Elvia Elizabeth Valle Pacheco

Expediente 587/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
587/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua
  • Elvia Elizabeth Valle Pacheco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******************** y Elvia********************, de conformidad con los considerandos Tercero y Sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ******************** y Elvia********************, contra actos reclamados a las autoridades responsables que quedaron precisados en los considerandos Segundo y Octavo de la presente sentencia, por los razonamientos y fundamentos expuestos en el mismo y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Incidental

    R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito de demanda recibido en este Juzgado el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, la parte quejosa solicitó la apertura del incidente de suspensión, contra las autoridades responsables indicadas en el capítulo respectivo de la demanda, a quienes reclamó la orden de detención y aprehensión, girada en su contra, así como su posible ejecución fuera de procedimiento judicial. SEGUNDO. En proveído de la propia fecha, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, solicitando a las autoridades señaladas como responsables sus informes previos y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual se inició en los términos que constan en el acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. La autoridad responsable, el Director General de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua por conducto del coordinador Jurídico de Pensiones Civiles en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe previo, negó la existencia de los actos que se le reclaman por la parte quejosa. Sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicitó y respecto del acto reclamado de estas autoridades informantes. Lo anterior, tiene apoyo con la tesis con número de registro 326347 visible en la página 5683 del Tomo LXXIII, correspondiente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de la Quinta Época, que reza: "INFORME PREVIO, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN SI NO SE DESVIRTUA LA NEGATIVA DEL ACTO, EN EL. Si no se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable, contenida en su informe previo, es claro que tal negativa queda firme, y por consecuencia, se estará frente a actos que no existen, por lo que debe concluirse que es improcedente conceder el beneficio de la suspensión, contra actos de esa naturaleza". Previamente, de entrar al estudio de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, cabe indicar que en relación a los actos reclamados a la autoridad Gobernadora del Estado de Chihuahua fue omisa en rendir su informe previo, sin embargo, no es el caso presumir como ciertos los actos reclamados de dicha autoridad, por la naturaleza jurídica de los mismos, no queda duda de la improcedencia de la suspensión relativa a dichas autoridades, pues, además se trata de actos que revisten las características de consumados, debiendo decirse además, que la concesión de tal medida suspensional en juicios de amparo contra leyes, es improcedente porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes y no éstas en sí, por tanto, lo conducente en la especie es negar la medida cautelar que hoy nos ocupa, justamente, contra la publicación del decreto combatido, si aquélla ya se llevó a cabo. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia doscientos veintiuno, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página tres mil ochocientos cuarenta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Cuarta Sección - Suspensión en amparo contra leyes, que dice así: "LEYES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS. No puede concederse la suspensión contra la promulgación y expedición de las leyes, si aquéllas ya se llevaron a cabo." Así como el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la tesis número VI.2o.C. J/174, que aparece en la página 775, del Tomo X, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, y que es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión." Ahora bien, en principio se estima importante precisar que el artículo 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, dispone en lo que interesa que en ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto constituir derechos que no haya tenido la parte quejosa antes de la presentación de la demanda. Por su parte, en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, entre otras cosas, que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el artículo 147 de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados. Lo que, a su vez, señaló, es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, indicó, la naturaleza negativa de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no, pues esto último depende, en todo caso, de que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. SEGUNDO. La autoridad responsable, Jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, en el informe previo que rindió convino en la existencia del acto reclamado, consistente en: "4. ACTO RECLAMADO: De las autoridades señaladas en los incisos A), B) y C) del punto anterior, se reclama el primer acto de aplicación del reglamento y manual impugnados que causa perjuicio a las quejosas, contenido en el oficio DAVP-382/2023 de fecha 23 de mayo de 2023." Lo que es suficiente para tener por acreditados dichos actos. En el caso que nos ocupa, según ha quedado precisado previamente, el acto reclamado se hizo consistir en la negativa de la afiliación ******************** como beneficiario al Servicio Médico Asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en su carácter de madre y beneficiaria de ********************, de conformidad con lo previsto por el Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, el Estatuto Orgánico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua y el Manual de Procedimientos de Estudio Socioeconómico para la Afiliación de Beneficiarios al Servicio Médico Asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. Luego, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en cuanto a las consecuencias jurídicas que implica su pervivencia, y los efectos para los cuales solicita la suspensión, este juzgado de Distrito, advierte que existe materia en la medida de que subsiste la falta de atención médica para la citada familiar de la trabajadora derechohabiente y aquí quejosa. Es de citarse la tesis XVI.1o.A.40 K (10a.), con registro digital 2021630, Décima Época, Materia(s): Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, página 2422, Tipo: Aislada, que este tribunal comparte. "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU ACTUAL REGULACIÓN LEGAL POSIBILITA, SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO, DOTARLA DE EFECTOS RESTITUTORIOS, CON INDEPENDENCIA DEL CARÁCTER POSITIVO O NEGATIVO DEL ACTO RECLAMADO. De los artículos 131, 147 y 148 de la Ley de Amparo, se advierte que de ser material y jurídicamente posible, el juzgador, atendiendo a las circunstancias de cada caso, puede restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se falla el juicio en lo principal, siempre que se trate de una prerrogativa con la que contaba antes de acudir al juicio de amparo. Así, los efectos restitutorios que pueda tener la suspensión provisional en el amparo se actualizan, sin importar el carácter positivo o negativo del acto reclamado, dado que las normas citadas no hacen distinción al respecto y, además, porque esa interpretación atiende a un fin garantista que es acorde con la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas." Sin que pueda estimarse que de conceder la suspensión definitiva se constituyan derechos de los que previamente no gozaba ********************, pues no debe perderse de vista que conforme a lo dispuesto expresamente en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas en los casos y en la proporción que determine la Ley. De ahí entonces, que además exista la apariencia del buen derecho a que se ha hecho referencia, sin que se estime que exista afectación al orden público o al interés social, en tanto que a la colectividad precisamente le interesa que el Estado cumpla con las obligaciones que constitucionalmente le corresponden, concretamente el de satisfacer lo atinente al derecho a la salud, previsto en el artículo 4º de nuestra Carta Magna. A este respecto, conviene invocar la tesis 1a. XIII/2021 (10a.), de la Primera Sala del más alto tribunal del país, correspondiente a la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021,Tomo II, página 1225, del tenor siguiente: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA ASISTENCIA MÉDICA Y EL TRATAMIENTO A LOS PACIENTES USUARIOS DE ALGUNA INSTITUCIÓN QUE INTEGRE EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DEBEN GARANTIZARSE DE FORMA OPORTUNA, PERMANENTE YCONSTANTE. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos, tomando particular importancia cuando se trata de padecimientos en los que el éxito del tratamiento dependa, principalmente, del óptimo cumplimiento en la toma de medicamentos, es decir, en aquellos casos en los que la adherencia deficiente al tratamiento sea determinante para la progresión de la enfermedad. Justificación: Ello, pues la lucha contra las enfermedades, en términos amplios, representa la práctica de esfuerzos individuales y colectivos del Estado para facilitar la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia y servicios médicos, lo cual no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino también al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades. Esto como parte del estándar de protección del derecho humano a la salud, reconocido en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 11 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño". Luego, debe precisarse que Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en su carácter de organismo público descentralizado, es el encargado de prestar el servicio médico asistencial, al cual tienen derecho los trabajadores al servicio del Estado, los pensionados y jubilados, así como sus respectivos beneficiarios, conforme al Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado. Por otro lado, en lo que atañe al