Elsie Estrada Portilla

Expediente 961/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
961/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
10/07/2017

Partes del expediente

  • Elsie Estrada Portilla

Actuaciones

  1. Principal

    V. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, el proveído de veintidós de junio del año en curso, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ** , con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado.

  2. Principal

    VISTOS para resolver el juicio de amparo 1875/2016-I, promovido por Instacredit, Sociedad Anónima, por conducto de quien se ostenta su apoderado legal Luis Calixto López Lozano. ANTECEDENTES ÚNICO. DEL TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Presentación de la demanda: 5 de diciembre de 2016. Admisión sin incidente de suspensión: 16 de diciembre de 2016 (foja 98). Audiencia constitucional: 22 de marzo de 2017 (foja 199). CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción I, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que la parte quejosa reclama normas generales con motivo de su primer acto de aplicación, emitidos por autoridades administrativas que tienen efectos de ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, los actos reclamados son los siguientes: De la [1] Cámara de Diputados y de la [2] Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, reclama: La discusión, aprobación y expedición de la Ley Aduanera, en específico, el artículo 152. Del [3] Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, reclama: La expedición, promulgación y orden de publicación de la Ley Aduanera, en específico, el artículo 152. Del [4 y 5] Subadministrador de la Aduana de Subadministrador de la Aduana de Toluca, de la Administración General de Aduanas perteneciente al Servicio de Administración Tributaria y al verificador adscrito a dicha aduana, reclama: El acto de aplicación de dicho artículo consistente en el oficio 800-30-03-00-2016-20608, de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. son ciertos los actos reclamados, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, a las autoridades responsables Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Subadministrador de la Aduana de Subadministrador de la Aduana de Toluca, de la Administración General de Aduanas perteneciente al Servicio de Administración Tributaria y al verificador adscrito a dicha aduana, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Certeza de actos que se corrobora con la existencia del decreto que dio origen al artículo reclamado, toda vez que dichas autoridades, en el ámbito de sus respectivas facultades, expidieron el mismo, aunado a que las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, pues no se necesita probar su existencia, basta con que éstos sean publicados en el medio de difusión oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, lo que se acredita plenamente de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 983, de la Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, que señala: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." Asimismo, la existencia del oficio reclamado se corrobora con las copias certificadas adjuntadas al informe por las responsables. CUARTO. Causas de improcedencia. El Subdadministrador y el Verificador, ambos de la aduana de Toluca, Estado de México, al momento de rendir su informe justificado (foja 147 a 167), hicieron valer como causal de improcedencia que: El quejoso no tiene interés para acudir al juicio de amparo. El acto reclamado no es definitivo, toda vez que hay recursos ordinarios en contra de él. El acto reclamado no constituye por sí mismo un acto privativo de derechos o garantías. Dichos argumentos devienen infundados por las siguientes razones. Ello es así, pues respecto a que no tienen interés la misma se desestima, toda vez que al ser la persona en contra de la cual se levantó el acta y de la cual se decretó el embargo respecto del título de crédito, reciente una afectación directa; de ahí, que contrario a lo manifestado por la responsable, sí tienen interés jurídico para instar el presente juicio de amparo. Por otra parte, también debe desestimarse la causal de improcedencia, en la que señalan que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad; ello, toda vez que si bien es cierto que en contra del acto reclamado, procede el juicio contencioso administrativo, en el presente caso, el quejoso acude a demandar también la inconstitucionalidad del artículo 152 de la Ley Aduanera; de ahí, que se surta una excepción al principio de definitividad que es cuando se reclama la ley por motivo de su primer acto de aplicación. Finalmente, por lo que hace a la tercera causal de improcedencia, la misma se desestima, porque para acudir al juicio de amparo, no se necesita que el acto sea privativo, basta con que moleste al gobernado en alguno de sus derechos fundamentales. QUINTO. Estudio de fondo respecto la inconstitucionalidad del artículo 152 de la Ley Aduanera. Al no haberse hecho valer otra causal de improcedencia ni advertirse alguna de oficio se procede a estudiar los conceptos de