Elsy Yareth Rueda Rangel

Expediente 543/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
543/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Elsy Yareth Rueda Rangel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diez de noviembre de dos mil veintitrés. Se recibe el oficio signado por la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Veracruz con residencia en Poza Rica con un anexo, recibido vía correo electrónico; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de seis de los actuales, al proporcionar los datos de la víctima de identidad reservada 116/2023 a quien le reviste el carácter de parte tercero interesada, y tomando en consideración que la información contiene datos personales que tienen el carácter de confidenciales, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; se precisa que las constancias remitidas sólo podrán ser consultadas por el personal de este Juzgado de Distrito, debiéndose glosar en sobre cerrado a los autos de este expediente con la leyenda "información reservada" En consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), 27 y 116 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado, para que emplace al presente juicio a dicha parte, en el domicilio proporcionado por la autoridad oficiante, a quien le deberá correr traslado con copia simple de la demanda de amparo, así como del auto admisorio y le hará saber que se encuentran fijadas las ONCE HORAS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga verificativo la audiencia constitucional. A efecto de salvaguardar la seguridad de la víctima del delito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7, fracción VIII, de la Ley General de Víctimas, se solicita a los actuarios judiciales adscritos a este juzgado, para que resguarden sus datos y no sean asentados en las actuaciones relativas al emplazamiento y subsecuentes notificaciones. Notifíquese; y emplácese a la parte tercera interesada víctima de identidad reservada 116/2023. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; el oficio signado por la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Veracruz con residencia en Poza Rica con un anexo; agréguense a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de once de octubre de dos mil veintitrés, al remitir las constancias solicitadas; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, hágase relación de ello en la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que las referidas constancias las remite como justificación de sus actos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, toda vez que en proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés se reservó sobre el emplazamiento de los terceros interesados, hasta que estuviera en el sumario el informe justificado de la autoridad responsable, de donde se pueda advertir su calidad; lo que como se aprecia de las constancias que integran el sumario, ya aconteció. En ese tenor, se procede a proveer respecto en torno a dicho tópico de la manera siguiente. Toda vez de las constancias remitidas por la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Veracruz con residencia en Poza Rica, se advierte que los delitos por los que se vinculó a proceso a la aquí quejosa son los denominados: secuestro, contra las instituciones de seguridad pública y contra la salud en su modalidad de posesión de metanfetamina cometido en agravio de la salud pública. En ese sentido, respecto a los elementos de la policía estatal que refirió en su escrito inicial de demanda, este órgano jurisdiccional considera que no les asiste dicho carácter de tercero interesado. Precisado lo anterior, resulta necesario mencionar que el reconocimiento o desconocimiento de la calidad de tercero interesado, no depende de los quejosos ni de alguna otra de las partes en el propio procedimiento, sino de este Juzgado Federal; siendo así, la suscrita considera que a dichas personas, contrario a lo manifestado por la quejosa en su demanda, no les reviste tal carácter en razón de que el artículo 5 de la Ley de Amparo, limita específicamente los supuestos de las personas que tienen esa calidad, esto es, personas que pudiesen tener derechos opuestos a los de la parte quejosa y posible interés de que subsista el acto reclamado. Así, el numeral en comento establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. (.)." (Lo resaltado es propio)." En el caso, el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso en el proceso penal ******************** del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Veracruz con residencia en Poza Rica; de ahí que no se están en alguno de los supuestos contenidos en el artículo transcrito. Además de que, si bien es cierto en el referido inciso c) del citado artículo tiene vinculación con los actos aquí reclamados pues prevé que el tercero interesado puede ser la víctima del delito u ofendido; sin embargo, en este asunto se trata del tipo penal : contra las instituciones de seguridad pública, en el que no existe una víctima, pues si bien es cierto es en agravio de los agentes policiacos; sin embargo, no existe una ofensa personal contra aquéllos, quienes tampoco tienen derecho a la reparación del daño o a reclamar responsabilidad civil alguna. De ahí que se estime que a ********************policías estatales pertenecientes a la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado, no se les llame a la presente instancia judicial como terceros interesados dado que no encuadran en ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 5 de la Ley de Amparo, en función de la naturaleza del tipo penal en el proceso natural y los actos que por esta vía se combate. Ahora bien, por cuanto hace al diverso tercero interesado propuesto por la quejosa en su demanda, a saber, el Fiscal Séptimo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Veracruz, de esta ciudad, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, le resulta el carácter de tercero interesado, tomando en consideración que de las constancias que remitió, se advierte que intervino en el procedimiento penal del que deriva el acto reclamado, formulando imputación a la quejosa. Por lo que, de conformidad con lo previsto por el artículo 26, fracción II, inciso b, de la Ley de Amparo, mediante oficio y con copia simple de la demanda de amparo, notifíquesele el auto admisorio, para el único efecto de que si a su interés legal conviene, formule alegatos por escrito, en relación con el acto impugnado. En la inteligencia que al no tener calidad de responsable no tiene que rendir ningún tipo de informe. Se comisiona a la Oficial "A", que capture a la totalidad de los terceros interesados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, por cuanto hace a la víctima de identidad reservada ********************, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo1 , le resulta el carácter de tercero interesado, ello porque el acto reclamado afecta en los hechos la reparación del daño; esto es, ser agraviada dentro del proceso penal de origen. En relación a lo anterior, toda vez que de las constancias remitidas no se advierten datos de la misma, en consecuencia, requiérase en el término de VEINTICUATRO HORAS al Juez de Control Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en esta ciudad, para que proporcione los datos de la víctima de identidad reservada ********************, a fin de poder emplazarla al presente juicio. Bajo el apercibimiento que de no cumplirlos, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se hará acreedor de una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cincuenta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el presente asunto se encuentran señaladas las diez horas con veinte minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés; sin embargo, atendiendo a lo expuesto en los párrafos anteriores, al no encontrarse debidamente integrada la relación jurídica procesal en este asunto, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional, motivo por el cual se significa a las partes que la citada audiencia tendrá verificativo a las ONCE HORAS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el informe justificado de la autoridad responsable Jueza de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en esta ciudad con un anexo consistente en un disco versátil digital; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, respecto al número telefónico y correo electrónico que proporciona, agréguese como información de contacto. Por otra parte, se tiene como prueba de la citada autoridad, el disco versátil digital que dice contener las audiencias celebradas en dicho asunto; sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional, regístrese el disco de mérito en la libreta de discos versátiles y guárdese en la secretaría de este órgano jurisdiccional. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Por otra parte, toda vez que la autoridad antes mencionada fue omisa en remitir las constancias relativas al proceso penal ******************** de su índice así como lo referente al requerimiento realizado en auto de once de septiembre del año en curso, respecto de los terceros interesados, en consecuencia, y en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, de conformidad con lo que dispone el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, remita copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de todas y cada una de las constancias que acrediten la existencia del acto reclamado, así como de todas aquellas que sirvieron de base para emitirlo y se pronuncie respecto del requerimiento que se le realizó; apercibida que de no hacerlo así o de proseguir con esa conducta, se le hará efectiva la multa con que se le apercibió en auto admisorio de demanda. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Finalmente, para dar margen a lo anterior, no ha lugar a celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se difiere y como nueva fecha para que tenga verificativo se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, en que lo permiten las labores del juzgado. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    INTERLOCUTORIA: ÚNICO. Se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, en contra de la autoridad y por el acto precisado en el resultando primero, en términos del considerando tercero de la presente interlocutoria.

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