Elva Adelina Polanco Escalante

Expediente 630/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
630/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
30/08/2018

Partes del expediente

  • Elva Adelina Polanco Escalante

Actuaciones

  1. Principal

    I. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de dos de agosto del año en curso (fojas 24 a 27), a través del cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido de la resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I inciso d) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. II. Se ordena el archivo del expediente. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el presente expediente como asunto concluido. III. Valoración del expediente principal. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte lo siguiente: I. Presentación de la demanda de amparo indirecto. Mediante escrito recibido ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el cinco de julio del presente año (fojas 1 y 2), ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable: Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande. Ciudad Por el acto reclamado siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Se reclama de la autoridad responsable la dilación injustificada en dar trámite a la solicitud de audiencia de revisión de la medida cautelar, que le fuese solicitada en favor de la quejosa directa ***, en fecha 29 de junio de 2018, en términos del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales". A su vez, del contenido del capítulo de antecedentes del escrito de demanda, se advierte lo siguiente: ".con motivo de la sujeción a proceso de la quejosa directa, el juez responsable, tuvo a bien imponerle la Prisión Preventiva Necesaria. Con motivo de que mi representada, se encuentra privada de la libertad en fecha 29 de junio de 2018, se le solicitó audiencia de revisión de la medida cautelar al responsable, así como también se le ofreció y solicitó el auxilio en términos del artículo 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales del medio de prueba consistente en el testimonio de la ofendida SONIA VILLARREAL PÉREZ. Dicha petición debió haber sido atendida en un plazo no mayor de 48 horas de conformidad con el artículo 12 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con motivo de lo anterior el juez responsable hasta esta fecha ha desatendido por completo la solicitud planteada por la defensa, en perjuicio de la quejosa directa, misma que se encuentra privada de su libertad.". II.-Trámite del juicio de amparo indirecto. Mediante acuerdo de seis de julio del año en curso (fojas 3 a 7), se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Carlos Xavier Gómez Garza, defensor particular de ***, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, la cual se registró en el libro de Gobierno correspondiente bajo el número estadístico 630/2018; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, la intervención legal que le corresponde; se reservó el emplazamiento de la tercera interesada, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. III. Actualización de una causal de sobreseimiento. De lo dispuesto por los artículos 63, fracción V , y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de la citada legislación, la cual por ende, conduce al sobreseimiento del juicio de amparo. En el caso concreto, como ya se mencionó, el acto reclamado se hace consistir en la dilación injustificada en dar trámite a la solicitud de audiencia de revisión de la medida cautelar a favor de la parte quejosa. Sirve de apoyo el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Ahora bien, del informe justificado y anexos, remitidos por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, se desprende que el seis del mes y año en curso (fojas 13 y 14), derivado del N.U.C. COA/PG/RG/PN/2018/AA-011951, y de la causa penal 586/2018, instruida en contra de la quejosa ***, por el hecho que la Ley prevé como delito de amenazas y grafiti, se llevó a cabo audiencia de revisión de medida cautelar, lo que constituye el acto reclamado. Conviene transcribir al respecto, el punto conducente de la audiencia emitida por la autoridad responsable: "(.) Juez resuelve solicitud. Siendo las (12:58) doce horas con cincuenta y ocho minutos, el Juez procede a resolver la solicitud de la Defensa, se hace referencia a los motivos por los que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva, sin embargo, se imponen las medidas cautelares de residir en su domicilio actual; prohibición de acercarse a la víctima; la prohibición de salir de la jurisdicción de este tribunal; y la colocación de un localizador electrónico; ordenándose su inmediata libertad, debiendo comunicar esta determinación al Centro Penitenciario de esta ciudad y a la Unidad de Medidas Cautelares; se apercibe a la imputada que en caso de incumplimiento de las medidas cautelares le será girada una orden de arresto. (.) Concluye la diligencia. Siendo las (13:08) trece horas con ocho minutos, se da por concluida la presente audiencia". En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio número 04283/2018-CJPN, de seis de julio de dos mil dieciocho (foja 21), el Juez responsable, comunicó a la Directora del Centro Penitenciario Femenil, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: "Le comunico que una vez diligenciada la AUDIENCIA DE REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR, dentro de la causa penal al rubro indicada, instruida a la imputada ***, por los hechos que la ley prevé como delitos de AMENAZAS EN GRAFITI; en la cual se resolvió modificar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta y en su lugar se impusieron diversas medidas cautelares a la prisión preventiva, por lo que se ORDENÓ SU INMEDIATA LIBERTAD única y exclusivamente por lo que respecta a la presente causa penal; haciéndole saber que la imputada permanecerá en las instalaciones de este centro de justicia, a fin de que personal de la Unidad de Medidas Cautelares proceda a la colocación del brazalete electrónico que le fue impuesto como medida cautelar y posterior a su colocación el personal administrativo a su cargo, podrá realizar las gestiones administrativas necesarias para da cumplimiento a la libertad ordenada". Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo , en términos de su numeral 2° , por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con número de registro 394182, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora bien, analizado lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo , es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J.59/99, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, en los autos de la causa penal 586/CA/2018-PJ-COA-002, el seis de julio del presente año, celebró la audiencia de revisión de medida cautelar solicitada por la parte quejosa, y acordó modificar la prisión preventiva impuesta, y en su lugar impuso medidas cautelares diversas a la misma, ordenando la libertad su inmediata libertad; lo que implica la desaparición total del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable, restituyó con ello, en el pleno goce de sus derechos fundamentales a la parte quejosa, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose con ello, como se dijo, la causa de improcedencia invocada. En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento. IV. Se deja insubsistente la fecha y hora de la audiencia constitucional. En vista de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del nueve de agosto de dos mil dieciocho (foja 5).

  3. Principal

    Agréguese al sumario el informe justificado que rinde la autoridad responsable que se precisa a continuación: Autoridad responsable: Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas. Saltillo, Coahuila de Zaragoza. En consecuencia, póngase a la vista de las partes de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a notificar a la parte quejosa de forma personal para que se imponga del mismo, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la ley de la materia , no constriñe al Juzgado a realizarlo de esa manera. No se soslaya que la fracción k), del citado dispositivo legal, indica que queda a juicio del órgano jurisdiccional notificar de forma personal las resoluciones que lo ameriten; sin embargo, dado que uno de los principios que rige el juicio de amparo es el de instancia de parte, este Juzgador no lo considera necesario, pues la carga de imponerse de autos es del impetrante de amparo, quien debe de estar al pendiente del procedimiento e imponerse de los informes justificados que tiene a su disposición en el presente sumario.

  4. Principal

    Se agrega informe justificado.

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