peligro en la demora, es de destacar que debe prevenirse una eventual condición de gravedad en el estado de salud de las personas cuya afiliación se pretende, ante la omisión de atención médica por parte de las autoridades responsables; lo que implicaría una imposibilidad material para que dicha afectación pudiera repararse retroactivamente en su persona, una vez que se dicte la sentencia de amparo respectiva. Por ende, se estima que en el caso lo procedente es conceder la medida cautelar solicitada, para el exclusivo efecto de que las autoridades responsables correspondientes otorguen a ********************, en su carácter de madre de ********************, quien acreditó el carácter derechohabiente, la atención médica y medicamentos que les resulten necesarios. Lo anterior, hasta en tanto sea resuelto el juicio de amparo del que deriva esta incidencia. Lo que a su vez, permitirá mantener viva la materia del juicio de amparo en lo principal. En tales condiciones, se concede la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, para el efecto de que las autoridades responsables, en el respectivo ámbito de competencias, tomen las medidas necesarias para que le sea respetado el derecho fundamental de acceso a la salud, para lo cual deben: ( Proporcionar a ********************, la atención médica y hospitalaria que requiera con motivo del estado de salud en que se encuentra, incluyendo la práctica de estudios especializados, atendiendo los lineamientos de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, así como los propios de la profesión médica. Es aplicable a la anterior determinación, la Tesis P. LXVIII/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materias(s): Constitucional, que dice: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físicopsicológica." En caso de que el estado de salud del ********************, lo amerite, le sean realizados los estudios para dilucidar qué insumos, medicamentos y tratamientos son los necesarios, mismos que le deberán de ser proporcionados de manera inmediata. Apoya lo anterior, la tesis P. XIX/2000, del Pleno del más Alto Tribunal del País, consultable en la página Tomo XI, Marzo de 2000, Materias(s): Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo la voz: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos." Sin que con la anterior determinación se inadvierta que de manera ordinaria la suspensión definitiva no tiene efectos restitutorios, puesto que ellos son propios de la sentencia que en definitiva se emita en el juicio del que deriva el incidente que se revisa; empero, de conformidad con el artículo 147 de la Ley de Amparo, por la propia naturaleza del acto reclamado -derecho a la salud- y su trascendencia en la esfera de derechos fundamentales de la justiciable, es que se ordena el restablecimiento provisional de la citada quejosa en el goce del derecho humano que se dice violentado, hasta en tanto sea resuelto Juicio de Amparo del que deriva este incidente. Entonces, a fin de evitar la violación de algún derecho humano de la parte quejosa, comuníquese a la autoridad médica de las autoridades responsables, esto es, al Director General de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, los efectos que tiene la presente resolución, así como que tiene la obligación de proporcionar los elementos que permitan un adecuado estado de salud y demás aspectos inherentes para el buen desarrollo institucional, así como el bienestar físico y mental, por sí y por conducto de su personal tratante, bajo su más estricta responsabilidad, por lo que se estima que les asiste la obligación de tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a sus atribuciones y facultades que derivan precisamente de las normas en la esfera de su competencia y estricta observancia a fin de no incurrir en responsabilidad penal o administrativa alguna, lo cual deberán de informar al Juzgado recurrido. Lo anterior no significa que las autoridades estén obligadas a acatar los deseos de la parte quejosa, ni a tomar al pie de la letra sus peticiones, pues es el médico tratante quien, siguiendo los lineamientos de la institución clínica a la que acuda, así como los propios que marca la profesión médica, deberá establecer el tratamiento a seguir. La medida cautelar otorgada surtirá efectos sin necesidad de constituir garantía alguna, dado que de momento no se observa que se causen daños y perjuicios a tercero alguno. Ello, si se considera que la medida otorgada tiene el único propósito de salvaguardar derechos sustantivos de la parte quejosa, como lo es, el derecho fundamental de acceso a la salud, lo que excluye la posibilidad de que se condicione a que se constituya algún tipo de garantía. Sobre el tema este Tribunal Colegiado, en su actual integración, se ha pronunciado en el mismo sentido, al efecto se cita la tesis XVII.2o.P.A.7 A (11a.), con registro digital: 2024050, sustentada por, Undécima Época, Materia(s): Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tipo: Aislada, de la voz: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA OMISIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE AFILIACIÓN DEL CÓNYUGE Y LA MADRE DE UNA DERECHOHABIENTE, PARA EL EFECTO DE QUE SE LES OTORGUE LA ATENCIÓN MÉDICA Y LOS MEDICAMENTOS NECESARIOS HASTA QUE SE DICTE SENTENCIA DEFINITIVA FIRME EN EL PRINCIPAL [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA XVII.2o.P.A. J/7 A (10a.)]