Elsi Gonzalez Cabrales

Expediente 928/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
928/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
22/11/2017

Partes del expediente

  • Elsi Gonzalez Cabrales

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ***, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que exhibió como pruebas en su escrito inicial de demanda. En consecuencia, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, devuélvanse a la citada parte las documentales de referencia. Concediéndole para tal efecto un plazo de noventa días naturales, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente; esto, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil. En cumplimiento a lo ordenado en proveído de nueve de agosto del presente año (fojas 30 a 31) devuélvase los presentes autos al archivo como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la autoridad señalada como: 1. BBVA Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 928/2017-2-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que afecte la demanda de amparo, debe ser evidente por sí mismo, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación haga inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto", significa, claro, evidente; mientras que "indudable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Novena Época, registrada bajo el número 186605, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XVI, Julio de 2002, página: 448. "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, en relación al numeral 1° y 5°, fracción II, párrafo segundo, todos de la Ley de Amparo, a la letra disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]." Como puede apreciarse del arábigo transcrito en primer término, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El último de los preceptos trascritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, quien, en el caso de particulares, tendrá esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Conviene precisar que para establecer cuándo se está en presencia de actos equivalentes a los de autoridad, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo, debe tomarse en cuenta, acorde al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo , en lo que no se oponga al nuevo marco constitucional y legal, la jurisprudencia integrada conforme a la ley de materia abrogada. Para tal fin, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las notas que distinguen a una autoridad, para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Criterios que se desprenden de la jurisprudencia de la Novena Época, de registro 161133, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, la cual es localizable a página 1089, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, mutatis mutandis, se estima que un particular podrá ser autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, cuando: a) La existencia de un particular que establece una relación de supra a subordinación con otro particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota a un particular de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En tal virtud, los actos equivalentes a los de autoridad serán aquellos que sean ejecutados por particulares, con las características apuntadas y, además, sus funciones estén determinadas por una norma general. Luego, en sentido contrario, los particulares no serán autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, cuando no cumplan con lo anterior. En efecto, como se aprecia del análisis estructural de la nueva Ley de Amparo, se puede concluir que mantiene como elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo los "actos de autoridad", pues el artículo 5°, fracción II, del ordenamiento legal en cita, no debe analizarse en forma aislada, sino vinculada al sistema y principios constitucionales a los que pertenece, regulados en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Al respecto, el artículo 103 de la Constitución Federal dispone: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.". Además, debe precisarse que el artículo 107 constitucional, que igualmente constituye la columna rectora del juicio de amparo en México, tampoco incluyó como actos combatibles en el juicio constitucional los actos propios de particulares. Por tanto, es necesario resaltar que si los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen los principios constitucionales en el juicio de amparo, disponen estrictamente que el juicio de amparo procede contra "actos de autoridades"; quien esto resuelve, concluye que la Ley de Amparo, aun cuando en su artículo 5°, fracción II, estatuye como actos combatibles en amparo los de particulares cuando sean "equivalentes" a los de las autoridades, no se refiere a otro supuesto jurídico sino cuando el particular, los realiza alejado de su ámbito privado o particular convencional. Lo anterior es así, puesto que como se anticipó, la nota distintiva del concepto jurídico de "autoridad responsable", consiste en que un ente público que actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad. De esta forma, el acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa motu proprio; es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente y es coercitivo puesto que a través de la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. Ciertamente, "el acto de autoridad" al que en su caso debe ser "equivalente" el acto del particular, tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo y coercitivo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los intereses jurídicos de los gobernados. En el caso, de la demanda de amparo que nos ocupa, se observa que la quejosa atribuye el carácter de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, al BBVA Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, de quien reclama la falta de pago del seguro amparado bajo la póliza número 3000H00130, con número de siniestro BX15074316. De lo anterior, se estima que al BBVA Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, no le reviste el carácter de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, por lo siguiente: En principio, la relación que existe entre la citada institución bancaria y, en su caso, la quejosa como refiere en su escrito de demanda, no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación voluntaria, pues el vínculo jurídico entre ellos nace de la voluntad y no por imperativo legal. Bajo esa tesitura, como se anticipó, se pone de manifiesto que es una relación de coordinación la que une a la quejosa (quien reclama el pago del seguro con número de siniestro BX15074316, póliza número 3000H00130), con la autoridad que, a su decir, designó como responsable, pues la vinculación que entre sí existe tiene origen en la celebración de un contrato de seguro con la institución bancaria señalada como responsable, a fin de obtener una cobertura económica en caso de sufrir una lesión o incapacidad que afecte la integridad personal, salud o vigor vital del asegurado, como consecuencia de un evento externo, violento, súbito y fortuito; cuyo régimen legal (del citado contrato) se encuentra previsto en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Esto