violación. Inicialmente se abordará el estudio de la constitucionalidad del artículo 152 de la Ley Aduanera, al resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. En ese sentido, debe señalarse que la parte quejosa formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes en contra de la norma tildada de inconstitucional, mismos que por economía procesal se tienen por reproducidos al resultar innecesaria su trascripción, además, dicha circunstancia no priva a la moral quejosa de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. En primer término, antes de abordar el análisis de los conceptos de violación esgrimidos en contra de la norma tildada de inconstitucional debe indicarse que, este órgano de control constitucional no pasa inadvertida la existencia de las tesis de jurisprudencia 1ª./J.40/2009 y P./J.4/2010 sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a que, el artículo 152 de la Ley Aduanera al no establecer un plazo para que la autoridad emita y notifique el acta de omisiones o irregularidades, en sus facultades de comprobación sobre mercancías de difícil identificación viola la garantía de seguridad jurídica que, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, son obligatorias para este juzgado Federal. Enseguida se transcriben dichas tesis: "FACULTADES DE COMPROBACIÓN SOBRE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN. EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA, AL NO ESTABLECER UN PLAZO CIERTO PARA QUE LA AUTORIDAD EMITA Y NOTIFIQUE EL ACTA DE OMISIONES O IRREGULARIDADES, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. El artículo 152 de la Ley Aduanera establece un procedimiento al término del cual la autoridad aduanera puede determinar tres consecuencias jurídicas: contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y/o sanciones. Este procedimiento se inicia una vez que la autoridad aduanera ha ejercido una de las siguientes facultades comprobatorias: reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, verificación de mercancías en transporte, revisión de documentos durante el despacho o ejercicio de facultades de comprobación. Si en el ejercicio de alguna de estas facultades, la autoridad lo encuentra procedente, debe emitir un acta circunstanciada de los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, con lo cual inicia el procedimiento aduanero, pues con la notificación de dicha acta se le otorga al particular interesado un plazo de diez días para ofrecer pruebas y formular alegatos contra las imputaciones que se le realizan en el acta inicial. Una vez cerrada la etapa de pruebas y alegatos, la autoridad da por integrado el expediente y, a partir de ahí, cuenta con un plazo de cuatro meses para emitir resolución sobre el asunto. Ahora bien, si las mercancías analizadas por la autoridad aduanera son de difícil identificación, en los términos de los artículos 44 y 45 de la Ley de la materia, deben tomarse muestras de las mismas y mandarlas examinar, para determinar su naturaleza y composición. Lo anterior debe tener lugar antes de la emisión del acta que da inicio al procedimiento referido, por constituir un elemento de juicio necesario para su contenido. Pues bien, como se observa, en la norma analizada no se establece un plazo dentro del cual la autoridad debe emitir y notificar el acta de omisiones o irregularidades, una vez que ha ejercido alguna de sus facultades comprobatorias y ha recibido los resultados de laboratorio correspondientes, cuando se trate de mercancías de difícil identificación, lo cual viola la garantía de seguridad jurídica, que ha sido definida por esta Suprema Corte, en relación a normas procesales, como aquella que permite a los particulares hacer valer sus derechos e impide a la autoridad actuar con arbitrariedad. Lo anterior, dado que la referida falta de plazo abre la posibilidad a la autoridad aduanera para determinar cuándo emitir y notificar el acta que da inicio al procedimiento aduanero sin constreñirse a un límite acorde a los objetivos que la ley busca con el procedimiento aduanero, pudiendo así escoger cualquiera que considere conveniente, con lo que es evidente que no se satisface uno de los objetivos esenciales de la garantía de seguridad jurídica, esto es, proscribir la arbitrariedad de la actuación de la autoridad. Debe aclararse, sin embargo, que este criterio no debe hacerse extensivo a aquellos casos en los cuales el procedimiento de fiscalización no versa sobre mercancías de difícil identificación, pues en éstos la citada acta de omisiones o irregularidades se debe realizar de forma inmediata al reconocimiento o segundo reconocimiento aduanero y, por tanto, en esos casos no existe la condición de arbitrariedad que conlleva violación a la garantía de seguridad jurídica. "ACTA DE IRREGULARIDADES DE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN. EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA, AL NO ESTABLECER UN PLAZO PARA QUE LA AUTORIDAD LA ELABORE Y NOTIFIQUE, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La garantía de seguridad jurídica impide que la autoridad haga un ejercicio arbitrario de sus facultades, dando