Elsy María Buenfil Gongóra

Expediente 426/2014 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2014.

Datos del expediente

Expediente
426/2014
Año
2014
Actuaciones
2
Última actuación
22/07/2014

Partes del expediente

  • Elsy María Buenfil Gongóra

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la primera certificación secretarial con la que se da cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que a la parte quejosa le transcurrió el plazo de cinco días para interponer recurso de queja contra el auto dictado en cuatro de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; en consecuencia se declara que dicho auto ha causado estado. En esa tesitura, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el veintitrés de julio de dos mil diecinueve.

  2. Principal

    (CITATORIO) Toda vez que la parte promovente no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de siete de julio del año en curso recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de cuatro de julio de dos mil catorce del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Vista la demanda de amparo presentada por Elsy María Buenfil Góngora, contra actos que atribuye al Juez Civil de Primera Instancia en la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 426/2014. Ahora, en primer término debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esos términos, para los efectos del desechamiento de una demanda de amparo, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de su lectura, de los escritos aclaratorios o de los documentos que anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. En ese orden de ideas, como puede advertirse, el acto que por esta vía constitucional reclama la peticionaria de amparo, lo hace consistir en lo siguiente: "ÚNICO.- El acuerdo de fecha 30 de junio del año 2014, emitido por la responsable en el expediente civil número 173/2011 seguido ante ella, por considerar que atenta directamente contra mis garantías de seguridad jurídica establecidas en la Constitución Federal." Luego, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, señala: ".DOS.- El juicio de que se trata es: ACCIÓN REIVINDICATORIA; juicio donde fui condenada y actualmente se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. [.] SIETE.- Mediante acuerdo de fecha 30 de junio del 2014, la responsable dice que queda a cargo de la suscrita, la presentación a ese Juzgado, del perito que nombrara, para que dicho perito rinda su protesta de Ley, apercibiéndome que no comparecer mi perito a dicha protesta (10-julio-2014), la actuaria de su adscripción realizará la entrega de la fracción de terreno reivindicada a favor de la parte actora, aquí terceros interesados, únicamente con la asistencia del perito que éstos nombraron." Bajo ese contexto, el suscrito considera que con relación al acto reclamado en este juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV, interpretado a contrario sentido, de la Ley de Amparo. Los preceptos legales citados, disponen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que a improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte el numeral 107, fracción IV, de la ley en cita contempla "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.] En efecto, si bien la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la procedencia del juicio de amparo, ante el Juez de Distrito, contra actos después de concluido el juicio, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone que tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Derivado de lo anterior, es necesario que como presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, el acto reclamado consista en la última resolución, pues los actos dictados en ejecución de sentencia tienen como apoyo la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que mientras no se dicte la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados en ese procedimiento sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución, en la que incluso podrán reclamarse las violaciones procesales que en esa etapa se realicen, como el acuerdo de treinta de junio del año en curso, por el cual la autoridad responsable dejó a cargo de la ahora quejosa presentar, en la fecha y hora determinada, al perito topógrafo que nombró para el efecto de dar cumplimiento a la ejecución de sentencia dictada en el juicio de origen, apercibiéndola que no comparecer la actuaria adscrita al Juzgado Civil del conocimiento, realizaría la diligencia respecto a la entrega de la fracción del terreno reivindicado únicamente con la asistencia del perito que nombró la parte actora, de lo que se colige que tal acto no es una violación procesal que por sí misma cause agravio a un derecho fundamental el cual no pueda restituirse. Lo anterior es así, pues de los antecedentes del acto que por esta vía constitucional pretende combatir la promovente, en los puntos uno al siete, cita lo siguiente: ".UNO.