Elvia Esperanza de Avila Sifuentes
Expediente 173/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 173/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Elvia Esperanza de Avila Sifuentes
Actuaciones
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, mediante el cual, la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, remite testimonio de la ejecutoria de veintiocho de marzo del año en curso, pronunciada por ese Tribunal Colegiado, de la que se desprende que la superioridad, declaró infundado el recurso de queja, interpuesto por Ana Karina Reyna Rodríguez, autorizada de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, contra el auto de veintiséis de febrero de la presente anualidad, dictado por este Juzgado, bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja." Acúsese recibo. En consecuencia, ya que en el presente juicio de amparo, sí existen documentos originales exhibidos por las partes que deben ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible. Finalmente, requiérase a la quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger el documento que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el presente expediente.
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el ocurso que suscribe Ana Karina Reyna Rodríguez, autorizada de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone recurso de queja. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja contra el auto de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente. Por tanto, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado a la Superioridad, haciéndole saber que es cierto que el veintiséis de febrero de la presente anualidad, se desechó la demanda de amparo promovida por Elvia Esperanza de Ávila Sifuentes, con base en los fundamentos y por los motivos en el mismo asentados; remítase el escrito original de expresión de agravios presentado por el citado autorizado, así como copias certificadas de todo lo actuado en el juicio de amparo en que se actúa, para lo que tenga a bien determinar dicho Tribunal.
- Principal
Vista; la demanda de amparo presentada por Elvia Esperanza de Ávila Sifuentes, por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Zacatecas y otras autoridades, por violación a los artículos 1, 14, 16, 25 y 31 constitucionales, se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 173/2019-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Es preciso señalar, que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, se indica que la parte quejosa, en su escrito de demanda, señala como acto reclamado el Decreto 109, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, así como el diverso Decreto 112, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, éste último, por medio del cual se reforma (entre otros) el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, vigente a partir del uno de enero de dos mil diecinueve, y como consecuencia, los efectos que ello ocasiona en los artículos 78 a 89 de dicha ley. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. Dichos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de la demanda de amparo, se advierte en su capítulo de antecedentes, punto 3., que el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, la quejosa se presentó a pagar el impuesto correspondiente a un vehículo del que es propietaria, para lo cual adjunta el comprobante de pago correspondiente. Entonces, como la quejosa señala como acto reclamado, el Decreto 109, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, así como el diverso Decreto 112, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho; dichas normas, tienen el carácter de heteroaplicativas; es decir, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Apéndice de 2011, página 3738, con datos de registro 1004936, de texto y rubro que se leen: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Con base a lo anterior, se advierte que el término el artículo 17, de la Ley de Amparo, concede un término de quince días, para interponer demanda de amparo, mismo que corre a partir del día siguiente, en que se realiza la acción por parte de la quejosa, como lo dispone el diverso numeral 18, de la ley en comento; dado que es consecuencia de la norma que reclama de inconstitucional; en este caso: el pago. Luego, la quejosa narra que el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, se presentó a pagar el impuesto correspondiente a un vehículo del que es propietaria, lo que se corrobora con el documento original del comprobante de pago correspondiente; por tanto, el término de quince días que la ley confiere para promover juicio de amparo, comenzó a correr el treinta siguiente y concluyó el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, descontándose los días dos, tres, cuatro, cinco, nueve, diez, dieciséis y diecisiete, todos de febrero de este año, por ser inhábiles. Entonces, de la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, se advierte que la demanda de cuenta, fue presentada el veintidós de febrero de dos mil diecinueve; por tanto, la presentación de la demanda resulta ser notablemente extemporánea; y, con ello, se considera que la parte quejosa consintió el acto que ahora combate, actualizándose en el caso, la causal de improcedencia en análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del tomo XIII, enero de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTIAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." También sirve de apoyo, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis visible en la página doscientos treinta y cinco, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este juzgado no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por Elvia Esperanza de Ávila Sifuentes, por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Zacatecas y otras autoridades y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones por parte de la quejosa, el ubicado en Edificio sede el Poder Judicial de la Federación, calle Lateral, número mil doscientos dos (1202), Torre B, Planta Baja, colonia Cerro del Gato, Ciudad Gobierno, Zacatecas, Zacatecas; por autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a los licenciados Ana Karina Reyna Juárez, César López Ramos y José Alberto Zárate Juárez; y, en términos del segundo párrafo del artículo 12, de la citada ley, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos a Ivonne Rivera Rivero, María Sughey Hildam Poblano Ibarra y Penélope Yazmín Pérez Martínez.
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