Elvia Enriquez Hernandez
Expediente 654/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 654/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Elvia Enriquez Hernandez
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, treinta de julio de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO AUTO Y ARCHIVO Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que el auto de nueve de julio de dos mil veintiuno por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, veinte de julio de dos mil veintiuno. REGULARIZAR EXPEDIENTE Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que de la revisión del expediente físico y electrónico aún no obra constancia de notificación a la parte quejosa del auto de nueve de julio del año en curso. En consecuencia, requiérase al actuario de la adscripción que de contar con dicha constancia, la integre al expediente físico y electrónico, en su caso, la practique a efecto de lograr la debida integración del Juicio de Amparo en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, a nueve de julio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Elvia Enríquez Hernández, contra los actos del Juez de Control de la Región Judicial Centro con sede en la ciudad de Puebla quien actúa dentro de la carpeta de control judicial previo 233/ 2020/CJP/PUEBLA. Fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número 654/2021. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO POR SER NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que ésta es improcedente y procede su desechamiento como a continuación se explica. La quejos reclama en esta vía constitucional al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro de Puebla, la resolución de quince de junio del año dos mil veintiuno dictada en contestación a su escrito de catorce de ese mismo mes y año en el que le solicitó señalara día y hora para la audiencia de control judicial previo y en su lugar la responsable ordenó el archivo de la carpeta de control judicial previo 233/ 2020/CJP/PUEBL en razón de que incumplió con la prevención que se le formuló. Al respecto, como se adelantó, la demanda de amparo planteada por el quejoso es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Esto es así porque respecto del acto reclamado previamente precisado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". Esto es, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, porque el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Para ello, conviene precisar que dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales se prevé en el título XII recursos, en su capítulo II, denominado recursos en particular, en su artículo 465, las reglas para la interposición del recurso de revocación, mismo que resulta ser el medio ordinario de impugnación respecto a la resolución que la quejosa aquí reclama. El texto del citado ordenamiento establece lo siguiente: Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Por su parte, el diverso 466 del cuerpo legal en cita dispone: Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta. De la interpretación armónica de ambos preceptos se advierte que el recurso de revocación procede ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, contra las determinaciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial. Ahora bien, como el acuerdo del Juez de Control que determina el archivo de la carpeta de control judicial previo iniciada conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es de mero trámite, pues en él no se analiza el fondo de la cuestión planteada, en su contra procede el recurso de revocación, cuyo efecto sería modificar, revocar o nulificar dicho acto de autoridad, motivo por el que debe agotarse dicho medio de defensa antes de acudir al Juicio de Amparo indirecto, a fin de cumplir con el principio de definitividad. Por ello, y conforme al contexto que antecede, es indudable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación se puede obtener la confirmación, modificación o revocación de la resolución que se reclama a través del presente juicio de amparo, el cual estaba obligado a agotar la aquí impetrante al no ser extraña al proceso natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la ley de la materia, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de revocación por parte del promovente del amparo, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a desechar de plano la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que se precisa de la demanda de amparo, sin que haya lugar a tener como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que relata en su demanda, pues de la consulta al Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, no se encontró registro alguno de sus cédulas profesionales. Así mismo, se tiene por señalado como medio de comunicación procesal el correo electrónico que ahí precisa, así como el número telefónico para su confirmación. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones del quejoso, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de la Materia-, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes en este juicio, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o bien, corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, a instancia de la parte quejosa, tomando en consideración que le corresponde a la misma estar al pendiente de la tramitación de su asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación.. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
- Principal
Puebla, Puebla, a nueve de julio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Elvia Enríquez Hernández, contra los actos del Juez de Control de la Región Judicial Centro con sede en la ciudad de Puebla quien actúa dentro de la carpeta de control judicial previo 233/ 2020/CJP/PUEBLA. Fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número 654/2021. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO POR SER NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que ésta es improcedente y procede su desechamiento como a continuación se explica. La quejos reclama en esta vía constitucional al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro de Puebla, la resolución de quince de junio del año dos mil veintiuno dictada en contestación a su escrito de catorce de ese mismo mes y año en el que le solicitó señalara día y hora para la audiencia de control judicial previo y en su lugar la responsable ordenó el archivo de la carpeta de control judicial previo 233/ 2020/CJP/PUEBL en razón de que incumplió con la prevención que se le formuló. Al respecto, como se adelantó, la demanda de amparo planteada por el quejoso es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Esto es así porque respecto del acto reclamado previamente precisado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". Esto es, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, porque el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Para ello, conviene precisar que dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales se prevé en el título XII recursos, en su capítulo II, denominado recursos en particular, en su artículo 465, las reglas para la interposición del recurso de revocación, mismo que resulta ser el medio ordinario de impugnación respecto a la resolución que la quejosa aquí reclama. El texto del citado ordenamiento establece lo siguiente: Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Por su parte, el diverso 466 del cuerpo legal en cita dispone: Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta. De la interpretación armónica de ambos preceptos se advierte que el recurso de revocación procede ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, contra las determinaciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial. Ahora bien, como el acuerdo del Juez de Control que determina el archivo de la carpeta de control judicial previo iniciada conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es de mero trámite, pues en él no se analiza el fondo de la cuestión planteada, en su contra procede el recurso de revocación, cuyo efecto sería modificar, revocar o nulificar dicho acto de autoridad, motivo por el que debe agotarse dicho medio de defensa antes de acudir al Juicio de Amparo indirecto, a fin de cumplir con el principio de definitividad. Por ello, y conforme al contexto que antecede, es indudable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación se puede obtener la confirmación, modificación o revocación de la resolución que se reclama a través del presente juicio de amparo, el cual estaba obligado a agotar la aquí impetrante al no ser extraña al proceso natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la ley de la materia, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de revocación por parte del promovente del amparo, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a desechar de plano la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que se precisa de la demanda de amparo, sin que haya lugar a tener como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que relata en su demanda, pues de la consulta al Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, no se encontró registro alguno de sus cédulas profesionales. Así mismo, se tiene por señalado como medio de comunicación procesal el correo electrónico que ahí precisa, así como el número telefónico para su confirmación. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones del quejoso, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de la Materia-, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes en este juicio, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o bien, corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, a instancia de la parte quejosa, tomando en consideración que le corresponde a la misma estar al pendiente de la tramitación de su asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación.. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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