Elva Leticia Martin Gomez
Expediente 296/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 23/09/2022
Partes del expediente
- Elva Leticia Martin Gomez
- Gobernador Constituconal del Estado de Jalisco
- ELVA LETICIA MARTIN GOMEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de veintidós de agosto de dos mil veintidós, por la que se determinó sobreseer en este juicio de amparo, y que así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Orden de destrucción. Por lo que ve a este sumario constitucional, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Destrucción del incidente de suspensión. Asimismo, procédase a la destrucción del cuaderno original del incidente de suspensión al haberse negado tanto la medida cautelar provisional, como la definitiva, en términos del artículo 21, inciso c), del Acuerdo General citado en el párrafo anterior. Y en atención a la fracción II, inciso a), del artículo 20 del aludido Acuerdo General, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, remítase al legajo correspondiente. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. De igual forma, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. Por otro lado, al resultar innecesario que permanezcan en autos los documentos exhibidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, requiérasele para que acuda a recibirlos en las instalaciones que ocupa este juzgado de Distrito, dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no acudir por éstos dentro del plazo indicado, serán destruidos junto con el expediente. Esquema de atención al público. Finalmente, se hace de su conocimiento que en términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para poder comparecer a recibir los medios de convicción que ofertó deberá realizar una cita previa, la cual podrá generar en el Portal de Servicios en Línea del micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" donde encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este juzgado para la generación de citas para el desahogo de comparecencias. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen a este juzgado de Distrito.
- Principal
SENTENCIA CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a autoridades administrativas con residencia en el territorio en el cual este Juzgado Federal ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de amparo, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: Al Gobernador Constitucional el Estado de Jalisco: La emisión del Acuerdo mediante el cual se emiten diversas Medidas de Seguridad Sanitaria para el Aislamiento Social, de carácter general y obligatorio, con motivo de la Pandemia de Covid-19, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el doce de febrero de dos mil veintiuno. Del Secretario de Seguridad Pública y del Comisario de Seguridad Publica y Transito del Municipio de Tepatitlán, ambas del Estado de Jalisco: Su participación en la ejecución del citado acuerdo, en vía de consecuencia. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos al Secretario de Seguridad Pública y al Comisario de Seguridad Publica y Transito del Municipio de Tepatitlán, ambas del Estado de Jalisco, pues así lo manifestaron las citadas autoridades al rendir su informe justificado, la primera, por conducto de su representante. Asimismo, cabe establecer que la parte quejosa no aportó elemento de convicción alguno tendente a desvirtuar la negativa de los actos reclamados a las autoridades de mérito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción, IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del acto reclamado, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto a los actos y autoridades señaladas al inicio de este considerando. Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 1917- septiembre de 2011, Sexta Época, tomo II procesal constitucional 1, común, primera parte - SCJN segunda sección- improcedencia y sobreseimiento, página 305, que dispone lo siguiente: 'INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.' Igualmente, es aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, visible a foja 355 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988, que establece: "INFORME JUSTIFICADO QUE NIEGA EL ACTO RECLAMADO. Si las autoridades responsables niegan los actos que les son atribuidos por los quejosos y dichos informes negativos no fueron desvirtuados en forma alguna, procede sobreseer en el juicio de amparo en términos de lo que señala la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, habida cuenta que al rendir su informe justificado, por conducto de su representante, aceptó expresamente su certeza. Además, debe decirse que en relación con las disposiciones normativas cuya inconstitucionalidad se reclama, queda acreditada plenamente su existencia, pues, por su naturaleza, son del conocimiento general, al haber sido publicadas en un medio oficial de difusión, como lo es el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", por consiguiente, no es objeto de prueba, en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo según lo autoriza el numeral 2° de este ordenamiento. Es aplicable al tópico, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 2a./J. 65/2000, de la Novena Época, con número de registro 191452, visible a página 260, tomo XII, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Así como la tesis V.2o.214 K, de la Octava Época, con registro 209107, consultable dentro del Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XV-1, febrero de 1995, y que es localizable a página 205, la cual se transcribe a continuación: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". QUINTO. Análisis de la procedencia del amparo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En el caso, este resolutor considera que, con relación con el acto reclamado, se surte la hipótesis de sobreseimiento prevista por el numeral 63, fracción V, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la medida de que los quejosos no acreditaron un acto de aplicación de la norma general reclamada, como a continuación se demuestra. Para verificar la actualización de la causa de improcedencia actualizada, es menester establecer que la disposición mencionada, así como el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En ese aspecto, cabe destacar que la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. [.]" De conformidad con el precepto citado, la procedencia del amparo contra normas generales que se estimen inconstitucionales implica, necesariamente, la