Elva Sonia Sanchez Hernandez
Expediente 1677/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1677/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Elva Sonia Sanchez Hernandez
- Ayuntamiento de Ayala, Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Como lo dispone el punto décimo primero, del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del citado Acuerdo General, proceda su destrucción. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DECIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.
- Principal
Al haber transcurrido el término de dos días concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: RESOLUCIÓN DE FECHA CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal Elva Sonia Sánchez Hernández, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Ayuntamiento de Ayala, Morelos, y otra autoridad. Acto reclamado. "(.) La abstención por parte de la autoridad responsable de resolver los oficios presentados el cuatro de mayo de dos mil quince y veinte de abril del año en curso (.)" SEGUNDO. Por auto de tres de octubre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda interpuesta por la parte quejosa, se requirió a las responsables su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la omisión de resolver los oficios presentados el cuatro de mayo de dos mil quince y veinte de abril del presente año. TERCERO. Es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable Ayuntamiento de Ayala, Morelos, toda vez que así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañó; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Asimismo, se presume cierto el acto reclamado de la autoridad responsable presidente Municipal de Ayala, Morelos, ya que no rindió su informe justificado que le fue solicitado en proveído de tres de octubre de dos mil dieciséis, no obstante encontrarse debidamente notificada para ello, según constancia que obran en autos. CUARTO. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Amparo y el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 262, del Apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de resolver los oficios presentados el cuatro de mayo de dos mil quince y veinte de abril del presente año, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: "XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Dicho numeral tiene íntima relación con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, cuyo contenido dice: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: "V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. El acto reclamado anunciado consiste en la omisión de la responsable de resolver los oficios presentados el cuatro de mayo de dos mil quince y veinte de abril del presente año, lo cual alude le genera un perjuicio al no impartirse justicia en los plazos y términos que señala la ley aplicable al acto reclamado. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable Ayuntamiento de Ayala, Morelos, se advierte que el tres de noviembre de dos mil dieciséis, notificó a la quejosa Elva Sonia Sánchez Hernández, por medio de estrados la respuesta dada a los oficios presentados el cuatro de mayo del año próximo pasado y veinte de abril del año en curso. De igual forma, el nueve de noviembre del presente año, se puso a la vista de la quejosa dicho informe justificado, así como las constancias que se anexaron al mismo, proveído del cual fue notificado el diez del mismo mes y año. En consecuencia, de lo anterior se advierte que, sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, la cual para que surta efectos requiere de la revocación del acto que se reclama o que la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Esto es así, pues de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que se surta la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cobra aplicación la jurisprudencia número 2ª/J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del tomo VII, abril de 1998, novena época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los numerales 1° Fracción I, 61, 62, 63, 73, 74, 76, 75, 79, 119, y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma el juez Guillermo Amaro Correa, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa María Del Rosario García Jiménez, hasta hoy cinco de diciembre de dos mil dieciséis, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, en el acuerdo de nueve de noviembre de año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable; luego entonces, se desprende que no han transcurrido los ocho días previos a la celebración de la audiencia constitucional, tal y como lo refiere el artículo 117, de la ley de la materia, para que las partes estén en posibilidad de imponerse de dicho informe; motivo por el cual, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
- Principal
se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la autoridad responsable, mediante el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO; a lo anterior se provee: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos y dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. De conformidad con el artículo 119, de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la documental que anexa, misma que será relacionada al momento procesal oportuno. Finalmente, de conformidad en los dispositivos 9° y 28, de la Ley de la materia, se tienen por designados como delegados a las personas que mencionan; y como domicilio el que indican, siempre y cuando sea el de su residencia oficial. Notifíquese.
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