Elsy María del Socorro Chan Ramírez
Expediente 68/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 68/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Elsy María del Socorro Chan Ramírez
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; se integra a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el que transcribió el acuerdo de dos de febrero del presente año, a través del cual informa que el referido Tribunal de Alzada se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ELSY MARÍA DEL SOCORRO CHAN RAMÍREZ, ALEJANDRA DEL CARMEN CORDERO PÉREZ, ALEJANDRO RAMÓN LARA, ALFONSO MANUEL GÜEMES FLORES, ARGENIS ARIAS ALEJANDRO, ASUNCIÓN FLORES DOMÍNGUEZ, BRICEIDA GÜEMES RUIZ, BRÍGIDO GARCÍA AVALOS, CANDELARIA COLLADO MENESES, CARLOS MARIO GÓMEZ PÉREZ, CARLOS MARIO GARCÍA GUZMÁN, DANIEL JIMÉNEZ RIVERA, EDI DÍAZ FLORES, EDUARDO ÁVALOS ARIAS, EDUARDO CHÁVEZ PÉREZ, FABIÁN HERNÁNDEZ MENDOZA, FEDERICO SÁNCHEZ DE LOS SANTOS, FRANCISCO FONZ ALAMINA, GAMALIEL VARGAS DE LOS SANTOS, GUSTAVO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, HÉCTOR ENRÍQUEZ VÁZQUEZ, JEFRY PÉREZ JIMÉNEZ, JESÚS DEL CARMEN LÁZARO HERNÁNDEZ, JOCIEL RODRÍGUEZ PALMA, JOSÉ JESÚS PÉREZ HERNÁNDEZ, JOSÉ LÁZARO ANGULO ALEJANDRO, JOSÉ LUIS ÁVALOS SUAREZ, JUAN CARLOS GARCÍA MARTÍNEZ, JUAN PALMA GONZÁLEZ, JUANA DEL CARMEN ALEJANDRO QUINTANA, LÁZARO ALBERTO GÜÉMEZ KANTÚN, LUIS ALBERTO LÓPEZ IZQUIERDO, LUIS ENRIQUE ANGULO MADRIGAL, LUIS MÁRQUEZ GÓMEZ, LUIS RUBÉN LÓPEZ DOMÍNGUEZ, MANUEL RODRÍGUEZ CHABLÉ, MARÍA ASUNCIÓN CRUZ FLORES, MARÍA ESTELA LÓPEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA TERESA DEGOLLADO HERNÁNDEZ, MINOIDE GONZÁLEZ ALEJANDRO, NELIS JAVIER HERRERA, OMAR OLIVE LÓPEZ, PROSPERO MADRIGAL CHABLÉ, QUERUBIN CAPORALI DÍAZ, RAFAEL SEGURA SEGURA, RAÚL GÓMEZ VELÁZQUEZ, RODRIGO LEÓN MAGAÑA, RUBÉN MARTÍN FALCONI ALMEIDA y YAMILET CASTELLANO ALEJANDRO, la cual quedó registrada como amparo directo 121/2022. En ese contexto, al no existir diligencia pendiente por practicar archívese el presente asunto como totalmente concluido, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En términos del artículo Vigésimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a su destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del numeral citado, al ser un expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes), previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Segundo del acuerdo normativo. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; con el escrito de demanda, se tiene a ELSY MARÍA DEL SOCORRO CHAN RAMÍREZ, ALEJANDRA DEL CARMEN CORDERO PÉREZ, ALEJANDRO RAMÓN LARA, ALFONSO MANUEL GÜEMES FLORES, ARGENIS ARIAS ALEJANDRO, ASUNCIÓN FLORES DOMÍNGUEZ, BRICEIDA GÜEMES RUIZ, BRÍGIDO GARCÍA AVALOS, CANDELARIA COLLADO MENESES, CARLOS MARIO GÓMEZ PÉREZ, CARLOS MARIO GARCÍA GUZMÁN, DANIEL JIMÉNEZ RIVERA, EDI DÍAZ FLORES, EDUARDO ÁVALOS ARIAS, EDUARDO CHÁVEZ PÉREZ, FABIÁN HERNÁNDEZ MENDOZA, FEDERICO SÁNCHEZ DE LOS SANTOS, FRANCISCO FONZ ALAMINA, GAMALIEL VARGAS DE LOS SANTOS, GUSTAVO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, HÉCTOR ENRÍQUEZ VÁZQUEZ, JEFRY PÉREZ JIMÉNEZ, JESÚS DEL CARMEN LÁZARO HERNÁNDEZ, JOCIEL RODRÍGUEZ PALMA, JOSÉ JESÚS PÉREZ HERNÁNDEZ, JOSÉ LÁZARO ANGULO ALEJANDRO, JOSÉ LUIS ÁVALOS SUAREZ, JUAN CARLOS GARCÍA MARTÍNEZ, JUAN PALMA GONZÁLEZ, JUANA DEL CARMEN ALEJANDRO QUINTANA, LÁZARO ALBERTO GÜÉMEZ KANTÚN, LUIS ALBERTO LÓPEZ IZQUIERDO, LUIS ENRIQUE ANGULO MADRIGAL, LUIS MÁRQUEZ GÓMEZ, LUIS RUBÉN LÓPEZ DOMÍNGUEZ, MANUEL RODRÍGUEZ CHABLÉ, MARÍA ASUNCIÓN CRUZ FLORES, MARÍA ESTELA LÓPEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA TERESA DEGOLLADO HERNÁNDEZ, MINOIDE GONZÁLEZ ALEJANDRO, NELIS JAVIER HERRERA, OMAR OLIVE LÓPEZ, PROSPERO MADRIGAL CHABLÉ, QUERUBIN CAPORALI DÍAZ, RAFAEL SEGURA SEGURA, RAÚL GÓMEZ VELÁZQUEZ, RODRIGO LEÓN MAGAÑA, RUBÉN MARTÍN FALCONI ALMEIDA y YAMILET CASTELLANO ALEJANDRO, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclaman del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, que estiman violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 68/2022-2. INCOMPETENCIA Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, al efecto resulta preciso citar la jurisprudencia P./J.40/200, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Atento a lo anterior, del estudio de la demanda que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La ilegal resolución emitida por la autoridad responsable, con fecha tres de junio de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 559/2013, que decretó la caducidad del citado juicio. De lo antes expuesto se colige que la parte promovente, reclama por la vía constitucional, la resolución de tres de junio de dos mil veintiuno, emitida por la autoridad responsable, en la cual determinó decretar la caducidad del expediente laboral 559/2013. Al respecto, cabe precisar lo dispuesto por los artículos 34 y 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, mismos que, en lo que interesa, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo [.]". "ARTÍCULO 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderán por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin a juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieren a la libertad del imputado podrán ser impugnados por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquéllas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso que la ley permita la renuncia de los recursos [.]" (Énfasis añadido). De lo anterior se desprende que los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer de los juicios de amparo directo, mismos que proceden, entre otras cosas, en contra de las resoluciones definitivas que decidan el juicio principal, poniendo fin al mismo. Luego, si en el caso que nos ocupa, la parte promovente se duele de la resolución de tres de junio de dos mil veintiuno, emitida por la autoridad responsable, en la cual determinó decretar la caducidad del expediente laboral 559/2013; resulta inconcuso que corresponde conocer de la presente demanda de amparo, a un Tribunal Colegiado de Circuito. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 97/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal, visible en la página 2401, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo III, Materia Común, Laboral, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2020358, con rubro y texto siguientes: "CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. PROCEDE SU ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DECLARARLA DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA Y DE JALISCO). De acuerdo con los artículos 96 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla y 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios (este último en su texto vigente antes y después de la reforma publicada en el Periódico Oficial local el 30 de mayo de 2017), el tribunal declarará la caducidad a petición de parte interesada o de oficio; en el primer supuesto, la declaración derivará de la petición de la parte a quien interese el decretamiento de dicha figura, y en el segundo, con motivo del cercioramiento oficioso, previo al dictado del laudo, de que no ha operado la caducidad, lo cual llevará a declarar su existencia cuando se estime consumada. De ese modo, si bien la declaración de la caducidad por parte de la autoridad puede tener origen en la petición de parte, ello no exime al tribunal laboral de analizar si se actualiza o no previamente al dictado del laudo correspondiente, para así tener plena certeza de que no existe algún impedimento técnico para emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por lo que si aquél no se pronunció oficiosamente sobre la caducidad, ni alguna de las partes la hizo valer, implícitamente se tiene por determinado que no se actualiza la caducidad por inactividad procesal. En tal virtud, en vía de amparo directo es posible analizar conceptos de violación donde se combata como violación a las leyes del procedimiento en términos de los artículos 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, la