distinción entre disposiciones legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquellos otros ordenamientos generales, imperativos y abstractos, que requieren de un acto concreto de aplicación que afecte la esfera jurídica de los gobernados, para poder determinar el momento oportuno de su impugnación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido las bases para distinguir entre normas generales de naturaleza autoaplicativa y heteroaplicativa con base en los argumentos y fundamentos contenidos en la jurisprudencia de rubro y texto: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En el criterio se establecen los supuestos para la impugnación de ordenamientos generales atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). Expuesto el sistema de impugnación de las normas en el juicio de amparo atendiendo a su naturaleza jurídica, debe ahora tratarse con mayor detalle la diferenciación existente entre una ley autoaplicativa y una heteroaplicativa porque, como se dijo, de esa especificación surge la oportunidad del gobernado para promover el juicio de amparo, en donde el particular agraviado requiere acreditar que esas normas afectan su esfera jurídica, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con la prescripción legal combatida, por actualizarse sus supuestos. Así, las características de las leyes autoaplicativas son las siguientes: No requieren de un acto de ejecución para que se motive un perjuicio y pueda ejercitarse la acción constitucional de amparo; En virtud de su sola expedición causan perjuicio a la persona física o moral que sea sujeta de las obligaciones en ella contenidas, quedando obligada ésta a satisfacer la carga física correspondiente desde la fecha de su vigencia legal, sin necesidad de que se realice un acto posterior de autoridad para que se origine el mismo perjuicio o tenga lugar su actualización, pues se trata de una norma coercitiva; y Que por sí misma y desde el momento en que entra en vigor cause perjuicio, sin que se requiera, para ello, de la eficacia de un acto concreto del poder público administrativo. Mientras que las leyes heteroaplicativas: Se distinguen, porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de dar, hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación. Pueden reclamarse solo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al de su primer acto de aplicación. Esto es, solo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado, y no así con motivo de sus ulteriores aplicaciones; y Como se ve, la individualización de la norma es el principio que distingue su naturaleza jurídica pues, conforme a la jurisprudencia anteriormente reproducida, tal razón constituye un elemento de referencia objetivo, porque permite conocer si los efectos de la disposición legal combatida suceden en forma incondicionada o no. De esta forma, se tiene que cuando la individualización es incondicionada, las obligaciones contenidas en la norma general: Son inevitables desde que entran en vigor; Vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia creando, transformando o extinguiendo situaciones concretas de derecho; Las obligaciones o cargas que imponen, nacen con el solo inicio de su vigencia; No se requiere de la actualización de alguna condición. En el otro supuesto, esto es, de normas de individualización condicionada, los deberes de hacer o no hacer impuestos por el legislador: Necesitan la ejecución de un acto para situar al gobernado en la hipótesis legal, que bien puede provenir de la autoridad o del mismo particular. No surgen de manera automática con su sola entrada en vigor, sino requieren un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede ser de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso. Luego, la ley tiene el carácter de autoaplicativa, cuando por su sola expedición es de observancia obligatoria y causa un perjuicio real que afecta la esfera jurídica del gobernado, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad para que el gobernado se encuentre en la situación prevista en la norma, pues su sola vigencia lo obliga. Lo anterior, de conformidad con el siguiente criterio de jurisprudencia VI. 2º. J/112, página 107, de la materia común, octava época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, abril de 1991, de rubro y texto siguientes: "LEY AUTOAPLICATIVA. Para considerar una ley como autoaplicativa deben reunirse las siguientes condiciones: a) que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer; y, b) que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad". Por el contrario, la ley es heteroaplicativa cuando el solo inicio de su vigencia no coloca al gobernado en la situación prevista por la norma, sino que exige un acto posterior de aplicación, ya sea de la autoridad o de un particular, para que se genere la afectación en la esfera jurídica del destinatario. Así, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica regulada por determinados preceptos legales, que le otorgan los medios para lograr su defensa y la reparación del perjuicio irrogado por su desconocimiento o violación. En efecto, la hipótesis legal deriva como ya se dijo de lo previsto en la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el cual el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, tendiendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, supuesto que también se encuentra regulado en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. Siendo entonces el juicio de amparo improcedente contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, esto es, alude a normas de naturaleza heteroaplicativa. Sentado lo anterior, debe dilucidarse si el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas Medidas de Seguridad Sanitaria para el Aislamiento Social, de carácter general y obligatorio, con motivo de la Pandemia de Covid-19, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el doce de febrero de dos mil veintiuno, es de individualización incondicionada, esto es, no sujeta a que el nacimiento de sus consecuencias jurídicas se someta a la realización de ningún acto o hecho jurídicos posteriores a su entrada en vigor, o si, por el contrario, requiere de dicho evento. La norma general reclamada, en lo conducente dispone: ". Primero. Se emiten las siguientes medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de carácter general y obligatorio en el estado de Jalisco, a efecto de prevenir y contener la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, así como para disminuir los