Elsie Alejandra Banos Olivares y Otros.

Expediente 255/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
255/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/03/2023

Partes del expediente

  • Elsie Alejandra Banos Olivares y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de siete de marzo de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo propuesta, ha causado estado. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos de los diversos artículos 8 y 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el escrito firmado por Elsie Alejandra Banos Olivares, por su propio derecho, quien promueve demanda de amparo contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad. FÍSICO. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 255/2023 que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las 09/01/27 09:41:51 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.30.38.32.36.30.33 BIANCA SAYURI MORA PERALTA JUICIO DE AMPARO: 255/2023 3 personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. DESECHAMIENTO Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por no contraponerse al texto 09/01/27 09:41:51 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.30.38.32.36.30.33 BIANCA SAYURI MORA PERALTA 4 vigente de la ley de amparo, la jurisprudencia número I.6O.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora bien, analizada la demanda de amparo en su integridad, la suscrita juzgadora advierte que la quejosa hace consistir su acto reclamado en el siguiente: 1. El auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 362/2022-I, relativo al incidente de nulidad de actuaciones. El cual es de la literalidad siguiente: ".Visto el escrito de Elsie Alejandra Banos Olivares, sé le tiene por presentada con su escrito de mérito, constancia de radicación, copia simple del acta administrativa-civil, copias simples de licencia de manejo y copia simple de la credencial de elector por medio del cual en vía incidental promueve nulidad de 09/01/27 09:41:51 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.30.38.32.36.30.33 BIANCA SAYURI MORA PERALTA JUICIO DE AMPARO: 255/2023 5 actuaciones. Del análisis efectuado a los hechos de la demanda incidental y del estado procesal del expediente principal, se advierte que la promovente pretende la nulidad del emplazamiento de fecha uno de junio de dos mil veintidós; sin embargo el expediente principal se encuentra citado para emitir sentencia definitiva, por lo que el emplazamiento a juicio será materia de estudio oficioso al dictarse el fallo correspondiente. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 9 fracción V del Código Procesal Civil, no ha lugar a la admisión de la presente demanda incidental;.". Del estudio del auto recurrido se advierte que es improcedente; en efecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 113, 171 y 172, fracciones V y XII, del mismo ordenamiento legal, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las 09/01/27 09:41:51 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.30.38.32.36.30.33 BIANCA SAYURI MORA PERALTA 6 violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [...] V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." (LO RESALTADO ES NUESTRO). De la lectura armonizada de los dispositivos legales transcritos, se desprende la notoria improcedencia de la demanda en estudio, en virtud de que el acto reclamado por el peticionario del amparo, consiste en el auto de ocho de ocho de febrero de dos mil veintitrés, por el Juez Familiar responsable no admite a trámite el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la demandada aquí quejosa. En ese sentido, el acto destacado no es de aquellos de ejecución irreparable para la procedencia del juicio de amparo biinstancial atento a la hipótesis prevista por la fracción III, inciso b), del artículo 107, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, Constitucional, fracción III, inciso b), que dicen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.-.. II.-.. III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales y administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: 09/01/27 09:41:51 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.30.38.32.36.30.33 BIANCA SAYURI MORA PERALTA JUICIO DE AMPARO: 255/2023 7 a).. b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación sistemática y armónica de dichos normativos, se llega a la reflexión que el juicio de amparo procede ante un juez de distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; irreparabilidad que se refiere a una verdadera ejecución material que debe perdurar independientemente y a pesar del sentido del fallo final; destacándose que los actos de carácter procesal sólo tiene una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente algunos de los llamados derechos fundamentales, como lo es, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, ya que esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente solamente con el hecho de que quien la sufra obtenga sentencia favorable en sus pretensiones en el juicio. En el caso propuesto, el acto reclamado por la quejosa constituye una violación procesal cometida dentro de la secuela del proceso, por ser inconcuso que 09/01/27 