omisión del tribunal de pronunciarse oficiosamente respecto de la actualización de la caducidad, pues el laudo combatido aún no está elevado a la categoría de cosa juzgada al ser objeto del juicio constitucional, por lo que no existe impedimento técnico que, por preclusión, obstaculice su planteamiento vía conceptos de violación, máxime si se tiene en cuenta que no sería procedente combatir la omisión de declarar la caducidad a través del amparo indirecto, por no tratarse de un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos. De ese modo, cuando la legislación que rige el acto prevea que la caducidad del procedimiento laboral se declarará a instancia de parte o de manera oficiosa por el tribunal, sí será posible analizar en el juicio de amparo directo todo lo concerniente a dicha figura procesal, independientemente de que las partes no la hicieran valer en el juicio de origen y de que el tribunal no la analizara oficiosamente. De igual forma, resulta aplicable por identidad de razón el siguiente criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 185437: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la Interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, en relación con los diversos 34 y 170, todos de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ELSY MARÍA DEL SOCORRO CHAN RAMÍREZ, ALEJANDRA DEL CARMEN CORDERO PÉREZ, ALEJANDRO RAMÓN LARA, ALFONSO MANUEL GÜEMES FLORES, ARGENIS ARIAS ALEJANDRO, ASUNCIÓN FLORES DOMÍNGUEZ, BRICEIDA GÜEMES RUIZ, BRÍGIDO GARCÍA AVALOS, CANDELARIA COLLADO MENESES, CARLOS MARIO GÓMEZ PÉREZ, CARLOS MARIO GARCÍA GUZMÁN, DANIEL JIMÉNEZ RIVERA, EDI DÍAZ FLORES, EDUARDO ÁVALOS ARIAS, EDUARDO CHÁVEZ PÉREZ, FABIÁN HERNÁNDEZ MENDOZA, FEDERICO SÁNCHEZ DE LOS SANTOS, FRANCISCO FONZ ALAMINA, GAMALIEL VARGAS DE LOS SANTOS, GUSTAVO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, HÉCTOR ENRÍQUEZ VÁZQUEZ, JEFRY PÉREZ JIMÉNEZ, JESÚS DEL CARMEN LÁZARO HERNÁNDEZ, JOCIEL RODRÍGUEZ PALMA, JOSÉ JESÚS PÉREZ HERNÁNDEZ, JOSÉ LÁZARO ANGULO ALEJANDRO, JOSÉ LUIS ÁVALOS SUAREZ, JUAN CARLOS GARCÍA MARTÍNEZ, JUAN PALMA GONZÁLEZ, JUANA DEL CARMEN ALEJANDRO QUINTANA, LÁZARO ALBERTO GÜÉMEZ KANTÚN, LUIS ALBERTO LÓPEZ IZQUIERDO, LUIS ENRIQUE ANGULO MADRIGAL, LUIS MÁRQUEZ GÓMEZ, LUIS RUBÉN LÓPEZ DOMÍNGUEZ, MANUEL RODRÍGUEZ CHABLÉ, MARÍA ASUNCIÓN CRUZ FLORES, MARÍA ESTELA LÓPEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA TERESA DEGOLLADO HERNÁNDEZ, MINOIDE GONZÁLEZ ALEJANDRO, NELIS JAVIER HERRERA, OMAR OLIVE LÓPEZ, PROSPERO MADRIGAL CHABLÉ, QUERUBIN CAPORALI DÍAZ, RAFAEL SEGURA SEGURA, RAÚL GÓMEZ VELÁZQUEZ, RODRIGO LEÓN MAGAÑA, RUBÉN MARTÍN FALCONI ALMEIDA y YAMILET CASTELLANO ALEJANDRO. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase original y copias de la demanda de garantías promovida por la parte quejosa, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación de la misma, previa copia certificada que obre en autos; realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y solicítese atentamente el acuse de recibo correspondiente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 40/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, junio de 1997, página 6, materia común, con número de registro 198401, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Conforme a lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo en los términos de lo señalado en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la ley de la materia, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado deberá ajustar su actuación a lo previsto por el artículo 47, tercer párrafo, de la referida ley reglamentaria, declarando su incompetencia de plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, al Juzgado de Distrito correspondiente, no pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, desechar la demanda por estimar que ésta es improcedente, habida cuenta de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidirlas únicamente al tribunal competente. Además, si bien es cierto que compete al Tribunal Colegiado conocer del amparo indirecto en grado de revisión, según se advierte de los artículos 83, 84 y 85 de la ley en cita, también lo es que su competencia no es absoluta, pues sólo opera cuando se plantean cuestiones de legalidad, dado que si se controvierten aspectos de constitucionalidad, el conocimiento del recurso compete a la Suprema Corte, de modo que con la alteración de la competencia que implicaría esa facultad para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado estaría decidiendo la competencia del máximo tribunal en segunda instancia." [Énfasis añadido]. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que señala en su libelo de amparo y toda vez que del contenido de la demanda se desprende que la parte quejosa tiene el carácter de actores en el juicio laboral de donde deviene el acto reclamado, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que mencionan, por así haberlo solicitado; pues solo el segundo párrafo del citado numeral, exige que se acredite la calidad de licenciado en derecho en las materias civil, mercantil, laboral tratándose de patrón, administrativa y penal. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
NOTIFICACION CONFORME AL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; con el escrito de demanda, se tiene a ELSY MARÍA DEL SOCORRO CHAN RAMÍREZ, ALEJANDRA DEL CARMEN CORDERO PÉREZ, ALEJANDRO RAMÓN LARA, ALFONSO MANUEL GÜEMES FLORES, ARGENIS ARIAS ALEJANDRO, ASUNCIÓN FLORES DOMÍNGUEZ, BRICEIDA GÜEMES RUIZ, BRÍGIDO GARCÍA AVALOS, CANDELARIA COLLADO MENESES, CARLOS MARIO GÓMEZ PÉREZ, CARLOS MARIO GARCÍA GUZMÁN, DANIEL JIMÉNEZ RIVERA, EDI DÍAZ FLORES, EDUARDO ÁVALOS ARIAS, EDUARDO CHÁVEZ PÉREZ, FABIÁN HERNÁNDEZ MENDOZA, FEDERICO SÁNCHEZ DE LOS SANTOS, FRANCISCO FONZ ALAMINA, GAMALIEL VARGAS DE LOS SANTOS, GUSTAVO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, HÉCTOR ENRÍQUEZ VÁZQUEZ, JEFRY PÉREZ JIMÉNEZ, JESÚS DEL CARMEN LÁZARO HERNÁNDEZ, JOCIEL RODRÍGUEZ PALMA, JOSÉ JESÚS PÉREZ HERNÁNDEZ, JOSÉ LÁZARO ANGULO ALEJANDRO, JOSÉ LUIS ÁVALOS SUAREZ, JUAN CARLOS GARCÍA MARTÍNEZ, JUAN PALMA GONZÁLEZ, JUANA DEL CARMEN ALEJANDRO QUINTANA, LÁZARO ALBERTO GÜÉMEZ KANTÚN, LUIS ALBERTO LÓPEZ IZQUIERDO, LUIS ENRIQUE ANGULO MADRIGAL, LUIS MÁRQUEZ GÓMEZ, LUIS RUBÉN LÓPEZ DOMÍNGUEZ, MANUEL RODRÍGUEZ CHABLÉ, MARÍA ASUNCIÓN CRUZ FLORES, MARÍA ESTELA LÓPEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA TERESA DEGOLLADO HERNÁNDEZ, MINOIDE GONZÁLEZ ALEJANDRO, NELIS JAVIER HERRERA, OMAR OLIVE LÓPEZ, PROSPERO MADRIGAL CHABLÉ, QUERUBIN CAPORALI DÍAZ, RAFAEL SEGURA SEGURA, RAÚL GÓMEZ VELÁZQUEZ, RODRIGO LEÓN MAGAÑA, RUBÉN MARTÍN FALCONI ALMEIDA y YAMILET CASTELLANO ALEJANDRO, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclaman del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, que estiman violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 68/2022-2. INCOMPETENCIA Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, al efecto resulta preciso citar la jurisprudencia P./J.40/200, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Atento a lo anterior, del estudio de la demanda que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La ilegal resolución emitida por la autoridad responsable, con fecha tres de junio de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 559/2013, que decretó la caducidad del citado juicio. De lo antes expuesto se colige que la parte promovente, reclama por la vía constitucional, la resolución de tres de junio de dos mil veintiuno, emitida por la autoridad responsable, en la cual determinó decretar la caducidad del expediente laboral 559/2013. Al respecto, cabe precisar lo dispuesto por los artículos 34 y 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, mismos que, en lo que interesa, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo [.]". "ARTÍCULO 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderán por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin a juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieren a la libertad del imputado podrán