riesgos de complicaciones y muerte ocasionados por la enfermedad y mitigar los casos que requieran atención hospitalaria: I. Se recomienda a toda persona que se encuentre en el territorio del estado de Jalisco, ya sea residente o esté de tránsito, cumplir obligatoriamente con el resguardo domiciliario corresponsable. II. Se recomienda a toda persona mayor de 60 años de edad, en estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), así como insuficiencia renal o hepática, cumplir de manera estricta y sin excepción con el resguardo domiciliario corresponsable. En el caso del personal de salud, así como de las instituciones de seguridad pública y de los cuerpos de protección civil y bomberos, que por la emergencia sanitaria decidan prestar servicios a instituciones públicas, lo podrán hacer siempre y cuando exista una valoración médica previa respecto a que sus condiciones de salud lo permiten. III. Es obligatorio el uso de cubrebocas para todas las personas que se encuentren en cualquier espacio público, como lo son la vía pública, los edificios públicos o el transporte público, así como en aquellos establecimientos comerciales o de servicios con acceso público. IV. Los establecimientos comerciales o de servicios con acceso público deben respetar una densidad de ocupación de una persona por cada 4 metros cuadrados en espacios cerrados o una persona por cada 2 metros cuadrados en espacios abiertos, con un aforo máximo del 50% de su capacidad, salvo disposición especial. En lo específico, se deben atender las medidas siguientes: 1. La operación de la industria se sujetará a lo siguiente: a. Se deberán instalar filtros y aplicar protocolos sanitarios en los accesos. b. Deberá respetarse una distancia mínima de 1.5 metros entre personas, así como entre estaciones de trabajo; o bien, contar con una separación a través de materiales que eviten el contacto entre las personas. c. Deberán realizar de forma periódica pruebas aleatorias al personal en general, así como a toda persona que presente síntomas. d. Se deberá priorizar el trabajo a domicilio o desde casa del personal administrativo, cuando las condiciones así lo permitan. e. Se deberán evitar, en la medida de lo posible, reuniones presenciales de más de 10 personas. 2. Las tiendas de autoservicio, departamentales y comercios, se sujetarán a lo siguiente: a. No deberán tener un aforo mayor al 50% del permitido en su licencia o hasta un máximo de 300 personas de manera concurrente. b. No se permitirá el acceso ni se atenderá a las personas que no lleven cubrebocas y deberán portarlo en todo momento. c. Sólo se permitirá el acceso a dos personas por familia. d. Implementarán, en la medida de lo posible, horarios específicos para la atención a adultos mayores de 60 años. e. Se deberán restringir los espacios de estacionamiento al 50% de su capacidad. f. Se instalarán filtros sanitarios en todos los accesos peatonales, incluyendo los accesos interiores por los estacionamientos. g. En caso de que el aforo permitido del establecimiento esté lleno, los clientes deberán esperar afuera de los accesos en filas que respeten una distancia de al menos 1.5 metros entre cada persona. h. No se permitirán estrategias de venta que impliquen ventas nocturnas u ofertas de último minuto. 3. Los centros o plazas comerciales se sujetarán a lo siguiente: a. No se permitirá el acceso ni se atenderá a las personas que no lleven cubrebocas y deberán portarlo en todo momento. b. Las áreas de comida deberán respetar las disposiciones de operación para los restaurantes. c. No se permitirán actividades recreativas, la utilización de foros y la realización de eventos públicos en sus instalaciones. d. Se deberán restringir los espacios de estacionamiento al 50% de su capacidad. e. Se instalarán filtros sanitarios en todos los accesos peatonales, incluyendo los accesos interiores por los estacionamientos. f. No se permitirán estrategias de venta que impliquen ventas nocturnas u ofertas de último minuto. 3. Los mercados, tianguis y corredores comerciales se sujetarán a lo siguiente: a. Se deberán instalar filtros y aplicar protocolos sanitarios en los accesos, debiendo evitarse el ingreso por puntos que no sean los establecidos. b. En los accesos se deberán implementar filas que respeten una distancia de al menos 1.5 metros entre cada persona. c. No se permitirá el acceso ni se atenderá a las personas que no lleven cubrebocas y deberán portarlo en todo momento. d. Solo se permitirá el ingreso a máximo 2 personas por grupo o familia. e. Los pasillos centrales deberán tener al menos 3 metros de distancia entre los frentes de cada puesto. f. Se deberá establecer el sentido de circulación de personas en los pasillos para evitar el contraflujo. g. Se deberán implementar estrategias para recordar de manera constante a los asistentes las medidas sanitarias. 4. La operación de restaurantes, cafés y puestos de comida se sujetarán a lo siguiente: a. La atención al público se suspenderá, de lunes a domingo, a partir de las 00:00 horas. b. No se permitirá el acceso ni se atenderá a las personas que no lleven cubrebocas. c. No deberán tener un aforo mayor al 50% del establecimiento, debiendo guardar una distancia de al menos 1.5 metros entre cada mesa. d. No se permitirán más de 6 personas por mesa. e. El horario de permanencia para los clientes será máximo de 3 horas. f. No se permitirá la venta de alcohol sin alimentos preparados. g. Sólo se permitirá tener a comensales en espera afuera del establecimiento, siempre y cuando se respete una distancia de al menos 1.5 metros entre ellos. 5. La operación de los hoteles y moteles deberá tener una ocupación máxima del 66% de su capacidad. 6. La operación de bares y antros se sujetará a lo siguiente: a. El horario de atención a clientes será de 23:00 a 03:00 horas. b. Se deberán implementar filtros y protocolos sanitarios en los accesos. c. No deberán tener un aforo mayor al 33% del establecimiento, debiendo guardar una distancia de al menos 2 metros entre cada mesa. d. No se permitirán más de 4 personas por mesa. 7. La operación de los casinos se sujetará a lo siguiente: a. Se deberán instalar filtros y aplicar protocolos sanitarios en los accesos. b. No deberán tener un aforo mayor al 40% del establecimiento. c. No se permitirá el acceso a las personas que no lleven cubrebocas y deberán portarlo en todo momento. d. Se deberá limitar el número de máquinas tragamonedas en operación para conservar la distancia de 1.5 metros entre personas. e. Los espacios para venta y consumo de alimentos y bebidas deberán respetar las disposiciones de operación para los restaurantes. 