certidumbre al gobernado sobre su situación, y sobre los plazos legales para que la autoridad cumpla con este objetivo, de ahí que el artículo 152 de la Ley Aduanera, al no establecer el plazo para que la autoridad aduanera elabore y notifique el acta de irregularidades respecto de mercancías de difícil identificación, viola esa garantía constitucional. Lo anterior es así ya que, por una parte, queda al arbitrio de la autoridad determinar el momento en que llevará a cabo tales actos y, por otra, deja en incertidumbre al particular sobre la situación que guarda la importación o exportación que realizó de ese tipo de mercancías, aunado a que cuando se prolonga demasiado el lapso entre la toma de muestras y la notificación del escrito o acta de irregularidades, el particular no está en condiciones de realizar una adecuada defensa de sus intereses en el procedimiento aduanero que establece el precepto citado, lo que significa colocarlo en la imposibilidad de desvirtuar las irregularidades relativas. Del contenido de las citadas jurisprudencias se desprende que dicho criterio no debe hacerse extensivo a aquellos casos en los cuales el procedimiento de fiscalización no versa sobre mercancías de difícil identificación, pues en éstos la citada acta de omisiones o irregularidades se debe realizar de forma inmediata al reconocimiento o segundo reconocimiento aduanero y, por tanto, en esos casos no existe la condición de arbitrariedad que conlleva violación a la garantía de seguridad jurídica y que obligaría a este órgano de control constitucional a suplir la queja deficiente en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Así las cosas, son infundados los conceptos de violación hechos valer por la aquí quejosa; motivo por el cual, habrá de negársele el amparo y protección de la justicia federal que solicita. Se estima de esta manera, pues el quejoso señala que el artículo 152 último párrafo de la Ley Aduanera, viola sus derechos de seguridad jurídica, audiencia y debido proceso, contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución, toda vez que no establece un término para que la autoridad aduanera determine, emita y notifique el oficio o acta de omisiones o irregularidades, dejándolo en estado de indefensión e incertidumbre jurídica, pues permite que la autoridad actué con arbitrariedad al escoger, bajo el criterio que más le convenga, el momento en el cual despliegue sus facultades para la determinación del crédito fiscal, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en el propio artículo 152 y 150 de la Ley Aduanera Ahora bien, el precepto reclamado, establece lo siguiente: "Artículo 152. En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de las facultades de comprobación, en que proceda la determinación de contribuciones omitidas, aprovechamientos y, en su caso, la imposición de sanciones y no sea aplicable el artículo 151 de esta Ley, las autoridades aduaneras procederán a su determinación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en el artículo 150 de esta Ley. Tratándose de mercancías de difícil identificación, que requiera la toma de muestras a fin de identificar su composición cualitativa o cuantitativa, uso, proceso de obtención o características físicas, se realizará dicha toma de acuerdo con el procedimiento que al efecto prevé el reglamento, para su análisis y dictamen conducentes. Una vez obtenido el dictamen correspondiente, resultado del análisis practicado a las muestras de mercancías de difícil identificación, se notificarán al interesado mediante escrito o acta circunstanciada, los hechos u omisiones advertidos, dentro del plazo de seis meses contados a partir del acta de toma de muestras correspondientes, y se continuará el procedimiento conforme a lo establecido en el presente artículo. Cuando no se requiera la toma de muestras para su identificación, la autoridad aduanera dará a conocer mediante escrito o acta circunstanciada, los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones. Dentro del escrito o acta circunstanciada levantada en los términos de los párrafos tercero y cuarto de este artículo, deberá señalarse que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del escrito o acta, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación. Las autoridades aduaneras emitirán resolución en un plazo que no excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que se encuentre debidamente integrado el expediente. En caso de no emitirla, deberá poner de inmediato a disposición del interesado la mercancía de su propiedad. Se entiende que el expediente se encuentra debidamente integrado cuando hayan vencido los plazos para la presentación de todos los escritos de pruebas y alegatos o, en caso de resultar procedente, la autoridad encargada de emitir la resolución haya llevado a cabo las diligencias necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas por los promoventes. En los demás casos la determinación del crédito fiscal se hará por la autoridad aduanera. En el escrito o acta de inicio del procedimiento se deberá requerir al interesado para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no