Elsi Virginia Martinez Ordaz

Expediente 131/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
131/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
22/03/2019

Partes del expediente

  • Elsi Virginia Martinez Ordaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA VII. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de garantías, el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Por último, devuélvase al Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino, las copias certificadas del expediente 4/2016 de su índice, que remitió con su informe de ley; solicitándole se sirva acusar el recibo de estilo.

  2. Principal

    MESA VII. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino, y anexo que acompaña. Debido a lo voluminoso de las constancias remitidas por la Juez natural, se ordena formar un tomo anexo con las mismas, el cual estará a disposición de las partes, en la Secretaría de este Juzgado, en la inteligencia que se seguirá actuando en este expediente. Ahora bien, una vez sentado lo anterior, es menester traer a colación que el acto que la quejosa reclamó a la Juez responsable, en su demanda de amparo, es la negativa a trabar embargo respecto de la pensión por jubilación que percibe el deudor alimentario Jorge Alberto Canto Vera, en el expediente 48/2016. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: ... El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ... De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la negativa de la Juez responsable, de trabar embargo respecto de la pensión por jubilación que percibe el deudor alimentario Jorge Alberto Canto Vera, en el expediente 48/2016. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que por determinación de uno de febrero de dos mil diecinueve, la Juez responsable ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, la remisión de la cantidad de $48,739.48 (Cuarenta y ocho mil setecientos treinta y nueve pesos 48/100 moneda nacional), misma que debía ser descontada de la pensión mensual que perciba el citado deudor alimentario; habiendo entregado el oficio respectivo, el veinte de febrero siguiente. Lo anterior, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el treinta de enero de dos mil diecinueve. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la negativa reclamada, ya que es evidente que al haber sido emitida la determinación respectiva, y librado el oficio correspondiente, han cesado los efectos de la aludida negativa impugnada. ... En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la Juez responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: .... Sin que sea óbice a lo anterior, que la parte tercero interesada no haya sido emplazada al presente juicio de amparo; cuenta habida que, dados los efectos de esta determinación, no se le ocasiona detrimento alguno a sus derechos procesales. En virtud del sobreseimiento fuera de audiencia decretado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con nueve minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Finalmente, agréguese a los autos el pedimento suscrito por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; sin que sea necesario proveer al respecto, en virtud del sobreseimiento fuera de audiencia decretado con antelación. ...

  3. Principal

    MESA VII. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino, y anexo que acompaña. Debido a lo voluminoso de las constancias remitidas por la Juez natural, se ordena formar un tomo anexo con las mismas, el cual estará a disposición de las partes, en la Secretaría de este Juzgado, en la inteligencia que se seguirá actuando en este expediente. Ahora bien, una vez sentado lo anterior, es menester traer a colación que el acto que la quejosa reclamó a la Juez responsable, en su demanda de amparo, es la negativa a trabar embargo respecto de la pensión por jubilación que percibe el deudor alimentario Jorge Alberto Canto Vera, en el expediente 48/2016. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la negativa de la Juez responsable, de trabar embargo respecto de la pensión por jubilación que percibe el deudor alimentario Jorge Alberto Canto Vera, en el expediente 48/2016. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que por determinación de uno de febrero de dos mil diecinueve, la Juez responsable ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, la remisión de la cantidad de $48,739.48 (Cuarenta y ocho mil setecientos treinta y nueve pesos 48/100 moneda nacional), misma que debía ser descontada de la pensión mensual que perciba el citado deudor alimentario; habiendo entregado el oficio respectivo, el veinte de febrero siguiente. Lo anterior, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el treinta de enero de dos mil diecinueve. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la negativa reclamada, ya que es evidente que al haber sido emitida la determinación respectiva, y librado el oficio correspondiente, han cesado los efectos de la aludida negativa impugnada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la Juez responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Sin que sea óbice a lo anterior, que la parte tercero interesada no haya sido emplazada al presente juicio de amparo; cuenta habida que, dados los efectos de esta determinación, no se le ocasiona detrimento alguno a sus derechos procesales. En virtud del sobreseimiento fuera de audiencia decretado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con nueve minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Finalmente, agréguese a los autos el pedimento suscrito por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; sin que sea necesario proveer al respecto, en virtud del sobreseimiento fuera de audiencia decretado con antelación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia médica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; once de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la razón levantada por el Actuario adscrito, en la cual asentó el motivo por el que no le fue posible emplazar a juicio al tercero interesado Jorge Alberto Canto Olvera, puesto que al constituirse en el domicilio señalado para tal efecto, lo encontró cerrado, empero, llamo varias veces al predio, sin obtener respuesta alguna; de igual forma, encontró en su interior una manta que cuelga y dice "SE VENDE 9991568140", por lo que se entrevistó con un vecino del mismo inmueble, quien le informó que el predio quinientos veintisiete se encuentra desocupado y que al parecer el aludido Canto Vera, habita en el fraccionamiento "Pinos"; por tanto, resérvese acordar lo relativo al emplazamiento del aludido tercero interesado, hasta en tanto obren en autos las constancias relativas al acto reclamado, de las cuales pueda apreciarse el domicilio actual de la citada parte.

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