8. La operación de salones para eventos sociales se sujetará a lo siguiente: a. Se deberán instalar filtros y aplicar protocolos sanitarios en los accesos. b. No deberán tener un aforo mayor de 200 personas en espacios cerrados y de 300 personas en espacios abiertos, debiendo respetar una densidad de ocupación de una persona por cada 7 metros cuadrados. c. No se permitirá el acceso a las personas que no lleven cubrebocas. d. Las pistas de baile deberán instalarse de manera periférica. e. Se deberá implementar un registro de asistentes con nombre y teléfono de los mismos, a fin de darles seguimiento epidemiológico durante las dos semanas posteriores a la realización del evento. 9. La realización de exposiciones y convenciones, se sujetará a lo siguiente: a. Se deberán instalar filtros y aplicar protocolos sanitarios en los accesos. b. No deberán tener un aforo mayor de 500 personas cada tres horas y se permitirá un máximo de 2,000 visitantes por día, en una superficie no menor a 4,000 metros cuadrados. c. No se permitirá el acceso a las personas que no lleven cubrebocas y deberán portarlo en todo momento. d. Las filas de ingreso deberán respetar una distancia de al menos 1.5 metros entre cada persona. e. No se permitirá la venta y consumo de alimentos y bebidas en el piso de exhibición. Los espacios para su venta y consumo deberán respetar las disposiciones de operación para los restaurantes. f. Las sesiones de trabajo deberán tener un aforo máximo de 30% de la capacidad del espacio en que se lleven a cabo. g. Se deberá implementar un registro de asistentes con nombre y teléfono de los mismos, a fin de darles seguimiento epidemiológico durante las dos semanas posteriores. 10. La operación de gimnasios, clubes deportivos, academias de actividades físicas e instalaciones deportivas privadas deberán sujetarse a lo siguiente: a. Deberán implementar un sistema de ingreso por reservación. b. Se deberán instalar filtros y aplicar protocolos sanitarios en los accesos. c. No deberán tener un aforo mayor al 50% del establecimiento, debiendo respetar una distancia mínima de 1.5 metros entre aparatos, equipos y estaciones de actividad. d. No se permitirá el acceso a las personas que no lleven cubrebocas. e. Se deberá garantizar la disponibilidad de material para la sanitización de equipos y aparatos de ejercicio. f. El uso de regaderas y áreas húmedas deberá atender a lo establecido en el protocolo específico y no se permitirá el uso de cuartos de vapor y saunas. g. Las clases y actividades grupales deberán ser preferentemente al aire libre y no podrán tener un aforo mayor a 10 participantes. h. En las canchas de fútbol, se deberá observar además lo siguiente: i. No se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas ni comida. ii. No se permitirá la asistencia de público durante los partidos. iii. La cancha deberá desalojarse inmediatamente después de que termine el partido. 11. La operación de los parques acuáticos deberá sujetarse a lo siguiente: a. Se deberán instalar filtros y aplicar protocolos sanitarios en los accesos. b. No deberán tener un aforo mayor al 50% del establecimiento. c. No se permitirá el acceso a las personas que no lleven cubrebocas. d. Los espacios para venta y consumo de alimentos y bebidas deberán respetar las disposiciones de operación para los restaurantes. e. Se deberán implementar estrategias para recordar de manera constante a los asistentes las medidas sanitarias. 12. La operación de cines, teatros y foros, se sujetará a lo siguiente: a. Se deberán instalar filtros y aplicar protocolos sanitarios en los accesos. b. No se permitirá el acceso a las personas que no lleven cubrebocas. c. No deberán tener un aforo mayor al 50% de la capacidad de la sala o espacio de exhibición, debiendo guardar una distancia de al menos 2 metros entre cada persona. d. Se deberán cancelar las butacas o asientos necesarios para garantizar la distancia mínima entre personas requerida. e. Las filas de ingreso deberán respetar una distancia de al menos 1.5 metros entre cada persona. f. Los asistentes no deberán permanecer en el interior del recinto una vez terminada la función o evento. g. No se permitirá la venta de alimentos a granel. 13. La operación de museos, galerías, centros culturales, actividades lúdicas y culturales se sujetará a lo siguiente: a. Se deberán instalar filtros y aplicar protocolos sanitarios en los accesos. b. No se permitirá el acceso a las personas que no lleven cubrebocas y deberán portarlo en todo momento. c. Implementarán, en la medida de lo posible, horarios específicos para la atención a adultos mayores de 60 años. d. Las filas de ingreso deberán respetar una distancia de al menos 1.5 metros entre cada persona. e. Sólo se permitirá el acceso a grupos de máximo 10 personas. f. No se podrán usar contenidos expositivos que impliquen una manipulación o interacción directa de los visitantes. g. Se deberán privilegiar las actividades en espacios al aire libre. 14. La operación de los talleres y academias artísticas se sujetará a lo siguiente: a. Se deberán instalar filtros y aplicar protocolos sanitarios en los accesos. b. No se permitirá el acceso a las personas que no lleven cubrebocas y deberán portarlo en todo momento. c. Las actividades grupales no podrán tener un aforo mayor a 10 participantes. 15. Las oficinas de gobierno y corporativas sin atención al público, se sujetarán a lo siguiente: a. Se deberán instalar filtros y aplicar protocolos sanitarios en los accesos. b. Se deberá priorizar el trabajo a domicilio o desde casa del personal administrativo, cuando las condiciones así lo permitan. c. Se deberán evitar, en la medida de lo posible, reuniones presenciales de más de 10 personas. 16. Las oficinas de gobierno y corporativas con atención al público, se sujetarán a lo siguiente: a. Se deberán instalar filtros y aplicar protocolos sanitarios en los accesos. b. No deberán tener un aforo mayor de 50 personas. c. No se permitirá el acceso a las personas que no lleven cubrebocas y deberán portarlo en todo momento. d. Las filas y salas de espera deberán respetar una distancia de al menos 1.5 metros entre cada persona. V. Las actividades religiosas se sujetarán a lo siguiente: 1. Los recintos religiosos podrán funcionar al 50% de su capacidad, con una distancia entre las personas mínima de 2 metros, y se promoverá que las ceremonias, ritos o cultos duren el menor tiempo posible. 