ser impugnados por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquéllas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso que la ley permita la renuncia de los recursos [.]" (Énfasis añadido). De lo anterior se desprende que los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer de los juicios de amparo directo, mismos que proceden, entre otras cosas, en contra de las resoluciones definitivas que decidan el juicio principal, poniendo fin al mismo. Luego, si en el caso que nos ocupa, la parte promovente se duele de la resolución de tres de junio de dos mil veintiuno, emitida por la autoridad responsable, en la cual determinó decretar la caducidad del expediente laboral 559/2013; resulta inconcuso que corresponde conocer de la presente demanda de amparo, a un Tribunal Colegiado de Circuito. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 97/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal, visible en la página 2401, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo III, Materia Común, Laboral, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2020358, con rubro y texto siguientes: "CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. PROCEDE SU ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DECLARARLA DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA Y DE JALISCO). De acuerdo con los artículos 96 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla y 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios (este último en su texto vigente antes y después de la reforma publicada en el Periódico Oficial local el 30 de mayo de 2017), el tribunal declarará la caducidad a petición de parte interesada o de oficio; en el primer supuesto, la declaración derivará de la petición de la parte a quien interese el decretamiento de dicha figura, y en el segundo, con motivo del cercioramiento oficioso, previo al dictado del laudo, de que no ha operado la caducidad, lo cual llevará a declarar su existencia cuando se estime consumada. De ese modo, si bien la declaración de la caducidad por parte de la autoridad puede tener origen en la petición de parte, ello no exime al tribunal laboral de analizar si se actualiza o no previamente al dictado del laudo correspondiente, para así tener plena certeza de que no existe algún impedimento técnico para emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por lo que si aquél no se pronunció oficiosamente sobre la caducidad, ni alguna de las partes la hizo valer, implícitamente se tiene por determinado que no se actualiza la caducidad por inactividad procesal. En tal virtud, en vía de amparo directo es posible analizar conceptos de violación donde se combata como violación a las leyes del procedimiento en términos de los artículos 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, la omisión del tribunal de pronunciarse oficiosamente respecto de la actualización de la caducidad, pues el laudo combatido aún no está elevado a la categoría de cosa juzgada al ser objeto del juicio constitucional, por lo que no existe impedimento técnico que, por preclusión, obstaculice su planteamiento vía conceptos de violación, máxime si se tiene en cuenta que no sería procedente combatir la omisión de declarar la caducidad a través del amparo indirecto, por no tratarse de un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos. De ese modo, cuando la legislación que rige el acto prevea que la caducidad del procedimiento laboral se declarará a instancia de parte o de manera oficiosa por el tribunal, sí será posible analizar en el juicio de amparo directo todo lo concerniente a dicha figura procesal, independientemente de que las partes no la hicieran valer en el juicio de origen y de que el tribunal no la analizara oficiosamente. De igual forma, resulta aplicable por identidad de razón el siguiente criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 185437: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la Interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, en relación con los