señalar el domicilio, de señalar uno que no le corresponda a él o a su representante, de desocupar el domicilio señalado sin aviso a la autoridad competente o señalando un nuevo domicilio que no le corresponda a él o a su representante, de desaparecer después de iniciadas las facultades de comprobación o de oponerse a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el procedimiento, negándose a firmar las actas que al efecto se levanten, las notificaciones que fueren personales se efectuarán por estrados, siempre que, en este último caso y tratándose del reconocimiento aduanero, o de la verificación de mercancías en transporte, se cuente con visto bueno del administrador de la aduana. Cuando proceda la imposición de sanciones, sin la determinación de contribuciones o cuotas compensatorias omitidas ni el embargo precautorio de mercancías, la autoridad aduanera determinará el crédito fiscal, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en este artículo y en el artículo 150 de la Ley, quedando a salvo los derechos del contribuyente mediante el recurso de revocación establecido en el Código Fiscal de la Federación." Siendo esta última parte la que se impugna en esta vía constitucional. En ese sentido, el derecho fundamental de seguridad jurídica está previsto en el artículo 16 constitucional, en función del cual se impone a los órganos del Estado la obligación de sujetarse a un conjunto de requisitos en la emisión de sus actos, para que los individuos no caigan en incertidumbre en su relación con aquél. El Más Alto Tribunal del País, ha establecido que el derecho a la seguridad jurídica es respetado por las autoridades legislativas cuando las disposiciones de observancia general que crean, generan certidumbre en los gobernados sobre las consecuencias jurídicas de su conducta, pero también, cuando se trata de normas que confieren alguna facultad a una autoridad, la acotan y limitan en forma tal que le impiden actuar de manera arbitraria o caprichosa, en atención a las normas a las que debe sujetarse al ejercer dicha potestad. Al respecto, son aplicables la jurisprudencia 2a./J. 144/2006 y la tesis aislada 2a.XVI/2014 (10a.), emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que respectivamente señalan: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad.".(Novena Época. Registro: 174094. Segunda Sala. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, octubre de 2006. Materia Constitucional. Tesis: 2a./J. 144/2006. Página: 351) "DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. SU CONTRAVENCIÓN NO PUEDE DERIVAR DE LA DISTINTA REGULACIÓN DE DOS SUPUESTOS JURÍDICOS ESENCIALMENTE DIFERENTES. La Suprema Corte de Justicia ha determinado que los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan por el legislador cuando las normas que facultan a las autoridades para actuar en determinado sentido, encauzan el ámbito de esa actuación a fin de que, por un lado, el gobernado conozca cuál será la consecuencia jurídica de los actos que realice, y por otro, que el actuar de la respectiva autoridad se encuentre limitado y acotado, de tal manera que la posible afectación a la esfera jurídica de los gobernados no resulte caprichosa o arbitraria. Por tanto, tratándose de normas generales, la contravención a los precitados derechos no puede derivar de la distinta regulación de dos supuestos jurídicos esencialmente diferentes, sino en todo caso, de la ausente o deficiente regulación del supuesto normativo que es materia de impugnación." (Décima Época. Registro: 2005552. Segunda Sala. Tesis: Aislada. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, febrero de 2014, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a. XVI/2014 (10a.). Página: 1513) Así, el derecho fundamental a la seguridad jurídica, radica en "saber a qué atenerse" respecto a la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad fiscal, teniendo como manifestaciones concretas la certeza en el derecho y la interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso. En la especie, la porción normativa reclamada no viola el derecho humano de seguridad jurídica, en atención a que la reforma a la Ley Aduanera contempló un procedimiento específico para el supuesto en los que la infracción cometida no impacte directamente en el pago de contribuciones, ni resulte de aquéllas que requieran de la retención de las mercancías y de objetos de reconocimiento aduanero, puesto que la finalidad del legislador fue la de realizar un menor número de actuaciones con el objeto de agilizar los trámites respectivos. Esto es así, pues el numeral 46 del mismo cuerpo de leyes precisa: "Cuando las autoridades aduaneras con motivo de la revisión de las declaraciones electrónicas efectuadas y de los documentos electrónicos o digitales transmitidos, y presentados ante las mismas; del reconocimiento aduanero; de la inspección o de la verificación de mercancías en transporte, tengan conocimiento de cualquier irregularidad, la misma se hará constar en documento que para el efecto se levante, de conformidad con el procedimiento que corresponda, en los términos de los artículos 150 a 153 de esta Ley." De lo