2. Los recintos religiosos deberán instalar filtros y aplicar protocolos sanitarios en los accesos. Además deberán mantenerse ventilados y sanitizarse permanentemente. 3. Las personas en el interior de los recintos religiosos deberán usar cubrebocas en todo momento. 4. Deberán evitarse los coros y cantos dentro de los recintos religiosos. 5. Deberá evitarse la interacción interpersonal como abrazos y saludos de mano. 6. Queda suspendida, en todo momento, cualquier celebración relativa a fiestas patronales, peregrinaciones, festividades comunitarias o religiosas propias de cada municipio, conforme a sus usos y costumbres. 7 . Quedan prohibidos los grupos danzantes o cualquier otra manifestación que congregue personas. VI. Las actividades educativas se sujetarán a lo siguiente: 1. Se mantiene la suspensión de clases presenciales en los planteles de todos los niveles educativos públicos o privados, durante el ciclo escolar 2020-2021. 2. Las guarderías se mantendrán en funcionamiento bajo los protocolos de operación aprobados. VII. Las actividades en bosques urbanos, parques y espacios públicos se sujetarán a lo siguiente: 1. Se deberán instalar filtros y aplicar protocolos sanitarios en los accesos. 2. No se permitirá el uso de juegos infantiles, bebederos, gimnasios y foros. 3. Se deberá mantener una sanitización constante. 4. No se permitirá el uso de vestidores y regaderas. 5. Se deberán implementar estrategias para recordar de manera constante a los asistentes las medidas sanitarias. VIII. Para la realización de eventos de más de 300 personas, se requerirá autorización y aprobación de los protocolos por parte de la Mesa Especializada en Salud. IX. Todas las medidas establecidas en el presente acuerdo deberán aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos. Segundo. Las autoridades municipales serán las responsables de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria antes señaladas. Tercero. A quien incumpla con las medidas de seguridad sanitarias establecidas en el presente acuerdo le serán impuestas las sanciones establecidas en los artículos 417 y 427 de la Ley General de Salud, así como 345 y 356 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, referidas en el considerando VI. Los establecimientos y/o giros que no cumplan con las obligaciones y medidas definidas en este acuerdo, deberán ser clausurados de inmediato, con independencia de las demás sanciones que le sean aplicables a juicio de la autoridad municipal competente. Cuarto. Las anteriores medidas de seguridad sanitaria estarán vigentes a partir del 13 de febrero hasta el 15 de diciembre de 2021, pudiendo ampliarse su vigencia o modificarse en caso de ser necesario. Quinto. Se instruye al Secretario de Salud para que en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado, la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Transporte, así como con las autoridades federales, estatales y municipales que estime pertinente, intensifiquen y refuercen los puntos de revisión sanitaria obligatoria en aeropuertos, centrales de autobuses y puertos, así como en las vías terrestres del estado de Jalisco, particularmente en los accesos carreteros que se encuentran en los límites con los estados vecinos de Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Colima y Zacatecas. Sexto. Las medidas de seguridad sanitaria establecidas en el presente acuerdo podrán ser adicionadas o modificadas, tomando en consideración el avance, propagación o evolución del brote COVID-19, privilegiando en todo momento la protección de la salud de las y los jaliscienses." De la normatividad impugnada, se desprende la emisión de diversas medidas de seguridad sanitaria, aislamiento social, a efecto de prevenir y contener la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19), en la comunidad, así como para disminuir los riesgos de complicaciones y muerte ocasionados por la enfermedad y mitigar los casos que requieran atención hospitalaria. Entre ellas, destacan la recomendación de cumplir obligatoriamente con el resguardo domiciliario. Así como el uso obligatorio de cubrebocas, en espacios públicos, tales como la vía pública, edificios o transporte de esa naturaleza, así como establecimientos comerciales o de servicios con acceso al público. Igualmente, establece una serie de medidas para establecimientos comerciales o de servicios con acceso al público, como la densidad de ocupación de los inmuebles, ya sea en espacios abiertos o cerrados; la instalación de filtros y aplicación de protocolos sanitarios en los accesos; respetar la distancia mínima entre las personas o separación por medio de materiales que eviten el contacto; aplicación de pruebas periódicas al personal; priorizar el trabajo a distancia, así como evitar reuniones presenciales de más de diez personas. Por lo que ve a las tiendas de autoservicio, departamentales y comercios, se limita el aforo; la no atención a personas que no porten cubrebocas; limitación de acceso al número de personas por familia; la prohibición de ciertas estrategias de ventas, entre otras cuestiones. En relación a los restaurantes, cafés y puestos de comida, se establecen horarios de atención, límite de personas ocupando espacios por cada mesa; horario de permanencia de los clientes; restricción en la venta de bebidas alcohólicas, entre otras. Por lo que ve a la operación de salones para eventos sociales, además de lo antes precisado, en lo que interesa, se deberá implementar un registro de asistentes con nombre y teléfono, a fin de dar seguimiento epidemiológico, durante las dos semanas posteriores al evento realizado. La operación de los bosques urbanos, parques y espacios públicos, se condicionará a la instalación de filtros y aplicación de protocolos sanitarios en los accesos; no se permite el uso de juegos infantiles, bebederos, gimnasios y foros; se deberá realizar sanitización constante; no se permitirá el uso de vestidores y regaderas; implementar estrategias que recuerden de manera constante a los asistentes las medidas sanitarias. Se desprende que recaerá en las autoridades municipales la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias decretadas. Asimismo, a quien incumpla las normas señaladas, se le aplicarán las sanciones impuestas en los artículos 417 y 427 de la Ley General de Salud, así como 345 y 356 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco; en tanto que, los establecimientos y giros mercantiles serán clausurados de inmediato, con independencia de las demás