Elvecio Licinio Remigio Evangelista
Expediente 797/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 797/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Elvecio Licinio Remigio Evangelista
Actuaciones
- Principal
... se declara que ha causado estado el referido auto... archívese este juicio como concluido.... se decreta que este expediente carece de relevancia documental... este expediente es susceptible de ser destruido...
- Principal
.... Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta los autos del juicio de amparo 1189/2017-II-B en que se actúa y copia autorizada del testimonio de la resolución dictada en el expediente de Amparo en Revisión 139/2018, de la que se advierte que la Superioridad resolvió confirmar la sentencia recurrida en el presente asunto, en la que concedió el amparo solicitado por Francisco Ruiz Reyna en los términos y para los efectos puntualizados en la sentencia emitida en el presente juicio... requiérase a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Xalapa, Veracruz, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de diez días, contado a partir de que sea notificada del presente acuerdo, dé cumplimiento a la sentencia amparadora...
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ...Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito de demanda de amparo presentado por Elvecio Licinio Remigio Evangelista, por propio derecho, contra actos del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 797/2018/III-A. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo junto como el ocurso aclaratorio. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y en el caso en particular, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia número I.6o.C.J/19 , cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Ahora, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de definir concretamente los actos reclamados, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de amparo, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: a). La aceptación del cargo de fiscal especializado en combate a la corrupción en el Estado de Veracruz, a pesar de no haber reunido las dos terceras partes de la votación consistente en 34 legisladores. b). La omisión de renunciar al cargo de fiscal especializado en combate a la corrupción en el Estado de Veracruz, a pesar de no haber reunido las dos terceras partes de la votación consistente en 34 legisladores. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional considera que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que ello no le causa perjuicio en su esfera jurídica a la parte quejosa. En relación a lo anterior, es importante dejar establecido que en términos de los artículos 107, fracción I, Constitucional y 107, fracción I, inciso g), de la Ley de la Materia, el acceso al juicio de amparo, tratándose de actos de autoridades administrativas, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica del quejoso. El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio, constituye un tema que, de ordinario se identifica con la pretensión misma, y por ende, debe ser realizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. No obstante, el Máximo Tribunal del País, ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. (...)Con el propósito de analizar la causa de improcedencia propuesta, debe tomarse en cuenta lo previsto por los artículos 107, fracción I , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo , los cuales establecen que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causen un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. El interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar a través de juicio de amparo, actos que considere violatorios de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Dicho interés supone sólo la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. De acuerdo con la explicación anterior, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. (...)Así las cosas, el juicio de amparo es un medio de control y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, lo que quiere decir que la acción constitucional de amparo únicamente puede ejercitarla quien se vea perjudicado por la actuación de la autoridad. Se desprende además, que el juicio de amparo no procede oficiosamente; es decir, sin que haya un interesado legítimo en provocar su actividad tuteladora, sino que siempre se requerirá la instancia de parte (principio de instancia de parte agraviada), y además también es indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica (principio de la existencia del agravio personal y directo). Conforme a los artículos 103, fracción I, de la Constitución, así como 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades; que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Entonces, conforme a la reforma destacada podrán acudir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, quien alegue tener un interés. En ese sentido, el texto constitucional diferencia los componentes de interés tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, de los restantes supuestos, como sucede cuando se reclaman actos de autoridades administrativas. Interesa en el particular este segundo supuesto, pues el acto reclamado deriva de una autoridad administrativa. En esta hipótesis debe señalarse que para demostrar el interés en el amparo convergen los siguientes elementos: 1. La titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo. 2. La afectación a un derecho reconocido por la Constitución. 