anterior, se infiere que contra lo argumentado por el accionante, el principio de seguridad jurídica se encuentra satisfecho, ya que la conducta infractora se da a conocer de manera inmediata al agente aduanal, imponiéndole contemporáneamente la sanción correspondiente; de ahí, que esté justificado que no se prevea un plazo o término para que se emita y se dé a conocer dicho crédito al particular afectado, pues como se ha indicado, tal proceder de la autoridad se rige por el principio de inmediatez que inspiraron la reforma a la norma jurídica. A lo que debe agregarse, que esa inmediatez no priva que se cumpla por parte de la autoridad los requisitos previstos en la ley, que le permitan al gobernado conocer que el acto de molestia se expide con todos los requisitos constitucionales, entre otros, facultades y competencias de los funcionarios que lo generen, así como la fundamentación y motivación que debe contener y demás requisitos legales, ni se le priva de la oportunidad de preparar una adecuada defensa, mediante la recopilación de las pruebas pertinentes, ya que el dispositivo en comento le otorga expresamente la posibilidad de que contra esa determinación del crédito fiscal procede el recurso de revocación, el cual podrá ser interpuesto en el plazo de treinta días hábiles siguientes de conformidad con los numerales 116 y 120 del Código Fiscal de la Federación; respetando así el principio de inmediatez y seguridad jurídica. En tales términos, al establecerse que ese procedimiento sancionador se rige por el principio de inmediatez, no transgrede el derecho fundamental de seguridad jurídica en atención a que el particular sí sabe a qué atenerse. Por ilustrativa se cita la jurisprudencia siguiente: "ACTA DE IRREGULARIDADES RESPECTO DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. LA AUTORIDAD ADUANERA DEBE CUMPLIR CON EL REQUISITO DE INMEDIATEZ CUANDO SEAN PUESTAS A SU DISPOSICIÓN POR UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Una interpretación armónica y sistemática de los artículos 43, 44, 46, 144, fracciones II, XVI y XXXII, 146 y 150 a 153 de la Ley Aduanera, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, permite establecer que cuando las autoridades aduaneras, en uso de sus facultades conferidas por la ley para comprobar la legal estancia o tenencia de las mercancías de procedencia extranjera en el país, adviertan la existencia de irregularidades que ameriten el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera deben levantar, a la brevedad posible y justificable, un acta circunstanciada conforme a los artículos 150 a 152 de la ley citada, según el caso, esto es, si se decreta o no embargo precautorio de las mercancías. En congruencia con lo anterior, si un agente del Ministerio Público pone a disposición de una autoridad aduanera mercancías de procedencia extranjera, esta última debe proceder en los términos indicados, en aras de garantizar la seguridad jurídica y el principio de inmediatez, salvo que no cuente en ese momento con elementos suficientes para determinar la procedencia y legal estancia de las mercancías en el territorio nacional, supuesto en el cual, deberá levantar el acta respectiva en cuanto disponga de la información necesaria para ejercer sus facultades de verificación, sin que tal circunstancia la releve de la obligación de hacer constar en un acta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos, así como los requisitos que permitan al gobernado saber que el acto de molestia es constitucional." (Época: Décima Época, Registro: 2009021, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 16/2015 (10a.), Página: 1355). Asimismo, resulta infundado el argumento de la peticionaria de garantías, cuando señala que se le está aplicando en su perjuicio el artículo 152 de la Ley Aduanera que ha sido declarado inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que, contrario a lo que aduce, del oficio impugnado ARA65160126 de once de octubre de dos mil dieciséis, no se desprende que la moral quejosa, esté en la hipótesis que se examina en dichos criterios jurisprudenciales: mercancías de difícil identificación, en donde deban tomarse muestras de éstas y mandarlas a examinar para determinar su naturaleza y composición, lo que debe hacerse antes de la emisión del acta con que da inicio el procedimiento, plazo que no prevé la norma impugnada, hipótesis que no se actualiza. Bajo esa tesitura, al resultar infundado el argumento que controvierte la constitucionalidad de la norma impugnada, y sin que, atento a lo dispuesto por el artículo 79, de la Ley de Amparo, proceda suplir la deficiencia de la queja, por no advertirse motivo para ello, procede NEGAR EL AMPARO solicitado por la empresa quejosa respecto del acto reclamado a las autoridades legislativas, consistente en la inconstitucionalidad del artículo 152 de la Ley Aduanera,. SEXTO. Estudio respecto el acto de aplicación consistente en el acta de verificación ARA65160126 de once de octubre de dos mil dieciséis. Siguiendo las reglas para el estudio del amparo contra leyes se abordará el análisis de los conceptos de violación enderezados por vicios propios en