Elvia Carrillo Hernandez

Expediente 1083/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1083/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
27/10/2016

Partes del expediente

  • Elvia Carrillo Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA ELVIA CARRILLO HERNÁNDEZ, EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA, EL CUAL, EN LO QUE INTERESA DICE: Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de diez de octubre de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia.Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito.Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo, sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes.Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente.De igual manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días para recoger los documentos que exhibió adjunto a su escrito de demanda; apercibida que de no hacerlo así, dichos documento serán destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA ELVIA CARRILLO HERNÁNDEZ, EL ACUERDO DE DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA, EL CUAL, EN LO QUE INTERESA DICE: Agréguese el escrito signado por la promovente Elvia Carrillo Hernández, mediante el cual, pretende dar cumplimiento a los requerimientos que se le formularon por auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, así como señalar nuevos actos reclamados. Ahora, del escrito de demanda y escritos aclaratorios, se tienen como actos reclamados los siguientes: Del Presidente y Actuario, ambos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, la omisión de acordar, notificar y cumplir con las peticiones que realizó mediante escritos presentados el siete de septiembre de dos mil dieciséis, en el expediente laboral 339/2008-A de su índice, y; Una vez precisado lo anterior, con apoyo en lo establecido en el artículo 145 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de acordar, notificar y cumplir con las peticiones que realizó la quejosa mediante escritos presentados el siete de septiembre de dos mil dieciséis, en el expediente laboral 339/2008-A del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que por auto de veintinueve de septiembre del año en curso, se tuvo a la Presidenta y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, remitiendo copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente laboral 339/2008-A de su índice, documental a la que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. De dichas copias certificadas, se desprende el acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, mismo que a continuación se reproduce: De las anteriores reproducciones, se desprende que por auto de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable acordó los escritos presentados por la parte quejosa el siete de ese mes y año, en los términos ahí precisados, mismo que se le notificó mediante instructivo el veintiocho siguiente, de conformidad con la documental que adjuntó a su escrito de cuenta; por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En consecuencia, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Elvia Carrillo Hernández, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de acordar, notificar y cumplir con las peticiones que realizó la quejosa mediante escritos presentados el siete de septiembre de dos mil dieciséis, en el expediente laboral 339/2008-A del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Por otra parte, del escrito de cuenta, se tiene que la quejosa pretende señalar como nuevo acto reclamado el acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, dictado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en el citado expediente laboral -cuya omisión en su emisión constituyó el acto reclamado en su escrito de demanda-. Al respecto, dígase a la parte quejosa que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en atención a las siguientes consideraciones. Es importante aclarar que la figura de ampliación de demanda -como derecho del quejoso en un juicio ya iniciado-, únicamente permite que sea para designar diversas autoridades responsables, actos reclamados o, hacer valer conceptos de violación distintos a los originalmente planteados, el ejercicio de este derecho está sujeto a determinados requisitos de procedencia, tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P. J. 15/2003, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 12, tomo XVIII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio de 2003, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Hipótesis que, en el caso no se actualizan, pues aún no se ha iniciado el juicio de amparo que intenta, aunado a que el acto que reclama, a la presentación de la demanda de amparo, no existía jurídicamente, pues se dictó el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, mientras que la demanda de amparo, se presentó en la oficialía común de partes de los Juzgados de Distritos, el diecinueve de ese mismo mes y año. Asimismo, el requisito consistente en que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, no se actualiza en el caso, pues tal supuesto sólo se da cuando se reclama una violación al derecho de petición contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; empero, cuando la omisión se presenta dentro de un procedimiento jurisdiccional -como sucede en el presente caso-, no opera dicha regla, puesto que tal procedimiento está sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o principios de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17 de la Constitución General de la República, que establece los lineamientos de la actividad de los tribunales obligados a administrar justicia en los plazos y términos que fijan las leyes.

  3. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Presidenta y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, remite copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente laboral 339/2008-A de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a la parte promovente para desahogar la prevención formulada en el auto de referencia. Por otra parte, requiérase a la autoridad oficiante, para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la fecha de recepción del oficio donde se transcribe el presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias de notificación del auto de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral de referencia, incluyendo la minuta o acuse de recibo de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, girado a efecto de hacer efectiva la multa impuesta, las cuales se considera necesarias para estar en aptitud de proveer lo conducente a la procedencia del presente juicio de derechos, quedando subsistente el apercibimiento formulado en el citado proveído.

  4. Principal

    Notifico por medio de lista al promovente Elvia Carrilo Hernandez el acuerdo de veintiuno de septiembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, que en lo que interesa dice: "Vista la demanda que promueve Elvia Carrillo Hernández, contra actos de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1083/2016-II. Ahora, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor, prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentran el establecido en la fracción IV, que a la letra dice: ... Del precepto legal transcrito se desprende que la parte quejosa se encuentra obligada a señalar los actos reclamados que de cada autoridad reclame, pues ello constituye información indispensable para que el Juez de Distrito esté en posibilidad de requerir, en su caso, sus correspondientes informes justificados y se esté en aptitud de analizar la constitucionalidad de los actos que se les atribuyen. Además, de que la demanda de amparo fija la litis constitucional. Al respecto, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se advierte que señala como actos reclamados los siguientes: ... De la anterior transcripción, se advierte que la promovente reclama diversas omisiones de manera general, acaecidas durante la etapa de ejecución de laudo, en el expediente laboral 339/2008-A, sin especificar cuáles son los actos u omisiones específicos que reclama. Asimismo, en sus antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, aduce que los acuerdos de veinticinco de marzo de dos mil catorce, doce de marzo de dos mil quince, veinticinco de enero de dos mil dieciséis y veintiuno de junio de dos mil dieciséis, son ilegales en atención a los argumentos que ahí mismo señala; sin embargo, es omisa en señalarlos como actos reclamados. Mientras que en sus conceptos de violación se duele de una serie de omisiones que resultan genéricas, sin expresar claramente qué actos u omisiones son las que desea impugnar. En ese tenor, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción V, 108, fracción IV, y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente del amparo, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad precise: Si reclama los acuerdos de veinticinco de marzo de dos mil catorce, doce de marzo de dos mil quince, veinticinco de enero de dos mil dieciséis, veintiuno de junio de dos mil dieciséis, en cuyo caso deberá precisar la fecha en que le fueron notificados o tuvo conocimiento de los mismos. Precise los actos u omisiones en concreto y no de manera genérica, a fin de estar en condiciones de analizar la procedencia del juicio, así como la fecha de conocimiento. ... Por otra parte, hágase del conocimiento de la promovente, que deberá presentar el escrito aclaratorio, con el que dé cumplimiento a esta prevención en original y tantas copias sean necesarias para correr traslado a las partes, lo anterior, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. ... Se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos señalados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de amparo. Para mejor proveer, en términos del artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, para que en el plazo de cuarenta y ocho horas, remita copia certificada de todo lo actuado, a partir del laudo, en el expediente laboral 339/2008-A de su índice, cuidando que las mismas se encuentren debidamente rubricadas, foliadas y entreselladas, así como en orden progresivo, para estar en aptitud de proveer lo conducente a la procedencia del presente juicio de derechos; apercibido que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Por otro lado, en términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala para tales efectos, teniéndose como autorizada en términos amplios del citado numeral, a la persona que indica, atento a la naturaleza del acto que se reclama. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio."

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