09:41:51 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.30.38.32.36.30.33 BIANCA SAYURI MORA PERALTA 8 los efectos jurídicos producidos con el desechamiento del incidente de nulidad de actuaciones, no afecta ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, como se dijo, dado que con la violación reclamada, por el momento ni siquiera se está en posibilidad de saber si habrá o no de trascender al resultado del fallo; por lo que en caso de que esta violación procesal trascienda a su resultado y le resulte adverso, podrá reclamarla analógicamente a través del medio de impugnación correspondiente en contra de la sentencia de primer grado o por la vía de amparo directo al promoverse la demanda en contra de la sentencia definitiva en términos de lo dispuesto por el numeral 173, Apartado B, fracción X, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Cobra aplicación la jurisprudencial VI.2o.C. J/231, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XVII, mayo de dos mil tres, a página mil ciento ochenta y seis, de rubro que a la voz dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE." Además, contra el mismo acto reclamado de ocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 362/2022-I, la quejosa tuvo la oportunidad de combatirlo a través de un medio de defensa ordinario, por lo que se considera que también resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia 09/01/27 09:41:51 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.30.38.32.36.30.33 BIANCA SAYURI MORA PERALTA JUICIO DE AMPARO: 255/2023 9 prevista en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que indican: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..". Así, el texto del precepto legal transcrito en segundo término, consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal, como puede apreciarse en el criterio contenido en la tesis aislada número LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro es: "DEFINITIVIDAD. 09/01/27 09:41:51 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.30.38.32.36.30.33 BIANCA SAYURI MORA PERALTA 10 EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Esos medios de defensa deben estar previstos en la ley que rige el acto o los actos reclamados, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa sea eficaz para anularlo, revocarlo o modificarlo. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por (sic) el artículo 22 de la constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 09/01/27 09:41:51 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.30.38.32.36.30.33 BIANCA SAYURI MORA PERALTA JUICIO DE AMPARO: 255/2023 11 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Dichas hipótesis no se ajustan al tema propuesto por la quejosa en el presente juicio de amparo. Pues de la demanda de amparo se desprende que la quejosa reclama de la autoridad responsable el proveído de ocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado en autos del expediente 362/2022-I del índice de la autoridad responsable, a través del cual no admite a trámite el incidente nulidad de actuaciones. Sin embargo, en la especie, surge a la vida jurídica la causa de improcedencia señalada, porque en contra de la determinación reclamada procede el recurso de reconsideración, previsto en los artículos 381, 382 y 383 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, el cual es válidamente aplicable por ser el ordenamiento legal que rige el procedimiento del juicio de donde emana el acto reclamado, que es de naturaleza familiar en materia local; además, porque la quejosa, es como se vio, demandada dentro del juicio familiar de génesis, por ende, al ser parte en ese procedimiento está en aptitud de deducir sus derechos dentro de él. Se sostiene lo anterior, en virtud de que la quejosa 09/01/27 09:41:51 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.30.38.32.36.30.33 BIANCA SAYURI MORA PERALTA 12 comparece al presente juicio aduciendo que no fue legalmente emplazada al expediente de origen, esto es, como tercera extraña a juicio por equiparación; sin embargo, esto es inverosímil, puesto que ya tenía conocimiento del juicio de donde deriva el acto aquí reclamado, pues del índice de este órgano federal existe el diverso juicio de amparo 1662/2022 donde reclamó el auto de radicación de treinta de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio 362/2022-1; mismo que se tiene como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Luego, los artículos citados en párrafos precedentes establecen lo siguiente: "Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles. Artículo 382.- Substanciación del recurso de reconsideración. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de reconsideración: I. El recurso deberá hacerse valer dentro de los dos días siguientes al que se tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva; II. La petición de reconsideración deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en las audiencias y deberá contener la expresión de los agravios; III. No se concederá término de prueba para substanciar la reconsideración y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalan al pedirla; y IV. La reconsideración no suspende el curso del juicio y se resolverá mandándola substanciar con vista de la contraparte por el término de tres días. La resolución que se dicte no es recurrible. Artículo 383.