Elsy Stephanie Munguia Reyesil
Expediente 883/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 883/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 11/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Elsy Stephanie Munguia Reyesil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Morelia, Michoacán, a once de marzo de dos mil veintidós. Como de la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran el auto de dos de diciembre pasado, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, transcurrió para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, del siete siguiente al veinte de dicho mes, y para la parte quejosa del trece de diciembre último al veinticuatro siguiente, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno ni manifestación bajo protesta de decir verdad de las partes en el sentido de haberlo interpuesto ante la superioridad; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Ahora bien, como de la referida constancia secretarial, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, así como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, mientras que el original de dicha incidencia es susceptible de depuración, pues se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia y se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 18, fracción I, inciso a), 20, fracción II, inciso a), y 21 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: ".Artículo 12. Valoración de expedientes. Los titulares de los órganos jurisdiccionales deberán valorar los expedientes que generen, de conformidad con los supuestos que se establecen en el presente Acuerdo. Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; (.) Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: (.) II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Con esta fecha se notifica mediante lista a la parte quejosa del proveído de dos de diciembre de dos mil veintiuno que señala: "... Como de la constancia secretarial de cuenta, se aprecia que en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de garantías señalado al rubro, en autos de dieciocho de noviembre pasado y de uno de los actuales, se tuvo al autorizado de la parte quejosa informando respectivamente que el veintisiete de octubre último y diecisiete de noviembre del año en curso, a la impetrante de amparo -, le fue aplicada la primera y segunda dosis de la vacuna anticovid-19 de la farmacéutica Pfizer, lo que demostró con los comprobantes de vacunación contra el virus sars-cov2. Asimismo, de la copia certificada de cuenta relativa a los escritos signados por -, autorizado de la parte quejosa, relativos a dicha incidencia, la que constituye un hecho notorio para este juzgador de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 217 de la Ley de Amparo, se advierte que el referido -, hizo del conocimiento a este tribunal federal que a la quejosa en las citadas fechas, le fue aplicada la primera y segunda dosis de la vacuna anticovid-19 de la farmacéutica Pfizer, lo que acreditó con los comprobantes aludidos. Ahora bien, de autos se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: "a). La omisión de aplicar de manera congruente con el mandato presidencial de acudir a clases presenciales, a partir del pasado 30 de agosto de este año, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, y dejar de ordenar que respecto a los niños de 12 a 18 años, se aplique la vacuna BioNTech, Pfizer a la quejosa, con sus dos dosis, ante la eminente entrada al ciclo escolar 2021-2022, que inició el 30 de Agosto de 2021, y bajo 'el interés superior de la niñez, para tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, a la vida, a la educación, a la prevención y su concreción, en gran porcentaje, en condiciones de mínimo contagio, o que no tenga complicaciones graves que mermen su salud e incluso que le provoquen -su muerte, por la variante DELTA que aqueja a nuestro Estado o cualquiera otra, que como derechos humanos reconocidos a nivel nacional e Internacional no admiten excepciones discriminatorias. b). La omisión de llamar, informar y/o notificar a las menores, de manera urgente e inmediata, el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de la vacuna autorizadas, antes del inicio de clases presenciales en la escuela - en la ciudad de Morelia, Michoacán. c). La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud con violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido, independientemente o no de que haya Clases presenciales. d). Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que la quejosa no hayan recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante Delta, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida; cada día es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como ciudadanos de la República, tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo alguno.". En ese sentido, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia II.1o. J/5, octava época, registro 222780, cuyo rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como la circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica, de tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció o por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del peticionario es constitucional o no. De la lectura del criterio invocado se arriba a la convicción, de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo generaba deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación o actúa ante la omisión que se le reclama, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo y restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura se reitera que, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Ahora bien, en el cuaderno del incidente de suspensión relativo a los presente autos, se aprecia que en proveídos de dieciocho de noviembre pasado y uno de los actuales, se tuvo al autorizado de la parte quejosa informando que el veintisiete de octubre y diecisiete de noviembre del año en curso, a la impetrante de amparo -, le fue aplicada la primera y segunda dosis de la vacuna anticovid-19 de la farmacéutica Pfizer, lo que demostró con los comprobantes de vacunación contra el virus sars-cov2 respectivo. Documental que merece pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En esas condiciones, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que la omisión aquí reclamada ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Lo anterior es así, dado que si bien es cierto, en el presente juicio de garantías, la parte quejosa en esencia señaló como acto reclamado la omisión de las autoridades responsables de aplicarle la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante Delta; también lo es que las autoridades responsables, el veintisiete de octubre y diecisiete de noviembre del año en curso, a la impetrante de amparo -, le aplicaron la primera y segunda dosis de la vacuna anticovid-19 de la farmacéutica Pfizer.. Por lo cual, al existir una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asi como la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, se ordena dejar sin efectos la fecha señalada dentro del presente juicio, para la celebración de la audiencia constitucional de mérito, fijada para las doce horas con veinte minutos del ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente...." Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 Fraccion I inciso C de la Ley de Amparo.