sanciones que procedan. La vigencia de las medidas, será a partir del trece de febrero y hasta el quince de diciembre de dos mil veintiuno, pudiendo ampliarse o modificarse su vigencia. Finalmente, se instruye a diversas autoridades para la implementación y reforzamiento de los puntos de revisión de ingreso a la entidad federativa, en particular la de los puntos carreteros con los Estados colindantes. En suma, se advierte que la finalidad de la norma general impugnada, estriba en la protección de la salud de los miembros de la comunidad del Estado de Jalisco, con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce COVID-19. Luego, las obligaciones que impone la norma general en cita, a consideración de quien aquí resuelve, no inciden de manera inmediata y directa en la esfera jurídica de los quejosos, ni crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas con el sólo motivo de su entrada en vigor, sino que es indispensable, para invadir las prerrogativas que la peticionaria de amparo aduce vulneradas, la actuación de las autoridades o de particulares, inclusive de la propia amparista, en relación con la observancia a las medidas generales de salud establecidas en el Acuerdo materia de reclamo, lo que no ocurre en la especie, pues la promovente no acredita ningún acto de aplicación del mencionado acto reclamado, requisito que resulta indispensable para la procedencia del juicio de amparo que nos ocupa. En ese contexto, no basta, como en la especie, que la parte quejosa acuda a juicio señalando que derivado de su profesión, religión, hábitos de ejercicio físico, así como sus costumbres de acudir a determinados lugares, ya no podrá realizar sus actividades en la forma en las que la venía efectuando previo a la emisión del acto reclamado, sino que resulta necesario acreditar un acto de aplicación en su contra, así como un perjuicio jurídico derivado de la implementación del Acuerdo mencionado. En el caso, la parte quejosa a efecto demostrar el perjuicio ocasionado a su esfera jurídica de derechos por la norma impugnada, debió acreditar el acto de aplicación de la norma reclamada a través del elemento de convicción idóneo para ello; sin embargo, no aportó medio de prueba con esa calidad, para acreditar que se ubica en el supuesto de la norma impugnada, y por ende su afectación en su esfera jurídica, patrimonio y así su interés jurídico. Se afirma lo anterior, dado que, únicamente exhibió las siguientes pruebas documentales: a) Copia simple de las credenciales para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de Oscar Becerra Sepúlveda, Elva Leticia Martínez Gómez y María del Carmen Sepúlveda Márquez. b) Impresiones de las actas de nacimiento de los menores K.H.B.M, J.E.B.M. c) Recibo de pago expedido ASTEPA (Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán, Jalisco, a nombre de A. Gómez J. Asunción, de cinco de enero de dos mil veintiuno. Documentales que tienen eficacia probatoria plena, al tenor de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, para efecto de acreditar únicamente que a los quejosos se les expidió las credenciales de elector mencionadas, así como el nacimiento de los menores, y el pago que se realizó por el servicio prestado por el Municipio de Tepatitlán, Jalisco. Sin embargo, las documentales referidas no prueban la aplicación del Acuerdo reclamado, el cual establece la implementación de medidas sanitarias y de resguardo con motivo de la enfermedad denominada COVID-19; pues si bien, dicha norma general implica la expedición de diversas obligaciones para los gobernados, como el uso de cubrebocas en espacios públicos, en forma automática no afectan la esfera de derechos de los quejosos, pues resulta indispensable demostrar que, con motivo del incumplimiento de sus disposiciones, se generó a los peticionarios del amparo una afectación en sus prerrogativas, o inclusive en su patrimonio, lo que en la especie no ocurre. Es así, porque, como se estableció, los referidos elementos de convicción no demuestran la aplicación de la norma materia de reclamado, en la medida que ni siquiera resultan aptos para demostrar que el domicilio de los quejosos se encuentra ubicado en esta entidad federativa y que, por esa sola razón, deben obedecer las disposiciones mencionadas, previo a la presentación de la demanda de amparo. Resulta aplicable, por analogía y por las razones en ella expresadas, la tesis VI.2o.C.87 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que establece lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO, CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE, LOS RECIBOS DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR QUE EL QUEJOSO TIENE SU DOMICILIO EN EL SEÑALADO EN ELLOS. Cuando en un juicio de amparo se reclama la falta de emplazamiento, alegando que dicho acto procesal no se practicó en el domicilio del quejoso, los recibos de pago expedidos por la Comisión Federal de Electricidad son insuficientes por sí mismos para demostrar aquél, pues únicamente comprueban el pago realizado por la prestación del servicio de energía eléctrica suministrado en un inmueble, y por ende, son ineficaces para demostrar la ilegalidad del acto reclamado." También orienta lo antes expuesto, por los motivos que la informan, la jurisprudencia VI.1o.C. J/26, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, cuyos rubro y texto señalan: "DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR. Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria." Aunado a que, los quejosos aducen tener un interés, que si bien pudiera compartirse, lo cierto es que, es de naturaleza simple, y no cualificado, actual ni real y juri´dicamente relevante, que pueda traducirse, si llega a concederse el amparo, en un beneficio juri´dico a favor de e´ste, pues no existe un vi´nculo juri´dico que haya sido afectado en forma real con el decreto impugnado, sino su intere´s deriva de que es parte de la comunidad, lo cual denota un intere´s simple. De ahí que, la afectacio´n de que se duelen los peticionarios es una mera posibilidad, porque no incidio´ en el a´mbito de dicho intere´s propio, ya que no existe evidencia de una relacio´n o afectacio´n especi´fica ocasionada por su particular posicio´n frente al acto controvertido, sino atiende a la calidad de ciudadanos, de ahi´ que se reitere que solo tiene un intere´s simple, pero no jurídico que el orden constitucional y legal reconoce para la procedencia del juicio de amparo. Se considera asi´, pues dicho intere´s debera´ estar garantizado