- Procedencia del recurso de reconsideración en segunda instancia. Procede la reconsideración de los decretos y autos que se dicten en el trámite de segunda instancia, siendo aplicables a su tramitación las mismas reglas que se establecen en el artículo anterior." De lo anterior, se advierte que, a fin de agotar el principio de definitividad rector del juicio de amparo, la aquí quejosa debió impugnar la resolución que considera le causa perjuicio a través del recurso de 09/01/27 09:41:51 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.30.38.32.36.30.33 BIANCA SAYURI MORA PERALTA JUICIO DE AMPARO: 255/2023 13 reconsideración establecido en los numerales antes transcritos, medio de defensa legal a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado ese acto, y, de no resultarle favorable tal resolución, será hasta entonces que esté en aptitud de accionar el juicio de amparo biinstancial. En efecto, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente para impugnar el acuerdo de que se queja el promovente, pues éste debió ser previamente recurrido a través del medio de defensa legal apuntado, el cual resulta obligatorio agotar antes de acudir a esta instancia constitucional, pues la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, siendo suficiente que la ley que rige el acto los contenga para estar a disposición del interesado y éste pueda ejercerlos. De manera que no es optativo para la parte afectada cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo y al no haberlo hecho así, es evidente que el acto de molestia impugnado carece de dicho principio que rige el juicio de amparo, de donde deviene la causal de improcedencia señalada, pues como se dijo, el quejoso, es parte dentro del juicio familiar de origen, por ser la demandada y haber sido emplazada al mismo, o haberse hecho conocedora del mismo al momento de impugnar el emplazamiento a través del amparo indirecto 1662/2022 del índice de este juzgado, lo cual lo obliga 09/01/27 09:41:51 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.30.38.32.36.30.33 BIANCA SAYURI MORA PERALTA 14 a agotar los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley que rige el acto reclamado. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos del Tomo XV, mayo de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro 187016, página 902, con la literalidad siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así, se estima dable que, en su caso no resultaría una excepción al principio de definitividad, el hecho de reclamarse un auto dictado en un juicio de controversias del orden familiar en el que se encuentra involucrado menores de edad, pues la característica de irreparabilidad de ese acto no está comprendido entre las excepciones que impera en el juicio de amparo, previstas por los artículos 107, fracciones III, IV y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61 fracción XVIII inciso a), (los que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos 09/01/27 09:41:51 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.30.38.32.36.30.33 BIANCA SAYURI MORA PERALTA JUICIO DE AMPARO: 255/2023 15 de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales); así como los especificados en los incisos b), c) y d) del propio numeral; pues, al estar siendo oída en defensa de sus intereses dentro del juicio de origen, la parte impetrante de ampro se encuentra obligada a agotar el multicitado principio de definitividad. Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª./J. 113/2013 (10ª.), con registro 2005039, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 350, Libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo I, Décima Época, con el rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." De igual forma, resulta aplicable la tesis 1a./J.2011, 09/01/27 09:41:51 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.30.38.32.36.30.33 BIANCA SAYURI MORA PERALTA 16 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 101, del Tomo XIV, Agosto de 2011, Materia Civil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con registro 189125, con el rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES. La interpretación literal, sistemática y teleológica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 161 de la Ley de Amparo, permite concluir que la excepción al principio de definitividad que dichas normas establecen, procede exclusivamente cuando en amparo directo en materia civil, se impugnen sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones a las leyes del procedimiento que afecten las defensas del quejoso, siempre que dichas sentencias se hayan dictado en controversias relativas al estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces. Ahora bien, si se toma en consideración que sólo en este caso específico y respecto de la referida vía de amparo, el interesado queda eximido de preparar el juicio de amparo, resulta inconcuso que no puede hacerse extensiva la citada excepción a los casos en los que por la diversa vía del amparo indirecto se impugnen actos de tribunales civiles ejecutados fuera de juicio o después de