- Incidental
Morelia, Michoacán, a seis de diciembre de dos mil veintiuno. Como de la constancia secretarial de cuenta, se aprecia que en el juicio principal de donde emana esta incidencia, con fecha dos de los actuales, se sobreseyó fuera de audiencia, toda vez que cesaron los efectos de los actos reclamados a las autoridades responsables; por tanto, se declara sin materia el presente incidente. Asimismo, de la copia certificada de cuenta la que constituye un hecho notorio para este juzgador de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 217 de la Ley de Amparo, se advierte que efectivamente se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de garantías, de donde emana este incidente; por tanto, se deja sin efectos la audiencia incidental de mérito, fijada para las diez horas con veinticinco minutos del siete de diciembre de dos mil veintiuno. Finalmente, se tienen por recibidos los oficios de cuenta que suscribe dicha autoridad, mediante los cuales devuelve los oficios 8853 y 10777, dirigidos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos reclamados a dicha autoridad, no corresponde la representación Presidencial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que en términos del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetara la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, previamente se debe requerir al Consejo Jurídico del Ejecutivo Federal, para que en el plazo de tres días, determine a qué Secretario de Estado le corresponde representar al Presidente de la República, hecho anterior la notificación respectiva se deberá realizar por conducto del Secretario que fue designado; y en caso de no cumplir en ese lapso, se entenderá que la representación la ejercerá dicho Consejo Jurídico; sin embargo, agréguense únicamente como constancia, toda vez que como se aprecia de párrafos precedentes, en el juicio de garantías de donde deriva esta incidencia con fecha dos de los actuales, se sobreseyó fuera de audiencia, en razón de que cesaron los efectos de los actos reclamados a las autoridades responsables y en esta misma data se dejó sin efectos la fecha señalada para la audiencia incidental respectiva. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a seis de diciembre de dos mil veintiuno. Como de la constancia secretarial de cuenta, se aprecia que con fecha dos de los actuales, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio señalado al rubro, toda vez que cesaron los efectos de los actos reclamados a las autoridades responsables. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio de cuenta que suscribe dicha autoridad, mediante el cual devuelve el oficio 8842, dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos reclamados a dicha autoridad, no corresponde la representación Presidencial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que en términos del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetara la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, previamente se debe requerir al Consejo Jurídico del Ejecutivo Federal, para que en el plazo de tres días, determine a qué Secretario de Estado le corresponde representar al Presidente de la República, hecho anterior la notificación respectiva se deberá realizar por conducto del Secretario que fue designado; y en caso de no cumplir en ese lapso, se entenderá que la representación la ejercerá dicho Consejo Jurídico; sin embargo, agréguese únicamente como constancia, toda vez que como se aprecia del párrafo precedente, con fecha dos de los actuales, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, en razón de que cesaron los efectos de los actos reclamados a las autoridades responsables y en esa misma data se dejó sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese.
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