3. La afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, se puede advertir que conforme al texto del artículo 107 constitucional, el interés permite constituir como quejoso, al titular de un derecho o de un interés legítimo ya sea individual o colectivo, siempre que demuestre que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés para instar la acción de amparo se entiende como aquel derecho o interés -individual o colectivo-, de cualquier persona, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico (Constitución y leyes que de ella emanen), así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, es una situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra. Ahora, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, la citada Sala indicó que deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior -dijo la Corte- porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Finalmente, el Máximo Tribunal de la Nación indicó que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Las anteriores consideraciones se contienen en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) , de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)." Expuesto el anterior marco normativo, en el caso, como ya se expuso, los actos reclamados por el quejoso consisten medularmente en el cargo otorgado a Marcos Even Torres Zamudio, como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción en el Estado de Veracruz, así como su omisión de renunciar a dicho cargo, aduciendo que con ello se violan sus derechos humanos. Sin embargo, el solicitante del amparo no evidencia ni señala en forma alguna cómo ese hecho le irroga un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige los artículo 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limita a basar su pretensión en un interés simple derivado de su condición de gobernado, pues aduce que tiene interés en impugnar dichos actos reclamados, esto es, sustenta un interés igual al de la generalidad de los gobernados, pero no refiere las características especiales que guarda su situación frente al orden jurídico, que lo coloque en un punto diferenciado de la situación general y que lo legitime para promover el juicio de amparo. En efecto, el impetrante sostiene como fundamento de su pretensión la existencia de un mero interés simple que, según su dicho, le corresponde como gobernado en este país; empero, como se explicó en párrafos precedentes, ese interés simple y general en la legalidad de los actos de los entes públicos, no llega a configurar el interés legítimo y menos un interés jurídico necesario para acudir al juicio de amparo, ya que éste es una posición intermedia entre el interés simple y el interés jurídico, sin que llegue a asemejarse o analogarse a alguno de ellos. Bajo el anterior razonamiento, el hoy quejoso únicamente cuenta con un interés simple, como con el que contamos todos los ciudadanos que pertenecemos a una comunidad. Lo anterior, en virtud de que el interés legítimo se basa primordialmente en la existencia de un interés de mayor dimensión que el simple, es decir, en un interés cualificado, actual y real, que se traduce en que el acto reclamado afecte la esfera jurídica concreta del gobernado por virtud de la especial situación que éste guarde en relación con el orden jurídico, de modo que la promoción y resolución favorable del juicio de amparo le reporte un beneficio concreto y real, pues esa es precisamente la finalidad de dicho medio extraordinario de defensa que, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, tiene por efecto restituir al agraviado en el goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto sea positivo; y cuando sea negativo, su efecto será obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía de que se trate. Para corroborar la conclusión alcanzada, como se dijo, basta la lectura integral del escrito inicial de demanda, de donde se advierte que la única causa o motivo en que se sustenta la supuesta existencia un interés legítimo, es en el hecho de que el promovente aduce tener un interés que de facto transgrede el orden jurídico y permite la afectación de la esfera jurídica de los gobernados, sin que en ninguno de los apartados que conforma la referida demanda, exprese que como consecuencia de los actos reclamados resienta una afectación concreta en sus derechos fundamentales de conformidad con su "especial situación frente al orden jurídico"; tampoco refiere los beneficios reales y específicos que en su esfera jurídica pudiera obtener con la concesión del amparo que solicita, de los cuales se pudiera determinar la existencia de ese interés legítimo para accionar el juicio constitucional. En conclusión, el derecho en el que se sustenta la demanda de amparo que aquí se analiza, se traduce en un interés simple de todo gobernado, pero no constituye ni puede asimilarse al interés legítimo que el artículo 107 constitucional, fracción I, establece como requisito de procedencia del juicio de amparo. Asimismo, el estudio de un acto reclamado sustentado en un interés simple podría denotar y culminar con la declaratoria de inconstitucionalidad de un acto, pues de ser así, se llegaría al absurdo de permitir que por cada ciudadano se admitiera el juicio de amparo cuando se reclamaran derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos, tan sólo en el Estado se tendría que tramitar un juicio de amparo por cada habitante que considerara que un acto o ley no cumple con ciertos requisitos legales. Consecuentemente, no puede considerarse que el sentido particular se imponga sobre un acto o ley, puesto que la reforma constitucional no reconoce ni mucho menos abre la posibilidad de que con base en un interés simple se acuda al juicio de amparo, aduciendo como única condición legítimamente el simple factor de ser ciudadanos, pues de estimarlo de esta forma todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto. Luego, el interés legítimo no puede llegar a considerarse como un interés simple o equipararse a éste. En el interés legítimo es necesario que el acto produzca una afectación real y por virtud del amparo se restablezcan las cosas y se le resarza ese perjuicio que resintió el gobernado. En razón de todo lo expuesto, se concluye que, resulta innecesario tramitar el juicio constitucional, en tanto que ningún beneficio le reportaría el que se desahogaran todas las etapas del procedimiento, puesto que no podrían demostrar ni durante la secuela del proceso el sustento de su interés para accionar el juicio constitucional. Consecuentemente, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia mencionadas, y toda vez que aun cuando se admitiera a trámite la demanda a nada práctico conduciría, lo que procede es desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, el precisado en el proemio de su demanda; y por autorizado de su parte, en los amplios términos que impone el artículo 12 de la ley de la materia, a Ivonne Lilian Palafox Navarro, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado Zoila Flor Juárez San Martín, que autoriza y da fe.
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