es, el acto que la quejosa le reprocha a la institución bancaria, deriva de un actuar, en un plano de coordinación, que deriva de la expectativa de derecho que tienen ambos contratantes. De ese modo, se estima que los actos reclamados no son equivalentes a los de una autoridad, para efectos del juicio de amparo, ante la ausencia de una relación de supra a subordinación, esto es, de un vínculo donde la quejosa, como solicitante de la contratación de un servicio bancario, frente a la institución crediticia, se encuentren en un plano inferior a ésta, por virtud de la ley. En esa tesitura, contrario a lo señalado por la parte quejosa la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, para los efectos del juicio de amparo, no tiene el carácter de autoridad responsable, pues, en términos del artículo 5°, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, los actos realizados no tiene su origen en una relación de supra a subordinación. Por ende, el acto reclamado, no constituye acto equivalente a los de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la institución bancaria no ejerce facultades decisorias a nombre del Estado, en la medida que, en términos del artículo 6° de la Ley de Instituciones de Crédito, la banca múltiple a que corresponde la autoridad bancaria señalada como responsable, se ubica en el ámbito privado, ello a diferencia de la banca de desarrollo, que se realiza por parte del Estado. Bajo esa tesitura, resulta evidente que lo reclamado a la referida persona moral no resulta equivalente a los de una autoridad, pues además de haberse realizado en un plano de igualdad (es decir, entre particulares y bajo un régimen jurídico establecido), con ellos no se crean, modifican o extinguen de manera unilateral, situaciones que afecten la esfera legal de la quejosa, lo que descarta entonces que dicha persona jurídica pueda imponer su voluntad sin hallarse sujeta a la decisión de los órganos judiciales, a fin de poder equipararse a una autoridad, propiamente dicha. Criterios, que pueden ser corroborados de la tesis III.4o.C.10 K (10a.), de la Décima Época, de registro 2008197, emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito, dentro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo III, enero de dos mil quince, la cual es localizable a página 1828, es del tenor siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad." En ese tenor, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5º, fracción II, todos de la ley de amparo, por lo que con apoyo en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Sin que pase desapercibido para este Juzgado Federal, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", pues al resolver la solicitud de sustitución de jurisprudencia número 9/2015, la superioridad refirió que no es verdad que con su redacción se impida que los Jueces de Distrito, determinen desde el auto que recae a la presentación de la demanda, si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sin importar el supuesto que se ponga a su consideración, pues dicha circunstancia sujeta a las partes y al órgano jurisdiccional a tramitar un procedimiento notoria e indudablemente improcedente. Al respecto, adujo, que la premisa de la que partió dicho criterio jurisprudencial, fue que si un motivo de improcedencia, manifiesto e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones y se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no será posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, por lo que, si para proveer sobre la demanda relativa resultara necesario llevar a cabo un análisis exhaustivo; entonces resultaba claro que no se estaba frente a una causa notoria y manifiesta que autorizara al Juez a desechar la demanda de amparo; lo que en el caso no acontece. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que señala en su escrito inicia de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A TRAVÉS DE LA LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, A QUE SE REFIERE EL AVISO DE VEINTISÉIS DEL MES EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos de la autoridad señalada como: 1. BBVA Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 928/2017-2-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que afecte la demanda de amparo, debe ser evidente por sí mismo, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación haga inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto", significa, claro, evidente; mientras que "indudable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Novena Época, registrada bajo el número 186605, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XVI, Julio de 2002, página: 448. "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, en relación al numeral 1° y 5°, fracción II, párrafo segundo, todos de la Ley de Amparo, a la letra disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]." Como puede apreciarse del arábigo transcrito en primer término, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El último de los preceptos trascritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, quien, en el caso de particulares, tendrá esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Conviene precisar que para establecer cuándo se está en presencia de actos equivalentes a los de autoridad, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo, debe tomarse en cuenta, acorde al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo , en lo que no se oponga al nuevo marco constitucional y legal, la jurisprudencia integrada conforme a la ley de materia abrogada. Para tal fin, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las notas que distinguen a una autoridad, para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Criterios que se desprenden de la jurisprudencia de la Novena Época, de registro 161133, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, la cual es localizable a página 1089, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, mutatis mutandis, se estima que un particular podrá ser autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, cuando: a) La existencia de un particular que establece una relación de supra a subordinación con otro particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota a un particular de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En tal virtud, los actos equivalentes a los de autoridad serán aquellos que sean ejecutados por particulares, con las características apuntadas y, además, sus funciones estén determinadas por una norma general. Luego, en sentido contrario, los particulares no serán autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, cuando no cumplan con lo anterior. En efecto, como se aprecia del análisis estructural de la nueva Ley de Amparo, se puede concluir que mantiene como elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo los "actos de autoridad", pues el artículo 5°, fracción II, del ordenamiento legal en cita, no debe analizarse en forma aislada, sino vinculada al sistema y principios constitucionales a los que pertenece, regulados en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Al respecto, el artículo 103 de la Constitución Federal