concluido, no obstante que se trate de controversias del estado civil o de actos que pudieran afectar al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, pues del contenido textual y de la interpretación de los mencionados preceptos legales se infiere que fue voluntad del Constituyente Reformador y del legislador ordinario, que la excepción en cita procediera exclusivamente en vía de amparo directo. Lo anterior se confirma con la interpretación de lo establecido respecto al juicio de amparo indirecto, en el inciso b) de la fracción III del señalado precepto constitucional y en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, así como por el hecho de que por la propia naturaleza procedimental de esta vía, no se requiere de actos procesales tendientes a su preparación." En ese orden de ideas, debe decirse que incluso contra actos de autoridades jurisdiccionales no resulta una excepción al principio de definitividad, el hecho que se reclamen violaciones directas a la constitución, como lo es la falta de fundamentación y motivación, toda vez que la referida causa de improcedencia no lo prevé. Sirve de apoyo a lo anterior, Tesis III.1o.T.Aux.5 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con 09/01/27 09:41:51 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.30.38.32.36.30.33 BIANCA SAYURI MORA PERALTA JUICIO DE AMPARO: 255/2023 17 residencia en Guadalajara, Jalisco, visible en la página 1556, Tomo XXXIII, Junio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el registro 161793, cuyo rubro dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD CONTRA ACTOS JURISDICCIONALES. NO ES UNA EXCEPCIÓN PARA AGOTARLO, RECLAMAR VIOLACIONES DIRECTAS DE FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN (LINEAMIENTOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS FRACCIONES XIII Y XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). De una interpretación literal y sistemática de tales disposiciones se observa un distinto trato legislativo de excepciones al anotado principio frente a actos de autoridad jurisdiccional (tribunales judiciales, administrativos o del trabajo). La fracción XIII no exime de observarlo respecto de aquellos donde se alega tal tipo de violaciones directas sino atiende a la naturaleza del acto y la magnitud o relevancia de la infracción constitucional (actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución); en cambio, la fracción XV, último párrafo, del numeral 73 es donde el legislador estableció para actos de autoridad no jurisdiccional notas distintivas, a saber, que el recurso esté previsto en ley, no exigir mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión que la Ley de Amparo y, finalmente, dispensar de agotarlo si el acto reclamado carece de fundamentación. Esto último acorde con la diferenciación que hizo el propio Constituyente para reglamentar ese principio en materia administrativa (artículo 107, fracción IV). Ante ese pronunciamiento específico normativo habría de preferirlo y determinar que es respecto de actos no jurisdiccionales que aplica la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.", publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, Materia Administrativa, página 104, con el número 154, la cual data de la Séptima Época y es anterior a la inclusión de tal excepción en las reformas a la Ley de Amparo publicadas el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho. Luego, dicha jurisprudencia debe ser atendida en su justa medida, congruente con la serie de actos frente a los cuales el legislador estimó que debía regir la anotada excepción a partir de la reforma aludida, además de que en el proceso legislativo no se aprecia una motivación en particular respecto de su adición y, que permita una conclusión opuesta. Por ende, si bien ese criterio subsanaba una laguna del ordenamiento jurídico vigente de aquella época, a partir de su inclusión en el último párrafo de la fracción XV, desapareció ese vacío y habría de atender a los actos en que aplica de manera explícita, de lo contrario se habría añadido también en la fracción XIII. Igualmente, no es obstáculo la tesis aislada 2a. LVI/2000, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, julio de 2000, página 156, pues sólo sintetiza de manera general las que provienen de la Constitución, Ley de Amparo, o bien, de la jurisprudencia, sin abordar directamente el tema analizado de si el reclamo de violaciones directas como falta de fundamentación y motivación puede dispensar de agotarlo contra actos jurisdiccionales ya que la contradicción de tesis de la cual deriva, se ocupó de la interpretación jurídica la fracción XV respecto de terceros extraños a procedimiento seguidos en forma de juicio. Adicionalmente, conforme al postulado del legislador racional y la interpretación sedes materiae, si la Ley de Amparo es un ordenamiento con determinada sistematización racional en todas sus disposiciones, como expresión de la voluntad de su creador y no como una casualidad, es de concluir que esta rigurosidad de prever diferentes causas de 09/01/27 09:41:51 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.30.38.32.36.30.33 BIANCA SAYURI MORA PERALTA 18 improcedencia (artículo 73) y reglas al principio de definitividad