin incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento de informes. Requiérase el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto y con la debida anticipación que permita el conocimiento del mismo a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 117 de la Ley de Amparo. En el entendido que, de acuerdo con el tercer párrafo, del artículo 117 de la ley de la materia, los informes rendidos fuera de los plazos establecidos sólo podrán ser tomados en cuenta si la parte quejosa estuvo en posibilidad de conocerlos. En dicho informe deberá indicar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que acompañará copias certificadas (debidamente foliadas, rubricadas, entreselladas y signadas por funcionario público facultado para dicho cotejo), completas y legibles de la totalidad de las constancias para acreditar su dicho. Indíquese a las autoridad requerida que al momento de remitir la documentación que se señala, deberá certificar que constituyen la totalidad de las constancias respectivas hasta la última actuación que se hayan practicado al momento de su envío o; en caso, de tener imposibilidad legal justificada para certificar, deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, que las constancias que remite constituyen su totalidad. Infórmese a las autoridad responsable que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberá hacerlo del conocimiento de este juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con el apercibimiento que de no rendir su informe justificado de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia, se presumirán ciertos los actos reclamados salvo prueba en contrario; asimismo, en el caso de no rendir el informe con justificación que se le requiere o lo haga sin remitir copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, al momento de resolver el presente juicio, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización vigente de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa para celeridad del asunto recabe y exhiba esas constancias, en términos del segundo párrafo del artículo 119 de la Ley de Amparo. Se precisa que si optan por rendir su informe justificado mediante el correo oficial de este órgano jurisdiccional, deberán rendirlo con las providencias necesarias para que sean considerados como oportunos, puesto que no únicamente es que sea enviado por dicho medio, ya que conlleva su recepción, acuse, impresión y remisión a cada secretaría. Ello, dado que el único medio oficial de recepción para estimar oportuno un documento, es a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, o directamente ante la Oficialía de Partes de este juzgado federal. Asimismo, cualquiera de las partes, deberá informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100, moneda nacional ($2,886.60), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por treinta (30), en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifiesten si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señalen ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndolas que de no hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional ($4,811.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Agente del Ministerio Público Dese la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado. Terceros interesados. Se reserva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5°, fracción III, de la ley de la materia, hasta en tanto las autoridad responsable rindan su informe justificado. Domicilio para recibir notificaciones Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizado en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo a Gloria Tomás Vásquez, José Oswaldo Sánchez Javier y Margarito Javier Hernández Cruz, y sin esas facultades a las restantes personas que menciona, por solicitarlo expresamente. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Por economía procesal, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Integración de expediente electrónico Atendiendo a lo establecido en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones, para su debida integración; por lo que se instruye al secretario de juzgado encargado de su trámite, al oficial judicial, al actuario judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, documentos, diligencias y notificaciones que obren en el mismo conforme a las actividades que les competen. Lo anterior, a fin de que tanto el expediente impreso como el electrónico coincidan y, una vez concluido el asunto, se realice la certificación correspondiente. Protección de datos personales Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

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