por un derecho objetivo el cual tampoco fue identificado plenamente para la afectacio´n en su esfera, esto es que se requiere siempre de una afectacio´n cualificada e indivisible en la esfera juri´dica de los quejosos en el sentido amplio, que debe ser de i´ndole econo´mica, profesional, de salud pu´blica, derivado del decreto impugnado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, que al rubro y texto expresa: "INTERE´S LEGI´TIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERE´S SIMPLE. La reforma al arti´culo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federacio´n el 6 de junio de 2011, adema´s de que sustituyo´ el concepto de intere´s juri´dico por el de intere´s legi´timo, abrio´ las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto juri´dico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo ma´s que un intere´s simple o juri´dicamente irrelevante, entendido e´ste como el que puede tener cualquier persona por alguna accio´n u omisio´n del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducira´ en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectacio´n a su esfera juri´dica en algu´n sentido. En cambio, el intere´s legi´timo se define como aquel intere´s personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y juri´dicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio juri´dico en favor del quejoso derivado de una afectacio´n a su esfera juri´dica en sentido amplio, que puede ser de i´ndole econo´mica, profesional, de salud pu´blica, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita u´nicamente el intere´s simple, mas no el legi´timo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el arti´culo 73, fraccio´n XVIII, de la Ley de Amparo, en relacio´n con el numeral 107, fraccio´n I, de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos." Cabe mencionar que, el solo hecho de que los quejosos aleguen que residen en esta ciudad, lo cual no acreditaron, y refieran que el decreto impugnado menoscabe su esfera juri´dica de derechos; no permite distinguir que los impetrantes se encuentren en una situacio´n particular y que el amparo le pueda beneficiar en una forma distinta a lo que se beneficiari´a al resto de los habitantes dentro de esta demarcacio´n. Así pues, los justiciables cuentan con un intere´s simple que tiene todo gobernado que en su caso, resida en el Estado de Jalisco, lo cual, se insiste, no demostraron, ello no se traduce en que deba realizarse un ana´lisis de la constitucionalidad o no de la conducta reprochada, sin acreditar un intere´s cualificado, pues si bien se observa la preocupacio´n de los peticionarios de ser "afectado" con las medidas contenidas en el decreto impugnado, ello no so´lo puede afectar a los justiciables, sino tambie´n, a todas las personas que residen en el Estado de Jalisco, por lo que ello no hace procedente el juicio constitucional como lo pretende, toda vez que no acredita la vinculacio´n concreta entre el decreto impugnado y una afectación a su esfera jurídica, poniendo de manifiesto la improcedencia del amparo. Al respecto, se cita la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, que dice "INTERES SIMPLE. NO TIENE NINGUNA PROTECCION JURIDICA DIRECTA Y PARTICULAR. Entre los diversos intereses que puede tener una persona, o sean "situaciones favorables para la satisfaccio´n de una necesidad", existen los llamados "intereses simples" que consisten en situaciones en las cuales los particulares reciben un beneficio del Estado cuando e´ste, en el ejercicio de sus atribuciones y buscando satisfacer las necesidades colectivas que tiene a su cargo, adopta una conducta que coincide con esos intereses particulares; y en cambio sufren un perjuicio cuando esa conducta no es adecuada a los propios intereses. En el primer caso reciben un beneficio y en el segundo se perjudican, pero no tienen ningu´n derecho para exigir que se mantenga esa situacio´n privilegiada. Puede decirse que esos intereses no tienen ninguna proteccio´n juri´dica directa y particular, sino tan so´lo la que resulta como reflejo de una situacio´n general, porque no se puede crear una defensa especial para intereses particulares indiferenciales para el Estado." Bajo el anotado contexto, se revela que, los quejosos no acreditaron la aplicación de algún acto de aplicación de la norma reclamada, ni que el mismo se hubiera realizado previo a la presentación de la demanda de amparo. Es decir, los solicitantes de amparo, no aportaron la prueba idónea que demostrara que: - Cumplieron con alguna de las obligaciones o medidas establecidas en la norma materia de reclamo; y, - Que, con motivo de lo anterior, las autoridades responsables hubieran desplegado alguna conducta tendente a crear, modificar o extinguir alguna situación jurídica determinada. Por lo que como pretenden, con el solo hecho de exhibir las documentales antes mencionadas, así como realizar las manifestaciones vertidas en su demanda, solo acreditan de manera indiciaria, un interés, pero no así, un interés cualificado para demostrar un acto de aplicación en perjuicio de su esfera jurídica, respecto de la regla general que nos ocupa. En consecuencia, este juzgador considera que los quejosos no acreditaron con medio de prueba idóneo el acto de aplicación de la norma reclamada, esto es que, previo a la promoción del juicio de amparo, hubieran efectuado con alguna de las actividades establecidas en la norma jurídica de trato, así como demostrar el supuesto perjuicio que le causaba en su esfera jurídica la actuación de alguna de las autoridades responsables. Encuentra sustento lo relatado en el desarrollo de este considerando, en la tesis número P. XCVII/95, visible en la página 92, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACION, EL ACTO DE APLICACION DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERES JURIDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente." Además, es menester destacar que es criterio reiterado por el Pleno y la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que tratándose de la impugnación de normas generales heteroaplicativas, es indispensable que el acto de su aplicación sea actual, es decir, que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, que no basta la posible eficacia de la aplicación de la norma impugnada, para que el amparo sea procedente, ya que la referida proximidad, no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de derechos fundamentales. Por el contrario, la inminencia de la aplicación de la norma impugnada, sólo