contra del acto de aplicación (referencia número ARA65160126 de once de octubre de dos mil dieciséis). En ese tenor, es infundado el segundo concepto de violación esgrimido por la empresa quejosa cuando señala que la resolución reclamada fue emitida por autoridad incompetente vulnerando en su perjuicio el artículo 16 Constitucional, en virtud de que en ésta no se expresa la motivación ni la fundamentación de en qué fracción actualiza su competencia para emitir el acta y el embargo. Contrariamente a lo señalado por la peticionaria de garantías, del contenido de la determinación reclamada se advierte que se colmaron dichos requisitos como se desprende de su transcripción: Asimismo, por cuanto al embargo precautorio la autoridad citó los siguientes preceptos. En efecto, del contenido anterior se desprende que sí se señaló tanto la competencia material como territorial, para practicar el acta, toda vez que de la lectura del acta se advierte que para señalar la competencia material del acta indicó entre otros los artículos 46 y 144, fracciones II, III, VI y XVI, las cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 46. Cuando las autoridades aduaneras con motivo de la revisión de las declaraciones electrónicas efectuadas y de los documentos electrónicos o digitales transmitidos, y presentados ante las mismas; del reconocimiento aduanero; de la inspección o de la verificación de mercancías en transporte, tengan conocimiento de cualquier irregularidad, la misma se hará constar en documento que para el efecto se levante, de conformidad con el procedimiento que corresponda, en los términos de los artículos 150 a 153 de esta Ley. Artículo 144. (.) II. Comprobar que la importación y exportación de mercancías, la exactitud de los datos contenidos en los pedimentos, declaraciones o manifestaciones, el pago correcto de las contribuciones y aprovechamientos y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, se realicen conforme a lo establecido en esta Ley. III. Requerir de los contribuyentes, responsables solidarios y terceros, la información y documentación relacionada con las obligaciones y requisitos que establecen las disposiciones fiscales y aduaneras, empleando, en su caso, el sistema electrónico que se disponga. VI. Practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías en los recintos fiscales y fiscalizados o, a petición del contribuyente, en su domicilio o en las dependencias, bodegas, instalaciones o establecimientos que señale, cuando se satisfagan los requisitos previstos en el Reglamento, así como conocer del dictamen aduanero a que se refiere el artículo 43 de esta Ley, y revisar los dictámenes formulados por los dictaminadores aduaneros en los términos del artículo 175. XVI. Comprobar la comisión de infracciones e imponer las sanciones que correspondan. XXXII. Verificar y supervisar los servicios autorizados que facilitan el reconocimiento aduanero empleando tecnología no intrusiva. Asimismo, del Reglamento del Servicio de Administración Tributaria señaló en lo que interesa los artículos 19, fracciones XLVII y XLVIII, y 21, apartado A, apartado B, fracciónes I y II, que a la letra dicen. De la Administración General de Aduanas Artículo 19.- Compete a la Administración General de Aduanas: XLVII. Ordenar y practicar la verificación en cualquier parte del territorio nacional respecto de mercancías en transporte, de vehículos de procedencia extranjera en tránsito y de aeronaves y embarcaciones, para comprobar su legal importación o tenencia y estancia en el país; XLVIII. Practicar inspecciones, actos de vigilancia y verificaciones, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos, incluyendo los que se causen por la entrada o salida del territorio nacional de mercancías y medios de transporte, derechos, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios de carácter federal, de la determinación de la base de los impuestos generales de importación o exportación, la verificación y determinación de la clasificación arancelaria de las mercancías de procedencia extranjera, así como comprobar, de conformidad con los acuerdos, convenios o tratados en materia fiscal o aduanera de los que México sea parte, el cumplimiento de obligaciones a cargo de contribuyentes, importadores, exportadores, productores, responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos, inclusive en materia de origen, de acuerdo a las actuaciones levantadas por las oficinas consulares en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación; verificar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias en las mercancías de comercio exterior, inclusive las normas oficiales mexicanas; declarar que las mercancías, vehículos, embarcaciones o aeronaves pasan a propiedad del Fisco Federal; inspeccionar y vigilar los recintos fiscales y fiscalizados y, en este último caso, vigilar el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones derivadas de la concesión o autorización otorgada para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior; verificar el domicilio que los contribuyentes declaren en el pedimento, la transmisión electrónica o en el aviso consolidado que establece la Ley Aduanera; Artículo 21.