- Soy parte demandada en el Juicio Ordinario Civil con número de expediente 173/2011 seguido ante la responsable. DOS.- El juicio de que se trata es: ACCIÓN REIVINDICATORIA; juicio donde fui condenada y actualmente se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. TRES. Mediante acuerdo de fecha 29 de enero del año 2014, la responsable ordenó el uso de la fuerza pública a fin de dar posesión del inmueble en litigio, a favor de la parte actora, aquí tercero interesado. Luego entonces, en dicha diligencia la actuaria adscrita a la responsable, asentó que no se podía llevar a cabo dicha diligencia, toda vez que en el momento de la diligencia no se cuenta con un perito nombrado o especialista en la rama, para tomar las medidas de dicha fracción de terreno. CUATRO.- Mediante escrito de fecha 21 de mayo del presente año, el tercero interesado solicitó a la responsable se sirva comisionar de nuevo a la actuaria de su adscripción para que realice la diligencia de entrega de posesión a su favor, también solicitó se nombre perito para que mida la parte del terreno que se le entregaría en posesión. CINCO.- Mediante acuerdo de fecha 30 de mayo del año 2014, la responsable aceptó tal solicitud. SEIS.- EN FECHA 21 DE MARZO, LA RESPONSABLE ADMITIÓ A TRÁMITE UN JUICIO ORDINARIO CIVIL DE USUCAPIÓN INCOADO POR LA AQUÍ QUEJOSA, EN DONDE EL OBJETO DE LA DEMANDA ES EL MISMO QUE SE LITIGA EN EL EXPEDIENTE QUE ORIGINA ESTE AMPARO, Y LOS DEMANDADOS SON LOS MISMOS QUE LOS AQUÍ TERCERO INTERESADOS. Es importante decir, que al momento de presentar mi demanda de usucapión solicite a la ad quo, como medida provisional, que se detenga cualquier acto legal o ilegal que tienda a perturbar la posesión que sirve como base a mi acción, sin embargo la responsable no acordó favorable mi solicitud y en consecuencia recurrí su negativa mediante una apelación. Es el caso que aún se sigue estudiando dicha apelación. (.) SIETE.- Mediante acuerdo de fecha 30 de junio del 2014, la responsable dice que queda a cargo de la suscrita, la presentación a ese Juzgado, del perito que nombrara, para que dicho perito rinda su protesta de Ley, apercibiéndome que no comparecer mi perito a dicha protesta (10-julio-2014), la actuaria de su adscripción realizará la entrega de la fracción de terreno reivindicada a favor de la parte actora, aquí terceros interesados, únicamente con la asistencia del perito que éstos nombraron." Con lo transcrito, queda de manifiesto que la promovente reclama la resolución de treinta de junio de dos mil catorce, dictada en el juicio civil 173/2011, en donde la autoridad responsable deja a cargo de la quejosa la presentación de su perito a las instalaciones que ocupa el órgano judicial a su cargo, para que el diez de julio del año en curso, el experto rinda su protesta, apercibiéndola que de no cumplir, la actuaria adscrita considerando únicamente la determinación a la que arribe el perito de su contra parte realizará la entrega de la fracción de terreno reivindicada a favor de la parte actora. De lo anterior, se advierte que el acto que combate en esta vía emerge dentro de la fase de ejecución de sentencia, pero no se trata de la última resolución a la cual se refiere el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en virtud que como lo ha resuelto nuestro máximo Tribunal Constitucional, ésta debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Aunado a que el proveído que reclama, si bien se dirige a preparar y lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen, lo cierto es que todavía se encuentra supeditado a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, atinente a la entrega de la fracción de terreno reivindicada y, desde luego, a la determinación posterior en que la autoridad responsable reconozca de manera tácita o expresa el cumplimiento total de la sentencia o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sin que todo lo cual se haya verificado, ni constituye el acto reclamado. Máxime, que el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada, no debe obstaculizarse, por ser una cuestión de orden público. Todo lo anterior, al margen de que aun tratándose de aquellos actos que revisten las características propias para impugnarse en el juicio de amparo indirecto, la procedencia de éste dependerá, entre otros condicionantes, a que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que emerja "una vez agotados los recursos que en su caso procedan", según lo estableció el Constituyente en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna. En ese sentido, se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo indirecto en relación al acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV, interpretado a contrario sentido, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Elsy María Buenfil Góngora. Se tiene por señalado como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito de demanda y como autorizados a los que enuncia.

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