diversos 34 y 170, todos de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ELSY MARÍA DEL SOCORRO CHAN RAMÍREZ, ALEJANDRA DEL CARMEN CORDERO PÉREZ, ALEJANDRO RAMÓN LARA, ALFONSO MANUEL GÜEMES FLORES, ARGENIS ARIAS ALEJANDRO, ASUNCIÓN FLORES DOMÍNGUEZ, BRICEIDA GÜEMES RUIZ, BRÍGIDO GARCÍA AVALOS, CANDELARIA COLLADO MENESES, CARLOS MARIO GÓMEZ PÉREZ, CARLOS MARIO GARCÍA GUZMÁN, DANIEL JIMÉNEZ RIVERA, EDI DÍAZ FLORES, EDUARDO ÁVALOS ARIAS, EDUARDO CHÁVEZ PÉREZ, FABIÁN HERNÁNDEZ MENDOZA, FEDERICO SÁNCHEZ DE LOS SANTOS, FRANCISCO FONZ ALAMINA, GAMALIEL VARGAS DE LOS SANTOS, GUSTAVO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, HÉCTOR ENRÍQUEZ VÁZQUEZ, JEFRY PÉREZ JIMÉNEZ, JESÚS DEL CARMEN LÁZARO HERNÁNDEZ, JOCIEL RODRÍGUEZ PALMA, JOSÉ JESÚS PÉREZ HERNÁNDEZ, JOSÉ LÁZARO ANGULO ALEJANDRO, JOSÉ LUIS ÁVALOS SUAREZ, JUAN CARLOS GARCÍA MARTÍNEZ, JUAN PALMA GONZÁLEZ, JUANA DEL CARMEN ALEJANDRO QUINTANA, LÁZARO ALBERTO GÜÉMEZ KANTÚN, LUIS ALBERTO LÓPEZ IZQUIERDO, LUIS ENRIQUE ANGULO MADRIGAL, LUIS MÁRQUEZ GÓMEZ, LUIS RUBÉN LÓPEZ DOMÍNGUEZ, MANUEL RODRÍGUEZ CHABLÉ, MARÍA ASUNCIÓN CRUZ FLORES, MARÍA ESTELA LÓPEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA TERESA DEGOLLADO HERNÁNDEZ, MINOIDE GONZÁLEZ ALEJANDRO, NELIS JAVIER HERRERA, OMAR OLIVE LÓPEZ, PROSPERO MADRIGAL CHABLÉ, QUERUBIN CAPORALI DÍAZ, RAFAEL SEGURA SEGURA, RAÚL GÓMEZ VELÁZQUEZ, RODRIGO LEÓN MAGAÑA, RUBÉN MARTÍN FALCONI ALMEIDA y YAMILET CASTELLANO ALEJANDRO. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase original y copias de la demanda de garantías promovida por la parte quejosa, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación de la misma, previa copia certificada que obre en autos; realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y solicítese atentamente el acuse de recibo correspondiente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 40/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, junio de 1997, página 6, materia común, con número de registro 198401, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Conforme a lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo en los términos de lo señalado en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la ley de la materia, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado deberá ajustar su actuación a lo previsto por el artículo 47, tercer párrafo, de la referida ley reglamentaria, declarando su incompetencia de plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, al Juzgado de Distrito correspondiente, no pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, desechar la demanda por estimar que ésta es improcedente, habida cuenta de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidirlas únicamente al tribunal competente. Además, si bien es cierto que compete al Tribunal Colegiado conocer del amparo indirecto en grado de revisión, según se advierte de los artículos 83, 84 y 85 de la ley en cita, también lo es que su competencia no es absoluta, pues sólo opera cuando se plantean cuestiones de legalidad, dado que si se controvierten aspectos de constitucionalidad, el conocimiento del recurso compete a la Suprema Corte, de modo que con la alteración de la competencia que implicaría esa facultad para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado estaría decidiendo la competencia del máximo tribunal en segunda instancia." [Énfasis añadido]. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que señala en su libelo de amparo y toda vez que del contenido de la demanda se desprende que la parte quejosa tiene el carácter de actores en el juicio laboral de donde deviene el acto reclamado, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que mencionan, por así haberlo solicitado; pues solo el segundo párrafo del citado numeral, exige que se acredite la calidad de licenciado en derecho en las materias civil, mercantil, laboral tratándose de patrón, administrativa y penal. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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