dispone: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.". Además, debe precisarse que el artículo 107 constitucional, que igualmente constituye la columna rectora del juicio de amparo en México, tampoco incluyó como actos combatibles en el juicio constitucional los actos propios de particulares. Por tanto, es necesario resaltar que si los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen los principios constitucionales en el juicio de amparo, disponen estrictamente que el juicio de amparo procede contra "actos de autoridades"; quien esto resuelve, concluye que la Ley de Amparo, aun cuando en su artículo 5°, fracción II, estatuye como actos combatibles en amparo los de particulares cuando sean "equivalentes" a los de las autoridades, no se refiere a otro supuesto jurídico sino cuando el particular, los realiza alejado de su ámbito privado o particular convencional. Lo anterior es así, puesto que como se anticipó, la nota distintiva del concepto jurídico de "autoridad responsable", consiste en que un ente público que actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad. De esta forma, el acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa motu proprio; es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente y es coercitivo puesto que a través de la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. Ciertamente, "el acto de autoridad" al que en su caso debe ser "equivalente" el acto del particular, tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo y coercitivo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los intereses jurídicos de los gobernados. En el caso, de la demanda de amparo que nos ocupa, se observa que la quejosa atribuye el carácter de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, al BBVA Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, de quien reclama la falta de pago del seguro amparado bajo la póliza número ..., con número de siniestro ... De lo anterior, se estima que al BBVA Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, no le reviste el carácter de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, por lo siguiente: En principio, la relación que existe entre la citada institución bancaria y, en su caso, la quejosa como refiere en su escrito de demanda, no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación voluntaria, pues el vínculo jurídico entre ellos nace de la voluntad y no por imperativo legal. Bajo esa tesitura, como se anticipó, se pone de manifiesto que es una relación de coordinación la que une a la quejosa (quien reclama el pago del seguro con número de siniestro ..., póliza número ..., con la autoridad que, a su decir, designó como responsable, pues la vinculación que entre sí existe tiene origen en la celebración de un contrato de seguro con la institución bancaria señalada como responsable, a fin de obtener una cobertura económica en caso de sufrir una lesión o incapacidad que afecte la integridad personal, salud o vigor vital del asegurado, como consecuencia de un evento externo, violento, súbito y fortuito; cuyo régimen legal (del citado contrato) se encuentra previsto en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Esto es, el acto que la quejosa le reprocha a la institución bancaria, deriva de un actuar, en un plano de coordinación, que deriva de la expectativa de derecho que tienen ambos contratantes. De ese modo, se estima que los actos reclamados no son equivalentes a los de una autoridad, para efectos del juicio de amparo, ante la ausencia de una relación de supra a subordinación, esto es, de un vínculo donde la quejosa, como solicitante de la contratación de un servicio bancario, frente a la institución crediticia, se encuentren en un plano inferior a ésta, por virtud de la ley. En esa tesitura, contrario a lo señalado por la parte quejosa la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, para los efectos del juicio de amparo, no tiene el carácter de autoridad responsable, pues, en términos del artículo 5°, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, los actos realizados no tiene su origen en una relación de supra a subordinación. Por ende, el acto reclamado, no constituye acto equivalente a los de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la institución bancaria no ejerce facultades decisorias a nombre del Estado, en la medida que, en términos del artículo 6° de la Ley de Instituciones de Crédito, la banca múltiple a que corresponde la autoridad bancaria señalada como responsable, se ubica en el ámbito privado, ello a diferencia de la banca de desarrollo, que se realiza por parte del Estado. Bajo esa tesitura, resulta evidente que lo reclamado a la referida persona moral no resulta equivalente a los de una autoridad, pues además de haberse realizado en un plano de igualdad (es decir, entre particulares y bajo un régimen jurídico establecido), con ellos no se crean, modifican o extinguen de manera unilateral, situaciones que afecten la esfera legal de la quejosa, lo que descarta entonces que dicha persona jurídica pueda imponer su voluntad sin hallarse sujeta a la decisión de los órganos judiciales, a fin de poder equipararse a una autoridad, propiamente dicha. Criterios, que pueden ser corroborados de la tesis III.4o.C.10 K (10a.), de la Décima Época, de registro 2008197, emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito, dentro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo III, enero de dos mil quince, la cual es localizable a página 1828, es del tenor siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad." En ese tenor, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5º, fracción II, todos de la ley de amparo, por lo que con apoyo en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Sin que pase desapercibido para este Juzgado Federal, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", pues al resolver la solicitud de sustitución de jurisprudencia número 9/2015, la superioridad refirió que no es verdad que con su redacción se impida que los Jueces de Distrito, determinen desde el auto que recae a la presentación de la demanda, si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sin importar el supuesto que se ponga a su consideración, pues dicha circunstancia sujeta a las partes y al órgano jurisdiccional a tramitar un procedimiento notoria e indudablemente improcedente. Al respecto, adujo, que la premisa de la que partió dicho criterio jurisprudencial, fue que si un motivo de improcedencia, manifiesto e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones y se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no será posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, por lo que, si para proveer sobre la demanda relativa resultara necesario llevar a cabo un análisis exhaustivo; entonces resultaba claro que no se estaba frente a una causa notoria y manifiesta que autorizara al Juez a desechar la demanda de amparo; lo que en el caso no acontece. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que señala en su escrito inicia de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ..., toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

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