Elva Rocío Lizárraga Lizárraga

Expediente 1518/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1518/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
22/10/2020

Partes del expediente

  • Elva Rocío Lizárraga Lizárraga
  • Director General del Fondo de Pensiones del Gobierno del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el oficio y anexo enviados por la autoridad responsable denominada Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó que se había dado cumplimiento a la sentencia emitida en este juicio de garantías. En ese sentido, mediante proveído de veintiocho del mes anterior, se dio vista a la parte promovente del amparo, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que integran este juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Así pues, por sentencia dictada en los presentes autos, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa a efecto de que en al ámbito de sus funciones las autoridades responsables emitieran la respuesta a la petición que le fue formulada por la parte quejosa el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho y le fuera notificada y en sus términos, con plenitud de jurisdicción, se determinara si se concedía o negaba la pensión solicitada por el justiciable y se le notificara dicho resultado, respectivamente. Dicha determinación fue confirmada en ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en el Estado de Nayarit, dentro del amparo en revisión 699/2019 de su índice, como se aprecia de las constancias que obran agregadas en autos. Luego, mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal el veintisiete del mes anterior, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que el veintidós de ese mes y año se le notificó a la quejosa el dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, con efectos a partir del uno de octubre de la presente anualidad, como lo acreditó con la constancia certificada del mismo y el cual se le notificó, como se aprecia del acuse de recibo por la propia solicitante del amparo; todo lo anterior ajustado a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos y garantías violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; por lo que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el oficio y anexo enviados por la autoridad responsable denominada Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó que se había dado cumplimiento a la sentencia emitida en este juicio de garantías. En ese sentido, mediante proveído de veintiocho del mes anterior, se dio vista a la parte promovente del amparo, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que integran este juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Así pues, por sentencia dictada en los presentes autos, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa a efecto de que en al ámbito de sus funciones las autoridades responsables emitieran la respuesta a la petición que le fue formulada por la parte quejosa el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho y le fuera notificada y en sus términos, con plenitud de jurisdicción, se determinara si se concedía o negaba la pensión solicitada por el justiciable y se le notificara dicho resultado, respectivamente. Dicha determinación fue confirmada en ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en el Estado de Nayarit, dentro del amparo en revisión 699/2019 de su índice, como se aprecia de las constancias que obran agregadas en autos. Luego, mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal el veintisiete del mes anterior, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que el veintidós de ese mes y año se le notificó a la quejosa el dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, con efectos a partir del uno de octubre de la presente anualidad, como lo acreditó con la constancia certificada del mismo y el cual se le notificó, como se aprecia del acuse de recibo por la propia solicitante del amparo; todo lo anterior ajustado a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos y garantías violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; por lo que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta presentado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa los actos tendentes para dar cumplimiento al fallo protector, para lo cual adjunta copia certificada del dictamen de pensión por retiro, por edad y tiempo de servicio a favor de la quejosa, con acuse de recibo; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de mérito y anexo, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este juzgado federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. -

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Presidenta, Síndico, Tesorero y Director de Recursos Humanos, todos del Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit, mediante el cual con relación al requerimiento que les fue formulado en proveído de once del actual mes (foja 428), informan la imposibilidad de dar cumplimiento a la resolución terminada de engrosar el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, en el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional (fojas 265 a 270); ello, en virtud de que a la data en que se actúa el Congreso del Estado de Nayarit aun no emite una respuesta respecto de la contratación del financiamiento necesario para ejecutar los mandatos judiciales pendientes de cumplimentar que formularon ante ese Órgano Legislativo; por lo tanto, se tienen por hechas dichas manifestaciones, para los efectos legales a que haya lugar. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables Ayuntamiento, Presidente y Tesorero Municipales y Encargado del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de San Blas, Nayarit, a fin de que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio de notificación respectivo, acaten la suspensión provisional de los actos reclamados. Lo anterior es así, pues de la documental que adjuntan se aprecia que la petición formulada al Congreso del Estado de Nayarit se efectuó desde el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los arábigos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo en vigor, se les impondrá una multa a cada una de ellas, equivalente a CIEN VALORES DIARIOS de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Por otra parte, se tiene por recibido el comunicado suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora Tepic, Estado de Nayarit de la Fiscalía General de la República, a través del cual comunica que dentro de la Carpeta de Investigación FED/NAY/TEP/0000339/2019, instruida en contra de los entes responsables, relativa al delito de desacato, previsto y sancionado por el artículo 262 fracción III del Código Penal Federal, mediante acuerdo de treinta y uno de julio de este año, se determinó el No Ejercicio de la Acción Penal; entonces, glósese a los presentes autos el oficio de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. **

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