- Compete a las aduanas, subadministraciones de las aduanas y verificadores incluidos los técnicos adscritos a las aduanas, dentro de la circunscripción territorial que les corresponda, ejercer las atribuciones que a continuación se señalan: A. A las aduanas y a las subadministraciones de las aduanas, conforme a lo siguiente: I. Las señaladas en las fracciones III, IV, XXI, XXIX, XL, XLII salvo la emisión de los lineamientos para regular la expedición y uso de gafetes, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXXI, LXXII, LXXIV, LXXVI, LXXIX, LXXX, LXXXI y LXXXIII del artículo 19 de este Reglamento; II. Participar con otras autoridades en la prevención de ilícitos en las aduanas, recintos fiscales y fiscalizados, secciones aduaneras, garitas y puntos de revisión aduaneros y en los aeropuertos, puertos marítimos y terminales ferroviarias o de autotransporte de carga o de pasajeros, autorizados para el tráfico internacional, y III. Coadyuvar en la vigilancia del cumplimiento de obligaciones de las personas autorizadas en términos del segundo párrafo del artículo 16 de la Ley Aduanera y de los dictaminadores aduaneros, así como en la integración del expediente respectivo. Corresponde a las aduanas autorizar que los servicios a que se refiere la Ley Aduanera, relativos a las maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las mercancías, el embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de su equipaje, así como los demás actos del despacho aduanero, sean prestados por el personal aduanero en lugar distinto del autorizado o en día u hora inhábil, así como modificar, prorrogar o cancelar dicha autorización, y B. A los verificadores, incluidos los técnicos, adscritos a las aduanas, conforme a lo siguiente: I. Las facultades establecidas en las fracciones XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LI, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXVII, LXIX, LXXI, LXXIX y LXXX del artículo 19 de este Reglamento, y II. Practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías, recibir de los particulares, responsables solidarios y terceros con ellos relacionados catálogos y demás elementos que le permitan identificar las mercancías, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia aduanera y llevar a cabo los actos necesarios para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones jurídicas que regulan y gravan la entrada y salida del territorio nacional de mercancías y medios de transporte, el despacho aduanero y los hechos y actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida. De la anterior transcripción, se advierte que la hoy responsable al ser Subadministrador de la Aduana de Toluca, tiene facultad material entre otras cosas, para levantar el acta respectiva para efectuar el reconocimiento aduanero y la inspección o verificación de mercancías en transporte, que tengan conocimiento de cualquier irregularidad, como lo es el presente asunto, en el cual se encontró un título de crédito no declarado. Así también, para efectos del embargo precautorio señaló entre otros el artículo 144, fracciones X y XXX, de la Ley Aduanera y el 19, fracción LX del Reglamento del Servicio de Administración Tributaria los cuales establecen: "X. Perseguir y practicar el embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten en los casos a que se refiere el artículo 151 de esta Ley". "XXX. Ordenar y practicar el embargo precautorio en los términos del Código Fiscal de la Federación, de las cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, cuando se omita declararlas a las autoridades aduaneras, al entrar o salir del territorio nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 9o. de esta Ley". Artículo 19 (.) (.)LX. Ordenar y practicar el embargo precautorio o aseguramiento de bienes o mercancías en los casos en que haya peligro de que el obligado se ausente, se realice la enajenación u ocultamiento de bienes o cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento de las obligaciones fiscales o en cualquier otro caso que señalen las leyes, así como de cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores a las cantidades que señalen las disposiciones legales, cuando se omita declararlas a las autoridades aduaneras al entrar o salir del territorio nacional, conforme a lo dispuesto en la legislación aduanera, y levantarlo cuando proceda; De la anterior trascripción, también se advierte que tiene competencia para dictar y ejecutar embargo precautorio cuando exista una conducta presumible de incumplimiento de obligaciones. Por lo que respecta a la competencia territorial, la autoridad señaló y trascribió el artículo primero, fracción XXII, del Acuerdo por el que se Determina la Circunscripción Territorial de las Aduanas y de las Secciones Aduaneras de las Aduanas, publicado en el diario oficial de la federación el diecisiete de noviembre de dos mil quince, mismo que en lo referente a la Aduana de Toluca, donde se llevó a cabo el acta dice. "Artículo Primero. Las Aduanas, ejercerán sus atribuciones dentro de la circunscripción territorial que les corresponda conforme a las siguientes fracciones, y contarán con las secciones aduaneras que para cada una de ellas se establece": (.) XXII. ADUANA DE TOLUCA: Los municipios de Acambay de Ruíz Castañeda, Aculco, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Amanalco, Amatepec, Atizapán, Atlacomulco, Calimaya, Capulhuac, Chapa de Mota, Chapultepec, Coatepec Harinas, Donato Guerra, El Oro, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Joquicingo, Lerma, Luvianos, Malinalco, Metepec, Mexicaltzingo, Morelos, Ocoyoacac, Ocuilán, Otzoloapan, Otzolotepec, Polotitlán, Rayón, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San José delRincón, San Mateo Atenco, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Soyaniquilpan de Juárez, Sultepec, Tejupilco, Temascalcingo, Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo, Tenango del Valle, Texcaltitlán, Texcalyacac, Tianguistenco, Timilpan, Tlatlaya, Toluca, Tonatico, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa Guerrero, Villa Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán, Zacazonapan, Zacualpan, Zinacantepec y Zumpahuacán, en el Estado de México: Situación de la que se desprende, que la responsable, puede ejercer sus atribuciones conferidas por la ley en los municipios señalados, entre los que se encuentra la localidad de Toluca, ciudad donde se llevó el acta hoy reclamada. De todo lo indicado, se aprecia que, contrario a lo manifestado por el quejoso, la autoridad si estableció de manera puntual, con artículo y fraccione, su competencia material y territorial tanto para el levantamiento del acta, como para el embargo precautorio; de ahí, lo infundado del concepto de violación Finalmente, debe decirse que respecto al inciso b) de su segundo concepto de violación, en el cual aduce que la empresa quejosa, no ha incurrido en ninguna responsabilidad al no declarar el pagaré embargado, toda vez que el mismo, a la fecha en que fue introducido al país no había vencido. Situación por la cual, no era todavía exigible, al no encuadrar en los denominados documentos por cobrar, dicho concepto de violación deviene inoperante. Ello, dado que el acto reclamado sólo es el inicio del procedimiento, en el cual se habrá de establecer si el contribuyente incurrió o no en infracciones administrativas al no declarar el título de crédito introducido al país y en determinado caso impondrá las sanciones correspondientes. Sin embrago el acta y el procedimiento se inició por infracciones presumibles, las cuales se insiste se tendrán que desvirtuar a lo largo del procedimiento aduanero, de ahí que lo planteado por la quejosa en el sentido de que la emisión del título de crédito sujeto a revisión no es susceptible de ser declarado por no ser un documento por cobrar, será el fondo de la controversia que se inició con el acta hoy reclamada, la cual se resolverá con la emisión de la resolución que en derecho corresponda. SÉPTIMO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con fundamento además, en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Instacredit, Sociedad Anónima en contra de los actos atribuidos a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, todos con sede en la Ciudad de México; por los motivos expuestos en el quinto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Instacredit, Sociedad Anónima en contra de los actos atribuidos al Subdadministrador y al Verificador, ambos de la aduana de Toluca, Estado de México; por los motivos expuestos en el sexto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del considerando último. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Michele Franco González, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta el día de hoy veintidós de junio de dos mil diecisiete, en que las labores del juzgado permitieron concluir el engrose, quien actúa asistida del Secretario Mario Felipe Mata Rios, quien autoriza y certifica que la presente sentencia se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy Fe.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, agréguense a sus autos los escritos de cuenta, firmados por el quejoso Mario Eduardo Moreno Sánchez, mediante los cuales solicita la devolución de la cantidad que este Juzgado de Distrito, le fijó como garantía de la suspensión del acto reclamado y autoriza a diversas personas para recibirlo. Atento a lo anterior, con fundamento en el numeral 156 de la Ley de la Amparo y toda vez que en el presente juicio de amparo ya causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, déjese a su disposición del quejoso el billete de depósito N 788544, que avala la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional). En el entendido de que ha de ser el quejoso quien comparezca con identificación oficial y vigente a recibirlo, previa toma de razón que se levante para debida constancia legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo de dos años contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, se hará efectivo a favor del Erario Federal, lo anterior con fundamento en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación.

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