genera la presunción de que tal aplicación pudiera realizarse, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio. En las relatadas circunstancias, para que en un juicio de amparo pueda emitirse una declaratoria de inconstitucionalidad de un precepto legal de naturaleza heteroaplicativa, debe quedar plenamente justificado que la parte quejosa, por virtud de la aplicación de la disposición en controversia, verdaderamente resintió un perjuicio en su esfera de derechos; por lo que, se reitera, la actualización del perjuicio en el acto de aplicación, no puede quedar acreditada solo con base en conjeturas y suposiciones y menos, afirmando que se está bajo sus supuestos, tal como lo indica la jurisprudencia 3a./J. 9/94 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 206625, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 76, Abril de 1994, página 17, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERES JURIDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARA BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica." En razón de lo expuesto, queda evidenciado que de no acreditar, previo al análisis de constitucionalidad de los preceptos reclamados, el acto de aplicación a la parte quejosa, tampoco existiría la posibilidad de conceder el amparo por un ordenamiento o un acto que no le cause ningún perjuicio en sus derechos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo irían en contra de los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 77 de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia por reiteración de tesis 3a./J. 45/90, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página viento noventa y nueve, tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "INTERES JURIDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" Y DE "RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA". Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohiben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados." La exigencia anterior, resulta en la medida en que sólo de esa forma es comprobable que la parte quejosa quedó comprendida entre los supuestos del ordenamiento general tildado de inconstitucional que se analiza en este considerando. Máxime que, tratándose de amparo contra leyes, el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente, con el propósito de evidenciar, sin lugar a dudas, el acto que lo legitime para impugnar en el juicio de amparo una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, es decir, resulta necesario que se compruebe que a través de dicho acto, la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 206338, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Con todo, se concluye que la sola entrada en vigor de la norma general reclamada no afecta la esfera jurídica de los quejosos, ya que la misma es de carácter heteroaplicativo, toda vez que es necesaria la realización de un acto para que dicho acuerdo general reclamado adquiera individualización, esto es, la existencia de un acto concreto de aplicación para que se actualice su perjuicio; circunstancia que no acontece en la especie, dado que no se exhibió prueba fehaciente que lo acredite, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por ende, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación, se sobresee en este juicio. En virtud de lo anterior, resulta imposible jurídicamente el análisis de los conceptos de violación hechos valer contra el acto antes precisado, al sobrevenir una razón de mayor entidad jurídica, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer del asunto, no es factible ocuparse del estudio de fondo propuesto por la peticionaria en relación a los actos reclamados en cita, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso, de tal suerte que no se analizarán los conceptos de violación enderezados contra la norma general antes precisada. Respalda esta determinación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 24, Tercera Parte, página cuarenta y nueve. que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por-----, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, precisadas en el considerando segundo y conforme a los razonamientos indicados en los considerandos tercero y quinto de esta resolución.
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual, remite copia certificada de la resolución celebrada el catorce de julio de dos mil veintidós, relativa a la revisión principal 457/2021 de su índice y un cuaderno de prueba Resolución por la cual el tribunal Colegiado de alzada determinó reponer el procedimiento de este asunto para los efectos ahí establecidos. Acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. Glose de cuaderno de antecedentes. Súmense a los autos el testimonio de referencia y el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión; en el entendido que únicamente deberán conservarse las actuaciones originales posteriores a la interposición del medio de impugnación; ello para evitar una duplicidad innecesaria de constancias. Precisión de la resolución de alzada. En otro orden de ideas, se precisa que en el toca de la revisión principal de mérito se precisaron los siguientes efectos: ".En consecuencia, lo que procede es revocar la resolución recurrida y ordenar la reposición del procedimiento a fin de que la sentencia en el juicio de amparo de origen sea emitida con todas las formalidades necesarias para que surta sus efectos legales, esto es, que sea firmada por el Juez de Distrito y el Secretario que dé fe de tal acto procesal en la misma fecha en que sea autorizada o engrosada." (Transcripción literal) Se acata resolución. En consecuencia, en estricto acatamiento a la ejecutoria emitida por el referido tribunal Colegiado, se deja insubsistente la audiencia y sentencia emitidas en este asunto, para precisar lo siguiente. Data para la celebración de la audiencia constitucional. Hágase del conocimiento a las partes que se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado informa. Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual, comunica que dicho órgano colegiado admitió el recurso de revisión interpuesto por parte quejosa contra la sentencia de engrose de veintidós de julio del año en curso. II. Nota de registro de revisión principal. Se toma nota que se registró como revisión principal 457/2021; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por el secretario Héctor Hugo Ordaz Arredondo, que autoriza y da fe. RAAG/HHOA/mich
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