ELVA NELLY GARCIA GÓMEZ y Otros.

Expediente 2173/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2173/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • ELVA NELLY GARCIA GÓMEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. -INFORME JUSTIFICADO- En atención a lo informado en la cuenta que antecede, agréguese el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual rinden su informe justificado; en consecuencia, con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. PRUEBAS. Por otra parte, conforme al artículo 119 de la ley de la materia en cita, se tienen por ofrecida como pruebas, las siguientes constancias: NO. RELACIÓN DE PRUEBA COPIA CERTIFICADA DEL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE 1. DE DOS MIL VEINTITRÉS, EMITIDO EN EL JUICIO LABORAL 837/2013 DE SU INDICE. 2. COPIA CERTIFICADA DEL ESCRITO DE TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, RELATIVO AL JUICIO LABORAL DE ORIGEN. 3. COPIA CERTIFICADA DEL ESCRITO DE VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, RELATIVO AL JUICIO LABORAL DE ORIGEN. Notifíquese.

  2. Principal

    JUICIO 1400/2023. Villahermosa, Tabasco; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que no obra el informe justificado de la autoridad responsable Juez de Control de la Región Tres de Jalapa, Tabasco, ni el acuse de recibo del oficio 29469/2023 por el cual se le requirió el mismo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo vigente se difiere la audiencia constitucional de mérito y en su lugar se fijan las diez horas con cuatro minutos del uno de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, trece de octubre de dos mil veintitrés. En atención a lo informado en la cuenta que antecede, agréguese la demanda de amparo promovida por (1) Elva Nelly García Gómez, (2) Aristeo Lázaro Landero, (3) Pablo Hernández Álvarez, (4) Aura Violeta García Gómez, (5) Susana Ramírez Leyva, (6) Marcos Hernández Álvarez, (7) Gumercindo Guillermo Gerónimo, (8) Cendy Yoselin Avalos García, (9) Manuel Frías López, (10) Rocío Díaz García, (11) Víctor Manuel Vázquez Gómez, (12) Sebastiana Méndez Álvarez, (13) Edic del Carmen López Jiménez, (14) Mariana García Leyva, (15) Arturo Ramón Ramírez, (16) María del Carmen Sánchez Díaz, (17) María Guadalupe Méndez Olán, (18) Marcos Méndez Obando, (19) Bartola Cerino Avalos y (20) José Reyes Benito Hernández, en su carácter de único beneficiario de la extinta Flor de Liz Benito Martínez, contra actos del Tribunal de Conciliación y arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y Magistrado Presidente de su adscripción. ASPECTOS GENERALES. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 2173/2023-V-1. ?Genérese el expediente electrónico, así como el impreso únicamente para agregar los documentos que se exhiban de manera física. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE COMÚN. Ahora, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común de los quejosos a Elva Nelly García Gómez, en atención a lo solicitado en el escrito de demanda. DESECHAMIENTO PARCIAL Ahora, toda vez que el estudio de las causales de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 6° del mismo cuerpo normativo que dispone lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 6o.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley..." De la interpretación a lo trascrito, se obtiene que las causas de improcedencia no se limitan a las hipótesis previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, en sus primeras XXII fracciones, dado que su fracción XXIII posibilita la improcedencia de la instancia constitucional en comento, en razón de cualquier otro motivo derivado de la Constitución General de la República o de la ley, uno de los cuales es el que deriva de lo ordenado por el artículo 6° de la Ley de Amparo, de acuerdo con el cual, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, es decir, tomando como base doctrinal los principios de instancia de parte agraviada y de la existencia de agravio personal y directo para la procedencia de un juicio de amparo, la afectación que se resiente en una esfera jurídica de derechos, debe ser invocada necesaria y obligadamente por disposición de la ley, por la persona directamente involucrada en dicha lesión, pudiendo hacerlo por sí o por su representante. Se toma en consideración lo anterior, en atención a que en la hipótesis, la quejosa María del Carmen Sánchez Díaz, si bien se encuentra plasmado su nombre en el apartado respectivo de las personas que comparecen a solicitar la protección constitucional, lo cierto es que al calce de la demanda no obra firma o rúbrica que con motivo de manifestación de voluntad y aceptación con el contenido del citado documento, se atribuya a esta. Así pues, en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta precisamente a través de su firma, ya que de lo contrario no existe evidentemente tal manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. En consecuencia, si como se advierte de la demanda de amparo que efectivamente no fue firmada por la mencionada quejosa, debe válidamente concluirse que no existe por tanto cumplimiento con el principio de instancia de parte agraviada, dado que al no plasmar por medio de la firma su conformidad, no se encuentra exteriorizada la voluntad en la promoción del juicio de amparo; hecho que no puede subsanarse mediante la prevención correspondiente, pues no es un requisito de forma, sino un elemento esencial. Tiene aplicación, la tesis marcada con el número VI. 2o. 692 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, de noviembre de 1994, página 435, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes." Así como la tesis aislada emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 314, del tomo X, de octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia." Y la diversa consultable en la página 542, del tomo XIV, de julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA. NO SE CONVALIDA. La falta de firma de la demanda equivale a la ausencia total de manifestación de la voluntad, por lo cual, se trata de un acto inexistente, y el hecho de que, la recurrente haya exhibido la fianza para que surtiera efectos la suspensión de ninguna manera convalida la falta de firma dado que los actos inexistentes no son susceptibles de convalidación. El artículo 4o., de la ley de la materia preceptúa que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y sólo podrá seguirse por el agraviado, a través de su representante legal o de su defensor, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante." En ese orden de ideas, es evidente que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia en comento de manera manifiesta e indudable, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo únicamente respecto de la quejosa María del Carmen Sánchez Díaz. Es aplicable la tesis aislada, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Página 241 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1998, Materia Administrativa, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia." PREVENCIÓN Ahora, previo a acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este órgano jurisdiccional debe seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, mismos que se encuentran previstos en el artículo 114, fracción III de la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que en lo referente establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Del precepto transcrito, se advierte que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente, cuando entre otros casos, no se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. En ese sentido, de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte el presente juicio de amparo es promovido por José Reyes Benito Hernández, quien se ostenta como único beneficiario de la extinta Flor de Liz Benito Martínez, sin embargo, el citado promovente no acredita con documento idóneo dicha personalidad con la que se ostenta en el presente juicio, toda vez que si bien al escrito de demanda se anexaron los diversos de treinta de enero y veinticinco de mayo del dos mil veintitrés, se aprecia que promueve José Reyes Benito Hernández, en carácter de único beneficiario de la extinta Flor de Liz Benito Martínez, pero no tiene validez en virtud de que no fueron expedidos por un servidor público. Asimismo de las actuaciones, relativas al juicio laboral 837/2013 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, no se aprecia que José Reyes Benito Hernández tenga dicho carácter. Al respecto, cabe precisar que el artículo 11 de la Ley de Amparo dispone, en la parte que interesa, lo siguiente: "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido." Como se ve, el citado numeral dispone que cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas. En ese sentido, en razón de que la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual, debe acreditarse debidamente en juicio, se estima pertinente requerir al promovente a efecto de que demuestre fehacientemente su personalidad en la presente instancia, toda vez que, de la revisión del ocurso de cuenta no se advierte que haya exhibido la constancia idónea que acredite tal personalidad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a José Reyes Benito Hernández para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, aclare su demanda en los términos siguientes: ÚNICO. Exhiba documento original o copia certificada con el cual acredite la personalidad con la que se ostenta; en razón de que no adjuntó a su escrito de demanda documental alguna con la que se advierta ser único beneficiario de la extinta Flor de Liz Benito Martínez. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 43/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 48, Tomo IV, Julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia P./J. 23/2009, sustentada por el Pleno del más alto Tribunal del País, visible en la página siete, tomo XXIX, abril de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE". En la inteligencia que en caso de presentar físicamente el escrito aclaratorio y anexos, deberá hacerlo con las copias suficientes para su distribución entre las partes. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo."1 Hágase del conocimiento de la parte promovente del amparo el contenido del artículo 261 de la ley de la materia, que prevé las sanciones para la parte quejosa, para su abogado autorizado o para ambos, cuando con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado; numeral que al efecto se transcribe: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que de incumplir con la prevención precisada, se admitirá la demanda de amparo únicamente por (1) Elva Nelly García Gómez, (2) Aristeo Lázaro Landero, (3) Pablo Hernández Álvarez, (4) Aura Violeta García Gómez, (5) Susana Ramírez Leyva, (6) Marcos 1 Página 79, XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época. Hernández Álvarez, (7) Gumercindo Guillermo Gerónimo, (8) Cendy Yoselin Avalos García, (9) Manuel Frías López, (10) Rocío Díaz García, (11) Víctor Manuel Vázquez Gómez, (12) Sebastiana Méndez Álvarez, (13) Edic del Carmen López Jiménez, (14) Mariana García Leyva, (15) Arturo Ramón Ramírez, (16) María Guadalupe Méndez Olán, (17) Marcos Méndez Obando y (18) Bartola Cerino Avalos, de conformidad con lo dispuesto por el precitado artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta y por autorizadas en los términos que señala a las personas que precisa; lo anterior, por ser la parte trabajadora en el juicio del cual emanan los actos reclamados. SE EXHORTA AL TRÁMITE ELECTRÓNICO. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Se expone lo anterior, a efecto de que las partes proporcionen a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización de la consulta del expediente electrónico, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además deberán solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL PERSONAL DEL JUZGADO. Se autoriza a los secretarios y actuarios, adscritos a este órgano de control constitucional, para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento. Notifíquese.

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