Elsy Yadira Salazar Piste
Expediente 864/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 864/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Elsy Yadira Salazar Piste
Actuaciones
- Principal
MESA V. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de catorce de agosto del año en curso, pronunciado en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo que se DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE MÉRITO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se tuvo por no interpuesta la presente demanda de garantías, y que por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA V. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio signado por Elsy Yadira Salazar Piste, con el que cumple con la prevención realizada el dos de agosto del presente año. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la quejosa reclama del Juez Primero Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, la resolución interlocutoria de cuatro de julio de dos mil dieciocho, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 160/2012, en la que el Juez responsable resuelve como improcedente el incidente de nulidad de notificaciones planteado por la parte promovente. Siendo importante mencionar que, como señala la parte promovente en su escrito de cuenta, la cantidad que contempla la suerte principal en el juicio ejecutivo mercantil de origen, es de sesenta mil pesos, moneda nacional. Al respecto, este órgano de control constitucional se estima que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." De lo anterior se desprende que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso ordinario o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo, la parte agraviada debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo en los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. Es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ciertamente, los elementos que integran la causal de improcedencia invocada, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo, algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso concreto, el justiciable reclama la resolución interlocutoria de cuatro de julio de dos mil dieciocho, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 160/2012, en la que el Juez responsable resuelve como improcedente el incidente de nulidad de notificaciones planteado por la parte promovente. Establecido lo anterior, tenemos que el artículo 1334 del Código de Comercio, dispone: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Para dar sustento a lo invocado en el artículo recién transcrito, es menester señalar que, en el caso en concreto, y tomando en consideración lo aseverado por la ocursante en el escrito de cuenta, al señalar que el monto al que asciende el contrato, en cuanto a la suerte principal en el asunto de origen, es de sesenta mil pesos, moneda nacional. Acotado lo anterior, se colige que el acto que por esta vía se reclama es impugnable desde el recurso de revocación, toda vez que cuando el monto del contrato es inferior a quinientos setenta y cuatro mil, seiscientos noventa pesos, con cuarenta y siete centavos, por concepto de suerte principal en el asunto primigenio, como en el caso que nos atañe, el de revocación será el recurso procedente; lo anterior, desde luego, al tratarse de un auto no apelable, en cuyo caso, tendría que estarse ante una resolución que contemple, en su suerte principal, una cantidad que trascienda de los doscientos mil pesos. De lo anterior se concluye que, en la especie, el amparista estaría en aptitud de interponer en forma oportuna el recurso de revocación en contra del acto reclamado, porque precisamente es parte del procedimiento natural y existe la certeza de tal medio de impugnación, según quedó demostrado del numeral transcrito, del que se desprende la procedencia del recurso de revocación contra la determinación impugnada por esta vía; además de que dicho auto no se encuentra previsto en los casos de excepción a los que se ha hecho referencia. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, existe la certeza de su existencia; y que, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegarse las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 157, del mes de Septiembre de 2010, Tomo XXXII, de la Novena Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia visible en la página 89, del mes de Diciembre de 2014, Tomo I, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "CADUCIDAD EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE LA DECRETA EN LOS CASOS EN QUE, POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. En relación con la caducidad de la primera instancia en el juicio mercantil, esta Primera Sala fijó, como regla general, en la jurisprudencia 1a./J. 96/2011 (9a.), que la resolución que la decreta constituye un auto definitivo y no una sentencia definitiva en su connotación material, para establecer que procede el recurso de revocación en su contra cuando por razón de la cuantía no procede el de apelación. Sin embargo, al existir una connotación formal del término "sentencia definitiva" que deriva de reconocer que existen resoluciones que, sin decidir el fondo del juicio en lo principal, o sea, sin ocuparse de establecer el derecho ni una condena o absolución de partes, se emiten en el momento procesal que corresponde a la sentencia definitiva y con las formalidades y denominación expresa de que se trata de una "sentencia definitiva", es necesario precisar que cuando la decisión sobre la caducidad de la primera instancia ocurre formalmente con el dictado de la sentencia definitiva, resulta improcedente el recurso de revocación ya que, por un lado, tal forma de determinar la caducidad tiene el carácter formal indisoluble de sentencia definitiva y, por otro, porque acorde con el contenido conducente del artículo 1334 del Código de Comercio, el recurso de revocación sólo procede en contra de autos o decretos del juez, pero no en contra de una sentencia definitiva. Lo anterior conduce, además, a abandonar parcialmente el criterio sostenido en la diversa tesis de jurisprudencia 1a./J. 96/2011 (9a.), a fin de precisar que el criterio sustentado en esa jurisprudencia solamente es aplicable a autos, desde un punto de vista formal y material, y no a sentencias definitivas en su connotación formal." Los razonamientos expuestos con antelación, apoyados en las consideraciones de las jurisprudencias invocadas, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/3052/2018, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA V. Vista la demanda de amparo promovida por Elsy Yadira Salazar Piste, contra el acto que reclama del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Ahora bien, de la lectura de la demanda, se advierte que la parte quejosa fue omisa en exponer claramente los antecedentes del acto que reclama de la autoridad señalada como responsable. Se afirma lo anterior, puesto que no especifica la cantidad que contempla la suerte principal en el juicio ejecutivo mercantil primigenio. En tal virtud, no es factible determinar lo que legalmente corresponde en cuanto a la procedencia del juicio de amparo que se intenta. De esta manera, la parte quejosa incumple los requisitos establecidos en el artículo 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa, para que en el término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído: Especifique, bajo protesta de decir verdad, la cantidad exacta que contempla la suerte principal en el juicio mercantil de origen. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del término señalado con lo requerido anteriormente, se tendrá por no presentada la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 114 en comento. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda; y como sus autorizados para ello, a Martha Esther Valladares González, en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a Karen Geovana Magaña Martínez, con las limitaciones que se establecen en el citado numeral, hasta en tanto se encuentre inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales de la Federación. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes en este asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido por Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.Mérida, Yucatán, dos de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Elsy Yadira Salazar Piste, contra el acto que reclama del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Ahora bien, de la lectura de la demanda, se advierte que la parte quejosa fue omisa en exponer claramente los antecedentes del acto que reclama de la autoridad señalada como responsable. Se afirma lo anterior, puesto que no especifica la cantidad que contempla la suerte principal en el juicio ejecutivo mercantil primigenio. En tal virtud, no es factible determinar lo que legalmente corresponde en cuanto a la procedencia del juicio de amparo que se intenta. De esta manera, la parte quejosa incumple los requisitos establecidos en el artículo 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa, para que en el término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído: Especifique, bajo protesta de decir verdad, la cantidad exacta que contempla la suerte principal en el juicio mercantil de origen. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del término señalado con lo requerido anteriormente, se tendrá por no presentada la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 114 en comento. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda; y como sus autorizados para ello, a Martha Esther Valladares González, en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a Karen Geovana Magaña Martínez, con las limitaciones que se establecen en el citado numeral, hasta en tanto se encuentre inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales de la Federación. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes en este asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido por Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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