. Hechos: La quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua de dar respuesta a la solicitud de afiliación al servicio médico de su cónyuge y de su madre. El Juez de Distrito negó la suspensión definitiva al considerar que el acto reclamado reviste el carácter de negativo y concederla equivaldría darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva; inconforme, interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede conceder la suspensión definitiva contra la omisión señalada, para el efecto de que Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua otorgue al cónyuge y a la madre de la derechohabiente la atención médica y los medicamentos necesarios hasta que se dicte sentencia definitiva firme en el juicio principal. Justificación: Lo anterior, porque la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar su procedencia, pues el concederse no implica que se constituyan derechos de los que previamente no gozaban las personas cuya afiliación se pretende, ya que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas en los casos y en la proporción que determine la ley; por tanto, ponderando la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, para prevenir una eventual condición de gravedad en el estado de salud de los peticionarios del amparo, ante la omisión de atención médica por parte de las autoridades responsables, lo que implicaría una imposibilidad material para que dicha afectación pudiera repararse retroactivamente en su persona, una vez que, en su caso, se dicte la sentencia de amparo respectiva, se estima que con el otorgamiento de la suspensión no existe afectación al orden público o al interés social, porque a la colectividad precisamente le interesa que el Estado cumpla con las obligaciones que constitucionalmente le corresponden, concretamente, la de satisfacer el derecho a la salud previsto en el artículo 4o. de la Constitución General. Luego, al ser Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en su carácter de organismo público descentralizado, el encargado de prestar el servicio médico asistencial, al cual tienen derecho los trabajadores al servicio del Estado, los pensionados y jubilados, así como sus respectivos beneficiarios, conforme al Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado, procede conceder la medida cautelar solicitada, para el exclusivo efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias, tomen las medidas necesarias para que sea respetado el derecho fundamental de acceso a la salud y otorguen al cónyuge y a la madre de la derechohabiente la atención médica, hospitalaria y medicamentos que les resulten necesarios, con motivo del estado de salud en que se encuentren, incluyendo la práctica de estudios especializados, atendiendo a los lineamientos de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, así como a los propios de la profesión médica. Lo anterior, en tanto se dicta sentencia definitiva firme en el juicio de amparo indirecto en lo principal. En consecuencia, este Tribunal Colegiado de Circuito interrumpe la jurisprudencia XVII.2o.P.A. J/7 A (10a.)." Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 139, 140, 141 y 142 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión de conformidad con lo establecido en el considerando PRIMERO. SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el considerando SEGUNDO de esta interlocutoria, se concede la suspensión definitiva que solicita ******************** y ********************, contra las autoridades y los actos en él precisadas, y con las salvedades que el caso amerita.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, primero de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento al contenido del oficio que signa Coordinador Jurídico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital, se le tiene rindiendo su informe justificado, mismo que se pone a la vista de las partes a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante designando como delegados a los profesionistas que menciona en su oficio y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso de cuenta. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento al contenido del con el oficio que signa el Director de Análisis Jurídicos dependiente de la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaria General de Gobierno en representación de la Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital, se le tiene rindiendo su informe previo, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia incidental, con lo que se ordena dar vista a las partes para que se impongan de su contenido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica en su informe. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo que Reglamenta la Carrera Judicial; autorizado mediante oficio CCJ/ST/3101/2023, de cinco de junio de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 6,710 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano