Elsi Maribel Escobar Joya

Expediente 201/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
201/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
17/03/2023

Partes del expediente

  • Elsi Maribel Escobar Joya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco; diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés; en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por ********************, en favor de ********************, contra actos de la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco. Dado lo anterior, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Anotaciones Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada del procedimiento administrativo de la quejosa Elsi Maribel Escobar Joya. Ahora de una revisión a dichas constancias se advierte que el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, fue emitida el acta de hechos de evasión de control migratorio, debido a que la aludida quejosa no se presentó al control de firmas correspondientes y por ello se dio por terminado el procedimiento administrativo migratorio. Por otra parte, en relación con la designación de delegados y domicilio que menciona la autoridad responsable, indíquesele que en proveído de tres de febrero de dos mil veintitrés, se acordó favorable a su petición. Conforme al artículo 119 de la ley de la materia en cita, se tiene por ofrecida como prueba, la documental que anexa la referida autoridad, consistente en copia certificada del expediente administrativo a nombre de la quejosa. Documental que goza de pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, al haber sido expedida por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no sea posible alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. Se aprecia que los actos reclamados en el presente juicio consistentes en la retención, detención con fines de deportación de la quejosa, privación de la libertad e incomunicación. Ahora, de la documental que remitió la autoridad responsable, se advierte que el dos de febrero de dos mil veintitrés, ordenó la salida provisional de Elsi Maribel Escobar Joya y que, el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, al no haberse presentado al control de firmas correspondiente, se dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio iniciado a la quejosa. De lo antes expuesto, se puede advertir que, a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (treinta y uno de enero de dos mil veintitrés), los actos reclamados existían; sin embargo, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio, éste dejó de surtir sus efectos, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido. Ello pues fueron la propia quejosa quienes incumplió con las medida que le fue impuesta por la responsable, evadiendo de esta manera el control migratorio, por lo que el procedimiento seguido contra la quejosa quedó sin posibilidad de ser resuelto en perjuicio de la misma. Así, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por ende, en el caso se ha restituido a los peticionarios de amparo en el pleno goce de sus derechos, como si no se hubiere invadido en la esfera jurídica de los quejosos, toda vez que, tal como quedó precisado con antelación, los actos que combatían han cesado en sus efectos, en virtud de que la responsable ordenó la salida de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, fue emitida el acta de hechos de evasión de control migratorio, debido a que la aludida quejosa no se presentó al control de firma correspondiente y por ello se dio por terminado el procedimiento administrativo migratorio respectivo. Máxime que respecto de la incomunicación al haber sido puesta en libertad ceso cualquier posibilidad de la ejecución de ese acto. En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el juicio en que se actúa, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el precepto 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta que en el escrito inicial de demanda, se señale como acto reclamado la incomunicación; sin embargo, en diligencia actuarial de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, la propia quejosa, al momento de ratificar la demanda, manifestó no encontrarse incomunicada ni haber sido maltratada o torturada, de ahí la inexistencia del acto reclamado antes precisado. Finalmente, no es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional se encuentre señalada para que tenga lugar a las once horas con seis minutos del uno de marzo de dos mil veintitrés ya que al haber acontecido una cesación de efectos de los actos reclamados, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, pues al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las partes.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, tres de febrero de dos mil veintitrés. -Informe suspensión de plano - Vista la cuenta, se provee: Intégrese el oficio suscrito por la Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" de la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, con el cual informa sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano respecto de la autoridad responsable señalada como Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, lo anterior, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo. De lo que queda enterado este juzgado para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en los artículos 9 y 26, fracción II de la Ley de Amparo, se tienen como delegadas de la autoridad responsable antes mencionada, a las personas que indica en su informe de cuenta y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el mismo. Por otra parte, conforme al artículo 119 de la citada ley, se tiene como prueba la documental que anexó la responsable, consistente en copia certificada del expediente administrativo a nombre de la quejosa. Por otra parte, del informe en comento, se advierte que la autoridad migratoria informa que la quejosa ha sido atendida medicamente, y cuidados con las medidas de salud y protocolos para para proteger a los extranjeros contra la contingencia sanitaria COVID-19, se les ha brindado consultas de servicio médico, medicamentos de ser necesarios, se les ha informado de su derecho a realizar llamadas telefónicas a familiares, amigos, abogados y/o persona de confianza que ellos deseen; lo que se toma en consideración para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, la ocursante de mérito hace la aclaración que la denominación correcta de la autoridad responsable es Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco. En ese sentido, en lo subsecuente gírese oficio a la autoridad correcta Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, a fin de no dilatar el procedimiento. Asimismo, instrúyase a la oficial judicial "A", para que realice la anotación correspondiente en el Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, uno de febrero de dos mil veintitrés. Ratificó demanda. Vista la razón efectuada por el actuario judicial adscrito a este juzgado, se advierte que la quejosa Elsi Maribel Escobar Joya, se dio por enterada del contenido del auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés y ratificó la demanda de amparo que promovió a su favor Osvaldo Jesús López Mejía. En consecuencia, agréguese a los autos la diligencia de mérito para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, continuándose con el trámite procesal del presente juicio de amparo. Admisión. Atento a lo anterior, de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de amparo promovida por Elsi Maribel Escobar Joya, contra el acto reclamado a la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le compete. Se señalan las once horas con seis minutos del uno de marzo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Sin que haya lugar a formar el incidente de suspensión, toda vez que por auto de treinta y uno de enero del presente año, se concedió la suspensión de plano sobre los actos aquí reclamados. Requerimientos a la autoridad responsable. Que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinda su informe justificado, respecto del acto reclamado. Mismo que deberá rendir y remitir a este Juzgado de Distrito de manera electrónica, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, dentro del término de quince días que será contado a partir de que reciba el oficio relativo a este acuerdo. Asimismo deberá acompañar de manera digitalizada las copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto o actos que se les reclaman, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. Se hace saber a la responsable, que el informe justificado deberá contener firma electrónica y; solo para el caso de que no se cuente con la misma o bien, exista imposibilidad para remitir el informe y las constancias de manera electrónica, podrán hacerlo físicamente. Observación. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a las autoridades de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con la firma electrónica correspondiente; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a veinte (20) megabytes (Mb), éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrán hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. Apercibimiento a la autoridad responsable. En caso de incumplimiento, se hará acreedor a lo siguiente: Multa de cien unidades de medida y actualización equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Requerimiento a todas las partes 1. Comuniquen si la parte quejosa ha promovido algún otro juicio de amparo que se relacione con el acto aquí reclamado, debiendo informar ante qué juzgado de distrito fue promovida y, en su caso, remitan las constancias certificadas que lo acrediten. 2. Informen oportunamente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados o se actualice una causa de improcedencia. En caso de incumplimiento, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización equivalente a $3,112.20 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) , de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y con el artículo 237 fracción I de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Ahora, de la constancia actuarial de cuenta se advierte que la quejosa señaló que era su deseo señalar como domicilio el que se menciona el escrito de demanda y como autorizado al promovente; por tanto téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta y por autorizado a Osvaldo Jesús López Mejía. Por otro lado, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos1 a Oscar Alejandro Ríos Hernández y Karen Alejandra Ek Hernández, en razón a que por el momento no hay constancia que los acredite como licenciados en derecho o abogados y no tener registradas su cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, téngase como medios de notificación alternos la dirección de correo electrónico y el número telefónico que proporcionó en la demanda de amparo para tal efecto.

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