localizadas en dos fracciones distintas, según de qué tipo de órganos provengan los actos reclamados, guarda un sentido o racionalidad básica: disponer hipótesis diferenciadas que toman en cuenta la naturaleza jurídica del acto, el tipo de autoridad y trascendencia de las violaciones, sin poder descontextualizar tales excepciones del apartado en que están reguladas y de la distinta manera en que aplica la fuerza del principio de definitividad. De lo contrario, habría sido una simple redundancia legislativa sin sentido, el prever dos fracciones para disponer que el anotado principio y sus excepciones deben ser las mismas, contrario a los criterios de economía y no repetición normativa; por lo cual, el intérprete al atribuir significado a los enunciados normativos, puede atender que cada disposición tenga su significado específico como lo hizo el legislador. Además, respecto de actos jurisdiccionales no habría igualdad de razón jurídica porque la garantía de fundamentación y motivación impacta bajo una perspectiva cualitativa diferente y con menor rigor que frente a actos administrativos -donde hay un deber de mayor precisión como la cita específica del precepto, fracción, inciso, subinciso que apoya el acto-; lo cual justifica que sea respecto a la fracción XV donde no sea obligatorio agotar recursos cuando carece de tales requisitos el acto, mientras que en los jurisdiccionales sea diferente la intensidad de tal principio, dada la naturaleza de la función de juzgar y el acceso a los recursos ante dichas instancias que permiten que sea la propia justicia ordinaria la que por regla general pueda remediar los yerros procesales, formales o de fondo en que pudiera incurrir, pues al no existir comúnmente el reenvío, el propio órgano revisor podrá reparar la violación advertida, dando cabida a una capacidad de hallar reparación en la propia justicia común, y no en la extraordinaria de orden constitucional -sin agotar los recursos o medios de defensa legales procedentes previamente-, por cuanto acto jurisdiccional se alegara carente de fundamentación y motivación en amparo. Finalmente, de ampliar a la referida fracción XIII, la dispensa en mención, sería desatendido que las normas de excepción son de interpretación estricta por lo que no se pueden extender a los casos no previstos, y haría nugatorio el carácter extraordinario del amparo como medio de defensa constitucional contra actos de los poderes judiciales locales, provocando una constante incidencia de la justicia constitucional en los actos de la potestad común y contrariando a su vez la interpretación conforme a la Constitución del principio de definitividad frente a actos jurisdiccionales, en función de la garantía de acceso efectivo a la justicia (artículo 17), es decir, que no resulte procedente el amparo de manera inmediata frente a cualquier reclamo de ausencia de fundamento y motivo de una determinación jurisdiccional sino sólo cuando se actualicen los casos de excepcionalidad o extraordinariedad comentados, en aras de garantizar que la justicia constitucional sólo incida en la medida de lo estrictamente necesario para reparar violaciones de orden fundamental relevantes o cualitativamente importantes, preservando los procesos del orden común su fluidez y prontitud, así como manteniendo un sano y adecuado acceso efectivo de los gobernados a estos últimos." En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualizan las causales de improcedencia e inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el precitado artículo 61 fracciones XVIII y XXIII, en relación con los diversos numerales 17 y 107, fracción III, inciso b), interpretado en sentido contrario y 172, fracciones V y XII, de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar la 09/01/27 09:41:51 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.30.38.32.36.30.33 BIANCA SAYURI MORA PERALTA JUICIO DE AMPARO: 255/2023 19 demanda, con apoyo en el diverso arábigo 113, de la propia ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere para tal efecto y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Lomely Jaimes Torres y José Alberto Gallardo Pérez, toda vez que cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Asimismo, se tiene como su autorizado para oír notificaciones e imponerse de los autos a Oscar Mojica Sánchez, por no contar con el registro precitado. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. JUICIO EN LÍNEA. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo 09/01/27 09:41:51 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.30.38.32.36.30.33 BIANCA SAYURI MORA PERALTA 20 de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. CONSULTA DEL EXPEDIENTE. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo 09/01/27 09:41:51 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.30.38.32.36.30.33 BIANCA SAYURI MORA PERALTA JUICIO DE AMPARO: 255/2023 21 legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan 09/01/27 09:41:51 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.30.38.32.36.30.33 BIANCA SAYURI MORA PERALTA 22 datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia. Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe. E

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano