Elva Lizeth Moreno Balderrama

Expediente 84/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 24 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
84/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
15/06/2023

Partes del expediente

  • Elva Lizeth Moreno Balderrama
  • Congreso del Estado de Chihuahua
  • No existe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara si existía alguna inconformidad contra la resolución de veintidós de mayo último, en la que se tuvo por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo 84/2022-VII, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se tiene por consentida. Ahora bien, tomando en consideración que no existe actuación alguna por cumplimentar, aunado a que, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del expediente en que se actúa, se encuentran debidamente digitalizadas y vinculadas en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.); por tanto, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado. Se hace la precisión de que este expediente es conservable y será transferido una vez que cumpla tres años de haberse ordenado el archivo como asunto concluido, por ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que en este juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la agraviada, aunado a que al prudente arbitrio del suscrito no tiene relevancia documental.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte agraviada en auto de doce de mayo del año en curso, para que pronunciara lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento dado al fallo protector emitido en este expediente, sin que dentro de tal temporalidad haya hecho manifestación alguna. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a determinar si en el presente caso la ejecutoria de amparo está cumplida o no, con base en las constancias que obran en el juicio en que se actúa. De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental trasgredido, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea negativo, el efecto será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y cumplir, por su parte, lo que la misma exija. Al respecto, se considera necesario mencionar que en sentencia de cuatro de mayo de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ********************, para los efectos siguientes: "(...) Por lo que, con base en las consideraciones precisadas, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. Ahora bien, toda vez que el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo la sentencia de amparo debe restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; en el caso, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación al principio de legalidad tributaria, en virtud de la imprecisión destacada. Por ello, con la finalidad de precisar los efectos de la concesión decretada, es importante decir que aun cuando no existe un procedimiento o parámetros suficientes establecidos en ley, para determinar cuál de las distintas bases gravables refleja la verdadera capacidad contributiva del propietario o poseedor del inmueble, sí existe certeza de que todo inmueble con las características expresadas en determinado rango, revelan la capacidad contributiva mínima establecida para cada una de ellas. Por ende, la inconstitucionalidad declarada no implica que la parte quejosa deje de pagar el impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintidós, sino que, atendiendo a que la violación constitucional se genera por virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que se le aplique a la parte quejosa el rubro que le corresponda de la tabla de valores, es decir, conforme al destino del inmueble previamente definido como habitacional, comercial e industrial, atendiendo al uso, tipología y sector, claro está, aplicando el monto de menor cuantía, aun cuando no corresponda a la colonia o fraccionamiento en que se encuentra el inmueble mencionado, es decir, con independencia de que no se encuentre en la zona respectiva, sin contemplar alguna otra subclasificación adicional, pues sólo así se puede lograr la restitución en el goce de la garantía constitucional quebrantada, según se establece en el artículo 77 de la Ley de Amparo. En este sentido, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación a la garantía de legalidad tributaria, en razón de que la falta de precisión en cuanto a los criterios aplicables para determinar el valor del terreno y el valor de construcción, para llevar a cabo el cálculo del valor catastral del inmueble, lesiona la garantía de legalidad tributaria de la contribuyente. Ahora, si se toma en consideración que con la declaratoria de inconstitucionalidad que prevé el pago de una contribución, se afecta el mecanismo impositivo esencial y, como consecuencia, se obliga a la quejosa al pago de menor cuantía establecido en la categoría de que se trate, resulta inconcuso que en cumplimiento a la ejecutoria, las autoridades responsables deberán restituirle la diferencia que exista entre el total de las cantidades que haya pagado por tal concepto y el que resulte como de menor cuantía. Es necesario precisar que a las cantidades que deban devolverse a la parte agraviada, se deben adicionar las diferencias que resulten por los rubros accesorios al cobro del impuesto predial que se realizaron, ya que la cantidad que pagó por ese tributo representó la base para el cobro de dichos conceptos accesorios. Sin embargo, a fin de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las responsables deberán reintegrarle la diferencia de la cantidad que cubrió por concepto del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, debidamente actualizadas, relativos a los bimestres uno al seis de dicho ejercicio fiscal, a fin de darle su valor real al momento en que aquéllas se efectuaron, y para que los contribuyentes reciban una suma equivalente a la que hubieran tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago. Es así, porque sólo a través de la actualización se devolverán a la parte quejosa las cantidades que pagó a la autoridad bajo un poder adquisitivo razonablemente análogo al que tenía al momento en que se erogaron. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J.188/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 5, Amparo contra Leyes, Sexta Sección Sentencias en amparo contra leyes y sus efectos, bajo el número 315, página 3987, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido". Así como la jurisprudencia 2a./J.13/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 5, Amparo contra Leyes, Sexta Sección, Sentencias en amparo contra leyes y sus efectos, número 357, página 4043, que dice: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada". Y la tesis 1a. LXXI/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, abril de 2012, Tomo 1, Décima época, página 871, bajo el rubro: "DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. LA AUTORIDAD FISCAL DEBE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LAS CANTIDADES ACTUALIZADAS, AUN CUANDO ÉSTE NO LO SOLICITE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17-A, 22, PÁRRAFO OCTAVO, Y 22-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTES EN 2005)". En consecuencia, con base en las consideraciones precisadas, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la accionante del amparo ********************, en contra de los actos que reclamó del Congreso del Estado de Chihuahua, para los efectos antes precisados. (.)". Sentencia que causó ejecutoria el tres de junio de dos mil veintidós y se inició incidente innominado, a fin de cuantificar la cantidad que, en su caso, debía devolverse actualizada a la impetrante de amparo. Resuelto el dieciséis de junio de dos mil veintidós, determinándose que la cantidad que debía devolverse a la impetrante de amparo era la cantidad de $2,746.57 (dos mil setecientos cuarenta y seis pesos con cincuenta y siete centavos), moneda nacional, debidamente actualizada. Inconforme con dicha determinación, la Tesorera y el Director de Catastro, ambos del Municipio de Juárez, Chihuahua, interpusieron recurso de queja en contra de la misma, la que por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, asignándole el número 111/2022. Posteriormente, diecisiete de abril del año actual, se recibió el testimonio de la resolución dictada en el citado recurso de queja, el treinta de marzo de dos mil veintitrés, en que la superioridad determinó declarar infundado el citado medio de impugnación. Ante ello, el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se reanudó el procedimiento de ejecución de sentencia y se requirió nuevamente su cumplimiento. El doce de mayo de la anualidad que corre, se recibió el oficio TM/CJT/2001/2023, de diez de mayo de dos mil veintitrés, signado por la Tesorera Municipal de Juárez, Chihuahua, al que adjuntó el cheque ********************, a cargo de la institución bancaria denominada Citibanamex, por la cantidad de $3,006.12 (tres mil seis pesos con doce centavos), moneda nacional, girado a favor de la impetrante de amparo ********************, por concepto de impuesto predial del ejercicio fiscal de dos mil veintidós, con lo cual, en auto de doce de los actuales se dio vista a la parte quejosa para que dentro del lapso de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que a esta fecha haya realizado pronunciamiento alguno, no obstante que el acuerdo indicado se le notificó el quince siguiente. Por tanto, al haberse expedido el cheque indicado, con el cual se dio vista a la parte quejosa por acuerdo de doce de mayo actual, notificado el dieciséis siguiente, sin que a este día haya realizado pronunciamiento alguno; en términos del artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable indicada se declara cumplida la ejecutoria de amparo, asiéntese razón de ello en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado, sin que se advierta exceso o defecto en el mismo. Hágase del conocimiento de la quejosa, que contra la presente resolución procede el recurso de inconformidad y que dispone de quince días para hacerlo, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Se autoriza al secretario firmar los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la impetrante de amparo por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a fin de que si lo estima necesario, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al cumplimiento dado a la sentencia dictada en este juicio, apercibida que de no hacerlo, esta potestad federal resolverá lo conducente con base en las constancias de autos y el informe proporcionado por la autoridad indicada.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente del Municipio de Juárez, con sede en esta ciudad, con el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado mediante acuerdo de dieciocho de abril, informa a este juzgado las gestiones realizadas para que su inferior jerárquico dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de amparo. Lo que se tiene del conocimiento de este órgano jurisdiccional para los efectos legales conducentes.

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