Elva Gómez De la Cruz
Expediente 873/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 873/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/08/2017
Partes del expediente
- Elva Gómez De la Cruz
Actuaciones
- Principal
1. Estado procesal. Visto el cómputo que antecede realizado por el Secretario, así como el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo. 1.1 Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.2 Remisión archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. 1.3 Destrucción expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además no tiene relevancia documental para su conservación. 1.4 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión del escrito presentado mediante el empleo de las tecnologías de la información en el buzón electrónico, rubor demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En estas condiciones, de conformidad con los artículos 61, fracción XIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, la demanda de amparo que promueve la mencionada impetrante resulta improcedente. En efecto, el escrito de demanda que se trata, resulta improcedente debido a la falta de firma autógrafa, entendiéndose por ésta según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: "Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al calce de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice". El vocablo "firma" y éste del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra "firma", se define como "Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa" (diccionario citado). Ahora bien, trasladándonos a los medios electrónicos, la firma electrónica es el conjunto de datos y caracteres que permiten la identificación del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente a él y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En ese orden de ideas y de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, los escritos de demanda se presentaran en forma impresa o electrónicamente. Los escritos en forma electrónica se presentaran mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica conforme la regulación del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, la demanda de garantías recibida vía electrónica que no tenga carácter de urgente, al operar fuera del horario de oficina, es incuestionable que no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos que se establecen, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, por tanto, recae en los usuarios de dichos buzones tal obligación, y al advertirse que el escrito de demanda carece de firma autógrafa se desechará de plano; toda vez que la falta de ésta manifestación de la voluntad de las partes de ejercer un derecho, en el cual no hay forma de saber si es voluntad del peticionario de garantías, promover el juicio constitucional, por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley. Es aplicable al caso, la tesis aislada XVII.7 K . Sirve de apoyo el Acuerdo General 34/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) emitida por el propio Consejo, que establece que el documento deberá garantizar los requisitos para el acceso y privilegios en los sistemas electrónicos del Consejo que requieran del uso de la FIREL se establecerán en la normativa que los rija, y se difundirán y describirán en el correspondiente manual de usuario. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías, promovida por Marilú García Vásquez, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada.
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