Elva Nelly Morin Diaz
Expediente 437/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 437/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Elva Nelly Morin Diaz
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibida la intervención ministerial de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano judicial; al efecto, agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda, en virtud de que mediante proveído de veintitrés de marzo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, y se ordenó el archivo definitivo del expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, Secretaria quien autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese al juicio de amparo en que se actúa para que obre como en derecho corresponda, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por conducto de su Presidente, sede en esta ciudad; ahora bien, de la constancia con la que apoya su informe justificado se advierte que se actualiza una causal de improcedencia en este juicio. En efecto, toda vez que el problema de la existencia de los actos reclamados es prioritario, por ser de orden público el estudio de las causas de improcedencia y las de sobreseimiento del juicio de amparo, resulta necesario analizar el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos 1, fracción I y 75, de la propia ley, los cuales establecen: "1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..." "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: ... IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;" "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. ..." El artículo 1, fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución, es decir, se refiere a actos existentes, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la ley de la materia, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, en armonía con los diversos 1, fracción I y 75, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos que por esta vía reclama la parte quejosa deben analizarse atendiendo a la fecha en que presentó la demanda de amparo. Sentado lo anterior, tenemos que la parte quejosa se duele básicamente de que la autoridad responsable Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, se ha abstenido de resolver el incidente relativo al recurso de revisión dentro del juicio laboral ********************. Dentro de ese contexto, tenemos que la autoridad responsable anexó a su informe de cuenta copia certificada de una constancia que obra dentro del juicio laboral de origen, la cual al estar referida a una actuación judicial se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que el diez de febrero del año en curso, dictó la resolución incidental relativa al recurso de revisión promovido dentro del juicio laboral ********************. De lo anterior, es claro que en fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el catorce de febrero de dos mil veintitrés, se materializó la resolución incidental relativa al recurso de revisión promovido dentro del juicio laboral de origen, cuya omisión a resolver reclama la parte quejosa en este asunto. Por tanto, tomando en consideración que a la fecha de la presentación de la demanda no existía tal acto reclamado, surge la hipótesis contemplada en la fracción IV, del artículo 63, de la ley reglamentaria del juicio constitucional, por consiguiente, se reitera, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia 12, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Octava Época, Tomo VI, parte SCJN, Materia Común, visible en la página 10, cuyo rubro es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio. En mérito de lo anterior, y en cumplimento a lo ordenado en el auto admisorio de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara la firmeza del presente proveído. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, incisos a), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, Secretaria quien autoriza y da fe.WAFASECCIÓN: AMPARO. Reynosa, Tamaulipas, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. "2023, Año de Francisco Villa, El Revolucionario del Pueblo." JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON SEDE EN REYNOSA. 1114/2023-II Junta Especial número cinco de la Local Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado. ========= Reynosa, Tamaulipas. En los autos del juicio de amparo 437/2023-II, promovido por Elva Nelly Morín Díaz, con esta fecha se dictó el acuerdo que a continuación se transcribe: "Reynosa, Tamaulipas, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese al juicio de amparo en que se actúa para que obre como en derecho corresponda, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por conducto de su Presidente, sede en esta ciudad; ahora bien, de la constancia con la que apoya su informe justificado se advierte que se actualiza una causal de improcedencia en este juicio. En efecto, toda vez que el problema de la existencia de los actos reclamados es prioritario, por ser de orden público el estudio de las causas de improcedencia y las de sobreseimiento del juicio de amparo, resulta necesario analizar el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos 1, fracción I y 75, de la propia ley, los cuales establecen: "1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..." "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: ... IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;" "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. ..." El artículo 1, fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución, es decir, se refiere a actos existentes, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la ley de la materia, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, en armonía con los diversos 1, fracción I y 75, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos que por esta vía reclama la parte quejosa deben analizarse atendiendo a la fecha en que presentó la demanda de amparo. Sentado lo anterior, tenemos que la parte quejosa se duele básicamente de que la autoridad responsable Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, se ha abstenido de resolver el incidente relativo al recurso de revisión dentro del juicio laboral ********************. Dentro de ese contexto, tenemos que la autoridad responsable anexó a su informe de cuenta copia certificada de una constancia que obra dentro del juicio laboral de origen, la cual al estar referida a una actuación judicial se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que el diez de febrero del año en curso, dictó la resolución incidental relativa al recurso de revisión promovido dentro del juicio laboral ********************. De lo anterior, es claro que en fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el catorce de febrero de dos mil veintitrés, se materializó la resolución incidental relativa al recurso de revisión promovido dentro del juicio laboral de origen, cuya omisión a resolver reclama la parte quejosa en este asunto. Por tanto, tomando en consideración que a la fecha de la presentación de la demanda no existía tal acto reclamado, surge la hipótesis contemplada en la fracción IV, del artículo 63, de la ley reglamentaria del juicio constitucional, por consiguiente, se reitera, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia 12, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Octava Época, Tomo VI, parte SCJN, Materia Común, visible en la página 10, cuyo rubro es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio. En mérito de lo anterior, y en cumplimento a lo ordenado en el auto admisorio de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara la firmeza del presente proveído. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, incisos a), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, Secretaria quien autoriza y da fe." A t e n t a m e n t e: Lic. Ana Marina Lineth Fuentes Hernández. Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa WAFA
- Principal
Reynosa********************Tamaulipas********************veinte de febrero de dos mil veintitrés.****************************************Vista la certificación de cuenta********************de la cual se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo********************sin que las partes recurrieran la sentencia dictada en este juicio; por tanto********************con fundamento en los artículos 355 y 356********************fracción II********************del Código Federal de Procedimientos Civiles********************de aplicación supletoria a la ley de la materia********************se declara que la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso********************ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.****************************************En consecuencia********************con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo********************requiérase a la autoridad responsable********************Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa********************Tamaulipas********************para que dentro del término de tres días********************contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo********************informe a este órgano de control constitucional la forma y términos en que haya dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada de mérito********************acompañando las constancias con las cuales lo acredite********************apercibida que de no acatar lo ordenado********************se le impondrá********************una multa equivalente a cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización********************de conformidad con lo dispuesto el numeral 258 de la Ley de Amparo.****************************************Lo anterior********************tomando en cuenta que los efectos de la mencionada resolución fueron para:****************************************". proceda********************con plenitud de jurisdicción********************a emitir resolución al expediente formado con motivo de la petición de los aquí quejosos********************o bien********************dar respuesta por escrito y en forma congruente a las peticiones ahí formuladas********************lo cual deberá darle a conocer en breve término********************para así restituirlos en el pleno o goce del derecho fundamental que ha vulnerado." ************************************************************Asimismo********************hágase del conocimiento de la responsable de que se trata********************que en caso de no cumplir con lo anterior********************se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación********************según corresponda********************para seguir el trámite de inejecución********************que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación********************por la posible comisión del delito previsto por el precepto 267 en su fracción I********************de la ley de trato que señala:****************************************"[.]********************Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión********************multa de cien a mil días********************en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo********************empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente:****************************************I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir;********************II. Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo.********************[.]".****************************************En ese tenor********************deberá tomar en cuenta el contenido del numeral 193 de la Ley de Amparo********************que entre otros supuestos********************se establece lo siguiente:****************************************"Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto********************el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo********************impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito********************lo cual será notificado a la autoridad responsable y********************en su caso********************a su superior jerárquico********************cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo.****************************************Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable********************o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo."****************************************Finalmente********************hágase de su conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo si es injustificado********************no lo exime de responsabilidad********************ello con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo.
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